1. Corte de Apelaciones de San Miguel. Clausura de local comercial. Procede clausura de negocios sin patente. Operación de máquinas tragamonedas no se encuentra amparada por patente comercial. Límite del derecho a desarrollar cualquier actividad económica es el respeto a las normas legales que regulan tal actividad.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Amparo económico. Sanción municipal de clausura de local comercial. Improcedencia de proteger vía amparo económico actividad económica que vaya contra la moral, el orden público y la seguridad nacional o las normas legales que la regulen. Local clausurado por mantener en su interior máquinas tragamonedas.

3. Corte Suprema. Recurso de protección. Clausura del establecimiento comercial por funcionar sin patente comercial. Controversia respecto de la efectividad de los hechos que motivan el acto administrativo. Existencia de procedimientos judiciales incoados paralelamente ante la Justicia de Policía Local y la Corte de Apelaciones. Materia sometida a conocimiento de la Corte excede el ámbito del recurso de protección.


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1. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Clausura de local comercial. Procede clausura de negocios sin patente. Operación de máquinas tragamonedas no se encuentra amparada por patente comercial. Límite del derecho a desarrollar cualquier actividad económica es el respeto a las normas legales que regulan tal actividad.

Fecha Sentencia: 13/01/2020

Cita Online: CL/JUR/4714/2020

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Hechos:

Sociedad interpone reclamo de ilegalidad en contra de municipalidad, por negativa a ampliar el giro de su establecimiento comercial para «juegos de habilidad y destreza» y la decisión de clausura de su establecimiento comercial. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo deducido.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que la patente que ampara al dicho establecimiento le fue otorgada para el giro de «juegos electrónicos con fichas» y no para la explotación de máquinas tragamonedas, como se denomina a aquellas que permiten acceder a premios en dinero. El reclamante ha pretendido asimilar ambos tipos de aparatos, aduciendo que las segundas son esencialmente juegos electrónicos, de modo que sólo para «evitar cualquier malentendido» quiso ampliar su patente, pero no ha negado el hecho que motivó la clausura, cual es explotar en su local las dichas máquinas tragamonedas, respecto de lo cual la patente que se le había concedido en 2012 contiene una estipulación expresa en orden a que ella no permite la explotación de máquinas que opten a un premio en dinero.

En tal sentido, la operación de dichas máquinas no se encontraba amparada por la patente comercial que el reclamante tenía para otros entretenimientos, situación que es motivo suficiente para haber decretado la clausura del local aludido, puesto que la actividad que realmente se ejecutaba en dicho local carecía de patente, configurándose entonces la situación prevista en el inciso segundo del artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, que faculta al alcalde para «decretar la clausura de los negocios sin patente …», lo que obviamente incluye aquellos que la tienen para un negocio distinto del que en dichos locales se realiza;

Séptimo: Que el Decreto Alcaldicio N° 136, cuya copia rola a fs. 33, contiene los fundamentos necesarios para la decisión de clausura, ajustándose a las normas legales y constitucionales que regulan la actividad municipal y ha sido dictado por quien tiene competencia para adoptar tal decisión, pudiendo el alcalde como en este caso delegar la facultad de firmar el decreto, conforme a lo dispuesto en la letra j) del artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por otra parte, la decisión plasmada en el mencionado decreto no infringe lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política pues, si bien dicha norma consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ella misma establece como límite para tal garantía el respeto a las normas legales que regulan tal actividad, lo que en la especie no ha ocurrido.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Amparo económico. Sanción municipal de clausura de local comercial. Improcedencia de proteger vía amparo económico actividad económica que vaya contra la moral, el orden público y la seguridad nacional o las normas legales que la regulen. Local clausurado por mantener en su interior máquinas tragamonedas.

Fecha Sentencia: 12/11/2019

Cita Online: CL/JUR/6967/2019

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Hechos:

Empresa de entretenimiento deduce recurso de amparo económico en contra de municipalidad. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el amparo económico interpuesto.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que, sin perjuicio del derecho que tiene cualquier persona para denunciar las eventuales infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile, conforme al inciso 1° de la Ley N° 18.971, para que prospere el amparo económico, el desarrollo de la actividad económica que se pretende proteger no debe ir contra la moral, el orden público y la seguridad nacional, y debe respetar las normas legales que así lo regulen.

Quinto: De los antecedentes reunidos queda demostrado que el recurrente ya había sido objeto de una clausura municipal en abril del presente año, por infringir la ley N° 19.985, al mantener en el interior del local máquinas tragamonedas, cuya explotación comercial solo está reservada a los Casinos de Juegos, por lo que al haber roto los sellos de esa clausura, reabriendo el local comercial que tenía prohibición de funcionamiento, sin que orden administrativa o judicial se lo permitiera, reactivando las máquinas de juego, el recurrente se puso al margen de la normativa vigente, revistiendo su actitud un carácter refractario y de evidente autotutela que esta Corte no puede amparar, máxime si esa conducta está sancionada como delito en el artículo 270 del Código Penal, lo que amerita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.


3. Corte Suprema.

Recurso de protección. Clausura del establecimiento comercial por funcionar sin patente comercial. Controversia respecto de la efectividad de los hechos que motivan el acto administrativo. Existencia de procedimientos judiciales incoados paralelamente ante la Justicia de Policía Local y la Corte de Apelaciones. Materia sometida a conocimiento de la Corte excede el ámbito del recurso de protección.

Fecha Sentencia: 13/09/2019

Cita Online: CL/JUR/5188/2019

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Hechos:

Municipalidad se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que acogió el recurso de protección interpuesto por sociedad comercial, al estimar arbitraria e ilegal la clausura de establecimiento comercial. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y rechaza la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Se puede advertir claramente que existe controversia entre las partes respecto de la efectividad de los hechos que motivan el acto administrativo, de sus fundamentos y la normativa aplicable. Además de lo anterior, se realizan argumentaciones de derecho en cuanto a la naturaleza de las actividades comerciales que amparan las patentes comerciales de la recurrente, a la luz de la ley 19.925, que en su artículo 3° define legalmente lo que debe entenderse específicamente por cabarés (letra C) y por salones de baile o discotecas (letra O), desarrollando una pormenorizada regulación y otorga competencia a la Justicia de Policía Local para resolver las impugnaciones respectivas. Del mismo modo regula la fiscalización, el otorgamiento de patentes conjuntas, en su caso, y otras materias que pueden incidir en la resolución de la cuestión controvertida. Todo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales.

Sexto: Es la naturaleza de la controversia, respecto de la cual debe emitirse pronunciamiento, que está relacionada con diferentes hechos controvertidos, para lo cual corresponde analizar los antecedentes probatorios aportados por las partes, determinar la existencia de los eventuales derechos de los administrados y el correcto uso de las potestades por la autoridad atendida la regulación de la materia, además de evaluar la influencia de los procedimientos judiciales incoados paralelamente ante la Justicia de Policía Local y la Corte de Apelaciones de Santiago, todo lo cual permite sostener que la materia sometida a conocimiento de esta Corte por la presente vía cautelar, excede la que puede ser objeto de análisis en este procedimiento, como adicionalmente, por el hecho de estar discutida en juicios específicos, con recursos pendientes ante esta misma jurisdicción.