1. Corte Suprema. Reparación de daño ambiental. Características de los daños ambientales. Requisitos de procedencia de la acción de reparación de daño ambiental. Protección legal del valor paisajístico. Concepto de zona con valor paisajístico. Suficiencia probatoria para acreditar daño significativo al valor paisajístico. Presunción legal de responsabilidad ante la infracción a norma reglamentaria de carácter ambiental.

2. Corte Suprema. Reparación por daño ambiental. Garantía fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cautela al sistema global, integrado por elementos naturales y artificiales. Daño ambiental será significativo siempre que altere el ecosistema de manera importante, que genere una pérdida cualitativa considerable. Verter aguas servidas sin tratamiento alguno a estero afecta significativamente el ecosistema. Daño ambiental, concepto y requisitos. Obligación de reparar materialmente el daño ambiental. Deber de ejecutar un plan de reparación del daño ambiental.

3. Corte Suprema. Reparación de daño ambiental. Obligación de reparar el medio ambiente dañado en una calidad similar a la que presentaba con anterioridad a la ocurrencia del hecho perjudicial. Reparación que restablezca los servicios ambientales que prestaba el medio o elemento ambiental dañado. Improcedencia considerar antecedentes vinculados con los intereses de los propios infractores, en desmedro de la debida restauración del medio ambiente. Parámetros para determinar las acciones concretas que han de permitir la reparación. Apreciación de la prueba conforme a la sana crítica. Existencia de pozos y fosas sépticas crean situación de riesgo para la conservación de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas.


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1. Corte Suprema.

Reparación de daño ambiental. Características de los daños ambientales. Requisitos de procedencia de la acción de reparación de daño ambiental. Protección legal del valor paisajístico. Concepto de zona con valor paisajístico. Suficiencia probatoria para acreditar daño significativo al valor paisajístico. Presunción legal de responsabilidad ante la infracción a norma reglamentaria de carácter ambiental.

Fecha: 25/06/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/3128/2018

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Hechos:

La demandante interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental que rechazó la demanda sobre reparación de daño ambiental. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en la forma y dicta sentencia de reemplazo, acogiendo la demanda interpuesta.

Considerandos relevantes:

QUINTO) Que en estos autos se discute la generación de daño ecológico a raíz de las labores realizadas por la demandada en el Lote B 6, por lo que es pertinente realizar algunas consideraciones doctrinarias en relación al concepto de daño ambiental, que lo diferencian de la noción clásica del daño civil. Así se ha señalado que “los daños ambientales son diferentes a los restantes perjuicios, “no es un daño común”, si puede usarse esta expresión para aludir a un perjuicio cuya realidad es fácilmente comprobable; por el contrario: a) son, en muchas ocasiones, despersonalizados o anónimos, con graves dificultades para la determinación del agente; b) suelen alcanzar y provocar un número elevado de víctimas, un barrio, una región, el país; c) pueden ser el resultado de actividades especializadas que utilizan técnicas específicas, desconocidas para las víctimas, y d) también ser un daño cierto y grave para el ambiente, el agua subterránea o un lago, pero respecto de las personas que lo invocan sin relevancia, o no tenerla en la actualidad”. (“Daño Ambiental. Problemática de su determinación causal”. Isidoro H. Goldenberg Néstor Cafferatta. Abeledo Perrot Buenos Aires, edición año 2001, páginas 11 y 12). (…)

Esta nueva categoría de responsabilidad, esto es, aquella por daño ambiental, tiene como una nota característica que ella contempla la posibilidad de convivencia entre las acciones civiles que pretenden una reparación de tipo indemnizatorio y la acción ambiental reparatoria que pretende restituir el medio ambiente a la situación anterior al daño causado, tal como se aprecia de lo dispuesto en el artículo 53 de la referida ley.

SEXTO) Que para que prospere una acción de reparación de daño ambiental, es imprescindible que se pruebe, en primer lugar, la existencia de un daño que cumpla todas las características para ser considerado ambiental, en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 19.300 que describe el daño ambiental como “Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. La doctrina ha referido que la ley establece, entre los requisitos, que el daño sea significativo: “La exigencia de que los efectos sobre el medio ambiente tengan carácter significativo restringe el ámbito del daño ambiental. La palabra significativo conlleva la idea de una cierta valoración negativa mínima para el medio ambiente, de tal manera que los daños cuya entidad se encuentren por debajo de ese mínimum no constituyen daño ambiental, aunque comparten un cierto grado de pérdida, disminución, detrimento o menoscabo para el medio ambiente o para uno o más de sus componentes. Debido, por otra parte, a que la ley no contiene parámetros que permitan una calibración objetiva de la significación de los daños infligidos al medio ambiente, esta determinación queda entregada en definitiva a lo que resuelvan al respecto los jueces del fondo (…)”. (Rafael Valenzuela Fuenzalida, “El Derecho Ambiental, presente y pasado”, Editorial Jurídica de Chile, 2010, pág. 318). (…)

OCTAVO) Que, sin embargo, lo expuesto no es óbice para determinar la existencia del daño ambiental alegado, toda vez que es indudable que las obras realizadas, por su envergadura, impactaron el equilibrio sistémico del lugar, pues se arrasó con una hectárea de vegetación, no en un lugar cualquiera, sino que en un lugar expresamente protegido por el legislador.

En efecto, en estos autos, se acusó la existencia de un daño ambiental que, entre otros, estaba constituido por una afectación significativa del paisaje, pues la remoción de grandes volúmenes de tierra y erradicación de la cubierta vegetal produjo un daño paisajístico en el sector. Así, resulta relevante traer a colación lo dispuesto en el Decreto Nº 55 del año 1976, que crea el “Área de protección Lago Vichuquen y prohíbe la corta de árboles y arbustos”. (…)

Como se observa, la zona intervenida se encuentra en el área protegido, y cumple además las características enunciadas en el artículo 2º del mencionado Decreto, por lo que cualquier intervención de aquella estaba prohibida a menos que se contara con las autorizaciones del el Servicio Agrícola y Ganadero, previo informe de la Corporación Nacional Forestal, autorización que sólo se puede otorgar cuando razones técnicas así lo aconsejen.

NOVENO) Que, el valor paisajístico se encuentra protegido en nuestra legislación ambiental, no sólo a nivel reglamentario, sino que incluso la Ley Nº 19.300, en la letra e) del artículo 11 de la Ley Nº 19.300, señala que los proyectos que puedan generar una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona deben ser evaluados dentro del SEIA, a través de un Estudio de Impacto Ambiental. Desde luego, esta Corte no está señalando que el proyecto de la demandada deba someterse al sistema antes referido a través del instrumento específico, sino que aquello se trae a colación para evidenciar la importancia que en materia ambiental tiene el valor paisajístico, máxime si es de una zona protegida. En efecto, una zona con valor paisajístico es aquella que, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan una calidad que la distingue y que la hace digna de protección. La belleza escénica comprende no sólo atributos biofísicos, tales como flora y fauna o físicos, como relieve, suelo y agua, sino que además contempla aquellos estéticos como estructurales, considerándose digno de proteger por la diversidad y singularidad del paisaje.

DÉCIMO) Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, el daño significativo al valor paisajístico se encuentra suficientemente acreditado en autos, toda vez que la demandada procedió a realizar una corta no autorizada de especies vegetales, introducidas y nativas, en un área protegida, procediendo a remover grandes volúmenes de tierra, iniciando procesos erosivos que, hasta la fecha, no han sido restaurados.

Sin perjuicio de lo anterior, además, es importante consignar que además la conducta del demandado ha creado una situación de peligro inminente de daño al Lago, toda vez que la acumulación de tierra en las inmediaciones de una quebrada y la falta de ejecución de obras de afianzamientos de las terrazas creadas, constituyen una situación de peligro de daño por escurrimiento hacia el cuerpo de aguas con motivo de las lluvias, cuestión que amerita adoptar medidas de reparación, pues no puede soslayarse que la finalidad del legislador al instaurar la acción de reparación no es únicamente reparativa sino también preventiva.

UNDÉCIMO) Que, acreditado como está, la afectación significativa del componente paisajístico o la vulneración de la belleza escénica del sector intervenido, la existencia de un proceso de erosión y el peligro inminente de daño por aluvión, cumpliéndose las características para ser considerado un daño ambiental, en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 19.300, corresponde analizar el cumplimiento del resto de los requisitos para establecer la responsabilidad del demandado.

En efecto, de lo señalado en el artículo 3 y 53 de la Ley Nº 19.300 se colige que al no existir normas sobre responsabilidad en esta materia contenidas en leyes especiales, cuyo es el caso de autos, se aplican las normas de dicha ley, que “ratifica el principio general de que la responsabilidad civil sólo procede respecto del daño ambiental causado culpable o dolosamente”, aplicándose las normas generales, por lo que “en materia ambiental la responsabilidad está sujeta a los cuatro elementos característicos: acción u omisión voluntaria de persona capaz, culpa, daño y causalidad” (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, pág. 799).

DUODÉCIMO) Que para efectos de establecer la imputabilidad de la conducta a la demandada, basta acudir a lo señalado en el artículo 52 de la Ley Nº 19.300, que establece “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias”.

El texto expreso de la ley determina que sea innecesario entrar a analizar si la conducta fue realizada culposa o dolosamente, toda vez que en la especie existe la infracción a una norma reglamentaria de carácter ambiental, esto es, al artículo 2 y 3 del Decreto Nº 55, del año 1976, que crea el área de protección Lago Vichuquen y prohíbe la corta de árboles y arbustos, razón por la que la responsabilidad de la demandada, propietaria del inmueble en que se realizó la intervención sin contar con las autorizaciones pertinentes, se presume, sin que se haya rendido prueba que acredite su diligencia.

En este sentido se ha señalado que “la responsabilidad civil que se sigue del daño ambiental se puede construir por dos conceptos diferentes: en primer lugar, en razón de la infracción de normas legales o reglamentarias, caso en el cual la culpa se presume, esto es, a la empresa que causa el daño le incumbe probar que actuó con diligencia; en segundo lugar, aunque la empresa no haya infringido norma legal o reglamentaria alguna, responderá si no ha empleado el debido cuidado, determinando por los usos normativos y prudencialmente por los jueces” (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, pág. 801)..


2. Corte Suprema.

Reparación por daño ambiental. Garantía fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cautela al sistema global, integrado por elementos naturales y artificiales. Daño ambiental será significativo siempre que altere el ecosistema de manera importante, que genere una pérdida cualitativa considerable. Verter aguas servidas sin tratamiento alguno a estero afecta significativamente el ecosistema. Daño ambiental, concepto y requisitos. Obligación de reparar materialmente el daño ambiental. Deber de ejecutar un plan de reparación del daño ambiental.

Fecha: 02/04/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/4643/2018

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Hechos:

El demandante interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental que rechazó la demanda de reparación por daño ambiental, por no probarse la existencia del daño alegado como tampoco la afectación significativa del medio ambiente. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en la forma deducido y dicta sentencia de reemplazo, en la cual acoge, en definitiva, la demanda.

Considerandos relevantes:

Octavo: Que, en este entorno, resulta útil y necesario contextualizar la temática de que se trata, subrayando que, tal como lo ha sostenido previamente esta Corte (verbigracia, causa rol Nº 4.033-2013, 396-2009 y 10.435-2017), que se debe entender que la garantía fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cautela al “sistema global”, que se integra por “elementos naturales y artificiales” de diferentes características, haciendo referencia a las de “naturaleza física, química o biológica”, además, de los “socioculturales”, previniendo las distintas “interacciones” que se producen entre todos ellos, que les permite estar “en permanente modificación”, ya sea “por la acción humana o natural”, cuya importancia se destaca expresando que “rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”, conformando un equilibrio ecológico en general.

Noveno: Que la idea antedicha se ve reforzada por lo establecido en la Carta Fundamental, en cuanto dispone que “la ley podrá establecer respecto de la propiedad las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social –que comprende cuanto exija la conservación del patrimonio ambiental– (art. 19 Nº 24, inciso segundo)” y “es deber del Estado velar para que este derecho público subjetivo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y que le corresponde tutelar la preservación de la naturaleza, dentro de lo que es el desarrollo sustentable, puesto que el Estado se declara está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece (art. 1º, inciso cuarto)”. (…)

Décimo: Que, como se desprende de la lectura de las disposiciones transcritas, el legislador incorporó un elemento normativo a la definición de daño ambiental, esto es, que sea significativo, el que debe ser interpretado a la luz de los principios que informan la materia en estudio y, en especial, del concepto de medio ambiente establecida en la Ley, dejando desde ya dicho, que no es posible enmarcarlo dentro una definición unívoca, porque su fisonomía dependerá del área o elemento del “sistema global” que se pretenda proteger, los que atendida su naturaleza, se encuentran en constante modificación. Sí se debe tener en consideración, para determinar el referido elemento parámetros, tales como, la intensidad, duración, dimensión y zona geográfica de la contaminación, los efectos físicos o mentales y la situación general del medio ambiente.

Por consiguiente, será significativo el daño ambiental siempre que altere el ecosistema de manera importante, que genere una pérdida cualitativa considerable, aunque sea de baja entidad cuantitativamente hablando, esto porque como se dijo, la apreciación del mismo depende de múltiples factores atendida la naturaleza del componente del medio ambiente que se busca proteger, que es mucho más compleja y de cuya preservación depende la existencia de la vida en la forma como la conocemos hoy en día.

Undécimo: Que del análisis de tales supuestos aparece con claridad, entonces, que verter aguas servidas sin tratamiento desde el año 2011 al estero El Garretón afecta significativamente el ecosistema del lugar donde se emplaza la Planta de Tratamiento y, en especial, la vida de las personas y animales que habitan en la comunidad aledaña. En efecto, como se dijo precedentemente, el informe de investigación especial de la Contraloría Regional de Valparaíso, de 9 de mayo de 2012, señaló que las descargas en el estero El Garretón dan cuenta “[…] que las aguas del efluente de la planta superan ampliamente los parámetros máximos de coliformes fecales y DBOs, establecidos en la Tabla Nºl, del punto 4.2, del Decreto Nº 90, constatando “eutrofización del cuerpo de agua receptor, observándose aguas turbias, presencia de algas y malos olores”. Lo anterior fue ratificado por el informe elaborado por la SEREMI de Salud, que estableció en el año 2011 que el conteo de microbios en el efluente, arrojó una presencia de 1.700.000 coliformes fecales como número más probable en 100 milímetros (NMP/100ml) y, por ende, una calificación de no conformidad, concluyendo, que la Municipalidad de Nogales no ha dado cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos en la RCA Nº 42/1997 ni a las normas ambientales aplicables sobre la materia.

 

SENTENCIA DE REEMPLAZO

SEXTO. Que establecido lo anterior se debe consignar que, lo estatuido en el artículo 51 inciso 1º de la Ley Nº 19.300, obliga al culpable de daño ambiental a responder del mismo en conformidad a dicha disposición, noción que reitera lo señalado en su artículo 3, en orden a que mediante culpa causa daño al medio ambiente está obligado a repararlo materialmente, a su costo.

SÉPTIMO. Que la reparación consiste en “reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado”, según lo contemplado el artículo 2 letra s) de la ley citada.

OCTAVO. Que, como se dijo, para mitigar el perjuicio constatado y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban al tiempo de la intervención, se hace menester ejecutar un plan de reparación del daño ambiental en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.


3. Corte Suprema.

Reparación de daño ambiental. Obligación de reparar el medio ambiente dañado en una calidad similar a la que presentaba con anterioridad a la ocurrencia del hecho perjudicial. Reparación que restablezca los servicios ambientales que prestaba el medio o elemento ambiental dañado. Improcedencia considerar antecedentes vinculados con los intereses de los propios infractores, en desmedro de la debida restauración del medio ambiente. Parámetros para determinar las acciones concretas que han de permitir la reparación. Apreciación de la prueba conforme a la sana crítica. Existencia de pozos y fosas sépticas crean situación de riesgo para la conservación de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas.

Fecha: 29/12/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/8242/2017

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Hechos:

El Fisco de Chile interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que revocó el fallo de primer grado, en cuanto declaró prescritas las acciones de daño ambiental y, en su lugar, rechazó tales excepciones; asimismo, acogió la demanda, en cuanto declaró que los demandados son responsables, solidariamente, de haber cometido daño ambiental. La Corte Suprema acoge, con voto de prevención, el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes:

DECIMOCUARTO: Que, como se advierte, al establecer la obligación de reparar el medio ambiente dañado, el legislador pretende que el responsable de dicha conducta restituya sus componentes a una “calidad similar” a la que presentaba con anterioridad a la ocurrencia del hecho perjudicial y, sólo en caso de que ello no resulte posible, a que restablezca sus “propiedades básicas”.

En consecuencia, al decidir en torno a las medidas de reparación que deriven del acogimiento de una acción de reparación ambiental como la intentada en autos, los sentenciadores deben atender, en primer término, a la naturaleza, extensión y características del daño causado al medio ambiente, con el objeto de determinar cuáles son las medidas específicas que habrán de permitir concretar la referida reparación, en los términos expuestos. (…)

DECIMOCTAVO: Que, como se puede observar, los jueces de segundo grado tienen por debidamente demostrada la ocurrencia del daño ambiental que sirve de fundamento a la acción de fs. 1, motivo por el que acogen la “demanda de reparación ambiental, suelo, flora, aguas subterráneas, biodiversidad y valor paisajístico “, expresiones conforme a las cuales se debe entender que no sólo han tenido por acreditada la existencia de un daño al elemento suelo del medio ambiente (como expresamente se declara en el razonamiento vigésimo sexto) sino que también han sido objeto de esta afectación, entre otros, las “aguas subterráneas”.

DECIMONOVENO: Que aun cuando los falladores han estimado comprobada la ocurrencia de este último menoscabo han decidido desestimar, sin embargo, la demanda rechazando la medida de reparación del número 2 de su petitorio, determinación que fundan, exclusivamente, en la circunstancia de que la adopción de tales disposiciones podría “producir perjuicios aún mayores de los que se pretende evitar con la presente acción, en razón de existir asentadas comunidades humanas en el sector de que se trata”.

VIGÉSIMO: Que el expresado argumento trasunta una errónea aplicación de la normativa aplicable al caso, puesto que, en lugar de ordenar la reparación del medio ambiente o de uno o más de sus componentes a una “calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado”, los sentenciadores limitan su campo de acción recurriendo a un elemento de juicio ajeno a esta materia, que no se refiere a la reparación del daño causado sino que, por el contrario, descansa sobre la consideración de antecedentes vinculados con los intereses de los propios infractores, en desmedro de la debida restauración del medio ambiente.

Al respecto cabe consignar que la eventual afectación de comunidades humanas en el sector, como consecuencia de la eliminación de los sistemas de disposición de aguas servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, a que se refiere la petición Nº 2 de la demanda, no corresponde a un criterio orientado a la reposición del “medio ambiente a una calidad similar o equivalente a la que se tenía con anterioridad al daño”, sino que parece atender más bien a factores de otra índole, relacionados más estrechamente con la evaluación de los impactos ambientales de una actividad que aún no ha pasado de la etapa de proyecto, esto es, vinculados con la ponderación de los efectos que un proyecto, iniciado conforme a la legislación vigente, podría causar, eventualmente y en lo futuro, al medio ambiente.

Como se advierte dichos argumentos son propios de la actividad preventiva del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, adscripción que permite descartar la corrección de su uso en una materia que se vincula con una etapa por completo distinta y alejada de aquella, en cuanto en la especie se trata de reparar un daño que ya ha sido causado, y no sólo previsto como parte de un ejercicio de evaluación destinado a determinar si un determinado proyecto es viable desde la perspectiva medio ambiental.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a su vez, el artículo 3 de la Ley Nº 19.300 dispone sobre este particular que: “Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley” y el inciso 1º del artículo 51 prescribe que todo “el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley”, en tanto que la reparación del medio ambiente es definida en la letra s) del artículo 2 de la misma ley como la reposición del “medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”.

De dichas disposiciones se desprende que los parámetros fijados por el legislador para determinar lo que debe entenderse por reparación del medio ambiente, así como para establecer los límites y contenido de dicha obligación, atienden exclusivamente a las características, naturaleza y extensión del daño causado y a la factibilidad de las medidas propuestas. En consecuencia, al determinar las acciones concretas que han de permitir reparar el medio ambiente los sentenciadores sólo han de tener en consideración aquellos elementos de juicio que señalan los artículos 2, letra s), y 3 de la Ley Nº 19.300, sin que les esté permitido fundar su decisión en la concurrencia de circunstancias extrañas a dichas consideraciones, como el eventual perjuicio que se podría causar a comunidades humanas asentadas en el lugar, máxime si, como quedó establecido en el razonamiento vigésimo cuarto del fallo que se revisa, se comprobó “la existencia de viviendas construidas en una zona que goza de un estatuto especial de protección al tratarse de un Área de Preservación Ecológica, donde no podía existir urbanización, no obstante se procedió a una subdivisión ilegal, efectuando una serie de obras civiles que provocaron daño ambiental y, además, sobre la cota mil, infringiendo de tal forma normas sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas en la Ley Nº 19.300 y en otras disposiciones legales o reglamentarias”.

En efecto, la determinación de las medidas a cuya ejecución serán condenados los demandados para reparar el medio ambiente debe atender a los criterios reseñados y, en particular, a la viabilidad de su realización, de manera que, tal como lo ha sostenido esta Corte, “el artículo tercero tantas veces mencionado, coloca al causante del daño en la obligación de repararlo materialmente, y agrega, si ello fuere posible¿, desde luego, y contrariamente a lo que sostienen los jueces del mérito, se refiere justamente a la imposibilidad de efectuar la reparación material del daño, atendida la naturaleza y entidad de éste, pero en ningún caso a situaciones ajenas, como si el demandado es dueño o no de la propiedad donde éste se cometió” (Fundamento décimo cuarto de la sentencia de 26 de octubre de 2006, dictada en los autos rol Nº 489-2005). (…)

VIGÉSIMO OCTAVO: Que por lo razonado se debe concluir que los sentenciadores incurrieron en error de derecho en la aplicación de las reglas de la sana crítica, modo de apreciación de la prueba establecido en el artículo único de la Ley Nº 20.473, desde que, en lugar de valorar el mérito de convicción de la prueba aparejada conforme a ese canon, realizaron dicha labor alejándose de sus preceptos, motivo por el que arribaron a conclusiones infundadas e, incluso, contradictorias con el mérito que surge de las mismas. En efecto, de las probanzas referidas más arriba se desprende que no sólo no se encuentra acreditado que la adopción, cuando menos, de la medida del numeral 2) del petitorio de la demanda habría de producir perjuicios aun mayores que los que se busca evitar con la acción de autos, sino que, por la inversa, las probanzas rendidas comprueban la necesidad de adoptar acciones concretas respecto de la eventual contaminación de las aguas subterráneas presentes en el sector a través de acciones con las que se tienda a la supresión de los sistemas de disposición de aguas servidas que digan relación con pozos negros o que supongan la eliminación de los desechos a las napas subterráneas.

Dicho error ha conducido, además, a la contravención de las normas llamadas a decidir la litis, contenidas en los artículos 2 letra s), 3 y 51 inciso 1º de la Ley Nº 19.300, toda vez que, como consecuencia del mismo, se ha liberado a los demandados, sin que exista fundamento alguno para ello, de su obligación de reparar cabalmente el medio ambiente que dañaron con su proceder en cuanto se refiere a la contaminación de las aguas subterráneas, máxime si dicha reparación es materialmente posible mediante la medida mencionada en el Nº 2 del petitorio de la demanda.