Ley N° 21.227, Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales

(Publicada en el Diario Oficial de 6 de abril de 2020)

La norma en comento regula los efectos laborales de la enfermedad COVID-19, estableciendo que en el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación señalada en esta ley.

Para los efectos de acceder a la prestación señalada, el Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad mecionado, y en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Dicha resolución deberá además ser suscrita por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos.

Trabajadores que pueden acceder a las prestaciones establecidas en esta ley

Para tener derecho a la prestación establecida en esta norma, los trabajadores podrán acceder, siempre que registren tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad a que se refiere el párrafo precedente. Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad antes señalado. En ambos casos, no les será aplicable el requisito de cesantía ni los demás requisitos de acceso a las referidas prestaciones de la ley N° 19.728.

Suspensión de la relación laboral

A efectos de dar continuidad a la relación laboral durante este período, el que deberá constar por escrito, el acto o la declaración de autoridad a que se refiere esta ley, tendrá por consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo en el o los territorios que correspondan. La vigencia de la suspensión se circunscribirá únicamente al período que la autoridad determine.

El texto indica que la suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo, implicará el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, por parte del empleador.

En este período, los empleadores pagarán el 50% de las cotizaciones previsionales y las cotizaciones de salud del trabajador, durante todo el período que dure la suspensión del contrato.

Licencias Médicas

Durante la vigencia de la suspensión antes señalada, el trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente, en ambos casos, de origen común, si corresponde, y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las mismas, conforme a lo dispuesto a las normas que rigen la materia.

Asimismo, durante el período de suspensión señalado tendrán cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones.

Pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo

Los empleadores, y los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, personalmente o por medio de la organización sindical a la que se encuentren afiliados, podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo, cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones descritas en la misma normativa, previa consulta a la organización sindical respectiva, si la hubiere.

En este caso, el trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada reducida, y a un complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la mencionada norma.

Para la aplicación de esta ley no se podrá pactar una reducción temporal superior al 50% de la jornada de trabajo originalmente convenida.

Fiscalización del Sistema y facultades de la Dirección de Trabajo

Con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas, los empleadores deberán enviar por medio electrónicos y en forma mensual a la Dirección del Trabajo, la nómina de los trabajadores que se hayan vistos afectados por la suspensión laboral.

La Dirección del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia.

Financiamiento del Sistema

Para el financiamiento de las prestaciones fijadas por la nueva normativa, se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador, compuesta por los aportes del empleador correspondiente a un 1,6% de la remuneración en caso de los contratos indefinidos o de un 2,8% en los contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada, y del trabajador con contrato indefinido de un 0,6%, en los porcentajes y meses que se establecen en la tabla del artículo 15 de ley N° 19.728.

Cuando los recursos mencionados fuesen insuficientes, los aportes se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los porcentajes, meses y afecta a los valores superiores para cada mes, a que alude la citada norma, y para lo cual se entregan tablas en esta misma ley, para fijar los valores inferiores a considerar en cada mes de aplicación.

Sanciones por simulación o engaño

Las personas que, conforme a la presente ley, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones y, quienes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, con los reajustes que conforme a derecho correspondan.

Los empleadores que sean personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el párrafo anterior que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión de tales delitos fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión, y serán sancionados con multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por dos años.

Vigencia de la ley

Las disposiciones de la presente ley regirán desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

No obstante, en el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, y la entrada en vigencia de la nueva norma, los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728, cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, podrán acceder a las prestaciones establecidas en la ley en comento, una vez dictada la respectiva resolución a la que se refiere esta normativa.

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Ley N° 21.218, Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado

(Publicada en el Diario Oficial de 3 de abril de 2020)

La normativa surge dentro del marco de la agenda social del gobierno y tiene por propósito beneficiar a los trabajadores dependientes con contrato de trabajo, y más vulnerables de nuestro país.

Trabajadores dependientes beneficiados con el subsidio

La nueva ley otorga este subsidio mensual, a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato de trabajo vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo conforme al inciso primero del artículo 22 de dicho Código y que sea superior a treinta horas semanales.

Para acceder a este subsidio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Percibir una remuneración bruta mensual inferior a $384.363, y
b) Integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica correspondiente.

Monto del subsidio

El monto del subsidio fijado por esta ley asciende a $59.200, para aquellos trabajadores que ganen el salario mínimo de $301.000 bruto, vigente hasta el 29 febrero del año en curso. Con este beneficio, se permite alcanzar un sueldo bruto de $360.200, y un salario líquido de $300.000.

Cabe destacar que este ajuste corresponde a un aumento del ingreso líquido de casi un 25% para los trabajadores que hasta febrero de 2020 recibían el Salario Mínimo de $301.000, beneficio que se extiende en forma decreciente hasta quienes ganan $384.363.

Considerando que el 1 de marzo recién pasado, el monto del sueldo mínimo mensual se reajustó hasta los $320.500 brutos, el monto de este subsidio de ingreso mínimo garantizado (IMG) será de $45.353, lo que permitirá alcanzar un ingreso bruto de $365.853.

Cómo acceder al IMG

Durante el primer año de entrada en vigencia de esta ley, para impetrar el derecho al subsidio que esta norma crea, los trabajadores deberán presentar una solicitud directamente ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia o por intermedio del Instituto de Previsión Social. El Ministerio podrá celebrar convenios con otras instituciones públicas para estos efectos.

Pago del subsidio

La norma en comento determina que el primer pago del subsidio se realizará dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley . Por su parte, se establece que este beneficio regirá hasta el 31 de diciembre del 2023.

Vigencia de la ley

El artículo primero transitorio de la norma, establece que la presente ley entrará en vigencia en el plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

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