1. Corte Suprema. Fecha en que se toma conocimiento del daño determina el momento en que se reúnen todos los elementos que exige la configuración del ilícito civil. Noción de perpetración del acto del artículo 2332 del Código Civil, no sólo comprende la ejecución de la acción sino también su efecto dañoso en la víctima. Cómputo del plazo de prescripción extintiva desde que la acción está disponible para la víctima.

2. Corte Suprema. Cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha en que se consumó el hecho generador del daño. Procedimiento penal no interrumpe la acción civil. No es menester la existencia de una sentencia penal condenatoria para deducir la demanda civil.

3. Corte Suprema. El daño es el elemento que determina el momento en que se consuma la perpetración del delito o cuasidelito civil y nace la obligación indemnizatoria. Cómputo del plazo de prescripción desde resolución que acoge incidente y declara la nulidad de escritura pública de adjudicación.


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1. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Fecha en que se toma conocimiento del daño determina el momento en que se reúnen todos los elementos que exige la configuración del ilícito civil. Noción de perpetración del acto del artículo 2332 del Código Civil, no sólo comprende la ejecución de la acción sino también su efecto dañoso en la víctima. Cómputo del plazo de prescripción extintiva desde que la acción está disponible para la víctima.

Fecha: 20/03/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/1521/2019

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Hechos:

El hospital demandado interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual acogía parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio interpuesta a su respecto. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes:

SEXTO: Que, tal como ha sostenido esta Corte, entre otras, en las sentencias Roles 8.106 de veintiuno de marzo de dos mil dieciséis y 22.878-2018 de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la responsabilidad civil supone como requisito fundamental la concurrencia del daño ocasionado por el hecho del que se pretende hacer responsable al demandado. En tales condiciones, puede argüirse que el daño, y en particular la fecha en que se toma conocimiento del mismo, será siempre el elemento que determinará el momento en que se reúnan todos los elementos que exige la configuración del ilícito civil, haciendo nacer la obligación indemnizatoria y, por consiguiente, deberá exigirse la existencia del perjuicio para comenzar el cómputo de esta prescripción, puesto que sólo con el daño se completa el hecho ilícito. Debe inferirse entonces que la noción de “perpetración del acto” a que alude el artículo 2332 del Código Civil, no sólo comprende la ejecución de la acción sino también su efecto dañoso en la víctima.

SÉPTIMO: Que, en efecto, la prescripción extintiva sólo puede correr desde que la acción está disponible para la víctima, vale decir, desde el día en que ésta ha podido entablar su demanda, pues carece de sentido que la acción se extinga por la prescripción antes que se hayan dado las condiciones para su ejercicio. Por ello, si la víctima, por circunstancias que no sean atribuibles a su descuido, no ha podido tener conocimiento del hecho y, en consecuencia, no ha podido ejercer la acción, no hay razón para admitir que el plazo de prescripción igualmente ha comenzado a correr en su contra. Si sólo puede haber delito o cuasidelito civil cuando la acción u omisión ha generado un daño y no antes; el perjuicio debe ser evidente para la víctima, pues de lo contrario, la acción procesal se encontraría extinguida sin que se hubiese podido hacerse valer.

OCTAVO: Que, en la especie, sólo con la determinación a través del procedimiento clínico de ecotomografía llevado a cabo en la cavidad abdominal del actor el dieciséis de octubre de dos mil catorce, éste se impuso de la potencial causa del malestar que sufría en la parte inferior de su abdomen, que luego fue confirmada por el procedimiento de laparotomía exploradora que permitió la extracción de un cuerpo extraño que mantenía alojado en la fosa ilíaca derecha el veintiséis de enero de dos mil quince.

Lo anterior conlleva a asumir que, cuando menos, desde el dieciséis de octubre de dos mil catorce, el demandante ha podido ejercer las acciones tendientes a obtener la reparación del daño que sufrió, pues a partir de esa fecha puede entenderse que los perjuicios causados provinieron de una falta de servicio de los organismos del Estado en materia sanitaria y, por tanto, eran reclamables. También ha podido iniciarse el computo de la prescripción de la acción a contar de la confirmación y comunicación al actor del procedimiento exploratorio llevado a cabo el veintiséis de enero de dos mil quince pues sólo a partir de tales hechos se pudo tener conocimiento cierto de la causa de la dolencia que le afectaba.

De lo expuesto fluye, por ende, que los sentenciadores no yerran al no considerar prescrita la acción civil entablada en estos autos.


2. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Indemnización de perjuicios por actos vejatorios de parte de personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Plazo de la acción de indemnización de perjuicios es de cuatro años. Cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha en que se consumó el hecho generador del daño. Procedimiento penal no interrumpe la acción civil. No es menester la existencia de una sentencia penal condenatoria para deducir la demanda civil.

Fecha: 19/04/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/1803/2018

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Hechos:

El Fisco interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual rechazaba la excepción de prescripción y acogía la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en su contra. La Corte Suprema acoge, con voto disidente, el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo, acogiendo la excepción de prescripción opuesta.

Considerandos relevantes:

NOVENO: Que al tratarse la acción impetrada de una de responsabilidad extracontractual, la regla general en materia de prescripción corresponde a la contenida en el artículo 2332 del Código Civil, el cual textualmente señala que “Las acciones que contempla este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”, precepto que regula la prescripción extintiva de corto tiempo que afecta a las acciones fundadas en este tipo de pretensiones, estableciendo que su cómputo arranca a partir de la realización del hecho generador del daño, que conforme dispone el artículo 2524 del cuerpo legal en comento, corre contra toda persona.

DÉCIMO: Que, sobre este tópico, tanto la doctrina y jurisprudencia uniforme de esta Corte se encuentran contestes en el sentido de aseverar que no existe duda respecto a que el cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha exacta en que se consumó el hecho generador del daño, no antes ni después. En efecto, nuestro legislador, a fin de evitar dudas, es intencionadamente claro en la redacción de la norma pertinente, siendo únicamente posible entender de su tenor literal, que la acción en referencia prescribe en cuatro años contados desde el día en que se cometió el ilícito y no desde la data en que se produjo el daño, ni desde que concurra sentencia penal condenatoria, como pretenden los jueces impugnados; de otro modo, se tuerce la clara intención de la ley plasmada en la redacción de la norma.

Pues bien, sostener lo contrario o alguna postura distinta, conllevaría eventualmente a la conclusión de que el cómputo del plazo de prescripción, en algunos casos, debería iniciarse desde una fecha diferente a la del nacimiento del derecho, o a aseverar que toda acción de responsabilidad extracontractual necesariamente requeriría para su interposición, el antecedente de una sentencia penal condenatoria, yerros irredimibles desde la perspectiva de nuestra institucionalidad jurídica que distingue entre la responsabilidad civil y la penal, áreas independientes y autónomas. (…)

DECIMOSEXTO: Que, para los efectos de determinar la prescripción extintiva de dichas acciones, se aplica la regla general del artículo 2332 del Código Civil, la que no es alterada por el Código Procesal Penal, salvo que incorpora ciertas reglas en relación a su interrupción.

Al respecto, debe recordarse que el artículo 2518 del Código de Bello explica que el plazo de prescripción extintiva puede interrumpirse, ya sea natural o civilmente, verificándose, la primera, por concurrir reconocimiento de la deuda de modo expreso o tácito, por acto del deudor, y la civil, por la demanda judicial.

Pues bien, el artículo 61 del Código Procesal Penal, a propósito de la posibilidad de preparar la demanda civil en el procedimiento penal, establece en su último inciso, que las actividades destinadas a dicho objeto interrumpen la prescripción en la medida que la acción sea presentada dentro de la oportunidad que ordena la ley, cuestión que no se acreditó en autos, por lo que no intervino ninguna clase de interrupción en dicho trámite, ni tampoco pudo haber concurrido en la especie, disposición que por otro lado tampoco es aplicable en la especie, al haberse tramitado la acción penal conforme el rito simplificado, pues como lo ordena el inciso segundo del artículo 393 del cuerpo legal citado, se excluye toda posibilidad de deducir demandas civiles indemnizatorias como la de autos, en el contexto de su tramitación.

DECIMOSÉPTIMO: Que, además y como se observa de su simple lectura, dichas normas carecen de cualquier sustento gramatical, sistemático o de contexto, que permita interpretar que el procedimiento penal interrumpe la acción civil condicionando el inicio del cómputo del plazo de prescripción a la dictación de una sentencia condenatoria, como erradamente concluyen los sentenciadores de la instancia.

Pues, como se viene afirmando, la pretensión civil de naturaleza indemnizatoria que proviene de un ilícito penal tramitada en rito penal simplificado sólo puede deducirse ante el juez con competencia civil ordinaria correspondiente a las reglas generales, y debido a la autonomía e independencia de las acciones civiles y penales que derivan de un mismo hecho, la interrupción de las primeras se verifica en la medida que intervenga demanda judicial, la que en la especie sólo se dedujo ya transcurrido el plazo de prescripción contado desde la perpetración del acto, por lo que se extinguió.

DECIMOCTAVO: Que, en efecto y siguiendo el hilo conductor de lo planteado, no es menester la existencia de una sentencia penal condenatoria para deducir la respectiva demanda civil, desde que la ley no exige tal decisión como presupuesto de la acción de responsabilidad extracontractual.

De este modo, las posibilidades que nuestro sistema jurídico otorga para ello, no dependen de la existencia de una determinada decisión en otra sede, pues las actoras pudieron accionar sin ella dentro del término de los cuatro años contados de la manera ya expresada, deduciendo la pertinente demanda civil en juicio ordinario, y acreditar en dicha sede los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, o utilizar la herramienta que otorga el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, solicitando la suspensión de la causa civil, mientras se obtiene la sentencia penal, o derechamente con ella, demandar en juicio sumario conforme al artículo 680 Nº 10 del estatuto adjetivo en referencia, pero dentro de los 4 años que refiere el 2332 del Código Civil. La sentencia impugnada, al decidir de ese modo, infringió los artículos 59, 61 y 393 del Código Procesal Penal, y las reglas de interpretación de la ley contenidas en los artículos 19 y 22 del Código Civil.


3. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. El daño es el elemento que determina el momento en que se consuma la perpetración del delito o cuasidelito civil y nace la obligación indemnizatoria. Cómputo del plazo de prescripción desde resolución que acoge incidente y declara la nulidad de escritura pública de adjudicación. Excepción de prescripción, rechazada.

Fecha: 04/01/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/37/2018

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Hechos:

El Fisco interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual rechazaba la excepción de prescripción y acogía la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes:

NOVENO: Que, asentado lo anterior, el cuestionamiento principal de la recurrente dice relación con la fecha de inicio en el cómputo del señalado plazo. Los sentenciadores estimaron que éste comenzaba a correr con la resolución judicial de 22 de diciembre de 2011, que acogió parcialmente el incidente de nulidad promovido por los ocupantes del inmueble subastado, anulando únicamente la escritura pública de adjudicación y ordenando individualizar correctamente por su rol de avalúo el inmueble subastado. La demandada acude, en cambio, a diversas fechas anteriores a la mencionada, que le permitirían tener por prescrita la acción incoada y que corresponden al error cometido por la sucesión con fecha 25 de octubre de 2004, al indicar erróneamente en el formulario de posesión efectiva el rol de avalúo de propiedad de la sucesión, o el 8 de septiembre de 2005, que es una consecuencia del error anterior, y que provoca que el Servicio de Impuestos Internos registre erróneamente el inmueble, el 30 de enero de 2007, que corresponde al inicio de la cobranza administrativa iniciada por la tesorería del impuesto territorial adeudado, 27 de octubre de 2009, fecha de adjudicación en remate del inmueble a la actora o el 28 de octubre de 2009, fecha de suscripción de la escritura de adjudicación del inmueble subastado, fechas que evidencian, en concepto del recurrente, que el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria deducida debe computarse a partir de la fecha en que incurrió en la supuesta omisión o error por parte de la demandada y, por lo tanto, que el plazo extintivo ya había comenzado a correr, antes de la fecha que indica la sentencia recurrida.

Sobre el punto, la doctrina ha indicado que “La responsabilidad civil tiene como requisito fundamental el daño producido por el hecho del cual se pretende hacer responsable al demandado. En circunstancias que el perjuicio sólo puede ser contemporáneo o posterior (y nunca anterior) al hecho que lo provoca, el daño es siempre el elemento que determina el momento en que se consuma la perpetración del delito o cuasidelito civil y nace la obligación indemnizatoria. En efecto, si el daño es contemporáneo al hecho que genera la responsabilidad, concurren simultáneamente todos los elementos que la condicionan; si es posterior, sólo desde entonces habrá lugar a la acción indemnizatoria, porque la sola ilicitud de la conducta no da lugar a la responsabilidad civil” (Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, página 923).

DÉCIMO: Que, a la luz de lo anterior, corresponde tener presente que el hecho dañoso denunciado a través de la demanda es la omisión de la demandada de las actuaciones que eran necesarias para que el juicio de cobro de tributos se realizara conforme a derecho, adjudicando en este caso el inmueble embargado al demandante de autos confiriéndosele a éste todas las facultades sobre el inmueble transferido, consecuencia que no se produce, precisamente por incumplimiento de la demandada de las obligaciones que le imponía el ordenamiento jurídico, en particular a lo dispuesto por el artículo 177 inciso 3º del Código Tributario, que estatuye que “El Tesorero Regional o Provincial en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, dictará las resoluciones que procedan para corregir los errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro, tales como duplicidad o modificación posterior de boletines u órdenes de ingreso que le sirven de fundamento”.

De esta forma, no puede desconocerse que en el caso de autos, tal como se estableció precedentemente, la demandada no realizó ninguna de las acciones que eran necesarias para corregir los errores en la tramitación del proceso ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias por ella incoado, sino que por el contrario, pese a existir una oposición expresa de los actuales ocupantes del inmueble subastado a su desalojo, acompañando los antecedentes que demostraban el error en la individualización, la demandada se opone al incidente de nulidad de remate promovido, sin haber informado previamente al tribunal el error que afectaba la adjudicación, sin dar cuenta de la inexistencia de datos relativos a la inscripción del inmueble, circunstancia que finalmente determinó que a la demandante se le restituyera el dinero consignado, impidiéndole tomar posesión del bien rematado.

En consecuencia, la consumación del daño causado al demandante tiene lugar solamente una vez que el tribunal, con el mérito de los antecedentes acompañados, determina inexorablemente la existencia del error en la individualización del inmueble subastado, acogiendo el incidente y declarando la nulidad de la escritura pública de adjudicación. En otras palabras, únicamente con esa resolución se materializa la existencia del daño.

De acuerdo a lo antes razonado, cabe concluir que el término de prescripción debe contarse desde el 22 de diciembre de 2012, fecha de la resolución judicial que acogió parcialmente el incidente de nulidad promovido por la sucesión, anulando la escritura pública de adjudicación del inmueble subastado y, habiéndose notificado la demanda el 2 de diciembre de 2015, no había transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, tal como viene resuelto.