1. Corte de Apelaciones de Santiago. Secuestro calificado. Violaciones a los derechos humanos. Existencia de indicios suficientes para establecer la responsabilidad penal que en calidad de autores. Presunciones pueden llegar a configurar una prueba completa de un determinado hecho. Autoría mediata por dominio de la voluntad. Dominio de organización como forma independiente de autoría mediata. Suficiencia probatoria para arribar a la convicción de las participaciones directas en el secuestro calificado del ofendido. Compatibilidad entre los beneficios de la Ley N° 19.123 y la indemnización de perjuicios. Imprescriptibilidad de la acción penal y de la acción civil tratándose de crímenes de lesa humanidad. Improcedencia de aplicar las normas de prescripción del Código Civil. Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Requisitos y características de los delitos de lesa humanidad, en el derecho chileno y en el derecho internacional. Existencia de un ataque generalizado o sistemático y dirigido contra la población civil. Dolo consiste en que quien actúe debe conocer el contexto de ataque y entender la conducta que lleva adelante como parte del ataque. Hechos configuran delito común por tanto prescriptible. Presupuesto factico no se enmarca dentro de un ataque generalizado, masivo, y sistemático. Improcedencia de aplicar Convenios de Ginebra de 1949. Procede prescripción de la acción penal. Conducta punible respecto del delito de secuestro dura hasta que la víctima recupere la libertad.

3. Corte Suprema. Secuestro calificado. Violaciones a los derechos humanos. Imprescriptibilidad de la acción civil tratándose de crímenes de lesa humanidad. Improcedencia de aplicar las normas de prescripción del Código Civil. Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Beneficios de la Ley N° 19.123 tienen carácter asistencial. Compatibilidad entre los beneficios de la Ley N° 19.123 y la indemnización de perjuicios.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Secuestro calificado. Violaciones a los derechos humanos. Existencia de indicios suficientes para establecer la responsabilidad penal que en calidad de autores. Presunciones pueden llegar a configurar una prueba completa de un determinado hecho. Autoría mediata por dominio de la voluntad. Dominio de organización como forma independiente de autoría mediata. Suficiencia probatoria para arribar a la convicción de las participaciones directas en el secuestro calificado del ofendido. Compatibilidad entre los beneficios de la Ley N° 19.123 y la indemnización de perjuicios. Imprescriptibilidad de la acción penal y de la acción civil tratándose de crímenes de lesa humanidad. Improcedencia de aplicar las normas de prescripción del Código Civil. Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Fecha Sentencia: 30/01/2020

Cita Online: CL/JUR/10058/2020

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Hechos:

Operación Colombo. Condenados por el delito de secuestro calificado y el Fisco de Chile, interponen recursos de casación en la forma y de apelación contra la sentencia dictada por Ministro de Fuero. La Corte de Apelaciones aprueba en lo consultado, rechaza los recursos de casación en la forma y revoca parcialmente el fallo impugnado, en lo penal. En lo civil, revoca el fallo respecto al pago de las costas y confirma en lo demás.

Considerandos relevantes.

Vigésimo primero: Que, del contexto de las declaraciones indagatorias, testimonios y demás antecedentes referidos precedentemente, fluyen suficientes indicios que permiten establecer la responsabilidad penal que en calidad de autores se les asigna a los acusados Krassnoff y Torré, conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, esto es, mediante presunciones que pueden llegar a configurar una prueba completa de un determinado hecho, que se basan en hechos reales y probados que exige la disposición, los que se satisfacen al haber sido acreditados por otros medios legales diferentes de la presunción, esto es, que hayan sido legalmente demostrados en el proceso, ante la imputación, que de manera múltiple, precisa, concordante y grave refieren la dinámica de los hechos y la intervención de personal del sistema represivo de la época en la detención y secuestro ilegal de Francisco Javier Bravo Núñez, como de su posterior desaparición.

A mayor abundamiento, en cuanto al dominio del hecho, es útil señalar que; en el dominio de la voluntad como sucede en los casos de autoría mediata, quien es el que ejecuta un hecho propio a través de otro cuya conducta instrumentaliza. Es el que dominando el hecho y poseyendo las demás características especiales de la autoría, se sirve de otra persona denominada instrumento, para ejecutar la conducta típica, siendo que el dominio del hecho presupone que el acontecimiento global se presenta como obra de la voluntad directiva del hombre de atrás y que éste controla la conducta del ejecutor por medio de su influencia sobre él.

Precisamente, conforme al caso de autos, uno de los casos de autoría mediata por dominio de la voluntad y que tiene particular importancia, consiste en el empleo de un aparato organizado de poder, en el cual el sujeto de atrás dispone de una maquinaria perfectamente ordenada, de carácter estatal, paramilitar o mafiosa, con cuya ayuda puede cometer multiplicidad de delitos a través de intermediarios, quienes realizan la conducta plenamente conscientes, sin coacción o error. En estos casos el «instrumento» que posibilita al hombre de atrás la ejecución de las órdenes del autor mediato, es el aparato como tal, que está compuesto por una pluralidad de personas que están integradas en estructuras preestablecidas, que cooperan en diversas funciones relativas a la organización y cuyo entramado asegura al hombre de atrás el dominio sobre el resultado.

El que actúa individualmente no desempeña un papel decisivo para el actuar de la organización porque puede disponer sobre muchos ejecutores dispuestos a hacer lo que se les pide, de manera que el autor mediato puede a través del aparato que está a su disposición producir el resultado con mayor seguridad que incluso en el supuesto de dominio mediante coacción y error, que son reconocidos casi unánimemente como casos de autoría mediata (Roxin, «El dominio de organización como forma independiente de autoría mediata», en Revista de Estudios de la Justicia, N° 7, 2006, pp. 14 15).

Vigésimo segundo: Que, las condiciones del dominio de la organización son dada por el poder de mando del autor mediato quien tiene autoridad para dar órdenes para causar realizaciones del tipo. De ahí que puedan encontrarse en los distintos niveles de la jerarquía de mando varios autores mediatos en cadena. La desvinculación del ordenamiento jurídico del aparato de poder en el marco de los tipos penales realizados por él; la fungibilidad del ejecutor inmediato, esto es, la sustituibilidad de los que en el actuar delictivo de aparatos organizados de poder ejecutan el último acto parcial que realiza el tipo, es una característica esencial del dominio de la organización.

La ejecución de órdenes del hombre de atrás se asegura, en gran parte, precisamente porque muchos ejecutores potenciales están disponibles, de modo que la negativa u otro fallo de un individuo no impide la realización del tipo; la considerablemente elevada disponibilidad al hecho del ejecutor, toda vez que el autor mediato tiene una posición distinta a un autor individual que se tiene que desenvolver por sí mismo.

Un fenómeno típico de la organización es también un empeño excesivo en prestar servicio, sea por arribismo, sea por afán de notoriedad, por ofuscación ideológica o también a causa de impulsos criminales sádicos o de otro tipo, a los que el miembro de una organización tal cree poder ceder impunemente. Al mismo tiempo, hay una participación de miembros también interiormente más bien contrarios como consecuencia de la resignada reflexión: «Si no lo hago yo, lo hace de todas formas otro» (Roxin, «El dominio de organización como forma independiente de autoría mediata», op. cit., pp. 15 20).

Vigésimo tercero: Que, de lo expresado, estando comprobado que tanto Krassnoff como Torré formaron parte de la estructura piramidal de la DINA, ocupando cargos de mando superior, otros mandos medios y en algunos casos ejerciendo múltiples funciones como operadores, formando parte de las Brigadas respectivas, participando activamente en detención de víctimas y en diligencias llevadas a cabo en el interior del Cuartel de Detención de José Domingo Cañas, lugar donde interrogaban a los detenidos, se les aplicaban apremios ilegítimos y a otros los hacían desaparecer, labor que desempeñaron en una fecha contemporánea a la época en que fue vista con vida la víctima, lo que permite arribar a la convicción de sus participaciones directas en el secuestro calificado del ofendido de autos, encierro ilegitimo de ésta.

Así, Miguel Krassnoff Martchenko, Teniente de Ejército a la fecha de los hechos, habiéndose acreditado con el mérito de las múltiples presunciones señaladas, se encontraba al mando de la Brigada Halcón y estuvo en algunos momentos al mando del Cuartel ubicado en José Domingo Cañas u Ollague durante el tiempo en el que la víctima se encontraba secuestrada, de lo que es posible concluir que su participación se enmarca en la conducta típica consistente en su secuestro. En el caso de Ernesto Torré Sáez, Teniente de Carabineros a la fecha de los hechos, también participó en la DINA, específicamente de la Brigada Caupolicán al mando de la agrupación Cóndor y ejerció funciones de mando en el Cuartel de José Domingo Cañas a donde habría sido llevada la víctima de autos.

Vigésimo cuarto: Que, en consecuencia, ante la existencia de certezas que permiten presumir fundadamente que los enjuiciados Miguel Krassnoff Martchenko y Ciro Ernesto Torré Sáez, tuvieron intervención en calidad de autores mediatos en los hechos investigados, gozando de una situación de control y desempeño autónomo que les permitía incidir en la mantención ilícita de ese estado antijurídico, desplegando un comportamiento que no solo se limitó a sus pertenencias a un organismo represivo sino que a su actuar habitual, se les condenará respecto de los cargos criminales formulados de la forma en que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Trigésimo tercero: Que, en cuanto a las alegaciones del Consejo de Defensa de Estado, tendientes a desligar la responsabilidad civil del Estado, esta Corte coincide con el razonamiento del tribunal a quo.

Así, se desecha la excepción de pago, para lo cual cabe agregar que la Ley N° 19.123 que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación no establece de modo alguno la incompatibilidad entre la reparación pretendida en estos antecedentes y aquellas que se hayan obtenido en virtud de leyes o normas especiales. Luego, la Ley N° 19.980 de 2004, que amplió los beneficiarios y beneficios, otorgando bonos de reparación para los hijos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política. En igual sentido la Ley N° 19.992 de 2004 aumentó la pensión y reguló un derecho de opción a un bono, lo cierto es que se trata de cuerpos legales que reconocen por parte del estado de Chile su deber de resarcir el menoscabo sufrido por las víctimas de estas clases de delitos, instaurando resarcimientos simbólicos y en muchos casos asistenciales, lo que no se contrapone con reparaciones por daño moral reclamado de los órganos jurisdiccionales competentes.

Las anteriores consideraciones y las del fallo en análisis se extienden a la alegación de preterición y reparación satisfactiva alegada como segundo agravio.

Trigésimo cuarto: Que, en el rechazo de la prescripción extintiva, cabe agregar que el artículo 5° de la carta Fundamental permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones asumidas por Chile en materia internacional que recogen los principios generales del derecho humanitario, particularmente de derechos humanos, lo que la dota de jerarquía constitucional, por ello su regulación prescriptiva no puede regularse conforme al derecho privado común, toda vez que se trata de vulneraciones de lesa humanidad, de allí lo imperioso de su reparación, consecuencia de ello el Estado Chileno no solo debe investigar y sancionar tales ilícitos, sino que, además, repararlos en su integridad, de lo que deviene que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional de Derechos Humanos que consagra el derecho de las víctimas a obtener la debida reparación de los perjuicios a consecuencia del acto ilícito.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Requisitos y características de los delitos de lesa humanidad, en el derecho chileno y en el derecho internacional. Existencia de un ataque generalizado o sistemático y dirigido contra la población civil. Dolo consiste en que quien actúe debe conocer el contexto de ataque y entender la conducta que lleva adelante como parte del ataque. Hechos configuran delito común por tanto prescriptible. Presupuesto factico no se enmarca dentro de un ataque generalizado, masivo, y sistemático. Improcedencia de aplicar Convenios de Ginebra de 1949. Procede prescripción de la acción penal. Conducta punible respecto del delito de secuestro dura hasta que la víctima recupere la libertad.

Fecha Sentencia: 18/11/2019

Cita Online: CL/JUR/11760/2019

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Hechos:

Querellantes y demandante civil se alzan en contra de la sentencia, que se absolvió y sobreseyó definitivamente a los acusados como autores del delito de secuestro calificado por prescripción de la acción penal; y rechazó la demanda civil interpuesta en contra del Fisco de Chile. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones confirma la sentencia en alzada

Considerandos relevantes.

Décimo segundo: Que, para estos efectos, y en términos de descartar que los hechos investigados puedan estimarse como delito de lesa humanidad, es necesario analizar los elementos o requisitos comunes a dichos crímenes, conforme a la ley 20357. Dicha ley en su artículo primero reza:

«Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurran las siguientes circunstancias:

1°. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos».

En doctrina, y conforme al artículo: «Los crímenes de lesa humanidad en el derecho chileno y en el derecho internacional. Sus requisitos comunes, además de referencias a los actos inhumanos en particular» Claudia Cárdenas Aravena http://dx.doi.org/10.4067/S0718­09502014000200008, numeral II; se destaca un aspecto objetivo, esto es, la existencia de un ataque, entendido como ciertas conductas que son cometidas en el contexto de un ataque con ciertas características: debe ser generalizado o sistemático y debe dirigirse contra la población civil. Se ha entendido que un ataque es generalizado cuando alcanza a un gran número de personas, y es sistemático cuando en su ejecución existe un cierto grado de organización que hace observable que en él se sigue un plan o política. Para los efectos de la competencia material de la Corte Penal Internacional, se exige que las conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad se cometan de conformidad con la política de un Estado u organización o para promoverla (artículo 7, párrafo 2 letra a) ER). Es este plan o política lo que une a la multiplicidad de actos de manera que constituyan una «línea de conducta».

Este ataque debe tener como objeto a la población civil: habida cuenta de que esta clase de crímenes puede también cometerse fuera del contexto de un conflicto armado de los que hacen aplicable el derecho internacional humanitario, mayoritaria y razonablemente se entiende que la noción de población civil para los crímenes de lesa humanidad no es necesariamente idéntica de la que se maneja para los de guerra y que surge del derecho internacional humanitario. Para los efectos de los crímenes en estudio, la noción de población civil abarca a todo grupo de personas unidas por alguna característica común (como vivir en un mismo territorio, o seguir determinadas corrientes políticas o religiosas), excluyendo por cierto al grupo que lleva adelante al ataque.

En cuanto al aspecto subjetivo, se trata del conocimiento del ataque y actuar como parte de él; el artículo 7 párrafo 1 ER explicita el requisito del conocimiento del ataque que ha de tener quien actúa. Además, dispone que se ha de actuar «como parte de un ataque…», ergo, entendiendo que esa conducta se inserta en una multiplicidad, conformando una misma línea de conductas con las demás que constituyen el ataque (se actúa en un mismo sentido). (Werle, G. Tratado de derecho penal internacional, 2da. edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 477 479; p. 47° y ss;p. 484).

Respecto de las características exigidas para el ataque, existe una definición legal que señal la ley 20357:

«Artículo 2° Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá:

1°. Por ataque generalizado, un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas, y

2°. Por ataque sistemático, una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas».

Esto es, para el derecho chileno, expresamente se prevé la posibilidad de que el ataque esté constituido por un solo hecho, siempre que este afecte a un gran número de personas o se dirija contra un gran número de personas. Entonces habrá un ataque generalizado. El ataque también podrá considerarse generalizado si consta de más de un acto, siempre que en ese supuesto los actos sean simultáneos o inmediatamente sucesivos. Por tanto, lo crucial para distinguir el ataque generalizado respecto del sistemático no es la cantidad de personas afectadas por él (como se entiende en el derecho internacional), sino su temporalidad: debe constar de un solo acto o de varios simultáneos o inmediatamente sucesivos.

El ataque sistemático, en tanto, para el derecho chileno también se determina por su extensión temporal: ha de estar conformado por actos sucesivos que se extiendan «por un cierto periodo de tiempo» lo que ha de ser entendido por oposición a la simultaneidad o sucesión inmediata que exige la hipótesis de ataque generalizado.

Debe haber un ataque que tenga por objeto a la población civil, contra un número considerable de personas, y el ataque debe responder a una política, del Estado o de sus agentes, de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.

En cuanto al Aspecto subjetivo: dolo y eventual elemento subjetivo especial, la descripción del artículo 1 de la Ley N° 20.357 da a entender que el contexto del ataque con determinadas características debe ser abarcado subjetivamente por quien actúa para que pueda imputarse esta clase de delito. Para eso quien actúe debe conocer el contexto de ataque y entender a la conducta que lleva adelante como parte del ataque. Así, el hecho será «cometido como parte del ataque». Ello, por cierto, sin perjuicio del dolo que exija la conducta específica que se lleve a cabo (dolo de matar, de torturar, etc.).

Esta interpretación está en armonía con el artículo 37 de la Ley N° 20.357, que se encuentra ubicado entre las disposiciones comunes a todos los delitos del párrafo a pesar de que su contenido tiene incidencia solo respecto de los crímenes de lesa humanidad. Señala que el grado de conocimiento considerado suficiente se refiere a conocer que la conducta forma parte del ataque exigido (lo que conlleva el conocimiento de que existe), pero no exige que se tenga conocimiento cabal de aspectos concretos del plan o política o del ataque en todo lo que no concierna al acto imputado.

En la tipificación chilena, la posibilidad de que baste que el ataque «se dirija» contra un número considerable de personas como una hipótesis separada de que este ataque «afecte» a un número considerable de personas. Al estar ambas hipótesis unidas por la disyuntiva «o» parece ser que se las entiende como distintas, vale decir, que en el derecho chileno podría haber un crimen de lesa humanidad como delito consumado sin que exista un ataque que afecta a un número considerable de personas, siempre que se haya dirigido contra ellas.» (Los crímenes de lesa humanidad en el derecho chileno y en el derecho internacional. Sus requisitos comunes, además de referencias a los actos inhumanos en particular» Claudia Cárdenas Aravena http://dx.doi.org/10.4067/S0718­09502014000200008 Numeral II. 3.2.)

Décimo cuarto: Que conforme se viene señalando, del mérito del cúmulo de antecedentes, testimonios, declaraciones, informes periciales, informes policiales fruto de los resultados de las diversas órdenes de investigar despachadas, que dan cuenta del contexto de los hechos investigados en la causa, y que se sostuvieron en el auto de procesamiento que rola a fojas 2115, y en la acusación de fojas 2684, se comparte la conclusión del sentenciador en cuanto a que las circunstancias que rodearon la desaparición de Boris Weisfeiler Bersntein y que fueron calificadas como delito de secuestro calificado no puedan ser catalogadas o puedan enmarcarse en el contexto de un delito de lesa humanidad, tal como se indica en las motivaciones sexta a décimo cuarta del fallo en alzada, ya que no se visualiza ninguno de los presupuestos indicados en las motivaciones precedentes, esto es, no se trató en este caso de un ataque generalizado, masivo, y sistemático contra la población civil, o contra grupo de personas unidas por alguna característica común, más bien, conforme el mérito de los antecedentes y dado el contexto dado por la zona fronteriza de que se trataba, los funcionarios policiales alertados por lugareños del posible ingreso irregular de una persona por paso fronterizo, inician su búsqueda, y lo detienen, sin que se encuentre acreditado que dichos funcionarios policiales como los militares acusados, actuaron conociendo el contexto de ataque y entendiendo que su conducta formaba parte del ataque, como una política del Estado o de sus agentes, sino más bien cumplían con su cometido, por encontrarse precisamente sus funciones relacionadas con el resguardo de los pasos fronterizos de la zona.

Tal como se reseñó en el numeral décimo de la presente sentencia, se acreditó que efectivamente Boris Weisfeiler Bernstein estuvo en contacto con arrieros entre los días 3 y 4 de enero de 1985, a saber, José Aníbal López Benavides y Luis Alberto López Benavides, de fojas 81 y 82, sus declaraciones son precisas, concordantes y producen convicción en ese sentido, siendo el último de ellos quien, dadas las instrucciones que había recibido de Carabineros del Reten fronterizo «El Roble» de dar aviso respecto de cualquier circunstancia que hiciera presumir alguna situación extraña o anómala, o que alguien hubiera ingresado irregularmente por paso fronterizo no habilitado, y por la vestimenta militar y la barba de varios días que describen exhibía la víctima, da aviso a funcionario policial de dicho retén en la persona del Carabinero Estorgio Soto Vásquez, iniciándose la búsqueda de Boris.

Asimismo, de las declaraciones Jaime Hernán Vásquez Ramírez y Héctor Javier Vásquez Vidal, de fojas 674 y 676, siendo sus declaraciones precisas y concordantes, en el sentido que la búsqueda de Boris Weisfeiler, se realiza en el entendido que las instrucciones que los policías debían cumplir dicen relación con que toda persona que se desplazara por dicha zona tenía la obligación de presentarse en el destacamento policial respectivo para su control y fiscalización y así establecer qué actividades realizarían en la zona. Haciendo presente expresamente en sus declaraciones que este método era utilizado con todo tipo de personas ya fueran turistas, excursionistas o arrieros por cuanto esa era la misión de un destacamento de fronteras, además de controlar el ingreso y egreso a ciudadanos por pasos no habilitados.

Que en este sentido, dada la época de ocurrencia de los hechos investigados, año 1985, no es posible tener por establecido que en Chile existía un «conflicto armado no internacional» en los términos del artículo 3° común para los Convenios de Ginebra de 1949, no habiéndose acreditado que en la época en referencia existía en Chile una oposición entre dos fuerzas armadas o bien entre las fuerzas armadas de Chile y uno o más grupos armados que desconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar las disposiciones de derecho humanitario. Tampoco se ha acreditado que en enero de 1985 existía en Chile una rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno, razón por la que debe concluirse que no corresponde aplicar los Convenios de Ginebra a los hechos punibles en estudio.

Tal como se viene argumentando y conforme al mérito de lo expuesto, el hecho que se haya estimado por los funcionarios policiales que se trataba de «un extremista», atendido que vestía ropa militar y exhibía una barba crecida, no constituye un antecedente suficiente para que pueda acreditarse la pertenencia del delito investigado, dentro de las nociones esenciales y propias del derecho Internacional Humanitario, no siendo por tanto atinentes las normas del y principios del Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, por cuanto no se dan en la especie, los elementos de lo que se ha definido como Crimen Contra la Humanidad.

Décimo quinto: Que respecto del delito de secuestro objeto de esta investigación, especialmente respecto al tipo concebido en el artículo 141 en su texto antes reproducido, ha sido considerado por la doctrina y jurisprudencia como delito de carácter permanente, esto es, de aquellos que se comete al ejecutarse la acción de «encerrar» o «detener» a otro privándole de su libertad, pero, su consumación se prolonga y permanece mientras dura la privación de libertad del sujeto pasivo, de lo cual deducen que sólo es posible aplicar las normas de prescripción de la acción persecutoria sólo una vez puesta en libertad la víctima.

Así se ha señalado en fallo de la Excma. Corte Suprema Rol 4329 2008, citando a su turno, al profesor Sergio Politoff: «Con la privación de libertad está consumado el delito de secuestro, pero la conducta punible no está terminada, sino que dura hasta que la víctima recupere la libertad. Si así no fuera, bastaría que el hechor retenga la víctima suficiente tiempo: el delito estaría prescrito antes que se conozca la realidad de lo acontecido» (Derecho Penal, I, 2ª. Ed. Conosur, julio 2001, pág. 183). Desde esta premisa, se cuestiona dicha sentencia respecto a «si es posible y legítimo, entonces, sentenciar por el delito a persona alguna antes de la liberación esperada, más aún en carácter de consumado?.»

Décimo sexto: Que, se concuerda con el sentenciador en que tratándose de un delito común y por tanto, prescriptible, y conforme al principio in dubio pro reo, resulta necesario establecer una fecha cierta de inicio de la detención o encierro de la víctima, única forma de hacer una interpretación armónica entre el tipo penal de secuestro calificado y la prescripción de la acción penal, tal como lo señala el artículo 141 del Código Penal.

Es así que, para la tipificación y sanción de tal hecho punible basta la producción de alguno de esos efectos, especialmente el del encierro o detención por más de noventa días, resultando por ello irrelevante el tiempo posterior que transcurra, y, consiguientemente, resulta muy válido para el intérprete concluir de ello que los culpables de la acción calificada incurrieron y consumaron efectivamente el delito desde el mismo momento que se llegó al día noventa y uno, esto es, en este caso concreto, a partir del 6 de abril de 1985. De esta manera, desde este hecho claro y evidente, se puede dictar sentencia y decidir sobre las responsabilidades penales que correspondan, teniendo la conducta punible terminada, tal como aparece del fallo que se revisa.


3. Corte Suprema.

Secuestro calificado. Violaciones a los derechos humanos. Imprescriptibilidad de la acción civil tratándose de crímenes de lesa humanidad. Improcedencia de aplicar las normas de prescripción del Código Civil. Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Beneficios de la Ley N° 19.123 tienen carácter asistencial. Compatibilidad entre los beneficios de la Ley N° 19.123 y la indemnización de perjuicios.

Fecha Sentencia: 05/11/2019

Cita Online: CL/JUR/6369/2019 

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Hechos:

Condenado por el delito de secuestro calificado y Consejo de Defensa del Estado interponen recursos de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado. La Corte Suprema rechaza los recursos de casación deducidos.

Considerandos relevantes.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo razonado, en reiterada jurisprudencia, esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de lesa humanidad lo que ha sido declarado en la especie , cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la Ley N° 19.123, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este mismo sentido, SCS Rol N° 20.288 14, de 13 de abril de 2015; Rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, ROL N° 15.402 18 entre otras).

Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones, emanadas de los mismos hechos ilícitos y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.

Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.

Duodécimo: Que estas mismas reflexiones impiden aceptar la alegación del Fisco de Chile de declarar improcedente la indemnización que se ha demandado en razón de que los actores obtuvieron pensiones de reparación de conformidad a la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, pues esa pretensión contradice lo dispuesto en la normativa internacional antes señalada y porque el derecho común interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, como también se razonó, de modo que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en función de otros preceptos de derecho patrio.

La normativa invocada por el Fisco que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación antes señalada en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.