1. Corte de Apelaciones de Concepción. Legalidad de la detención de adolescente. Facultad de cualquier persona de detener a quien se sorprende en delito flagrante con la obligación de entregarlo inmediatamente a la policía. No constituye un actuar ilegal fotografiar al detenido en lugar público para asegurarse de la sindicación que ha hecho la víctima.

2. Corte de Apelaciones de Arica. Exclusión de la prueba. Imputado detenido transcurridas 12 horas desde los hechos. Prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. Detención ilegal sólo produce efectos respecto de la prueba obtenida con ocasión de ello y la generada con posterioridad.

3. Corte de Apelaciones de Concepción. Robo en lugar habitado. Hipótesis de flagrancia del artículo 130 letra f) del Código Procesal Penal que no se configura. Detención ilegal.


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1. Corte de Apelaciones de Concepción.

Robo. Legalidad de la detención de adolescente. Facultad de cualquier persona de detener a quien se sorprende en delito flagrante con la obligación de entregarlo inmediatamente a la policía. No constituye un actuar ilegal fotografiar al detenido en lugar público para asegurarse de la sindicación que ha hecho la víctima.

Fecha: 19/08/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/4818/2019

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Hechos:

El Ministerio Público se alza en contra de la resolución dictada en la audiencia, que declaró la ilegalidad la detención del adolescente. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones revoca apelada.

Considerandos relevantes:

SEGUNDO. Que el artículo 129 del Código Procesal Penal faculta a cualquier persona a detener a quien sorprende en delito flagrante con la obligación de entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima.

Una de las situaciones de flagrancia contenida en el artículo 130, es la persona que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice, contenida en su letra c).

TERCERO. Que de lo expuesto, aparece que se han cumplido los requisitos legales establecidos en las normas señaladas y no aparece vulneración del artículo 31 de la Ley Nº 20.084.

En efecto, el detenido ha sido sindicado por la ofendida, lo cual del texto del artículo 130 no aparece que debiera ser sólo un señalamiento personal en el lugar de los hechos, como lo pretende la defensa, si no que tal sindicación puede admitirse por otras vías y medios tecnológicos.

Cabe señalar que la fotografía que saca el particular al detenido, no puede considerarse una diligencia investigativa ni menos aún un reconocimiento fotográfico, puesto que se trata de una acción que el civil realiza en un lugar público al interior de la locomoción colectiva, para asegurarse de la sindicación que ha hecho la víctima, en un obrar que puede considerarse como lógico y exigible, para no incurrir en excesos o arbitrariedades.

Asimismo, la utilización de medios audiovisuales previos a una detención, es hoy día de común ocurrencia atendidas las imágenes que aportan las cámaras de vigilancia que abundan en calles y espacios públicos, incluidos los medios de transporte, considerándose en todos esos casos que los delitos que se constatan por estos medios y las características físicas de quien lo comete, facultan detenciones en flagrancia por parte de las policías.

CUARTO. Que finalmente, los antecedentes que aporta la resolución recurrida, sólo dan cuenta que el motivo para declarar ilegal la detención, lo constituye únicamente las actividades realizadas por el civil para asegurarse de la identidad del imputado, las que, como se dijo, esta Corte considera apegadas a la legalidad; y, al contrario de lo señalado el defensor en estrados, no dicen relación con alguna diferencia detectada en las características del sujeto, sus ropas o la inexistencia de especies en su poder.


2. Corte de Apelaciones de Arica.

Robo por sorpresa. Exclusión de la prueba. Imputado detenido transcurridas 12 horas desde los hechos. Prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. Detención ilegal sólo produce efectos respecto de la prueba obtenida con ocasión de ello y la generada con posterioridad.

Fecha: 25/01/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/582/2019

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Hechos:

El Ministerio Público interpone recurso de apelación en contra de la resolución pronunciada por Juez de Garantía en audiencia, en la que excluyó la totalidad de la prueba ofrecida por la Fiscalía. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones revoca la resolución apelada, sólo en cuanto excluyó la prueba testimonial.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que, a juicio de estos sentenciadores, conforme a los preceptos legales reseñados, en el presente caso, la autorización judicial que debió ser requerida por el Fiscal, tuvo que haber sido concedida con anterioridad a la detención del imputado, lo que, conforme a lo que se ha dado por establecido precedentemente, no se cumplió, puesto que la orden se otorgó 24 minutos con posterioridad a la aprehensión del encartado. De este modo, corresponde determinar si tal hecho es constitutivo de la vulneración al derecho fundamental del debido proceso y, consecuentemente, causal de exclusión de toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público en su acusación, a saber, la testifical de la víctima (…), del hijo de esta (…), y de los funcionarios policiales (…), quien recibió la denuncia de la víctima y elaboró el parte respectivo, y de (…), quien recibió al imputado presentado por (…), y llevó a cabo la detención del imputado y acusado (…), elaborando el parte respectivo, como también la prueba documental consistente en el extracto de filiación del encartado, registro de atención de urgencia; y como prueba material la fotografía del teléfono celular sustraído a la víctima, y la foto del mapa de georreferenciación.

SEXTO: Que, inciso tercero del artículo 276 del Código Procesal Penal contempla dos situaciones para excluir la prueba, a saber, que la misma proviniere de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas, lo que no ocurre en la especie, y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales, que es el asilo del Juez de Garantía para excluir toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público.

SÉPTIMO: Que, conforme a los hechos que se han dado por establecidos y normas legales que rigen la materia, a juicio de esta Corte la declaración de ilegalidad de la detención sólo puede producir sus efectos respecto de la prueba obtenida con ocasión de ello y la generada con posterioridad a dicha circunstancia, es decir, a contar de las 18:15 horas del día 11 de julio de 2018, en adelante; por lo que no existe motivo legal para excluir la prueba testimonial de la víctima (…), y de la funcionaria policial doña (…), como del parte policial elaborado por ésta, que contiene la denuncia, y los anexos al mismo, al generarse con anterioridad a la detención.

OCTAVO: Que, respecto del testigo don (…), atendido la retención que realizó en la persona del imputado (…), acorde a lo previsto en el artículo 129 del Código Procesal Penal, carecía de la posibilidad legal de aprehender a (…), al haber transcurrido más de doce horas desde el momento de perpetrarse el ilícito, por lo que sus actuaciones en tal contexto infringen la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

A su vez, respecto del testigo y funcionario Policial don (…), atendida su intervención en la retención del imputado, no obstante que fue puesto a su disposición en la Primera Comisaría de Carabineros de Arica, manteniéndole en dicha condición, también incurrió en conductas que infringen la misma garantía constitucional. Asimismo, la fotografía del teléfono celular de la víctima, que se genera en circunstancias de la detención del acusado, implica una infracción a la garantía invocada para su exclusión.

NOVENO: Que, en consecuencia, la prueba ofrecida por el Ministerio Público consistente en los testigos doña (…), la funcionaria policial doña (…), y el parte policial confeccionado por ella y sus anexos, y la testifical de don (…), únicamente relacionada con los hechos acontecidos con anterioridad a la detención del acusado (…), debe ser admitida en el juicio oral correspondiente. Conjuntamente, el extracto de filiación y antecedentes del acusado y el mapa de georreferenciación, deben mantenerse por cuanto su contenido surge de circunstancias anteriores e independientes a los hechos de la detención. La demás prueba del ente persecutor, por haber vulnerado la garantía del debido proceso, no puede ser incorporada al juicio oral.


3. Corte de Apelación de Concepción.

Robo en lugar habitado. Hipótesis de flagrancia del artículo 130 letra f) del Código Procesal Penal que no se configura. Detención ilegal.

Fecha: 23/02/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/880/2018

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Hechos:

Se deduce recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia que declara ilegal la detención del encartado. Analizado lo expuesto, la Corte confirma el fallo en alzada.

Considerandos relevantes:

SEGUNDO. Que, la resolución apelada, al declarar la ilegalidad de la detención, se funda en la circunstancia que las causales de detención por flagrancia deben interpretarse de manera restrictiva, pues estas disposiciones implican una afectación a la libertad ambulatoria, de modo que la detención ante una situación de flagrancia es una cuestión completamente excepcional, por lo que ella debe ser de carácter expreso, evidente, a simple vista apreciable, lo que no ocurriría en la especie, pues no se satisface la exigencia que el detenido aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito, ya que lo que consta en las imágenes que describió el Ministerio Público en la audiencia respectiva es una persona presuntamente el imputado parada en el exterior de la reja y cerco perimetral del domicilio de la víctima, en un primer momento a las 23:46 del 29 enero, y por ultimo a las 00:22 horas del 30 de enero, ambos de 2018, circunstancias éstas que forman parte del debate en primera instancia, refiriéndose a ellas el Fiscal de la causa.

TERCERO. Que, conforme lo expuesto, estos sentenciadores estiman que la resolución apelada no ha incurrido en el yerro denunciado por el Ministerio Público, pues de los antecedentes incorporados en la audiencia de control de detención , y de los hechos valer en esta instancia, no es posible constatar de manera fehaciente que el imputado aparezca en un registro audiovisual cometiendo el delito de robo en el domicilio de la víctima, pues tal como lo ha establecido el tribunal de garantía, no se cumple estrictamente la hipótesis de flagrancia contemplada en la letra f) del artículo 130, la cual dispone a la letra que se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia:.. f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato” Del tenor de la norma transcrita aparece de manera manifiesta que, no existiendo ningún fotograma o registro audiovisual del detenido en la que aparezca ejecutando la acción típica imputada, no se configura la situación de flagrancia invocada, por lo que necesariamente la detención deviene en ilegal.

CUARTO. Que, debe desestimarse la alegación del Ministerio Público en orden a que la interpretación de la hipótesis de flagrancia efectuada en este caso concreto pueda constituir una errónea aplicación de la norma legal invocada, pues de la historia de la ley Nº 20.931 que modificó el artículo 130 del Código Procesal Penal incorporando la letra f) , aparece que, si bien el objetivo declarado de esta ley fue la de facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejorar la persecución penal en dichos delitos, no existe antecedente alguno que indique que la intención del legislador fuera la de permitir a los operadores jurídicos recurrir a criterios interpretativos extensivos respecto de normas restrictivas de las garantías de libertad ambulatoria y de seguridad individual, como lo sería el tantas veces citado artículo 130 del Código Procesal Penal.

QUINTO. Que, de la forma relacionada, queda en evidencia que al declarar la ilegalidad de la detención, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles no se ha excedido de sus atribuciones, pues no ha hecho más que dar cumplimiento el mandato legal contenido en el artículo 95 del Código Procesal Penal, en orden a dar el debido amparo a toda persona privada de libertad, examinando para ello precisamente la legalidad de su privación de libertad.

En esta perspectiva, debe dejarse asentado que la concurrencia del elemento esencial para configurar la hipótesis de flagrancia alegada la existencia de un registro audiovisual en el que aparezca el detenido cometiendo el delito imputado fue objeto de debate en la audiencia de control de detención, pues tal como consta en el registro de audio respectivo, el Ministerio Público fue requerido directamente por el tribunal a objeto de que acreditara la existencia de imágenes que dieren cuenta de la concurrencia de tal elemento, lo que en definitiva no ocurrió, pues el propio órgano persecutor reconoció en dicha audiencia que las imágenes o fotogramas existentes en la carpeta de investigación registraban al imputado en todo momento al exterior del domicilio de la víctima.