La nueva normativa fue publicada el día sábado 16 de mayo de 2020, y está enmarcada dentro del plan de protección a las familias más vulnerables del país, cuyo sustento depende principalmente de ingresos informales y que no pueden optar a la ley N° 21.227, de Protección al Empleo.

Objetivo de la ley

Mediante esta norma se establece la entrega de un apoyo económico, denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), durante los meses que se prevé serán los más complejos de esta pandemia, y busca beneficiar a aquellos hogares que probablemente serán los más afectados por los efectos económicos que está produciendo la enfermedad COVID-19.

La ley considera no solo la vulnerabilidad socioeconómica de mediano plazo de una familia, sino que también, dentro de los señalados hogares, aquellos que han visto más perjudicada su fuente de ingreso producto de esta pandemia.

Beneficiarios

El Ingreso Familiar de Emergencia será concedido para los hogares que cumplan los siguientes requisitos copulativos:

a) Que pertenezcan al 90 por ciento más vulnerable de la población nacional, de conformidad al Instrumento de Caracterización Socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley N° 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social;

b) Que pertenezcan al 60 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia; y

c) Que sus integrantes mayores de edad no perciban alguno de los ingresos señalados en el artículo 4 de la misma ley, es decir, que no perciban ingresos provenientes de pensiones de cualquier naturaleza, de rentas del trabajo, de remuneraciones o dietas percibidas por el ejercicio de un cargo público, o de las prestaciones del seguro de cesantía o subsidios por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen.

Monto del aporte

El mencionado ingreso estará compuesto por tres aportes extraordinarios de cargo fiscal, que dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar (según la composición familiar inscrita en el Registro Social de Hogares) y de la situación socioeconómica de la familia en el estado de emergencia, disminuyendo de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de menor a mayor porcentaje de ingresos formales en el hogar.

El Ingreso Familiar de Emergencia se entregará por tres meses, dos o un pago, dependiendo de la fecha en la que se postule, reduciéndose de manera gradual a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos. De este modo, el primer mes se recibirá el 100% del beneficio, el segundo mes el 85% y en el tercero el 70%.

Solicitud del aporte

El pago del Ingreso Familiar de Emergencia deberá ser solicitado por algún integrante mayor de edad del hogar beneficiario ante la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dicha solicitud también podrá ser realizada ante el Instituto de Previsión Social y/o a través de otras instituciones públicas, con las que la referida Subsecretaría haya celebrado convenios.

La solicitud deberá hacerse dentro de los 70 días corridos siguientes a la fecha de publicación de la resolución a que se refiere el artículo 2° de la ley (normativa que será dictada por la Subsecretaría de Evaluación Social, y que fijará el procedimiento y metodología para determinar quienes pertenecen al 40 por ciento más vulnerable de la población nacional, y a más del 40 por ciento hasta el 60 por ciento según el Indicador Socioeconómico de Emergencia, y la forma de verificación de los demás requisitos establecidos en esta ley).

Pago del aporte

La Subsecretaría de Evaluación Social elaborará las nóminas de los beneficiarios de cada uno de los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia y la Subsecretaría de Servicios Sociales ordenará su pago, el cual será realizado por el Instituto de Previsión Social. Esta institución, podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas, que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago del aporte que concede esta ley, incluyendo al Banco del Estado de Chile.

El plazo máximo para el cobro de cada uno de los aportes, previamente otorgados, será hasta el 31 de diciembre de 2020. Se entenderá que se renuncia a estos si no se solicita su cobro dentro del referido plazo.

Procedimiento de Reclamación

Los reclamos relacionados con las materias del Ingreso Familiar de Emergencia, serán conocidos y resueltos por la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.880.

Percepción indebida

La presente ley establece sanciones penales para aquel que, con el objeto de percibir indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia, ya sea para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos.

Esta sanción penal será también aplicable, para quien, con el mismo objeto, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, durante el proceso de encuesta para la aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.379.

Con todo, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas con los reajustes e intereses correspondientes.

Modificaciones

La normativa en comento, modifica las siguientes leyes:

– Ley N° 21.195, Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar.
– Ley N° 21.225, Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

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