Este lunes 1 de junio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.232, que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales.

La nueva normativa se dicta con el propósito de perfeccionar algunas materias de dicha norma, orientadas a mejorar la aplicación e implementación práctica de la misma. Las principales reformas se detallan a continuación.

Trabajadores de casa particular

La primera medida impuesta por esta ley, incorpora a los trabajadores de casa particular a las prestaciones de la citada Ley 21.227, permitiendo la aplicación de ésta a los mencionados trabajadores, que hayan acordado por mutuo acuerdo con sus empleadores, o a consecuencia de un acto o declaración de autoridad, o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios; paralizar sus actividades en el periodo comprendido entre la declaración de estado de catástrofe por calamidad pública producto de la pandemia provocada por el Covid-19 (18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo N° 104) y la entrada en vigencia de dicha ley.

En este caso, el empleador estará obligado al pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, en la misma forma que el resto de los trabajadores durante la suspensión.

Pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social

En segundo lugar, se especifican las reglas de pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social que el empleador está obligado a pagar, tanto de su cargo como aquellas del trabajador.

En este sentido se detalla que las cotizaciones se calcularán sobre el 100% de las prestaciones establecidas en la Ley 21.227, para las cotizaciones previsionales obligatorias, pago de comisiones por depósito de las cotizaciones periódicas y de invalidez; y sobre la última remuneración mensual percibida, para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud (en la normativa anterior a la modificación, las cotizaciones se calculaban sobre el 50 % de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en la misma ley).

Presunción de actividad afectada parcialmente

La nueva ley agrega como requisito para acogerse al pacto de suspensión temporal, el hecho de que se presumirá que la actividad del empleador está afectada parcialmente, cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado, hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior.

Denuncia en caso de pactos irregulares

La modificación legal establece que cualquier trabajador que se vea afectado, por sí o a través de su organización sindical, puede recurrir a la Dirección del Trabajo denunciando que el pacto adolece de vicios en su celebración, o bien que no se cumplen las condiciones necesarias en la actividad de la empresa que justifican la aplicación del pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. Para tales efectos, la Dirección del Trabajo puede requerir informe al Servicio de Impuestos Internos y a cualquier otra entidad pública o privada que permita establecer la situación real de la empresa. De verificarse la efectividad de la denuncia, la Dirección del Trabajo debe derivar los antecedentes a los Tribunales de Justicia.

Pensiones Alimenticias

Para efecto del pago de las pensiones alimenticias debidas por ley que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador, situación que no estaba regulada en la norma original, se establece que las prestaciones a que se refiere este pacto serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% de las mismas.

Para tales efectos, el empleador, en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 2 y 5 de la ley N° 21.227, deberá señalar expresamente los trabajadores respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones alimenticias.

En estos casos, la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los mencionados trabajadores, indicando el nombre, rol único tributario y monto de la prestación que corresponde a cada uno de ellos, a fin de que el empleador cumpla con su obligación de retención y pago de las pensiones, y pague directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador.

Entrada en vigencia de los pactos de suspensión y reducción temporal de la jornada de trabajo

En el caso del pacto de suspensión del contrato de trabajo, esta ley reafirma el momento en que deben ejecutarse los efectos del pacto, precisando que estos se producen a partir del día siguiente de su suscripción, salvo acuerdo de las partes, que podrán determinar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

Empresas con financiamiento del Estado

Las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuestos o de subvenciones del sector público, y que reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes, no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley, respecto de dichos trabajadores.

Quedan exceptuadas de lo anterior aquellas empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que se paguen según el estado de avance de obras.

Fuero maternal

La norma en comento incorpora un nuevo artículo 6 bis a la Ley de Protección del Empleo, mediante el cual se establece que no podrán aplicarse las normas sobre suspensión temporal, ni legal, ni convencional; a las trabajadoras que gocen de fuero maternal.

Territorios de Isla de Pascua y del Archipiélago de Juan Fernández

La presente ley también incluye una nueva regulación, estableciendo normas específicas para los empleadores domiciliados en alguno de los territorios especiales de Isla de Pascua o del Archipiélago de Juan Fernández, señalando que en este caso el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo podrá ser suscrito, siempre que a contar del 1 de marzo de 2020 hayan experimentado una disminución de sus ventas promedio mensuales en un período cualquiera de 2 meses consecutivos, que exceda del 20% calculado respecto del promedio de sus ventas mensuales en el mismo período del ejercicio anterior.

Prohibición de repartir dividendos

Por su parte, a través del nuevo artículo 30, se establece la prohibición para las sociedades anónimas que se acojan a esta ley, o que sean parte de un grupo empresarial en que alguna de las entidades de dicho grupo se haya acogido a ella, a la repartición de utilidades a sus accionistas durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial mantengan contratos de trabajo suspendidos ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía.

Honorarios de Directores de Sociedades Anónimas Abiertas

El nuevo artículo 31 de esta ley corta, establece que los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los empleados o trabajadores suscriban el pacto de suspensión temporal, no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía, durante el período de la suspensión.

Actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad

La norma señala que no podrán acogerse a los beneficios y efectos de la presente ley, los trabajadores cuyos servicios sean necesarios para aquellas actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad, pudiendo, por el contrario, acogerse los trabajadores cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades, para cuyo efecto tendrán que suscribir el pacto entre el trabajador y el empleador mencionado en la misma normativa.

Vigencia de la norma

Las modificaciones introducidas por esta ley, tendrán como entrada en vigencia general el día de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 1 de junio de 2020, según lo dispone su artículo transitorio.

No obstante, la misma disposición señala los casos de artículos que regirán retroactivamente a contar del 6 de abril, fecha en que fue publicada la Ley N° 21.227, de protección del empleo.