Con fecha 14 de agosto de 2024, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.683, que Promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado.

Antecedentes

En las últimas décadas nuestro país se ha caracterizado por una gestión financiera del Estado responsable y ordenada, lo que ha permitido, entre otros factores, un desarrollo económico y social sostenido.

Los avances en el manejo fiscal de Chile se sustentan en acuerdos políticos y sociales amplios, sobre los cuales se ha desarrollado la institucionalidad fiscal desde comienzos de la década de los noventa. De esta manera, la normativa ha sido actualizada y mejorada consistentemente a lo largo de este proceso, adecuándose a los nuevos escenarios políticos y sociales.

Continuando con esta tradición de manejo fiscal responsable y consolidación del marco institucional que lo hace posible, es relevante generar nuevas herramientas en la materia. Esto se hace particularmente relevante al enfrentar las nuevas exigencias impuestas por la crisis económica, social y sanitaria producto del COVID-19 y la necesidad de recuperar la estabilidad y capacidad de ahorro del país que permitan hacer frente a un futuro incierto.

Objetivo

Considerando el importante rol que juega el cuidado de las cuentas fiscales en el desarrollo de nuestro país y sus habitantes, la nueva norma surge con la finalidad de complementar y modernizar los instrumentos disponibles para cuidar las finanzas públicas en nuestro país.

Según las palabras del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, “este es un proyecto que busca dar un paso adicional en la institucionalización de nuestra política fiscal, fortaleciendo la aplicación de reglas, pero también regulando las situaciones en las cuales esas reglas no se puedan cumplir. Además, se establece un procedimiento a través del cual se pueden invocar esas excepciones y el cual también obliga a retornar al cauce de la política fiscal una vez superadas las emergencias”.

En definitiva, la norma pretende generar nuevas herramientas para robustecer la institucionalidad de las finanzas públicas mejorando su calidad, diseño, credibilidad y transparencia, con el propósito de recuperar la estabilidad y capacidad de ahorro del país.

Contenido

A través del texto legal, se establecen las siguientes directrices esenciales:

1. Complementa la regla del Balance Estructural con un ancla de Deuda Bruta del Gobierno Central Total. Asimismo, se establece un mecanismo de “Cláusula de Escape” que permitirá al Gobierno desviarse temporalmente de las metas fiscales de Balance Estructural, en los supuestos que indica.

2. Con el fin de robustecer los fondos soberanos existentes, se hacen modificaciones al Fondo de Estabilización Económica y Social y al Fondo de Reserva de Pensiones.

3. Se amplían las funciones de evaluación, monitoreo y opinión del Consejo Fiscal Autónomo en las materias que se indican, se modifican las dietas de sus consejeros y se incorporan nuevas incompatibilidades con el ejercicio del cargo.

4. Se explicita la oportunidad de presentación de los Informes Financieros que elabora la Dirección de Presupuestos, sumada a la necesidad de publicar un informe financiero consolidado.

5. Se establecen nuevas funciones informativas para la Dirección de Presupuestos.

6. Se permite que personas jurídicas designadas a través del Ministerio de Hacienda, puedan realizar intercambios temporales de valores de deuda pública, en el contexto de un programa de formadores de mercado que disponga, regule e implemente el Ministerio de Hacienda.

Modificaciones

La norma en comento modifica los siguientes cuerpos legales:

– Ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal
– Ley N° 21.148, que crea al Consejo Fiscal Autónomo
– Decreto con Fuerza de Ley N° 1, Refunde en un solo fondo los recursos adicionales de estabilización de los ingresos fiscales a que se refiere el decreto ley Nº 3.653, de 1981, y los del fondo de compensación para los ingresos del cobre, constituido conforme al convenio de préstamo BIRF Nº 2.625 CH y fija la normativa para su operación.