1. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de amparo. Uso en manifestaciones públicas por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad de armas no letales, denominadas «escopetas antidisturbio con munición no letal». Improcedencia que Corte de Apelaciones al conocer de un recurso de amparo efectúe declaraciones que se limiten a ordenar a órganos públicos que circunscriban su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley.

2. Corte de Apelaciones de Concepción. Recurso de amparo. Amenaza telefónica por parte de Mayor de Carabineros por participar en marcha. Durante estado de emergencia sólo se pueden restringir las libertades de locomoción y de reunión. Improcedencia que Carabineros, mediante comunicación telefónica, impute responsabilidades en forma previa a la ocurrencia de los hechos.

3. Corte de Apelaciones de Concepción. Recurso de amparo. Mal uso de armamento no letal por parte de Carabineros durante las protestas de octubre de 2019. Uso excesivo y no proporcional de la fuerza por parte de Carabineros para contener los desórdenes. Numerosas personas afectadas por lesiones oculares sin que exista certeza de su efectiva participación en actos cuyo nivel de agresividad justifique el empleo de la fuerza.


Estimados usuarios:

Para visualizar estas sentencias debe tener iniciada su sesión en Westlaw, en caso de solicitársele clave OnePass, por favor, comunicarse con nuestra área de servicio al cliente al 22510 5000.


1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de amparo. Uso en manifestaciones públicas por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad de armas no letales, denominadas «escopetas antidisturbio con munición no letal». Constitución entrega el uso de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público. Supuestos de hecho que permite el empleo de las escopetas antidisturbios son similares a aquellos en que la ley faculta para obrar en legítima defensa. Improcedencia que Corte de Apelaciones al conocer de un recurso de amparo efectúe declaraciones que se limiten a ordenar a órganos públicos que circunscriban su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley.

Fecha: 20/11/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/6624/2019

Ver texto completo

Hechos:

Se interpone recurso de amparo a favor de particulares y en contra del General Director de Carabineros, del Jefe de Defensa Nacional para la Región de Antofagasta, del Director Nacional de la Policía de Investigaciones de Chile, del Ministro de Interior y Seguridad Pública y del Ministro de Defensa, por la restricción, vulneración y amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales al hacer uso en las manifestaciones públicas por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad de armas no letales, denominadas «escopetas antidisturbio con munición no letal». La Corte de Apelaciones rechaza, con voto de disidencia, la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes:

DUODÉCIMO: Que, en efecto, los recurrentes no controvierten que la utilización de armas con munición no letal se encuentra permitida en el ordenamiento, bajo ciertos supuestos que, afirma esta Corte, se considera razonables, no obstante la existencia de legítimas consideraciones que pudieran esgrimirse para instar por su efectiva eliminación, la que, en todo caso, no compete decidir a los Tribunales de Justicia.

Así, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política de acuerdo al cual las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior , la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 4 de ese mes y año, titulada «Uso de la Fuerza: Actualiza Instrucciones al respecto» del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, División Carabineros de Chile, Dirección General, constituye el instrumento normativo que en el derecho interno regula los casos en que se permite el uso de la fuerza y habilita el uso de armas no letales cuando se verifique una «agresión activa» constituida por el «intento de lesionar al Carabinero para resistir el control o evadirlo». Agrega el documento que «la fuerza debe disminuir si la resistencia de la persona sujeta a control o actuar policial también decrece» y que «el Carabinero debe mantener un diálogo permanente que le permita manejar la situación en cada uno de los niveles». Se consagra también el principio de proporcionalidad, de acuerdo al cual «debe haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un Carabinero y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial»; agregando que este principio «conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo y, en su caso, considerar las características particulares de la persona, como por ejemplo, ser un niño, niña o adolescente o un adulto mayor».

Por otra parte, la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, emitida por la Dirección General de Carabineros de Chile y que contiene los «Protocolos para el mantenimiento del orden público», se refiere al empleo de la escopeta antidisturbios indicando que éste deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor donde está en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros», correspondiendo esa utilización, conforme a la antes aludida Circular N° 1.832, únicamente a los niveles 4 y 5, que se refieren respectivamente a «agresión activa» y «agresión activa potencialmente letal».

A mayor abundamiento, el documento exhibido durante la vista de la causa y dejado ad efectum videndi por el apoderado que alegó en representación del recurrido General Director de Carabineros, emanado de Departamento de Defensa Jurídica de esa institución, luego de una serie de consideraciones indica que se han dispuesto cuatro nuevas medidas para asegurar la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza en el control del orden público, considerando el nuevo contexto social en el cual se están desarrollando las manifestaciones y eventos vinculados al orden y seguridad pública. Específicamente se dice, en lo que interesa al recurso de amparo, que respecto del uso de escopetas antidisturbios «se acotará su uso a casos donde exista riesgo de vida para Carabineros o de civiles, o amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados, lo que significa perfeccionar el protocolo que fue actualizado en marzo de 2019 y, dadas las circunstancias actuales, requiere una nueva actualización», añadiendo que «independiente de la tramitación de los cambios a los protocolos , esta medida empezará a regir de inmediato, por medio de instrucciones a los respectivos mandos operativos», realizándose además «un nuevo entrenamiento entre el personal autorizado para el uso». Finalmente, se indica en el mismo documento que «en el caso de quienes usen escopetas antidisturbios, deberán portar cámaras de video corporales», medida que comenzará a regir a contar del 11 de noviembre de 2019 para toda la Jefatura de Zona Metropolitana».

DECIMOTERCERO: Que, como puede apreciarse, además de entregarse constitucionalmente el uso de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público, la normativa que rige a Carabineros de Chile, principal llamado a esta que constituye no solo una misión, sino que también un deber, contiene disposiciones precisas que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de la clase de implementos a que se refiere el recurso.

Asimismo, un ejercicio valorativo de complejidad bastante reducida habilita además para sostener que los supuestos de hecho en que se permite el empleo de las denominadas escopetas antidisturbios son similares a aquellos en que la ley faculta para obrar en legítima defensa.

Ahora bien, la contravención a esta normativa es evidentemente ilegal, pero evidentemente también esa contravención no convierte en ilegal a la normativa y es por ello que la acción de amparo debe ser desestimada.

Finalmente, debe señalarse que no es labor de la Corte de Apelaciones al conocer de un recurso de amparo efectuar declaraciones que se limiten a ordenar a órganos públicos que circunscriban su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley y que terminan siendo meramente retóricas, pues reiteran lo que está dicho, precisamente, en la Constitución y en la ley, sino disponer medidas precisas y determinadas que tengan por finalidad restablecer el imperio del derecho que se ha visto quebrantado por un acto o una omisión ilegal que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual que la Carta Fundamental asegura a todas las personas. Ello, como se dijo, no ha acontecido en el presente recurso, sin perjuicio y sin lugar a duda alguna según también se expresó, de las responsabilidades de cualquier clase que hayan de hacerse efectivas para los casos de contravención, por las vías y de acuerdo a los procedimientos que contempla la ley.


2. Corte de Apelación de Concepción.

Recurso de amparo. Amenaza telefónica por parte de Mayor de Carabineros por participar en marcha. Durante estado de emergencia sólo se pueden restringir las libertades de locomoción y de reunión. Improcedencia que Carabineros, mediante comunicación telefónica, impute responsabilidades en forma previa a la ocurrencia de los hechos. Vulneración del derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Fecha: 18/11/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/6571/2019

Ver texto completo

Hechos:

Se interpone recurso de amparo a favor de ingeniero trabajador municipal, secretario del sindicato de trabajadores a honorarios de misma Municipalidad y Presidente de Junta de Vecinos, y en contra de Mayor de Carabineros, jefe de la Tercera Comisaría de Penco. Se informa que el amparado recibió un llamado telefónico por parte del recurrido, siendo amenazado y haciéndolo responsable de los eventuales hechos que pudieran ocurrir en marcha en la cual participaba. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes:

SEGUNDO) Que en el caso de que se trata, el amparado ha interpuesto esta acción constitucional en atención a que, en el contexto de una marcha por algunas poblaciones de la comuna de Penco, y encontrándose la Provincia de Concepción bajo estado de excepción constitucional de emergencia, el día 21 de octubre del año en curso recibió un llamado telefónico efectuado por el recurrido, por medio del cual lo increpa, señalándole que carabineros de Penco estaba en conocimiento de que él lideraba la marcha, que tenían grabaciones de su persona, y que si llegara a pasar algo, él sería el responsable de todo.

Que si bien el recurrido ha negado haber incurrido en algún acto que conculque la garantía de la libertad personal o seguridad individual del amparado, admite haberse contactado telefónicamente con aquél en la oportunidad señalada, para consultarle si se encontraba a cargo de la marcha, con la finalidad de tomar conocimiento del recorrido a realizar por Penco, para saber de la marcha «… ya que el responsable si existiera alteración al orden público con resultado de lesiones u o daños a la propiedad pública u/o privada debía ser denunciado al competente Juzgado de Policía Local de la comuna de Penco …».

Por otra parte, también se encuentra aceptado por el recurrido que ese mismo día, previo al llamado telefónico con el amparado, se contactó primeramente con el señor Alcalde la comuna de Penco consultándole si el referido empleado público (el amparado) se encontraba autorizado en horario de trabajo para encabezar la mencionada marcha, solicitándole el contacto telefónico; situación esta última, de la cual también da cuenta la referida autoridad comunal en el informe evacuado al respecto.

Por el contrario, en cuanto a los seguimientos, rondas policiales y militares de que habría sido objeto el amparado en las afueras de su domicilio, de los antecedentes aportados, no se vislumbran indicios o elementos de ninguna índole que permitan concluir acerca de la existencia de los mismos, más allá de los asertos del propio amparado, los que por sí solos no bastan para sostener su ocurrencia; más aún, si del propio tenor del recurso, los mismos son meras presunciones del amparado o de su madre.

TERCERO) Que respecto de los hechos asentados precedentemente, en cuanto al llamado o contacto telefónico, corresponde determinar si el recurrido se encontraba legalmente facultado para obrar de la manera que lo hizo, y, en su caso, si tales hechos constituyen o no alguna afectación de garantías constitucionales del amparado, particularmente su derecho a la libertad personal y la seguridad individual.

Desde ya, según se desprende del tenor del informe del recurrido, sin perjuicio que el día 21 de octubre del año en curso se estuviere llevando a cabo una marcha no autorizada, de la cual participaba el amparado, no se estaban ocurriendo desmanes ni delitos de ninguna especie, por lo cual no es posible sostener que el accionar del funcionario policial se pudiere enmarcar dentro de alguno de los presupuestos de flagrancia contemplados en la legislación, y, todavía más, aún en el caso de configurarse alguna situación de delito flagrante, tampoco se encontraba facultado para obrar autónomamente de la manera que lo hizo, conforme la estricta normativa de los artículos 83, 84, 129 y 130 del Código Procesal Penal; normas que no pierden su vigencia, por el hecho que al momento de ocurrir los mismos, existiere en la Provincia de Concepción un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, ni pueden encontrar justificación ni validez en ninguna planificación general del servicio policial, esgrimido por el recurrido, de la cual por lo demás no entregó detalle alguno.

CUARTO) Que si bien durante la declaración de estado de emergencia se pueden restringir las libertades de locomoción y de reunión, el resto de las garantías y derechos constitucionales se mantienen incólumes, entre ellas el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de las personas; y por lo mismo el actuar policial ha de ajustarse en forma irrestricta a la Constitución y a las leyes, lo que en la especie no ha ocurrido por parte del recurrido.

Que, si bien pudiere estimarse que un mero llamado telefónico de parte de un funcionario policial a un particular cualquiera no implica ninguna afectación o vulneración de derecho alguno, dicho contacto telefónico en la especie adopta una connotación distinta, si se tiene en consideración que se materializó durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, efectuado por un Mayor de Carabineros, que ostenta el cargo de Comisario de la Unidad policial de la comuna en que trabaja y vive el amparado, quien por lo demás se trata de un dirigente vecinal, que también presta servicios a la Municipalidad de Penco, en programas habitacionales, denominados EGIS; y todavía más, si el tenor del contendido de dicha comunicación telefónica, lo es en los términos admitidos por el propio recurrido, y con mayor razón si se consideran los expuestos por el amparado.

En efecto, las expresiones y tenor de la comunicación telefónica reconocida por el recurrido, indudablemente que llevan implícita, al menos, un amedrentamiento, una advertencia de algún mal o efectos negativos para la persona del amparado, por el hecho de participar en una marcha o manifestación social, como lo es hacerlo responsable de ciertas consecuencias que pudieren ocurrir, al punto de hacerlo responsable ante los tribunales de las alteraciones del orden público y lesiones que pudieren producirse, esto es, imputándole responsabilidades en forma previa a la ocurrencia de los hechos; todo lo cual, evidentemente ha de causar un justo temor en la persona del amparado, al punto de pensar que podría ser incluso detenido, comprometiéndose así su libertad personal y seguridad individual, lo cual cobra mayor fuerza considerando su calidad de dirigente vecinal y aprehensiones que pueda tener el amparado respecto de cierto actuar de la inteligencia policial.

QUINTO) Que, según lo concluido en líneas anteriores, el accionar del recurrido lo ha sido con infracción a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, el cual ha producido una afectación de la libertad personal y seguridad individual del amparado, al menos en grado de amenaza, por lo cual, al reunirse los presupuestos contemplados en los artículos 21 y 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, se acogerá la presente acción de amparo constitucional, en los términos que se dirá en lo resolutivo.


3. Corte de Apelación de Concepción.

Recurso de amparo. Mal uso de armamento no letal por parte de Carabineros durante las protestas de octubre de 2019. Graves alteraciones del orden público y la paz social. Uso excesivo y no proporcional de la fuerza por parte de Carabineros para contener los desórdenes. Numerosas personas afectadas por lesiones oculares sin que exista certeza de su efectiva participación en actos cuyo nivel de agresividad justifique el empleo de la fuerza. Carabineros debe sujetarse estrictamente a los protocolos sobre uso de fuerza policial. Vulneración de la libertad personal.

Fecha: 13/11/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/6544/2019

Ver texto completo

Hechos:

Se interpone recurso de amparo en contra de Carabineros, cuestionando el uso excesivo de la fuerza y de armamento no letal en la contención de los desórdenes producidos durante las jornadas de protesta iniciadas en octubre de 2019. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional, ordenando a Carabineros que adecúe su actuar a los protocolos existentes, que informe al tribunal de alzada sobre las medidas de instrucción y capacitación adoptadas para que dicha normativa sea observada y que revise y actualice los protocolos sobre uso de la fuerza para mantener el orden público.

Considerandos relevantes:

TERCERO. Que es un hecho de pública notoriedad que en la actualidad el país atraviesa por una situación de crisis que ha generado, entre otras muchas manifestaciones, situaciones que han provocado una alteración grave del orden público y la paz social, lo que condujo, incluso a la declaración del Estado de Emergencia, por parte del Presidente de la República entre los días 19 y 28 de octubre últimos.

CUARTO. Que también es un hecho público que, como consecuencia de la utilización por parte de personal de Carabineros de escopetas antidisturbios que disparan balines o perdigones y que pese a su calificación de no letales, han generado graves daños a numerosas personas, especialmente respecto de aquellos que han sufrido gravísimas lesiones en sus globos oculares, llegando en casos extremos a la pérdida definitiva del órgano de la visión.

QUINTO. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile: «Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley».

Así las cosas, Carabineros monopoliza el uso de la fuerza para los efectos de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública del país, pero dicho cometido debe verificarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas, toda vez que su función primigenia y fundamental consiste dar eficacia al derecho, esto es, hacer cumplir y hacer la Constitución y las leyes. (…)

SÉPTIMO. Que, no obstante lo anterior, la información disponible revela que Carabineros ha hecho un uso excesivo y no proporcional de la fuerza para contener los desórdenes, sin considerar que las personas que participan en las manifestaciones no conforman un grupo homogéneo, de modo que resulta indispensable que la fuerza policial focalice su actuación respecto de quienes efectivamente intervengan en hechos que supongan un peligro cierto de muerte o lesiones para el funcionario policial o para cualquier otra persona.

OCTAVO. Que, en efecto, de acuerdo a la información proporcionada, entre otras instituciones, por el Colegio Médico de Chile, desde el inicio de las manifestaciones, el pasado 18 de octubre, hasta la fecha van más de 200 personas afectadas por lesiones oculares como consecuencia del actuar policial, incluyendo en algunos casos la pérdida del globo ocular, sin que exista certeza de que los lesionados efectivamente hayan participado en actos cuyo nivel de agresividad, justifique el empleo de la fuerza autorizada, dado que, en tal caso, tendrían la calidad de imputados, estarían siendo investigados o habrían sido objeto de formalización por tales actos.

NOVENO. Que resulta de toda evidencia que en un Estado de Derecho, la mantención del orden público y represión de la violencia solo puede provenir de las fuerzas de orden y seguridad, pero en todo procedimiento policial, cualquiera sea la gravedad de los hechos frente a los que se reacciona, el funcionario respectivo debe actuar con estricta sujeción y respeto a los derechos y garantías de las personas, no sólo de aquellas que son objeto del actuar policial, por encontrarse perpetrando hechos contrarios a derecho, sino que y todavía con mayor razón respecto de terceras personas ajenas a los hechos.

DÉCIMO. Que, en atención a lo anteriormente expuesto, se hace necesario acoger la acción constitucional deducida respecto de Carabineros de Chile, para los efectos de la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, según se expondrá en lo resolutivo.