1. Corte Suprema. Improcedencia de comunicación como morosa de una deuda que ha sido oportunamente pagada. Vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

2. Corte Suprema. Improcedencia de exigir agotar la vía administrativa antes de requerir el amparo al órgano jurisdiccional. Finalidad del recurso de amparo económico. Recurso de amparo económico no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. Gobierno Regional financia implementación de un servicio municipal. Vulneración del derecho a desarrollar una actividad empresarial.

3. Corte Suprema. Recurso de amparo económico. Mantención de vehículo en taller mecánico del recurrente en uso de las potestades de indagación aduanera del Servicio Nacional de Aduanas. Limitación del ejercicio de la actividad comercial del recurrente al ocupar el vehículo parte importante del espacio que destinaba a la ejecución de su actividad económica.


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1. Corte Suprema.

Recurso de amparo económico. Improcedencia de comunicación como morosa de una deuda que ha sido oportunamente pagada. Vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica lícita.

Fecha: 28/02/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/1089/2019

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Hechos:

El amparado se alza en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar a su recurso de amparo económico, el que dedujo respecto de una empresa de servicios financieros y la información proporcionada a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras acerca de una supuesta deuda morosa. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado, con voto de disidencia, y hace lugar a la acción constitucional impetrada.

Considerandos relevantes:

SEXTO: Que el mérito de los antecedentes descritos en el fundamento que antecede permite concluir que la recurrente desempeña, efectivamente, una actividad económica por intermedio de la citada sociedad (…).

Asimismo, y como resulta evidente, la inclusión en el Informe de deudas emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de una deuda morosa a nombre de la actora, como consecuencia de los antecedentes entregados por el recurrido, supone para aquélla la imposibilidad o, al menos, un obstáculo considerable, para acceder al crédito, pues, en esas condiciones, las instituciones que integran el sistema financiero difícilmente le prestarán dinero.

La indicada consecuencia es particularmente reprochable si se considera que la actora ha mantenido negociaciones con sus acreedores a fin de solucionar sus obligaciones, constando en autos que la única deuda informada como morosa a su respecto se encuentra, en realidad, sujeta a un convenio de pago que ha sido cumplido debidamente.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y a diferencia de lo razonado por la Corte de Apelaciones, la conducta impugnada en autos no resulta ser inocua desde el punto de vista de la actividad de la actora, pues la comunicación como morosa de una deuda que ha sido oportunamente pagada por ésta dificulta que pueda desarrollar su actividad económica, en tanto le veda o, cuando menos, dificulta considerablemente, la posibilidad de obtener los recursos financieros imprescindibles para llevarla adelante.

OCTAVO: Que, por consiguiente, forzoso es concluir que la tantas veces citada comunicación hecha por el recurrido a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras afecta el derecho de la actora a desarrollar su actividad empresarial, con lo que se vulnera la garantía reconocida en el artículo 19 Nº 21 inciso 1º de la Constitución Política.


2. Corte Suprema.

Recurso de amparo económico. Improcedencia de exigir agotar la vía administrativa antes de requerir el amparo al órgano jurisdiccional. Finalidad del recurso de amparo económico. Recurso de amparo económico no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. Gobierno Regional financia implementación de un servicio municipal. Vulneración del derecho a desarrollar una actividad empresarial.

Fecha: 24/10/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/6042/2018

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Hechos:

El recurrente se alza en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar al recurso de amparo económico interpuesto respecto del Gobierno Regional y el financiamiento realizado para la implementación de un servicio municipal. La Corte Suprema revoca, con voto disidente, la resolución impugnada y hace lugar a la acción de amparo económico deducida.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que como se ha señalado, la Corte de Apelaciones de Temuco estimó que existiendo una vía especial para reclamar del acto que es materia del presente recurso, correspondía seguir aquella y no la presente para la reparación del agravio que sustenta la recurrente.

El reclamo al que se refiere la Corte de Apelaciones es aquel consagrado en el artículo 108 de la Ley Nº 19.175, en que se dispone: “Las resoluciones o acuerdos ilegales de los gobiernos regionales serán reclamables en conformidad a las reglas siguientes: a) Cualquier particular podrá reclamar ante el gobernador regional contra las resoluciones o acuerdos que estime ilegales, cuando éstos afecten el interés general de la región o de sus habitantes. (…) b) El mismo reclamo podrán entablar ante el gobernador regional los particulares agraviados, en los casos y dentro del plazo señalado en la letra a) precedente, evento en el cual el plazo se computará desde que el afectado fue notificado de la resolución o del acuerdo (…)”.

En definitiva, la Ley Nº 19.175 establece un recurso de naturaleza administrativa.

A este respecto, conviene recordar que de conformidad al artículo 54 de la Ley Nº 19.880, nuestro legislador, por regla general, no establece a los administrados el deber de agotar previamente la vía administrativa antes de recurrir a la vía jurisdiccional.

Pues bien, en el presente caso, sin que exista norma especial alguna que fuerce el agotamiento de la vía administrativa antes de requerir el amparo al órgano jurisdiccional, aparece que los jueces de primera instancia han errado en su razonamiento, pudiendo ser entablada la presente acción constitucional con prescindencia al ejercicio de recursos administrativos previos.

Dado lo anterior, es que para la debida decisión de este asunto, habrá que ingresar al fondo del mismo, sin que pueda ser desechado por aspectos formales.

SEXTO: Que el recurso o acción de amparo económico, el cual se encuentra regulado en el artículo único de la Ley Nº 18.971, tiene por finalidad que un tribunal de justicia compruebe la existencia de la infracción denunciada a la garantía constitucional del número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, precepto que presenta dos aspectos. El primero, consistente en el “derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”; y el segundo, conforme al inciso 2º de esa norma, que el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza, inciso que, también, dispone que tales actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares.

Tal como ha señalado esta Corte es evidente que el legislador, al establecer el amparo económico en el artículo único de la Ley Nº 18.971, no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. En efecto, esta garantía constitucional a la que se le ha llamado de libre iniciativa o de libertad de empresa es de contenido vasto, puesto que comprende la libre iniciativa y la prosecución indefinida de cualquier actividad económica, sea productiva, comercial, de intercambio o de servicios, señalando la doctrina que si la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica, personalmente o en sociedad, organizadas en empresas, en cooperativas o en cualquier otra forma de asociación lícita, con el único requisito de respetar las normas que regulan la respectiva actividad. “La obligación de no atentar en contra de la garantía no sólo se extiende al legislador, al Estado y a toda autoridad, sino también a otros particulares que actúan en el ámbito de la economía nacional. Una persona, natural o jurídica, que desarrolla una actividad económica dentro de la ley, sólo puede salir de ella voluntariamente o por ineficiencia empresarial que la lleva al cierre o a la quiebra. Pero es contraria a esta libertad, y la vulnera, el empleo por otros empresarios de arbitrios, como pactos, acuerdos, acciones y toda clase de operaciones que tengan por objeto o den o puedan dar como resultado dejar al margen de la vida de los negocios a quien esté cumpliendo legalmente una tarea en la economía del país” (Enrique Evans de la Cuadra, Los Derechos Constitucionales¿ Tomo II, pág. 318).” (Corte Suprema, Rol Nº 34.390 2016).

SÉPTIMO: Que, de este modo, lo que se debe analizar es si efectivamente mediante los actos impugnados se produce una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, en los hechos, el financiamiento aprobado por el Gobierno Regional de La Araucanía permitirá la construcción de una Estación de Transferencia de residuos domiciliarios en la comuna de Lautaro, lo anterior importa el desarrollo de obras que atienden a la prestación del mismo servicio que el desarrollado por el recurrente, en el mismo mercado en el cual él se desempeña.

Por tanto, a diferencia de lo razonado por la Corte de Apelaciones, dicha conducta no resoluta ser inocua desde el punto de vista de la actividad del Estado en relación a la garantía que se invoca como conculcada, pues, desde luego, la construcción de una Estación de Transferencia de residuos domiciliarios tiene por objeto que ingrese al mercado un nuevo actor que pretenderá satisfacer la misma demanda que el recurrente.

A este respecto, se debe destacar lo que subyace al artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política. En este sentido, la doctrina ha señalado: “Claramente, existe ahí una manifestación constitucional de prioridad del sector privado como agente empresarial configurándose así, en la práctica, la política de mercado. En consecuencia y correlativamente, aparece la subsidiariedad del Estado, es decir, su carácter supletorio de la actividad empresarial privada.” (Cea, José Luis, “Derecho Constitucional Chileno”, Tomo II, Ediciones Universidad Católica, 2003, página 486). (…)

En el presente caso, el Gobierno Regional ha procedido a fomentar el desarrollo de una actividad económica, financiando la implementación de un servicio municipal, actualmente ejecutado por un particular, cuestión que lo perjudica atendido a que los costos de puesta en marcha de la actividad son cubiertos por medio de recursos públicos, siendo que el particular debió solventarlos con fondos propios, quedando en pie de desigualdad para competir con el tercero que eventualmente explote dicho establecimiento de transferencia.

OCTAVO: Que, por las razones expuestas, el financiamiento de la construcción de la Estación de Transferencia dispuesta por el Gobierno Regional de La Araucanía, importa la afectación del desarrollo de la actividad empresarial de la recurrente vulnerando la garantía reconocida en el artículo 19 Nº 21 inciso 1º de la Constitución Política.


3. Corte Suprema.

Recurso de amparo económico. Mantención de vehículo en taller mecánico del recurrente en uso de las potestades de indagación aduanera del Servicio Nacional de Aduanas. Limitación del ejercicio de la actividad comercial del recurrente al ocupar el vehículo parte importante del espacio que destinaba a la ejecución de su actividad económica. Vulneración al derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Fecha: 27/09/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/5337/2018

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Hechos:

El Servicio Nacional de Aduanas se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que acogió el recurso de amparo económico interpuesto en su contra y ordenó retirar del taller mecánico del actor, a costa del Servicio recurrido, el camión que había sido ingresado para un escáner de identificación en un procedimiento de incautación aduanero. La Corte Suprema rechaza el recurso de apelación deducido y confirma la resolución impugnada.

Considerandos relevantes:

NOVENO: Que la recurrida señaló en su informe que la circunstancia de permanecer el vehículo en el taller del recurrente obedecía a un contrato entre privados, cuyos efectos y obligaciones se regulan por el derecho común, no cabiéndole al Servicio de Aduanas participación alguna en la elección del servicio que el propietario haya hecho del taller del recurrente.

No obstante tal afirmación, los antecedentes consignados en la causa denotan que el Servicio Nacional de Aduanas desarrolló un procedimiento de incautación del tracto camión, en cuya ejecución determinó su traslado para la inspección del número de motor y chasis al taller del recurrente con un carácter provisional, disponiendo la imposibilidad de movimientos sin la autorización correspondiente, como se advierte del Acta de Fiscalización de 29 de diciembre de 2017; todo lo cual se extiende hasta la actualidad, sin adoptar otra medida respecto del móvil.

DÉCIMO: Que, de esta forma, el Servicio Nacional de Aduanas, al disponer la mantención del vehículo en el taller en uso de sus potestades de indagación aduanera, sin ordenar el retiro del mismo del lugar una vez cumplida la diligencia dispuesta o fallida ésta, limita, sin causa legal, el ejercicio de la actividad comercial del recurrente, quien se ha visto impedido de disponer de una parte importante del espacio que naturalmente destinaba a la ejecución de su actividad económica.

La actuación de la recurrida se torna, por tanto, arbitraria, al no disponer el traslado del vehículo a lugares de su dependencia y no continuar el procedimiento incoado a propósito de la internación del tracto camión conculcando con ello la garantía constitucional del artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política que ampara la actividad económica del recurrente, afectada por un procedimiento aduanero en curso en el que no tiene la calidad de interesado o parte.