1. Corte Suprema. Inutilidad o no valoración de la prueba se restringe a aquellos elementos obtenidos, directa o indirectamente, con vulneración de derechos fundamentales. Improcedencia de excluir prueba obtenida por medios que, si bien reñidos con lo socialmente esperado, no pueden ser calificados de ilícitos. Expectativa de privacidad que no puede ser reconocida como razonable.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Naturaleza de las declaraciones extraprocesales. Valor probatorio de las declaraciones extraprocesales queda supeditada a la ratificación del testigo. Declaración previa no tiene fuerza para crear convicción como si se tratara de una prueba sustantiva.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Exclusión de prueba. Derecho a la vida privada. Grabación de conversación telefónica entre actora y empleadora. Sentencia que excluye prueba obtenida con lesión de derechos fundamentales.


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1. Corte Suprema.

Denuncia de prácticas antisindicales y desleales en negociación colectiva. Inutilidad o no valoración de la prueba se restringe a aquellos elementos obtenidos, directa o indirectamente, con vulneración de derechos fundamentales. Concepto de privacidad. Noción de legítima expectativa de privacidad. Determinación de contexto en que se desarrolla conversación que fue grabada. Reunión “informativa” que toma cariz de un acto de flagrante injerencia en la autonomía sindical. Conversación que no tenía carácter reservado. Improcedencia de excluir prueba obtenida por medios que, si bien reñidos con lo socialmente esperado, no pueden ser calificados de ilícitos. Grabación que no implica una intromisión ilegítima en la esfera de intimidad del representante de la empresa. Expectativa de privacidad que no puede ser reconocida como razonable.

Fecha: 12/04/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/1700/2018

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Hechos:

El denunciante y el tercero coadyuvante interponen recursos de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de nulidad interpuesto por el denunciado, ordenando invalidar la sentencia de base y retrotraer la causa a la etapa de realizar una nueva audiencia de juicio, sin considerar la prueba ilícita. La Corte Suprema acoge los recursos de unificación de jurisprudencia deducidos y dicta sentencia de reemplazo, rechazando en definitiva el recurso de nulidad del denunciado.

Considerandos relevantes:

TERCERO: Que, para esa finalidad resulta pertinente, en primer lugar, recordar que el artículo 453 del Código del Trabajo, en su numeral 4), prescribe: “El juez resolverá fundadamente en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes, pudiendo valerse de todas aquellas reguladas en la ley. Las partes podrán también ofrecer cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente.

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal y siempre que sean necesarias para su resolución.

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser apreciadas por el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que impliquen violación de derechos fundamentales”.

De manera preliminar, cabe señalar que, a diferencia de lo que afirma la sentencia recurrida, a juicio de esta Corte no existen argumentos para entender que la regla de exclusión en el orden laboral incorpora dentro de la noción de prueba ilícita aquella obtenida en abierta contravención a una norma de derecho o a un imperativo moral socialmente aceptado, con independencia de la inobservancia de garantías constitucionales, como propugna el fallo en análisis. Si bien la redacción del precepto es confusa, ya que parece proponer dos hipótesis distintas de no valoración, una relativa a aquella evidencia obtenida directa o indirectamente por medios ilícitos y otra atinente a violación de derechos fundamentales, lo cierto es que no existe constancia en la historia legislativa de que se haya pretendido innovar en el tratamiento de la exclusión de pruebas, más allá de lo que se ha entendido por parte de la doctrina como una consagración legal de la “teoría de los frutos del árbol envenenado”, que por lo demás, desde un inicio ha tenido plena aplicación jurisprudencial en materia penal. La norma de exclusión propuesta por el Mensaje Nº 4 350, de 23 de septiembre de 2003, contenida en el inciso 4º del artículo 458 del proyecto, es idéntica a la finalmente aprobada y que corresponde actualmente al artículo 453 Nº 4 del Código del Trabajo, sin que en la discusión del proyecto de ley se generara un debate en torno a las hipótesis de exclusión de prueba ilícita.

Por otra parte, la posición planteada por el fallo impugnado implicaría, necesariamente, sostener que la regla de exclusión consagrada en el Código del Trabajo tiene un alcance mayor que aquellas contempladas en el Código Procesal Penal y en la Ley de Tribunales de Familia y de paso entender que, en la esfera del derecho laboral, en un ámbito de eficacia horizontal de las garantías fundamentales, debe aplicarse un criterio de exclusión más amplio que aquel vigente en el proceso penal, que constituye el ejemplo más puro de eficacia vertical de los derechos humanos. Tal predicamento llevaría a concluir, como consecuencia, que el legislador ha impuesto a los particulares un estándar de respeto más alto que el exigido al propio Estado, lo que resulta evidentemente contra la intuición. Tampoco puede soslayarse en este punto la tensión que se genera entre el respeto a los derechos fundamentales amagados por la evidencia ilícita, y el derecho a la prueba del particular que intenta incorporar el elemento contendido al juicio, implícito dentro de la garantía del debido proceso.

De lo anterior fluye que la inutilidad o no valoración de la prueba se restringe a aquellos elementos obtenidos, directa o indirectamente, con vulneración de derechos fundamentales. En otras palabras, la exclusión probatoria, en materia laboral, no puede justificarse únicamente en una noción amplia de ilicitud, sino que debe necesariamente relacionarse con la inobservancia de una garantía constitucional, operando sólo en aquellos casos en que exista una efectiva violación de derechos fundamentales.

CUARTO: Que, en consecuencia, la decisión de exclusión probatoria debe ser revisada únicamente desde la perspectiva de los derechos constitucionales posiblemente amagados. En este caso, el debido proceso, la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Empero, cabe constatar desde ya que la vulneración al debido proceso se ha fundamentado precisamente en la incorporación de prueba espuria al juicio, por lo que cabe examinar si la grabación cuestionada tiene tal calidad y para ello deben analizarse previamente las nociones de intimidad y vida privada.

Pues bien, el concepto de privacidad es variable en el tiempo y no se observa en la doctrina una concepción unívoca de este derecho; sin embargo, es posible afirmar que está relacionado con la preservación de determinados actos en una esfera íntima, con el derecho a replegarse en esta esfera al amparo de toda intromisión, con una autonomía de decisión en cuanto a excluir a otras personas de este ámbito reservado y con la facultad de controlar la información a ser revelada. Así, el autor norteamericano Alan Westin, al intentar conceptualizar la privacidad, ha señalado que ésta incluye cuatro estados: soledad, intimidad, anonimato y reserva (Privacy and Freedom, Alan Westin, 1967, citado por Solove and Schartz, Information Privacy Law, Editorial Wolters Kluwer, 2015, pp 46 49).

Siguiendo al profesor José Luis Ugarte, es posible distinguir dos aspectos claves que el derecho a la privacidad debe reflejar: por una parte, el derecho a un espacio vital cuyo acceso queda vedado a terceros y, por la otra una dimensión de autonomía, reflejada en el derecho a adoptar decisiones respecto de la propia vida sin injerencia de otros. (Privacidad, Trabajo y Derechos Fundamentales, Ugarte Cataldo, José Luis, 2011, en Estudios constitucionales, año 9 (1), p. 13 36). (…)

QUINTO: Que, por su parte, la noción de legítima expectativa de privacidad, ampliamente utilizada hoy en día por la jurisprudencia nacional, surge ligada al ámbito penal, en una de las prevenciones del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos Katz v. United States (1967), como un test para determinar si la conducta de un agente estatal implicaba una violación a la Cuarta Enmienda aun cuando no existiera, en los hechos, una intromisión física en un lugar constitucionalmente protegido. Tal elucubración se hacía necesaria por cuanto, a diferencia de nuestro ordenamiento, la Constitución de Estados Unidos no contempla, explícitamente, un derecho fundamental a la privacidad. También porque, hasta ese momento, los casos paradigmáticos de violación a la Cuarta Enmienda se habían construido en torno a la “trespass” doctrine, que resultaba inaplicable a aquellas situaciones en que, tal como en Katz, la intromisión se realizaba por medios tecnológicos.

Es necesario puntualizar que este estándar, tal como fue concebido en sus orígenes requiere del juzgador un doble análisis: 1) determinar si existe una expectativa subjetiva de privacidad y 2) determinar si esta expectativa individual es una que la sociedad esté en condiciones de reconocer como razonable o legítima, esto es, no cualquier expectativa de privacidad merece protección constitucional, pues debe ser objetivamente justificada acorde a las circunstancias del caso. Cabe aquí traer a colación lo resuelto posteriormente por la misma Corte en Rakas v. Illinois (1978), también un caso penal, en el cual se plantea que una legítima expectativa de privacidad, por definición, significa mucho más que la expectativa subjetiva de no ser descubierto, ejemplificando, en palabras muy simples, que aquél que ingresa a robar a una casa de veraneo, fuera de la temporada estival, tiene una intensa expectativa de privacidad al interior de esa morada ajena, más evidentemente no es una que la sociedad pueda reconocer como legítima. (…)

SÉPTIMO: Que, analizadas las circunstancias en que fue obtenida la grabación es posible establecer que, al igual que en la sentencia de contraste, el emisor de las comunicaciones, si bien subjetivamente tenía la expectativa de que sus dichos no serían grabados y luego diseminados, aquella no puede ser calificada, objetivamente, como una razonable.

En efecto, cabe atender en primer lugar al contexto en que se desarrolla la conversación; en el marco de una huelga prolongada, con la empresa y sus trabajadores sumidos en un grave conflicto, sin que, pese a lo extenso de la paralización, lograran acercar posiciones. Ello daba luces de que la conversación se desarrollaría en un clima más bien confrontacional o, al menos, no de confianza. Desde luego, los interlocutores eran trabajadores aún pertenecientes al sindicato, que recientemente habían depuesto la huelga y requerían información de la empresa respecto de su situación laboral.

A la reunión asistieron varias personas, magnificando el riesgo de que cualquiera de ellas divulgara el tenor de lo discutido en ella, más aún cuando lo que se comunicaría era de índole netamente laboral y, por ende, resultaba de interés para el resto de los integrantes de la entidad sindical, circunstancia que se ve ratificada al observar que ésta fue una de varias reuniones que sostuvo el representante de la empresa con distintos grupos de trabajadores en similar situación.

De igual forma, no se advirtió a los asistentes que se trataba de una conversación de carácter reservado y por su tenor, claramente no lo era sino que, por el contrario, se trataba de una reunión “informativa” que, de un momento a otro, tomó el cariz de un acto de flagrante injerencia en la autonomía sindical por parte de quien personalizaba en ese momento los intereses de la empresa.

De ahí que la creencia equivocada del representante del empleador de que todas las expresiones que profirió en el mencionado encuentro no serían reproducidas a terceros por alguno de sus interlocutores, no resulta suficiente para estimar que tenía una razonable expectativa de privacidad respecto de que sus dichos no trascenderían de la reunión, y que ninguno de los trabajadores que fueron parte del diálogo que, valga la pena reiterar, se desarrolló en medio de un proceso de huelga podría tomar la precaución de registrar, sin advertencia previa, lo comunicado por la empresa.

Por último y sólo a mayor abundamiento, no puede omitirse del análisis el contenido relevante de la garantía que se denuncia vulnerada, el derecho a la intimidad y el respeto a la vida privada, de acuerdo a los conceptos esbozados en el motivo quinto de este fallo. Contrastadas tales nociones con las expresiones subrepticiamente grabadas, resulta evidente que éstas últimas no dicen relación con la esfera privada de quién las emitió ni constituyen, en caso alguno, el develamiento de algo reservado a su ámbito más íntimo y, en consecuencia, aún de estimar como razonable la expectativa de privacidad alegada, no podría considerarse que la grabación ha implicado una afectación sustancial a las garantías individuales ya mencionadas, presupuesto indispensable para que una alegación de exclusión probatoria por ilicitud pueda prosperar.

OCTAVO: Que, por lo reflexionado, los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago yerran al excluir prueba obtenida por medios que, si bien reñidos con lo socialmente esperado, no pueden ser calificados de ilícitos, desde que en su obtención no se vulneraron, directa o indirectamente, garantías fundamentales, siendo correcta la posición sustentada en la sentencia de cotejo, en tanto la grabación no implicó una intromisión ilegítima en la esfera de intimidad del representante de la empresa, pues lo manifestado por éste, en el marco de un conflicto laboral, fue precisamente en su condición de agente de la misma, transmitido a un grupo de varias personas, atingente a materias propias de la relación laboral y fijado en un soporte de audio por uno de los participantes de la conversación, circunstancias que llevan a esta Corte a determinar que la expectativa de privacidad esgrimida no es una que pueda ser reconocida como razonable.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Solicitud de desafuero laboral. Naturaleza de las declaraciones extraprocesales. Valor probatorio de las declaraciones extraprocesales queda supeditada a la ratificación del testigo. Recurrente de nulidad que no señala el objetivo de las declaraciones que pretendió introducir al proceso. Declaración previa no tiene fuerza para crear convicción como si se tratara de una prueba sustantiva.

Fecha: 26/07/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/4228/2019

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Hechos:

El demandante interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia que rechazó la demanda sobre desafuero sindical. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso de nulidad deducido.

Considerandos relevantes:

QUINTO. Que sobre la naturaleza de las declaraciones extraprocesales, practicadas sin la presencia de la parte contra la cual se aduce y que fueron excluidas por el tribunal en la audiencia preparatoria, incluso autorizadas por un ministro de fe, debe anotarse que no constituye un documento público, puesto que la ley reserva dentro de la competencia de dichos funcionarios determinados actos jurídicos en tal carácter, cuyo no es el caso.

Por otro lado, tampoco pueden ser considerados como una declaración de testigo, entendido este último como una persona natural, hábil o capaz, diferente de las partes del proceso, llamada a informar lo que sabe con fines probatorios y que presenció o adquirió el conocimiento directo sobre la cosa y que permite inferir el conocimiento del hecho. De este modo, se entiende que el testimonio es “un acto humano dirigido a representar un hecho no presente, es decir, acaecido antes del acto mismo” (Carnelutti, “La Prueba Civil”, pág. 138, 1982).

SEXTO. Que conforme a lo expuesto, no cabe duda que el valor probatorio de este tipo de instrumentos quedará supeditada a la ratificación del testigo, es decir, la fuerza para respaldar o verificar los hechos materia de la litis, dependerá de la comparecencia a juicio de quien los extendió. Ello debe ser así, en tanto solo puede considerarse testigo quien comparece al juicio a prestar declaración en la audiencia, y que por lo mismo queda sometido a las reglas de examen y contraexamen.

Sobre esto los profesores Baytelman y Duce han señalado que “Su declaración personal (testigos) no puede ser sustituida o reemplazada por la lectura de actas anteriores en las que consten versiones previas de la misma. En este esquema, un testigo o la prueba testimonial jamás podrá ser la lectura de un acta o protocolo en el cual consta una declaración prestada en forma previa ante algún órgano del sistema (fiscalía o tribunal, por ejemplo). Solo es testigo y puede ser valorada como prueba testimonial la declaración prestada en juicio por la persona que comparece al tribunal bajo el formato de presentación de la prueba testimonial (examen directo y contraexamen)”. Añadiendo que “Uno de los mayores desafíos para la real implementación de juicios orales genuinamente adversariales es la correcta comprensión acerca del rol y uso que se puede dar en juicio a las declaraciones previas rendidas por testigos y peritos. Así, existe una tendencia casi irrefrenable de parte de los litigantes que provienen de sistemas inquisitivos de intentar introducir al juicio oral los documentos en los que constan las declaraciones previas, como si fueran esas declaraciones previas las que el tribunal debiera valorar para adoptar su decisión final del caso…” (Litigación Penal: Juicio Oral y Prueba, pág. 108). (…)

OCTAVO. Que, conforme se aprecia del tenor del arbitrio, este no esboza el objetivo de las declaraciones que pretendió introducir al proceso, toda vez que en cualquiera de los casos, siempre requería la presencia de quien las extendió. Si era un documento, debió acreditar su mérito mediante el reconocimiento de su autor y si buscaba exhibirlo al testigo, obviamente debió citarlos y hacerlo concurrir, lo que no hizo.

Nos dice el actor que esas declaraciones sin atribuirles calidad alguna más los dichos de una testigo de su parte, demostraban los hechos imputados al demandado y así en definitiva acceder al desafuero peticionado. Luego, entiende el recurrente que dichas declaraciones escritas vienen a reemplazar la deposición de quienes aparecen suscribiéndolas, lo que evidentemente constituye un error, pues no puede a través de su intermedio contrariar los principios formadores de este tipo de procedimiento, que se construyen sobre la base de la inmediación tanto del juez como de las partes, y de lo que de ello deriva; antecedentes que impiden concluir que una declaración previa tiene fuerza para crear convicción como si se tratara de una prueba sustantiva, pues como se dijo, por sí sola nada acredita, atendido que ella no tiene autonomía, en tanto pende de la comparecencia del testigo llamado a juicio y expuesto a la interrogación y contrainterrogación de parte y a la intervención del juez, todo ello como sustrato del procedimiento adversarial.


3. Corte de Apelaciones de Santiago.

Despido injustificado, nulidad del despido, y cobro de prestaciones. Exclusión de prueba. Derecho a la vida privada. Grabación de conversación telefónica entre actora y empleadora. Sentencia que excluye prueba obtenida con lesión de derechos fundamentales.

Fecha: 11/01/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/273/2019

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Hechos:

Se deduce recurso de nulidad contra sentencia del grado que acoge parcialmente la demanda por despido injustificado, nulidad del despido, y cobro de prestaciones. Analizado lo expuesto, la Corte rechaza el recurso.

Considerandos relevantes:

SEGUNDO: Que, el artículo 453 Nº 4 del Código del Trabajo señala que: “Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser apreciadas por el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que impliquen violación de derechos fundamentales”.

Que sin entrar a la discusión de si la norma contempla claramente o no dos alternativas de exclusión de prueba, transformándola claramente en la de mayor amplitud en el derecho chileno si se compara con las normas procesales penales (artículo 276 del Código Procesal Penal) o de familia, (artículo 31 de la Ley sobre Tribunales de Familia), sino que, asilándose en el extremo del artículo relativo a los derechos fundamentales, como sí sucede en las dos normas mencionadas, en este caso el derecho a la vida privada, es que debe analizarse el caso.

Que la prueba ordenada excluir por el a quo consiste en una grabación de una conversación telefónica entre la actora y la empleadora, realizada sin el consentimiento y conocimiento de esta última.

Así las cosas, analizadas las circunstancias en que fue obtenida la grabación, es posible establecer, dentro de la normalidad en que discurren los acontecimientos de esta índole, que respecto a una llamada privada que se realiza a una persona determinada, el emisor de la misma tenía la razonable expectativa de que sus dichos no serían grabados.

En efecto, no se trata de una reunión con asistencia múltiple, en que la posibilidad de grabación es altísima, respecto de la cual, entonces, no se puede sostener una similar expectativa que en el caso anterior, que es, precisamente, la situación de autos.

Dispone nuestra Carta Fundamental que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponder al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” Colisiona con este mandato constitucional, una sentencia que se fundamente en prueba obtenida con lesión de derechos fundamentales, como es el caso.

En consecuencia, el Tribunal no ha infringido el debido proceso, al excluir la grabación que se pretendió incorporar, sino que, por el contrario, se limitó a dar cumplimiento a una disposición legal que resguarda derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, límite de exclusión en que coinciden los sistemas procesales en materia penal y de familia.

A mayor abundamiento no existe en autos antecedentes que acrediten una constancia en Carabineros ni un reclamo por el despido verbal ante la Inspección del Trabajo, gestiones que normalmente se ejecutan en este tipo de despidos

Por lo expuesto, el arbitrio debe ser rechazado.