Por Ian Henríquez Herrera

“O el asilo contra la opresión …”. Este verso de Vera y Pintado, que forma parte de nuestro himno nacional, emblema al que todo chileno debe respeto, cobra hoy día singular y dramático sentido de urgencia. Conocido el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en la hermana Venezuela, y conocida, asimismo, la crisis humanitaria y migratoria en la frontera norte de nuestro país, no puede ninguno quedarse indiferente, so pena de vivir en una brutal o cínica indolencia. Y el juicio de la historia será implacable.

Señala el referido informe en sus conclusiones:

“75. El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales.

  1. Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.
  2. Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.
  3. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.
  4. Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno. Se necesita más investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a la represión de los pueblos indígenas y las violaciones a sus derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos.
  5. El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.

Pedro Lira comenzaba del siguiente modo su libro sobre don Andrés Bello: “En la segunda mitad del siglo XVIII Caracas vio nacer a tres de los grandes hombres representativos de América, para emplear la insustituible expresión emersoniana: A Miranda, el Precursor [..], a Bolívar, el Libertador, y a Bello, el Educador”.

¡Cuánto le debemos a Venezuela! Qué oportunidad nos ha brindado esta trágica coyuntura para devolver una mano con gesto fraterno y agradecido.

Para los juristas, la interpelación es clara: si hacemos primar cuestiones administrativas –a veces farragosas y alambicadas– por sobre las consideraciones humanitarias, significaría que hemos perdido todo sentido de jerarquía y orden de las cosas, y toda autoridad para usar siquiera la palabra “Derecho”.

Esta es una de las situaciones que clama por la elocuencia de un Émile Zola o de un Pablo Neruda, que con pluma incontestable pudieren decir nuevamente: “Yo acuso”. Aunque ahora el acusado seamos todos nosotros. Un Chile que no es capaz de cumplir su promesa de ser asilo contra la opresión, se desdibuja, se desvaría, se empequeñece como nación.

Escuchemos el clamor del Papa Francisco: “No se trata sólo de migrantes”, “¡Son personas, no se trata sólo de cuestiones sociales o migratorias!. En efecto, se trata, finalmente de nosotros mismos. Se trata de nuestra propia gratitud, de nuestro sentido de justicia, de nuestra propia conmiseración y humanidad. El que espera en la frontera no es otro, soy yo mismo.