1. Corte de Apelaciones de Santiago. Imputaciones difamatorias y deshonrosas efectuadas por redes sociales. Libertad de expresión no ampara la injuria o el insulto. Conducta de los recurridos es arbitraria y conculca el derecho a la honra que a la actora.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Imputaciones difamatorias y deshonrosas en el lugar de trabajo de la recurrente. Derecho al buen nombre. Libertad de expresión no ampara la injuria o el insulto. Conducta de los recurridos es arbitraria y conculca el derecho a la honra que a la actora.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Publicación de red social de antecedentes que llevaron a expulsión del recurrente del Colegio de Abogados.  Medio de comunicación está facultado para publicar noticia cierta en ejercicio de la libertad de expresión. Información emitida por medios electrónicos en el país y destinados a la comercialización pasan a formar parte de un registro. Límites al derecho a la honra en el ejercicio de la libertad de expresión y difusión de informaciones.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Imputaciones difamatorias y deshonrosas efectuadas por redes sociales. Libertad de expresión no ampara la injuria o el insulto. Conducta de los recurridos es arbitraria y conculca el derecho a la honra que a la actora.

Fecha Sentencia: 03/02/2020

Cita Online: CL/JUR/9511/2020

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Hechos:

Se recurre de protección en contra de quien efectuó publicaciones en redes sociales con imputaciones difamatorias, que afectan el derecho al honor del recurrente. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección interpuesto.

Considerandos relevantes.

SEXTO: Que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y así se ha señalado desde antiguo: nunca la libertad de expresión puede amparar la injuria o el insulto. El N° 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, «sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…». El ordenamiento jurídico, entonces, no protege un pretendido derecho a insultar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, sino que debe debilitarse y atemperarse si ésta tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, los recurridos, escudándose en la libertad de expresión, no pueden publicar en una «red social» expresiones que claramente afectan la honra de la recurrente, en cuanto persona natural, pues, entonces, su actuar se torna en un mero insulto, que la judicatura no debe ni puede tolerar, toda vez que con tal doctrina se institucionaliza una suerte de derecho a la injuria que el ordenamiento jurídico no contempla y no lo puede contemplar. Ciertamente la recurrida señora Guerra y los demás emplazados en esta acción constitucional pueden hacer las denuncias que estimen pertinentes ante la autoridad administrativa correspondiente con relación a hechos que estimen vulneratorios de los derechos de determinados niños (la hija de la señora Guerra, por ejemplo), pero a lo que no tienen derecho es a insultar a la señora Santander o imputarle públicamente, a priori, las conductas graves que ya se han indicado.

OCTAVO: Que la conducta de los recurridos, a lo menos arbitraria, ciertamente ha conculcado el derecho a la honra que a la señora Santander le otorga el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe ser acogido. No puede prosperar, en cambio, respecto de la recurrente Corporación Educacional Nuestro Horizonte, pues ya se ha dicho en otras ocasiones que «la honra» es un derecho del que sólo pueden gozar las personas naturales, sin que tampoco corresponda pronunciarse, respecto de una persona jurídica, del N° 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; en cuanto a los derechos de los números 2° y 24° del mismo artículo, no se advierte como los dichos de los recurridos han podido afectarlos con relación a ninguno de los dos recurrentes.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Imputaciones difamatorias y deshonrosas en el lugar de trabajo de la recurrente. Derecho al buen nombre. Libertad de expresión no ampara la injuria o el insulto. Conducta de los recurridos es arbitraria y conculca el derecho a la honra que a la actora.

Fecha Sentencia: 30/01/2020

Cita Online: CL/JUR/9417/2020

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Hechos:

Se interpone recurso de protección en contra de quienes realización de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas, que afectaron a la recurrente. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección deducido.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que, en la especie, se produce una colisión entre el derecho a la honra del recurrente y la libertad de expresión de los recurridos, la que debe ser debidamente ponderada. Sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho que se ve claramente afectado si se presentan dos personas en el lugar de trabajo de otra vociferando la calidad de estafadora de la recurrente, hablando además con su Jefa para que se enterara de la calidad de empleados que tiene, lo que tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

Séptimo: Que, entonces, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y así se ha señalado desde antiguo: nunca la libertad de expresión puede amparar la injuria o el insulto. El N° 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, «sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…». El ordenamiento jurídico, entonces, no protege un pretendido derecho a insultar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, sino que debe debilitarse y atemperarse si ésta tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona.

Octavo: Que, en consecuencia, los recurridos, no pueden apersonarse al lugar de trabajo de la recurrida, armar un escándalo, referirse a la recurrente como estafadora, hablar con la gerente del local para que se enterara de la «clase de trabajadora que tenía» expresiones que afectan claramente la honra de la recurrente, lo que no se debe ni puede tolerar, toda vez que con tal doctrina se institucionaliza una suerte de derecho a la injuria que el ordenamiento jurídico no contempla y no lo puede aceptar.

Noveno: Que la conducta de los recurridos resulta ser arbitraria, conculcado el derecho a la honra que a la actora le otorga el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe ser acogido.


3. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Publicación de red social de antecedentes que llevaron a expulsión del recurrente del Colegio de Abogados. Medio de comunicación está facultado para publicar noticia cierta en ejercicio de la libertad de expresión. Información emitida por medios electrónicos en el país y destinados a la comercialización pasan a formar parte de un registro. Límites al derecho a la honra en el ejercicio de la libertad de expresión y difusión de informaciones.

Fecha Sentencia: 27/12/2019

Cita Online: CL/JUR/11727/2019

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Hechos:

Se interpone recurso de protección en contra de los administradores del motor de búsqueda por internet y de sistema de correos electrónicos. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de protección interpuesto.

Considerandos relevantes.

Duodécimo: Que sin perjuicio de lo anterior y en relación con la recurrida Google, como se ha fallado reiteradamente, esta es un motor de búsqueda de Internet, no siendo el creador de los contenidos disponibles en la red, por lo que carece de responsabilidad que se le imputa en la acción deducida.

Décimo tercero: Que en relación con la recurrida Copesa, esta se ha limitado a publicar una noticia cierta, hace más de once años, en ejercicio de la libertad de expresión.

Que en nuestro ordenamiento jurídico actual tanto nacional como internacional, aplicable este último en la especie por mandato del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, no existe una norma que obligue a las recurridas a eliminar de su motor de búsqueda en el caso de Google, o de sus sitios de internet, en el caso de las demás recurridas, una noticia que en su oportunidad fue comunicada en el ejercicio de la libertad de expresión. Es más, la Ley No 19.733, sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su artículo 14 obliga a aquellas personas o establecimientos que han efectuado impresiones, grabaciones sonoras o producción audiovisual o electrónica en el país y destinados a la comercialización a enviar a la Biblioteca Nacional sendos ejemplares de tales publicaciones, con lo que se demuestra que la información no puede ser eliminada sino que ella pasa a formar parte de un registro que con el paso del tiempo se transforma en histórico.

Décimo quinto: Que, como lo ha resuelto la E. Corte Suprema, en el análisis pertinente se ha de considerar, por tanto, que el derecho a la honra y al honor no es absoluto. Su protección admite límites que se relacionan con la libertad de expresión y la difusión de informaciones. Es así como esta Corte ha resuelto que el derecho a la honra puede entrar en colisión con otros derechos y particularmente con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de acceso a la información, de lo que se colige que no tiene un carácter absoluto y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca de una determinada información (CS Rol N° 21.499 2014).

Décimo sexto: Que de los antecedentes allegados a la causa aparece, como se ha dicho, que la recurrida, en el legítimo ejercicio del derecho a informar, publicó antecedentes vinculados con hechos reales, cuya verificación significó para el actor la aplicación de la medida de expulsión de sus filas por parte del Colegio de Abogados, y por tratarse, lo anterior, de hechos de relevancia pública, el derecho a la honra y la vida privada cede en este caso ante la necesidad de protección de que goza la libertad de información, considerando la necesidad de la ciudadanía de conocer hechos como aquellos de que se trata en autos.