1. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Empresas participantes han declinado seguir adelante con el desarrollo del proceso licitatorio. Tribunal de Contratación Pública dejó sin efecto los actos resolutivos de mayor trascendencia del proceso licitatorio. Licitador que sólo cuenta con una mera expectativa de obtener en el concurso.

2. Corte Suprema. Reclamación en contra del Tribunal de Contratación Pública. Concepto de licitación pública. Ejercicio de la potestad reglada como la discrecional está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura. Propuesta adjudicada no se ciñe estrictamente a las bases técnicas y administrativas.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Reclamación en contra del Tribunal de Contratación Pública. Potestad de la Autoridad para revisar de oficio los actos que hubiere dictado, invocando para ello razones de mérito, conveniencia u oportunidad. Revocación de licitación no es ilegal al actuar la entidad licitante en cumplimiento del interés general.


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1. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Empresas participantes han declinado seguir adelante con el desarrollo del proceso licitatorio. Contrato de provisión de servicios de guardias de seguridad no fue suscrito por decisión de la empresa de no continuar participando en la licitación. Tribunal de Contratación Pública dejó sin efecto los actos resolutivos de mayor trascendencia del proceso licitatorio. Continuación de proceso licitatorio a partir de una nueva evaluación de las ofertas. Licitador que sólo cuenta con una mera expectativa de obtener en el concurso.

Fecha: 13/08/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/4654/2019

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Hechos:

La municipalidad demandada interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó el fallo de primer grado y acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en su contra. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo, rechazando en definitiva la demanda.

Considerandos relevantes:

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo expuesto, útil resulta subrayar que, ante la consulta descrita en el fundamento que antecede, la compañía demandante no sólo no ratificó su oferta, sino que, todavía más, manifestó que no participaría en el proceso licitatorio de que se trata, habiendo optado por demandar el resarcimiento de los daños sufridos a consecuencia de los hechos materia del debate.

NOVENO: Que, en las anotadas condiciones, resulta evidente que (…) decidió, por sí y ante sí, desligarse del concurso convocado por el Municipio de (…) para la contratación de servicios de guardias de seguridad, rechazando, de este modo, cualquier posibilidad de suscribir el contrato respectivo con la demandada.

DÉCIMO: Que de esta manera, entonces, y como surge con claridad de lo relacionado, en la especie no se ha verificado ningún “motivo de orden legal o reglamentario” cuya concurrencia impida cumplir lo resolutivo del fallo pronunciado por el Tribunal de Contratación Pública.

Por el contrario, han sido los propios participantes, y, en especial, la actora, quienes han declinado seguir adelante con el desarrollo del proceso licitatorio materia de autos, descartando de este modo que el incumplimiento del mentado fallo derive de una condición ajena o extraña a la voluntad de las partes, como lo requiere dicha sentencia al reconocer el derecho de (…) a entablar las “acciones civiles y administrativas que estimare pertinentes”.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que en el caso en examen no concurre la condición impuesta por los sentenciadores de Contratación Pública para reconocer a la actora el derecho a demandar los perjuicios derivados de los hechos de que se trata.

En efecto, el desarrollo del proceso licitatorio a partir de la nueva evaluación de las ofertas requería que éstas, previamente, fueran ratificadas por sus autores, en tanto el largo tiempo transcurrido desde su formulación exige que éstos examinen su vigencia y pertinencia, circunstancia que, sin embargo, no aconteció, puesto que ninguno de ellos manifestó su intención de revalidarlas.

Más aun, la actora no sólo no confirmó su propuesta, sino que, por la inversa, declaró explícitamente su voluntad de apartarse del concurso en comento, indicando que no participaría en él, pues había optado por demandar la indemnización de los perjuicios sufridos.

En otras palabras, en lugar de tomar parte en el procedimiento licitatorio mediante su participación voluntaria en él, expresada mediante la ratificación de su oferta, la actora decidió voluntaria y libremente desvincularse del mismo, proceder que, por su propia naturaleza, excluye la hipótesis planteada por los jueces especializados en su fallo al exigir, como antecedente previo al reconocimiento del derecho ejercitado en estos autos, la concurrencia de un impedimento legal o reglamentario, esto es, ajeno por definición a la voluntad de los participantes. (…)

DECIMOTERCERO: Que si bien las partes no suscribieron el contrato de provisión de servicios de guardias de seguridad de que se trata, es lo cierto que dicha circunstancia no deriva, como lo aseveran los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la falta de servicio en que incurrió la Municipalidad de (…), sino que, por el contrario, es una consecuencia de la decisión adoptada por la actora, libre y voluntariamente, de no continuar participando en la licitación tantas veces citada.

En efecto, en lugar de ratificar su oferta original, (…) desechó derechamente la propuesta efectuada por el Municipio de continuar adelante con el proceso licitatorio, exponiendo que, por el contrario, optaría por la vía judicial para hacer efectivo el resarcimiento de los daños que estimaba haber sufrido. (…)

DECIMOCUARTO: Que, como ha quedado dicho, entonces, la imposibilidad de cumplir lo ordenado por el Tribunal de Contratación Pública en su fallo tantas veces referido no deriva de un “motivo de orden legal o reglamentario”, sino que, por el contrario, es consecuencia de la decisión de la actora de no seguir participando en el proceso licitatorio.

De ello se sigue, naturalmente, que la imposibilidad de ejecutar el contrato de provisión de que se trata, como culminación eventual de dicho concurso, no radica en la falta de servicio atribuida a la demandada, sino que es una consecuencia de la actuación de la propia actora, evento que, a su vez, excluye la concurrencia del lucro cesante demandado, pues ningún perjuicio de este orden ha podido producirse si la propia parte interesada se ha negado a suscribir el contrato del que, según sostiene, derivarían las ganancias que dice haber dejado de percibir. (…)

DECIMOSEXTO: Que, como una consecuencia de lo razonado en lo que antecede, forzoso es concluir que el fallo impugnado vulnera lo estatuido en el artículo 1545 del Código Civil, en tanto dispone que todo “contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes”.

En efecto, habiendo dejado sin efecto el Tribunal de Contratación Pública los actos resolutivos de mayor trascendencia del proceso licitatorio y ordenado, a su vez, la continuación del mismo a partir de una nueva evaluación de las ofertas, resulta evidente que la actora sólo cuenta con una mera expectativa de obtener en el concurso de que se trata, pues la nueva evaluación y las decisiones que a partir de ella se adopten son completamente independientes de aquellas acordadas en el certamen original, máxime si, como ya se dijo, la adjudicación que la favoreció en esa ocasión fue el resultado de un grueso error fáctico, de modo que, examinada a la luz de su propio mérito, nada podría garantizar que la propuesta de (…) resultara nuevamente vencedora.

DECIMOSÉPTIMO: Que, por ende, al concluir que la falta de servicio establecida en autos impidió a la actora ejecutar el contrato tantas veces mencionado, afectando, por consiguiente, un derecho adquirido por ella como consecuencia de la adjudicación que la favoreció, los sentenciadores efectivamente incurren en el error de derecho que se les reprocha, pues al decidir de ese modo han dado una falsa aplicación al artículo 1545 del Código Civil, en cuyo mérito sólo sería posible reconocer un “derecho adquirido” en favor de la actora en tanto ésta y su contraparte hubiesen “celebrado legalmente” el contrato de provisión de que se trata, evento que, sin embargo, no se verificó, desde que los actos administrativos que permitirían justificar tal expectativa fueron dejados sin efecto por el Tribunal de Contratación Pública y, además, porque la propia actora rechazó suscribir tal convención.


2. Corte Suprema.

Reclamación en contra del Tribunal de Contratación Pública. Concepto de licitación pública. Diversas normas que integran las bases de una licitación deben ser estrictamente observadas por la Administración. Ejercicio de la potestad reglada como la discrecional está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura. Tribunal de Contratación Pública que acoge acción de impugnación y deja sin efecto adjudicación. Propuesta adjudicada no se ciñe estrictamente a las bases técnicas y administrativas. Reconocimiento del resguardo de la regularidad legal y racional.

Fecha: 17/06/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/3470/2019

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Hechos:

Una sociedad comercial interpone recurso de queja en contra de los magistrados de Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar la reclamación deducida respecto de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública que acogió la acción de impugnación presentada y ordenó retrotraer el proceso de licitación, debiendo evaluarse nuevamente las ofertas presentadas por una comisión no inhabilitada. La Corte Suprema rechaza el recurso de queja deducido.

Considerandos relevantes:

NOVENO: Que en la resolución del asunto sometido al conocimiento de esta Corte, se debe tener presente que la licitación pública ha sido definida como un procedimiento de tipo administrativo anterior a una contratación, a través del cual la Administración Pública selecciona, de entre varias ofertas, la que mejor atienda al interés público con el fin de estipular a continuación un contrato con la propuesta que resulte más ventajosa, sujetándose a las bases elaboradas por el órgano público. Estas últimas constituyen el conjunto de cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante que regirán el contrato y que regularán la relación jurídica que surgirá entre las partes, incluyendo las etapas previas a su celebración, cuyas bases administrativas contendrán de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consultas y aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación y demás aspectos administrativos del proceso.

Así, se ha señalado (Dictamen N° 15.909 de 2014, de la Contraloría General de la República) que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 19.886 y 2 N° 21 de su Reglamento la licitación pública es “el procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas formulen propuestas, de entre las cuales seleccionarán y aceptarán la más conveniente. (Véase “Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos de suministros y prestación de servicios”, Jurisprudencia judicial y Administrativa, 2° Edición, Francisco Zúñiga, Ivonne Gajardo y Francisco Trejo, Thomson Reuters, Santiago, 2017, página 61 y siguientes).

En consecuencia, las diversas normas que integran las bases de una licitación deben ser estrictamente observadas por la Administración, pues ellas se caracterizan por conferir garantías a las personas que van a contratar con esta última, emanando de ellas consecuencias jurídicas que se traducen en derechos y deberes de las partes interesadas. (…)

UNDÉCIMO: Que tanto el ejercicio de la potestad reglada como la discrecional, está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura. En efecto, no existe mayor discusión en cuanto al control que debe efectuarse respecto del ejercicio de la facultad reglada; sin embargo, existen discrepancias en cuanto al control que corresponde desplegar respecto del ejercicio de la potestad discrecional. En este aspecto, es efectivo que no procede que los órganos jurisdiccionales sustituyan la decisión de la administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes que determinan la decisión; sin embargo, aquello no excluye el control respecto de los actos administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una facultad de carácter discrecional por parte de la Administración, toda vez que estos, como todo acto administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de esa naturaleza. Tal materia, puede y debe ser controlada por la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido puesto en su conocimiento. (…)

DECIMOSEXTO: Que, como se observa, para acoger la acción de impugnación, el Tribunal de Contratación Pública acudió a la asignación errónea de puntaje a una de las proponentes (nota 1), sin explicitar los antecedentes que sirvieron de fundamento a la disparidad entre la puntuación asignada y la “Pauta de Evaluación de Ofertas” contenida en las Bases Administrativas, omitiendo por lo demás considerar que de conformidad a la documentación acompañada a la oferta, le correspondía la máxima puntuación (nota 7), cuestión que a la postre tuvo incidencia directa en el resultado final de la licitación, dado que una correcta atribución de los puntajes en la evaluación de los antecedentes técnicos, significaba que ambas evaluadas (…) y (…) eran acreedoras de idéntica puntuación en tal aspecto (6.21 puntos), de modo que al ser mayor el puntaje que obtuvo (…) en la evaluación económica de las ofertas, sin duda resultaba ser la propuesta más ventajosa para el municipio. Desde luego a partir de lo dicho los sentenciadores determinan la ilegalidad y arbitrariedad de los actos impugnados.

Tal razonamiento se enlaza con las medidas que el tribunal dispone acorde con el artículo 26 de la Ley N° 19.886, considerando que a la fecha de dictación de la sentencia, sólo habían transcurrido tres meses desde el inicio de la ejecución del contrato licitado, razón por la cual se consideró posible retrotraer el proceso licitatorio al estado de efectuarse una nueva evaluación de las ofertas y la asignación correcta de los puntajes a los oferentes.

Desde otra perspectiva, también se determina que los “interesados que han sufrido perjuicios con ocasión del agravio”, tienen la posibilidad de entablar ante el tribunal que sea competente “las acciones indemnizatorias que crean corresponderles y recabar de las autoridades que ejerzan el control jerárquico sobre la entidad licitante las medidas correccionales que correspondan”.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en consecuencia, los sentenciadores, al rechazar la reclamación, no han desconocido el principio de proporcionalidad, conforme al cual se deben sopesar los elementos que generan el acto administrativo, que se ordena dejar sin efecto, sin que fuera procedente tildar de ilegal la decisión adoptada por el Tribunal de Contratación Pública, toda vez que tal como fue señalado por aquéllos, la propuesta adjudicada no se ciñe estrictamente a las bases técnicas y administrativas, y, evaluada conforme a aquéllas, el puntaje final de la sociedad impugnante era superior al que fuera obtenido por la sociedad adjudicada, cuestión relevante si se considera que tan sólo dichas proponentes estaban inmersas en el proceso de evaluación técnico y económico en la modalidad adoptada (Módulo C).

En ese contexto los sentenciadores se han circunscrito al reconocimiento del resguardo de la regularidad legal y racional que recae en el Tribunal de Contratación Pública, en cuanto a los procedimientos objeto de su competencia que han sido desarrollados por la Administración, adoptando las medidas consideradas como necesarias para enmendar las incorrecciones jurídicas advertidas durante el proceso de licitación.

Es así que reconocida la existencia de un vicio que afecta gravemente los principios rectores, el tribunal debe proceder a su rectificación, pues de lo contrario se atentaría gravemente en contra del principio de legalidad y se pondría en situación de desviar el poder si, advertido el vicio, éste permanece incólume, sacrificando de ese modo los principios que informan la contratación y que son de su esencia.


3. Corte de Apelaciones de Santiago.

Reclamación en contra del Tribunal de Contratación Pública. Potestad de la Autoridad para revisar de oficio los actos que hubiere dictado, invocando para ello razones de mérito, conveniencia u oportunidad. Estabilidad de los actos administrativos está vinculada directamente con la procedencia de las potestades revocatorias e invalidatorias. Revocación de licitación no es ilegal al actuar la entidad licitante en cumplimiento del interés general.

Fecha: 12/06/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/3400/2019

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Hechos:

Una sociedad comercial interpone recurso de reclamación en contra de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, que rechazó la demanda de impugnación interpuesta contra Municipalidad. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso de reclamación deducido.

Considerandos relevantes:

CUARTO) Que en esta materia ha de tenerse en cuenta, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, en el que las partes de un contrato están en un plano de igualdad al menos en teoría en los contratos administrativos la administración pública recibe un conjunto de poderes que la sitúan en un plano de superioridad respecto de su contraparte. El contratante tiene pocas posibilidades de discutir los términos del contrato, ya que estos vienen expresados en las bases de licitación. En realidad, la principal manifestación de libertad contractual se encuentra en la posibilidad del interesado de participar o no en la licitación. De allí entonces, la relevancia de las bases de licitación, en cuanto estas contengan todas las condiciones y requerimientos de la licitación, incluidas las bases técnicas y las administrativas, de forma tal que aseguren a los oferentes, la transparencia, igualdad y legalidad que inspiran este tipo de contratación.

QUINTO) Que esta Corte comparte el razonamiento del fallo reclamado, en cuanto la potestad que otorga el artículo 61 de la Ley N° 19.880 a la autoridad para revisar de oficio los actos que hubiere dictado, invocando para ello razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o también aduciendo vicios o errores jurídicos que afectan la legitimidad del acto administrativo. De forma tal, la estabilidad de los actos administrativos, está vinculada directamente con la procedencia de las potestades revocatorias e invalidatorias, que tienen por objeto, precisamente, conciliar, adaptar o hacer coherentes dichos actos con el interés general en un tiempo y lugar determinado, o ajustarlos al ordenamiento jurídico corrigiendo cualquier vicio.

SEXTO) Que en consecuencia tanto la cancelación de la orden de compra como el Decreto Alcaldicio N° 265 de 2 de marzo de 2018, que revocó la licitación de autos, no son ilegales, desde que la entidad licitante ha actuado en cumplimiento de un objetivo superior, cual es el interés general, implícito en el llamado a propuesta, con el fin de adjudicar a aquel oferente que formule la más conveniente oferta, respetando el derecho de todos los participantes.