1. Corte Suprema. Autorización de proyecto de alcantarillado y agua potable en Zona Típica Pueblo de Zúñiga. Procedencia de EIA respecto de proyecto que puede generar alteración en sitios de valor histórico. Proyecto de alcantarillado y agua potable de la Zona Típica de Zúñiga debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

2. Corte Suprema. Extracción de áridos sin contar con las autorizaciones legales y sectoriales correspondientes. Proyecto de explotación de áridos obtenidos desde pozo lastrero que ha superado el umbral permitido. Deber de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

3. Corte Suprema. Construcción de edificios en santuario de la naturaleza denominado «Campo Dunar Punta de Concón». I. Legitimación procesal. Legitimación activa, concepto y requisitos. Legitimación activa de personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro para ejercer la acción de protección invocando la garantía del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. II. Toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por éste, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Suficiencia probatoria para acreditar que proyecto de construcción de dos edificios ha debido ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Proyecto de construcción que se encuentra en predio inmediatamente contiguo al Santuario de la Naturaleza. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Autorización de proyecto de alcantarillado y agua potable en Zona Típica Pueblo de Zúñiga. Procedencia de EIA respecto de proyecto que puede generar alteración en sitios de valor histórico. Proyecto de alcantarillado y agua potable de la Zona Típica de Zúñiga debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Fecha Sentencia: 30/09/2019

Cita Online: CL/JUR/5322/2019

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Hechos:

Actores se alzan contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra del Consejo de Monumentos Nacionales, y la decisión de autorizar con indicaciones el proyecto de alcantarillado y agua potable en Zona Típica Pueblo de Zúñiga, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, sin que tal decisión se haya sustentado en algún estudio técnico. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida

Considerandos relevantes.

Noveno: Que, como se puede apreciar, la determinación de la extensión, magnitud, duración e impacto de la obra en las proximidades de un área protegida, constituye un aspecto técnico que debe ser analizado desde aquella perspectiva. En ese sentido, la recurrente acompañó como fundamento de su acción de protección el documento denominado «Informe Arquitectónico», confeccionado por el Arquitecto Federico Prieto Schaffer, quien, en lo pertinente, identifica como impactos específicos del proyecto que el mismo representa un grave riesgo para las edificaciones colindantes con dicha vereda (ancho variable de 0.80 a 1.00 mts.) ya que la edificación colonial posee fundaciones a base de enrocados y cualquier modificación de estas produce alteración irreparable en los muros de adobe de dichas edificaciones. La estabilidad estructural de las casas de adobe y de fachadas continua no puede ser objeto de alteraciones, ni transitorias ni permanentes producto de las excavaciones que se deberán ejecutar. El trazado de la red propuesta también afecta directamente a los árboles y la napa freática que se encuentra a profundidad de H=1,30 mts. Dichos árboles son parte del perfil de la calle y parte del Patrimonio Paisajístico y cultural del Pueblo. Dichas especies tienen más de 50 años en el lugar y cualquier corte en sus raíces podría afectar su futuro crecimiento. Por lo anterior, el arquitecto propone, en lo pertinente a la contienda, que «el trazado pueda ejecutarse por el eje de la calzada y de esta forma no producir afectaciones a la edificación patrimonial y paisajísticas del lugar».

En el mismo sentido concluyeron los arquitectos María Elena Quiroz, Sofía San Fuentes del Río, Eugenio Joannon y Nicolás Tapia, según dan cuenta diversos documentos allegados por la recurrente.

En armonía con los dictámenes anteriores, el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de Ordinario N° 2864 de 4 de julio de 2018, fue del parecer de no autorizar el proyecto en examen, precisamente por haber estimado que «las excavaciones se proyectan a una distancia de 0.50 mts de la línea oficial de construcción de albañilería de adobe y fundaciones de piedra de inmuebles del siglo XVIII, lo que pone en riesgo su estabilidad estructural, considerando el tipo de suelo con presencia de napas freáticas superficiales, contemplando además obras que intervienen directamente en las raíces del arbolado, sin considerar una metodología pertinente ni obras de mitigación». Con posterioridad, y ante los nuevos antecedentes remitidos por la Municipalidad solicitante en los que recoge alguna de las observaciones efectuadas por el Consejo , resuelve autorizar con indicaciones el proyecto a través del Ordinario contra el que se ha recurrido, manteniendo el trazado de la red de agua potable por las aceras, en el entendido que ello se «ajusta a las normas que regulan su instalación y que el solicitante cumplirá el compromiso de implementar medidas para la protección de las fachadas y la arboleda de la Zona Típica, se implementará monitoreo arqueológico por el posible hallazgo de Monumentos Arqueológicos, en caso de alteración de las fachadas, ellas serán reparadas o restauradas de forma inmediata y de acuerdo a las características constructivas de la Zona Típica y en caso de requerir reemplazo de árboles, este debe ser por la misma especie afectada de una altura mínima de 1.6 m.»

Décimo: Que siendo los pronunciamientos técnicos allegados por la recurrente consistentes con lo concluido en la resolución del Consejo de Monumentos Nacionales contra la que se recurre, corroborado además con la existencia de zanjas y montículos de material acopiado en el terreno colindante que da cuenta el documento denominado «Anexo 1: Ficha de Monitoreo Arqueológico» acompañado por la Municipalidad a cargo del proyecto, y con las fotografías acompañadas al proceso que da cuenta de trabajos de maquinaria sobre superficie y el trazado proyectado sobre la acera, a sólo centímetros de los inmuebles patrimoniales, no puede sino concluirse que el proyecto de alcantarillado y agua potable de la Zona Típica de Zúñiga ha debido ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los términos del artículo 11 literal f) de la Ley No 19.300, al encontrarse en un área de protección oficial (Zona Típica o Pintoresca) e importar la alteración de un sitio de valor histórico y perteneciente al patrimonio cultural, en condiciones de susceptibilidad de ser afectada por las obras en cuestión debido a los impactos que ellas han generado en el área circundante.

De esta manera, al no haberlo hecho así la parte recurrida, la omisión deviene en ilegal, resultando lesivo para el derecho de la parte recurrente de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. Extracción de áridos sin contar con las autorizaciones legales y sectoriales correspondientes. Proyecto de explotación de áridos obtenidos desde pozo lastrero que ha superado el umbral permitido. Deber de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Fecha Sentencia: 16/08/2019

Cita Online: CL/JUR/4700/2019

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Hechos:

Fundación y particulares interponen recurso de protección en contra de sociedad comercial, por estimar arbitraria e ilegal la extracción de áridos efectuada desde el Sector de Playa Grande de Tunquén, sin contar con las autorizaciones legales y sectoriales que lo exigen. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que teniendo en consideración lo establecido en el considerando precedente, y la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en su artículo 10 letra i) prescribe: «Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda». En concordancia con dicha disposición el reglamento contenido en el Decreto 40, que aprueba Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 3), contiene los parámetros para determinar que la extracción posee un carácter industrial, afirmando «se entenderá que estos proyectos o actividades son industriales: I.5.1. si, tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y/o greda es igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m3/mes) o cien mil metros cúbicos (100.000 m3) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor a cinco hectáreas (5há)». Entonces, conforme a los antecedentes fácticos ya establecidos es claro que el proyecto de explotación de áridos obtenidos desde un pozo lastrero ha superado el umbral permitido, por lo que debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y en consecuencia, las actividades de extracción son ilegales.

Octavo: Que, con lo ya señalado, y advirtiéndose una amenaza y perturbación a los derechos fundamentales invocados por el recurrente, en especial el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se hace procedente acoger el recurso y disponer una cautela que mitigue las circunstancias que se han evidenciado, como se decidirá en lo que sigue.


3. Corte Suprema. 

Recurso de protección. Construcción de edificios en santuario de la naturaleza denominado «Campo Dunar Punta de Concón». I. Legitimación procesal. Legitimación activa, concepto y requisitos. Legitimación activa de personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro para ejercer la acción de protección invocando la garantía del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. II. Toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por éste, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Suficiencia probatoria para acreditar que proyecto de construcción de dos edificios ha debido ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Proyecto de construcción que se encuentra en predio inmediatamente contiguo al Santuario de la Naturaleza. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

 

Fecha Sentencia: 05/06/2019

Cita Online: CL/JUR/5073/2019

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Hechos:

Recurridos se alzan contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección interpuesto contra la construcción de dos edificios en el santuario de la naturaleza denominado «Campo Dunar Punta de Concón», sin que tal proyecto haya ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental. La Corte Suprema rechaza el recurso deducido y confirma la resolución impugnada.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que, en lo relativo a la falta de legitimación activa de los recurrentes, se hace necesario destacar que esta institución procesal ha sido definida como «la posición habilitante para formular la pretensión en condiciones tales que pueda ser examinada por el juez» (Montero Aroca, Juan. «La Legitimación en el Proceso Civil», 1994, pp. 35, citado por Senda Villalobos Indo en «Legitimación activa y reforma procesal civil: una oportunidad». Revista de Estudios de la Justicia, N° 14, año 2011, página 3).

También se ha expresado sobre este respecto que «el criterio reconocido por la mayoría de la doctrina es que la legitimación procesal sería un elemento exigido en relación al juicio en particular, sin que por ello sea necesario ser titular del derecho material para obtenerla, desde que tal exigencia equivaldría en la práctica a obtener siempre un fallo favorable. Con todo, se destaca que sí es indispensable, ser titular del interés de que se decida si efectivamente existe o no la relación jurídica sustancial». (Senda Villalobos Indo, op. cit., páginas 8 y 9).

Séptimo: Que la legitimación activa requiere, en principio, que la persona tenga un interés real, concreto, personal, directo y actualmente comprometido en el asunto de que se trata y en la especie las recurrentes han manifestado que les asiste un interés legítimo y directo en la construcción de los dos edificios, toda vez que la obra que a la fecha alcanza un 20% de ejecución podría significar un impacto ambiental, consistente en la destrucción y/o deterioro de un Santuario Natural cuya especificidad y características singulares lo convierten en un fenómeno natural único y exclusivo a nivel mundial, por lo que su protección se torna aún más necesaria.

Octavo: Octavo: Que, siempre en relación con este tópico, esta Corte ha sostenido que «cabe señalar que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano con rango constitucional, el que presenta un doble carácter: derecho subjetivo público y derecho colectivo público. El primer aspecto se caracteriza porque su ejercicio corresponde, como lo señala el artículo 19 de la Constitución Política a todas las personas, debiendo ser protegido y amparado por la autoridad a través de los recursos ordinarios y el recurso de protección. Y, en lo que dice relación con el segundo carácter del derecho en análisis, es decir, el derecho colectivo público, él está destinado a proteger y amparar derechos sociales de carácter colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda, tanto en el plano local como en el nivel nacional, a todo el país, ello porque se comprometen las bases de la existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo no sólo de las actuales generaciones sino también de las futuras. En este sentido, su resguardo interesa a la colectividad por afectar a una pluralidad de sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho, y cuya lesión, pese a ser portadora de un gran daño social, no les causa un daño significativo o apreciable claramente en su esfera individual.

Por otra parte, el patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza de que habla la Constitución y que ella asegura y protege, es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera como a la tierra y sus aguas, a la flora y la fauna, todo lo cual conforma la naturaleza con su sistema ecológico de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven. Así, son titulares de este recurso, necesariamente, todas las personas naturales o jurídicas que habitan el Estado y que sufran una vulneración del derecho al medio ambiente libre de contaminación que asegura el artículo 19 N° 8 del texto fundamental» (CS Rol N° 2732 1996).

En la dogmática, si bien se trata de un asunto controvertido atendida la falta de definición expresa del Constituyente y del Legislador, no pocos tratadistas defienden la legitimación activa de las personas jurídicas para accionar de protección amparados en la garantía del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. Así, el autor Jorge Ossandón Rosales señala que: «Un tercer elemento de justificación más general está en la Ley de Reforma Constitucional N° 19.611, que modificó el art. 1° de la Constitución a la redacción «Las personas nacen libres en dignidad y derechos». Existe doctrina nacional que respalda la idea de que excluir a las personas jurídicas de esa norma constitucional, vía interpretación implica una discriminación arbitraria. Aunque en ese caso se debe fundamentar de mejor forma el concepto de vivir y el de dignidad con el fin de hacer armónico todo el inciso» (Ossandón Rosales, Jorge, «Garantías fundamentales de las personas jurídicas. ¿Titulares del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación?», en Revista de derecho público / vol. 83, 2° sem. 2015, pág. 137). En el mismo sentido, el profesor Raúl Bertelsen Repetto sostiene: «El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación plantea precisamente un problema de titularidad, y no puede por ello extrañar que hayan surgido divergencias en torno a la legitimación activa para accionar cuando lo han invocado como derecho infringido sujetos distintos a las personas naturales. Sin perjuicio que en la gran mayoría de los casos los recurrentes han sido personas naturales, ha habido en efecto, ocasiones en que han accionado otro tipo de personas. Así, se ha interpuesto el recurso en favor de juntas de vecinos, cooperativas, sindicatos, un ente privado público como Conaf, y áreas silvestres protegidas, lo que ha dado ocasión a los tribunales para precisar las personas a las que corresponde accionar» (Bertelsen Repetto, Raúl, «El recurso de protección y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Examen de quince años de jurisprudencia», en Revista Chilena de Derecho, Vol. 25 N° 1, (1998), pág. 144). Tan cierto es lo expresado por este último autor que en los autos Roles N° 6563 2013, 65642013, 6565 2013 y 6566 2013 de esta Corte Suprema, sobre recursos de apelación acumulados, se procedió a rechazar el recurso de protección, pero no se cuestionó la legitimación activa de las corporaciones que recurrieron, entre ellas la Fundación Océana, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes, de Pescadores Artesanal, Algueros, Buzos Mariscadores, Afines de la Provincia de Huasco, y el Centro General de Padres y Apoderados del Liceo C9 «Japón», de la comuna de Huasco, entre otros. Lo propio aconteció en los autos Rol 5888 2019 de este Tribunal, donde se aceptó la comparecencia de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, ONG Ecosistemas, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, Greenpeace y la ONG Océanas, entre otras.

Décimo: Que, conforme a lo razonado hasta aquí, en la especie no se divisan razones formales o sustantivas para concluir que las personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro que comparecen en autos se encuentran impedidas de ejercer la acción constitucional de protección invocando la garantía del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, más aún si se considera que uno de los propósitos declarados de la Corporación y Fundación reclamantes es la protección y preservación del medio ambiente y, en particular, del Campo Dunar declarado Santuario de la Naturaleza a través de sucesivos decretos supremos desde 1993 a 2012, todo lo cual guarda armonía con el deber del Estado de garantizar la protección eficaz de este derecho fundamental. Por consiguiente, la alegación no puede sino ser desestimada.

Decimosexto: Que, como se puede apreciar, la determinación de la extensión, magnitud, duración e impacto de la obra desarrollada en el predio inmediatamente contiguo al área protegida constituye un aspecto técnico que debe ser analizado desde aquella perspectiva. En ese sentido, los recurrentes acompañaron en primera instancia el documento denominado «Reflexión sobre las amenazas en las Dunas de Concón», confeccionado por el Geólogo Luis Ribba, quien, en lo pertinente, identifica como impactos específicos que el proyecto de las recurridas puede ocasionar sobre las dunas de Concón que «(…) este tema es preocupante pues tiene la tendencia en construcciones que parecía seguir la misma registrada antes del terremoto de 2010, a partir de la cual se describe abundantemente en la literatura nacional, fenómenos de remoción en masa y licuefacciones en diversas partes de Chile, olvidadas se diría desde el terremoto de 1985 y de Valdivia en 1960 (…) Las respuestas de autoridades a cuestionamientos son muy simples y se refieren a que «mientras firme un ingeniero calculista no hay problema pues la responsabilidad recaería sobre éste» en caso de daños o catástrofe, o que «mientras se cumpla con mitigaciones de la ordenanza, todo estará bien», sin embargo hay edificios que demuestran amargamente lo contrario a nivel nacional».
Por lo anterior, el Geólogo concluye, en lo pertinente a la contienda, que «Hay un potencial de daños irreparables en las áreas protegidas en este instante que debe ser evaluado responsablemente por profesionales independientes acerca de los derrumbes posibles, por obras que se están desarrollando en ambos extremos Norte y Sur del Santuario. Ello si se quiere asegurar evitar daños en él. (…) Mientras no ocurra un escenario de lluvia intensa con acumulación de cientos de mm seguido de un terremoto magnitud cercano a 9, es difícil comprender qué grandes fenómenos de licuefacción pudieran ocurrir. Sin embargo en esta época de grandes cambios climáticos y con la amenaza que reviste el terremoto pendiente en la zona central, las probabilidades pudieran estar mucho más cerca de lo que se cree».

Decimoséptimo: Que, siendo aquel pronunciamiento técnico consistente con las fotografías acompañadas al proceso e, incluso, con lo constatado en sus respectivas inspecciones por la Superintendencia del Medio Ambiente, por cuanto en las fiscalizaciones de fecha 26 de noviembre de 2018, 17 de enero y 23 de abril de 2019, se dejó constancia de haberse constituido en las obras en comento apreciando la existencia del talud artificial construido para contener las arenas, no puede sino concluirse que el proyecto de construcción de dos edificios desarrollado por las recurridas ha debido ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los términos del artículo 11 literal d) de la Ley N° 19.300, al encontrarse en el predio inmediatamente contiguo al Santuario de la Naturaleza «Campo Dunar de la Punta de Concón», y encontrarse aquella área protegida en condiciones de susceptibilidad de ser afectada por las obras en cuestión debido a los impactos que ellas pueden generar en el área circundante.
De esta manera, al no haberlo hecho así la parte recurrida, aquella omisión deviene en ilegal, resultando lesiva para el derecho de la parte recurrente de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, ameritando, en consecuencia, la adopción de la medida de protección que se dirá en lo resolutivo.