Ley N° 21.225, Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile

(Publicada en el Diario Oficial de 2 de abril de 2020)

La norma en comento establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile. Su principal objetivo consiste en beneficiar a la población más afectada por la crisis que está atravesando nuestra nación con motivo del coronavirus, tanto familias como pymes.

Bono Covid -19
El bono que se entregará mediante esta ley, se hará efectivo en el mes de abril, y sus destinatarios serán los grupos más vulnerables del país. Este beneficio será de cargo fiscal, se pagará por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la ley.

El mencionado aporte será depositado directamente en las cuentas de los bancos de los beneficiados, y para quienes no dispongan de estos instrumentos, podrán cobrarlo en cualquier sucursal de Banco Estado.

Ayuda a Propymes
La ley también incluye un beneficio para el acceso al crédito de la micro, pequeña y mediana empresa, que resulten afectadas económicamente por el impacto del Coronavirus. En este sentido, se suspende por un periodo de seis meses el cobro del impuesto de timbres y estampillas que grava a las operaciones de crédito de las empresas y de las personas. Esta medida implica para el Fisco un costo de US$ 420 millones.

Por otra parte, y con el propósito de fortalecer la capacidad de Banco Estado para que otorgue créditos a las pequeñas y medianas empresas, esta norma contempla una capitalización a esta entidad financiera por US $500 millones.

La presente ley modifica las siguientes normas:
– Decreto Ley N° 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado
– Ley N° 21.174, Establece Nuevo Mecanismo de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional

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Ley N° 21.226, Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile

(Publicada en el Diario Oficial de 2 de abril de 2020)

La nueva ley que surge dentro del contexto de la emergencia sanitaria que afecta al país por la pandemia del coronavirus, establece prórrogas para los procesos judiciales y suspende audiencias en tribunales, con el propósito de evitar aglomeraciones y desplazamiento de la población.

Suspensión de audiencias
La Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y por el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, deberá ordenar que se suspendan las audiencias.

Suspensión de audiencias de tribunales especiales
Los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y los tribunales arbitrales ad hoc e institucionales del país, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, podrán suspender cualquier audiencia que corresponda realizar en el marco de los procedimientos de que conocen, con excepción de aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal, en los mismos términos referidos en el artículo anterior.

Prohibición de decretar diligencias o actuaciones judiciales
Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, los tribunales ordinarios y especiales no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes.

Procedimientos judiciales en trámite
En los procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, Presidentes de Corte, Ministros de Corte, los Juzgados de Letras, los Juzgados con Competencia en Materias de Familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, los Juzgados del Crimen, Tribunales Militares en tiempos de paz, los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y los tribunales arbitrales del país, las partes, sus abogados, mandatarios y demás intervinientes que hayan estado impedidos de cumplir los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos ante ellos, podrán reclamar del impedimento dentro del término de los diez días siguientes al cese del impedimento. El tribunal resolverá de plano o previa tramitación incidental y apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de los recursos que procedan en contra de esta resolución con arreglo a la ley.

Procedimientos judiciales en trámite que deban tramitarse ante los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal
En los procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los intervinientes que se hayan visto impedidos de cumplir los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos, podrán formular la solicitud regulada en el artículo 17 del Código Procesal Penal, fundada en cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID-19. En estos casos, cuando el tribunal otorgue un nuevo plazo, deberá decretar que comience a correr con posterioridad al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Términos probatorios
Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Interrupción de la prescripción
Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último. Lo anterior, no será aplicable para el ejercicio de las acciones penales.

Asimismo, no aplicará para el ejercicio de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local, en cuyo caso se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción.

Suspensión de la vista de la causa o de la audiencia
En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes de Apelaciones o ante la Corte Suprema, podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia.

En las causas de los procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, solo se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley le otorga.

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Ley N° 21.223, Prorroga el plazo para la renovación de los permisos de circulación correspondientes al año 2020, y otras materias que indica

(Publicada en el Diario Oficial de 1 de abril de 2020)

La norma en comento persigue aliviar la carga económica de los chilenos y evitar aglomeraciones que puedan propagar el contagio del virus. Mediante su publicación se prorroga el plazo para la renovación de los permisos de circulación correspondientes al año 2020, hasta el día 30 de junio.

En virtud de esta normativa, no se podrá sancionar a los conductores que no hayan podido realizar el pago del permiso, que originalmente tenía como plazo el día 31 de marzo. Tampoco procederá el cobro de reajustes, intereses ni multas por los pagos realizados hasta el 30 de junio de 2020.

No obstante, será obligatorio para todo conductor, haber realizado el pago del seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) correspondiente al año en curso.

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Ley N° 21.224, Prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas

(Publicada en el Diario Oficial de 1 de abril de 2020)

La nueva normativa prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas de vehículos cuyo vencimiento haya ocurrido a partir del mes de octubre del año 2019.

La fecha para que los conductores puedan circular sin la revisión técnica actualizada y eximidos de sanciones será también el 30 de junio próximo, de acuerdo a la nueva norma.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en uso de sus atribuciones, establecerá el calendario y los dígitos correspondientes, a objeto de organizar, en lo sucesivo, la realización de dicho trámite.

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Ley N° 21.222, Prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren en el año 2020

(Publicada en el Diario Oficial de 1 de abril de 2020)

En virtud de la ley N° 21.222, se prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren en el año 2020.

Sus titulares podrán realizar el trámite de renovación hasta el día y mes señalado en la licencia vigente, del año 2021.

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