1. Corte de Apelaciones de San Miguel. Responsabilidad por falta de servicio no es estricta u objetiva. Suficiencia probatoria para acreditar la falta de servicio en materia sanitaria. Incumplimiento del deber de actuación. Suficiencia probatoria para acreditar el daño moral sufrido. Procedencia de indemnización de perjuicios.
  2. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado por falta de servicio en materia sanitaria. Requisitos de procedencia. Dictación de protocolos médicos que recogen y formalizan la práctica, experiencia y técnica vigentes en un cierto momento. Criterios y prácticas utilizados a la fecha de confección de los documentos. Macrosomía fetal constituye un indicador de cesárea. Peso registrado al nacer por el menor y la no realización de una cesárea a la actora configuran la falta de servicio.
  3. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado por falta de servicio en materia sanitaria. Estándar de conducta conforme a los protocolos médicos. Que conducta se ajustó a la lex artix debe ser acreditada por el demandado. Facultad privativa de los jueces del fondo para establecer los hechos de la causa. Nueva valoración de la prueba excede el ámbito del recurso de casación en el fondo

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1. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Responsabilidad del Estado. Responsabilidad por falta de servicio no es estricta u objetiva. Suficiencia probatoria para acreditar la falta de servicio en materia sanitaria. Incumplimiento del deber de actuación. Suficiencia probatoria para acreditar el daño moral sufrido. Procedencia de indemnización de perjuicios.

Fecha Sentencia: 20/11/2019

Cita Online: CL/JUR/6643/2019

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Hechos:

Parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia que no hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado y hace lugar a la demanda deducida.

Considerandos relevantes.

SÉPTIMO: Que hemos dicho antes que para establecer, entonces, si se verifica la falta de servicio en un caso determinado y se origina consecuencialmente responsabilidad para el órgano del Estado, es preciso definir si existe el deber institucional de conceder la prestación y si ésta ha sido otorgada en los términos debidos. De ello se sigue que la responsabilidad por falta de servicio no es estricta u objetiva, porque para configurarla no basta con acreditar que el daño fue causado por la acción u omisión de la administración obligada, sino que se requerirá probar que efectivamente se produjo aquella acción u omisión y ponderar por el juez si se prestó o no la pertinente atención, y cuál fue el estándar de la prestación, para determinar si hubo la «falta de servicio» en cuestión. Sólo si este no es debido u oportuno, habrá lugar a la responsabilidad.

Es así que se ha puntualizado que la responsabilidad por falta de servicio «no exige un juicio de reproche personal respecto del agente del daño, sino supone una valoración objetiva de la conducta de la Administración» (Enrique Barros B. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, edición 2006, página 485).

DUODÉCIMO: Que según lo pormenorizado, esta Corte entiende que en la especie con motivo de la permanencia en hospitalización de don Luis Ernesto Villegas Valenzuela en el Hospital Dr. Sotero del Río, se produjo efectivamente una falta de servicio, por advenir un mal funcionamiento del órgano.

En efecto, ha quedado demostrado el contagio del paciente al interior del Hospital Dr. Sotero del Rio con dos bacterias, Staphylococcus Aureus y Clostridium Difficile, una de ellas detectada en el catéter de la traqueotomía practicada, y que produjeron ciertamente deterioros y agravamiento en la salud del enfermo, entre ellos un síndrome diarreico agudo e infección urinaria. (Lo que señala la Dra. Daniela Depaoli del Hospital San José).

Asimismo, que existiendo probabilidad de infecciones bacterianas, los demandados, el Servicio de Salud y el Hospital Dr. Sotero del Río, debieron actuar y no lo hicieron adecuadamente, toda vez que correspondía prevenir su contagio y desplegar una acentuada supervisión médica del paciente atendida su situación crítica, someterlo a medidas y exámenes de manera urgente, e impedir su exposición a dichas infecciones bacterianas, conducta que omitió en los términos requeridos.

Puede concluirse entonces, que las demandadas desatendieron su deber de actuación, constituyéndose en falta ante el incumplimiento de un deber que le asigna la reglamentación respectiva.

DECIMOCUARTO: Que, en cuanto al daño moral padecido por él y las demandantes, con el mérito de la prueba que se colaciona por el tribunal a quo, se llega a concluir que existe un daño producido a quienes accionan, atendida la calidad de cónyuge viuda e hijos de don Luis Ernesto Villegas Valenzuela, según el certificados de matrimonio y nacimiento agregado a los autos, cuyos padecimientos indicados evidentemente produjeron en ellos una gran aflicción espiritual o moral, sobre lo que deponen los testigos Martha Luz Heredia Libreros, Juan Avelino Pinto Salazar y Katherine Isolde Palacios Torres a fojas 146, quienes percibieron esa situación emocional y dolor.

Detrimento que debe ser indemnizado en una suma que considere, entre otros factores, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, la gravedad de la lesión inferida y las circunstancias personales y sociales del ofendido. Esto es «el impacto o sufrimiento síquico espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia, sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre, trastornos de ansiedad, impacto emocional». (Artículo «criterios para determinar el indemnizatorio en el daño moral». Un estudio de la Jurisprudencia Española», de Andrés Sóchting Herrera, en Revista Chilena de Derecho Privado, N° 7, diciembre de 2006 página 71).


2. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado por falta de servicio en materia sanitaria. Requisitos de procedencia. Dictación de protocolos médicos que recogen y formalizan la práctica, experiencia y técnica vigentes en un cierto momento. Criterios y prácticas utilizados a la fecha de confección de los documentos. Macrosomía fetal constituye un indicador de cesárea. Peso registrado al nacer por el menor y la no realización de una cesárea a la actora configuran la falta de servicio.

Fecha Sentencia: 27/08/2019

Cita Online: CL/JUR/4934/2019

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Hechos:

Demandantes interponen recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que esta Corte antes ya ha dicho, respecto del artículo 38 de la Ley N° 19.966, que una atenta lectura del precepto transcrito permite concluir «que para que nazca la responsabilidad en materia sanitaria deben concurrir copulativamente los requisitos establecidos expresamente en la mencionada norma, esto es, la existencia de falta de servicio del respectivo Servicio de Salud, que haya causado un daño y que éste sea imputable al mismo. Ello es claro, pues la norma en comento señala justamente en su inciso 2° que se debe acreditar en este caso por los actores que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando falta de servicio.» (Corte Suprema, Rol 355 2010, 30 de julio de 2012, considerando décimo tercero. En el mismo sentido, Corte Suprema, Rol 27.985 2016, 12 de diciembre de 2016, considerando décimo sexto; Corte Suprema, Rol 30.264 2017, 25 de julio de 2018, considerando noveno y Corte Suprema, Rol 2468 2018, 17 de junio de 2019, fundamento décimo).

DECIMO: Que para continuar avanzando en el análisis del recurso sometido al conocimiento de esta Corte es preciso abordar la citada objeción, destacando que la misma es efectiva, al menos en principio, puesto que el instrumento emanado del hospital demandado comenzó a regir en diciembre del año 2013, mientras que la guía ministerial lo hizo en el año 2015.

Sin embargo, tal oposición debe ser desatendida, toda vez que, más allá de la fecha de inicio de su vigencia, esos documentos reflejan la lex artis existente al momento de su confección, misma que, como resulta evidente, no ha surgido de la nada en ese momento, sino que es el resultado de la evolución sufrida por la ciencia médica y dan cuenta, por consiguiente, de un estado de cosas surgido de la investigación llevada a cabo en este ámbito, así como de la continua mejora de los conocimientos y técnicas existentes. En otras palabras, los «Criterios» y la «Guía» no hacen más que recoger y formalizar la práctica, experiencia y técnica vigentes en un cierto momento, otorgándoles valor como criterios explícitos que han de guiar la actuación de los profesionales de la salud, en este caso, de aquellos que se desempeñan en el área gineco obstétrica.

Por consiguiente, es posible afirmar que tales protocolos constituyen un verdadero repositorio de buenas prácticas, desarrolladas con el paso del tiempo y perfeccionadas con el constante ejercicio de esta rama de la Medicina y que, por lo mismo, su contenido refleja criterios y prácticas que, en los hechos, ya eran utilizados a la fecha de confección de esos documentos y que, dado el carácter altamente especializado de las distintas ramas de dicha profesión, se deben entender conocidos por quienes la practican, al menos en un tiempo anterior y cercano a los hechos de que se trata.

DECIMOCUARTO: Que, sin embargo, y pese a lo relacionado en los fundamentos anteriores, en particular a los hechos establecidos en la motivación tercera, los falladores de segundo grado decidieron confirmar la sentencia apelada fundados en que no se encuentra acreditada la existencia de la falta de servicio invocada por los actores.

Empero, tal como se recordó previamente, ha quedado establecido en autos, como un hecho de la causa, que, al nacer, J.C. pesó 4 kilos y 380 gramos, mientras que los elementos técnicos que contienen la lex artis aplicable señalan expresamente que la Macrosomía fetal constituye un indicador de cesárea, a la vez que precisan que el peso de J. al alumbramiento se situaba, precisamente, en el intervalo que define dicha condición.

En esas condiciones, vale decir, encontrándose acreditado que, en su condición fetal, el hijo de la demandante era una criatura macrosómica, forzoso es concluir que el personal médico que intervino en el trabajo de parto respectivo debió someter a la actora Reyes Loyola a una cesárea y no confiar el nacimiento de J.C. a un parto vaginal, puesto que la lex artis aplicable en la especie, reflejada y recogida en los «Criterios de Indicación de Cesárea, Edición 2» del Hospital Carlos Van Buren y en la «Guía Perinatal 2015» del Ministerio de Salud, indica que, en ese evento, se debe practicar una intervención de esta clase.

DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, yerran los sentenciadores al concluir que en la especie no se acreditó la falta de servicio que sirve de sustento a la demanda, puesto que, por el contrario, los hechos establecidos en la causa, en particular el peso registrado al nacer por J.C. y la no realización de una cesárea a la actora Reyes Loyola, como lo reconoce expresamente el demandado, dan cuenta de un funcionamiento indebido del servicio demandado, en tanto develan que su personal no dio cumplimiento a la lex artis que rige la situación en estudio.


3. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado por falta de servicio en materia sanitaria. Estándar de conducta conforme a los protocolos médicos. Que conducta se ajustó a la lex artix debe ser acreditada por el demandado. Facultad privativa de los jueces del fondo para establecer los hechos de la causa. Nueva valoración de la prueba excede el ámbito del recurso de casación en el fondo.

Fecha Sentencia: 28/05/2019

Cita online: CL/JUR/2931/2019

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Hechos:

Demandado interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio interpuesta en su contra. La Corte Suprema declara inadmisible el recurso de casación en la forma y rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

DUODÉCIMO: Que resulta útil recordar, atendido lo expuesto en el recurso que se analiza, que la responsabilidad sanitaria conforme a la Ley N° 19.966, posee un régimen especial cuyo artículo 38 prescribe que: «Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio».

Esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575. Pues bien, en materia sanitaria, el 3 de septiembre de 2004 se publica la Ley N° 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud, cuerpo normativo que introduce en el artículo 38 la responsabilidad de los Órganos de la Administración en esta materia, la cual incorpora al igual que la Ley N° 18.575 la falta de servicio como factor de imputación que genera la obligación de indemnizar a los particulares por los daños que éstos sufran a consecuencia de la actuación de los Servicios de Salud del Estado.

Por tanto, el estándar de conducta que se analiza para determinar la procedencia de la responsabilidad sanitaria se circunscribe a que el actuar del órgano o profesional se ajuste a la lex artis o en su caso a los protocolos médicos que concurran, es decir, se compara el servicio efectivo que se prestó con el que conforme a la lex artis o protocolo se debió prestar de acuerdo a las circunstancias y el estado de la ciencia en el momento de producirse el hecho ilícito que se denuncia. En este entendido, es el demandado quien debe acreditar que ajustó su conducta a la lex artis y no el paciente quien tendría que probar lo contrario, al tratarse, por lo demás, de un hecho negativo.

DECIMOCUARTO: Que ninguno de los aspectos señalados en el considerando precedente ha sido denunciado a través del presente recurso, sino que, por el contrario la alegación del recurrente se relaciona con una disconformidad con el proceso valorativo que de los distintos medios de prueba rendidos en autos hicieron los jueces del grado, cuestión que reiteradamente esta Corte ha señalado se encuentra entregado exclusivamente a éstos. En efecto, lo pretendido por el recurrente es que se efectúe una nueva valoración de los medios de prueba, cuya conclusión correcta, a su juicio, es que la actora recibió «una atención médica eficiente, oportuna y responsable» por parte de la Dra. Méndez y del Hospital El Carmen hecho que, sin embargo, fue expresamente descartado en la sentencia que se analiza, estimando que el acto médico en la especie se dividió en dos etapas, la primera, relativa al diagnóstico, el que fue hecho correctamente y, la segunda, que refiere al cometido mismo, esto es, a la realización de la cirugía sin que se contara por la doctora, con el resultado de los exámenes ordenados y carecer de la expertiz para efectuarlo, lo cual significó no sólo no poder extirpar el absceso encontrado, sino que, además, que atendida su ubicación se pasara a llevar el nervio radial de la demandante provocándole la disminución de la motricidad de su brazo izquierdo.