1. Corte Suprema. Cómputo del plazo de sesenta días para interponer denuncia por práctica antisindical desde la vulneración alegada. Suspensión del plazo para interponer la denuncia conforme al artículo 168 del Código del Trabajo. Aplicada la suspensión del plazo, la acción no puede entablarse transcurridos noventa días hábiles de la vulneración.

2. Corte Suprema. Práctica desleal requiere que la acción u omisión desplegada por el sujeto activo perturbe, afecte la libertad sindical en todas sus manifestaciones ya sea individuales o colectivas. Improcedencia de exigir, menos que se pruebe, que el sujeto activo tuvo la intencionalidad o ánimo deliberado de violentar la libertad sindical.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Carácter prohibitivo de la norma que impide al empleador ejercer el ius variandi respecto de un dirigente sindical, salvo en caso de caso fortuito o fuerza mayor. Cláusula del contrato o anexos del mismo que permiten el traslado cede ante la norma que limita el ejercicio del ius variandi respecto de los dirigentes sindicales.


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1. Corte Suprema.

Denuncia por práctica antisindical. Cómputo del plazo de sesenta días para interponer denuncia por práctica antisindical desde la vulneración alegada. Suspensión del plazo para interponer la denuncia conforme al artículo 168 del Código del Trabajo. Aplicada la suspensión del plazo, la acción no puede entablarse transcurridos noventa días hábiles de la vulneración.

Fecha: 29/07/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/4279/2019

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Hechos:

La denunciada por práctica antisindical interpone recurso de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar a su recurso de nulidad respecto de la sentencia de base, la cual acogía la denuncia por práctica antisindical interpuesta en su contra. La Corte Suprema acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido y dicta sentencia de reemplazo declarando la caducidad de la denuncia.

Considerandos relevantes:

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 486 del Código del Trabajo, el plazo de sesenta días debe contarse desde la ocurrencia de la vulneración denunciada, cuestión que, por la remisión efectuada por el artículo 292 del mencionado estatuto debe entenderse referida a la práctica antisindical cometida.

En este sentido, la interpretación ofrecida en esta causa por la Corte de Apelaciones de Santiago a este respecto, y que repite lo señalado por el tribunal de base, determina que la práctica antisindical resulta determinada únicamente por la existencia del informe de la Inspección del Trabajo; en el sentido que el órgano administrativo debe «verificar la efectividad de los hechos denunciados, requerir la documentación pertinente, realizar las entrevistas de rigor y, luego de ello, analizar tales antecedentes para constatar la existencia de prácticas antisindicales (…) cabe concluir que la Dirección del Trabajo tomó conocimiento de las prácticas antisindicales que denuncia en estos autos al momento que confeccionó el informe de investigación, a saber, el 20 de abril de 2017» (considerando sexto). Ello implica, según el razonamiento seguido por ambos tribunales, que, de alguna forma, las actuaciones administrativas previas tienen la virtud de generar un nuevo plazo que se cuenta desde la dictación del informe, cuestión que se encuentra completamente alejada del entendimiento normal de cuándo se produjo la acción u omisión que provocó la vulneración que se denuncia.

OCTAVO: Que la suspensión a la que hace referencia el artículo 486 del Código del Trabajo debe entenderse realizada en los términos contenidos en el artículo 168 del referido cuerpo de leyes. Es una regla general que el inicio de un procedimiento administrativo, por parte de un interesado, conlleva la suspensión de los plazos que se encontraren corriendo (cf. el artículo 54 de la Ley N° 19880). Sin embargo, en este caso concreto, existe una regla especial respecto de la suspensión, aplicable en la especie por la remisión normativa a la que se hizo referencia: la acción, en cualquier caso, no puede entablarse transcurridos 90 días hábiles, los que se encontraban largamente cumplidos al 15 de mayo de 2017, toda vez que la infracción se había producido, como última fecha, el 5 de diciembre de 2016.

Huelga señalar que la intervención de la Inspección del Trabajo, a este respecto, no es obligatoria, que la organización sindical posee diversos medios a su disposición a fin de lograr el cometido de la emisión del informe, que, en cualquier caso, puede ser incorporado con posterioridad a la denuncia respectiva, y finalmente, que el sindicato puede interponer la denuncia respectiva, pues está legitimado para ello.

NOVENO: Que, en tal circunstancia, yerra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la denunciada, al concluir que la del grado no incurrió en error de derecho al rechazar la excepción de caducidad planteada, en un caso en que se comprobó que la denuncia había sido interpuesta después de transcurrido el plazo para ello.

Se aprecia, entonces, que el recurso de nulidad que planteó, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción del artículo 486 en relación con el artículo 292, todos del referido cuerpo normativo, debió ser acogido.


2. Corte Suprema.

Denuncia de prácticas antisindicales. Práctica desleal requiere que la acción u omisión desplegada por el sujeto activo perturbe, afecte la libertad sindical en todas sus manifestaciones ya sea individuales o colectivas. Improcedencia de exigir, menos que se pruebe, que el sujeto activo tuvo la intencionalidad o ánimo deliberado de violentar la libertad sindical.

Fecha: 20/02/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/902/2019

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Hechos:

El denunciado interpone recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de nulidad deducido por la denunciante respecto de la sentencia de base y, en sentencia de reemplazo, acogió la denuncia por prácticas antisindicales. La Corte Suprema rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia deducido.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que la materia de derecho propuesta por el recurso es una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no hay diferentes interpretaciones que justifiquen unificar la jurisprudencia, pues la sentencia impugnada se ajusta al modo en que el asunto fue resuelto por esta Corte en la causa ingreso N°92.904 16, entre otras, resolución en la que se establece que “… uno de los presupuestos necesarios para que se configure la práctica desleal, es, precisamente, que la acción u omisión desplegada por el sujeto activo perturbe, afecte la libertad sindical en todas sus manifestaciones ya sea individuales o colectivas, lo que no necesariamente significa que es menester que se concrete efectivamente la perturbación en el ejercicio del derecho a que se hace referencia, pues, en algunos casos, puede bastar que la acción u omisión sea inequívocamente atentatoria del mismo o que sus resultados sean sensatamente predecibles en ese sentido“, concluyendo que “… se debe inferir que no es necesario que se exija, menos que se pruebe, que el sujeto activo tuvo la intencionalidad o ánimo deliberado de violentar la libertad sindical, bastando que se acredite el supuesto que señala el inciso 1° del artículo 289 del Código del Trabajo; sin que altere dicha conclusión la circunstancia que dicha norma, también los artículos 290 y 291 del citado estatuto, contengan descripciones típicas que necesariamente deben considerarse prácticas antisindicales, pues la interpretación debe ser restrictiva, en el sentido que tratándose de los casos que señalan, una vez configurados, la acción u omisión imperiosamente debe ser calificada como una de aquellas, lo que no es óbice a que si no se acredita el elemento subjetivo no pueda estimarse probada la conducta que sí afecta la libertad sindical, porque la primera disposición citada, que es la general, no lo exige; por lo tanto, solo corresponde discurrir al respecto en aquellos casos, citados a modo ejemplar, en que se alude a una exigencia concerniente a la esfera subjetiva del sujeto activo, la ‘malicia’, v.gr., parte final de la letra a) de la citada disposición y la letra c) del artículo 397, tratándose de las prácticas desleales del empleador en la negociación colectiva”. Por su parte, las resoluciones invocadas por la recurrente para justificar las diferentes interpretaciones son de fecha anterior a la antes reseñada.


3. Corte de Apelación de Santiago.

Denuncia de práctica antisindical. Carácter prohibitivo de la norma que impide al empleador ejercer el ius variandi respecto de un dirigente sindical, salvo en caso de caso fortuito o fuerza mayor. Cláusula del contrato o anexos del mismo que permiten el traslado cede ante la norma que limita el ejercicio del ius variandi respecto de los dirigentes sindicales. Ejercicio del ius variandi respecto de un dirigente sindical atenta contra la libertad sindical.

Fecha: 16/10/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/6003/2019

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Hechos:

La Inspección del Trabajo interpone una denuncia de práctica sindical, por la circunstancia de haber ejercido un empleador el ius variandi respecto de un dirigente sindical, trasladándolo de una sucursal a otra, no encontrándose en la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor, en la cual ello está permitido. El juzgado del trabajo rechaza la denuncia, pero la Corte de Apelaciones acoge el recurso de nulidad de la denunciante, invalida el fallo impugnado y dicta otro de reemplazo, acogiendo la denuncia.

Considerandos relevantes:

CUARTO: Que, conforme a los hechos consignados en el acápite anterior, aparece que la empresa dispuso el traslado de un dirigente sindical de una sucursal a otra, ejerciendo el denominado ius varianti, tratado en el artículo 12 del Código del Trabajo. Dicho cometido, pugna con lo dispuesto en el artículo 243 del Estatuto Labora, en aquella parte del precepto que dispone en su inciso 2°: “Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores sindicales las facultades que establece el artículo 12 de este Código”; norma cuyo tenor expresa un claro carácter prohibitivo, estableciendo que el empleador se encuentra impedido de ejercer respecto de un dirigente sindical las facultades que le otorga el artículo 12 del Código del Trabajo de poder alterar unilateralmente la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, impedimento que solo es relevado por concurrencia de un estado de caso fortuito fuerza mayor, es decir, un evento de tal naturaleza y entidad que siendo inimputable, imprevisto e irresistible exigencias copulativas el empleador no puede resistir y determinan el cambio de sucursal del dirigente sindical, elementos todos que no se dan en la especie, por el contrario la variación del lugar de trabajo obedece a una orden de la jefatura.

QUINTO: Que, despejada la controversia jurídica relativa a la limitación del empleador en cuanto a ejercer el ius variandi sin mediar caso fortuito o fuerza mayor, cabe precisar que este escenario jurídico tampoco es alterado por el hecho consistente en que las partes hayan acordado el traslado del local de trabajo como una cláusula del contrato o sus anexos, convención que cede ante la norma involucrada, atendido el carácter de interés público y el bien jurídico protegido libertad sindical que amparan el precepto prohibitivo, es decir, que por sobre el acuerdo entre el empleador y el trabajador, la calidad de dirigente sindical es protegida con la insoslayable e infranqueable limitación al ius variandi, salvo, como antes se consignó, en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, estado de necesidad que no se configura en el caso en examen.

SEXTO: Que, acorde con los motivos antes consignados es menester precisar, que el dirigente sindical goza de fuero, garantía que lo ampara del traslado a otro establecimiento de la misma empresa, sin justa causa, por lo que el cambio no puede obedecer a la mera decisión del empleador, premisas que obran en plena sintonía, con lo prescrito en el artículo 493 del Código del Trabajo, al ordenar que corresponderá al denunciado probar que obró de acuerdo a un caso fortuito o fuerza mayor que lo habilita para aplicar el ius variandi respecto de un dirigente sindical, disposición conforme a la cual basta con que se acredite la conducta que contempla para inferir, por ausencia de la prueba del caso fortuito o fuerza mayor, que se incurrió en un atentado a la libertad sindical y, con ello, en la práctica desleal denunciada. Por consiguiente, se comete un error de calificación en la sentencia impugnada al concluirse que no es posible establecer que el traslado de sucursal del actor se haya debido a un interés de la empresa por restarle fuerza al sindicato y disminuir la capacidad de acción del dirigente en su rol sindical, ya que el caso fortuito o fuerza mayor exigido por el legislador laboral para ejercer el ius variandi no se acreditó, carga propia del empleador denunciado, entonces no cabe sino concluir que la conducta del denunciado se enmarca en una práctica antisindical. En consecuencia, se incurre en el motivo de invalidación que estatuye el artículo 478, letra c) del Código del Ramo;