1. Corte de Apelaciones de Santiago. Exclusión de prueba por parte del tribunal a quo. Supresión de prueba que sustenta teoría del caso del demandado incompatible con la de la actora. Vulneración del derecho a la defensa.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Vulneración del debido proceso. No contestar la demanda no conlleva que no existan hechos sustanciales, pertinentes ni controvertidos. Improcedencia de tener por tácitamente admitido los hechos de la demanda por no haber sido ésta contestada.

3. Corte de Apelaciones de San Miguel. Principio de bilateralidad de la audiencia. Incomparecencia de abogado originada en una enfermedad intempestiva. Carga procesal de delegar poder puede implicar afectación a la autonomía en la definición de la estrategia procesal de la parte. Antecedentes acompañados por abogado permiten acreditar la fuerza mayor invocada para no asistir a audiencia. Vulneración a la garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Cobro de prestaciones laborales. Exclusión de prueba por parte del tribunal a quo. Supresión de prueba que sustenta teoría del caso del demandado incompatible con la de la actora. Vulneración del derecho a la defensa.

Fecha: 06/03/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/1259/2019

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Hechos:

La demandada interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que acogió la demanda declarando la existencia de una relación laboral entre las partes y cobro de prestaciones laborales. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de nulidad interpuesto, retrotrayendo la causa al estado de celebrar una nueva audiencia preparatoria.

Considerandos relevantes:

OCTAVO: Que, es un asunto pacífico en la doctrina y la jurisprudencia que el derecho de defensa es una garantía básica del racional y justo procedimiento, el cual, a su vez, está protegido por el artículo 19 Nº 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República. El elemento básico de la garantía de la defensa procesal es que los que tengan un interés legítimo en el fallo, por la razón de que se verán afectados por la resolución que se adopte, podrán intervenir para influir en la formación de la decisión del juicio de la causa en particular. Las ideas de posibilidad de intervención e influencia hacen girar toda la amplia estructura del derecho de defensa. De esta forma, implican directamente los medios de defensa, los cuales se traducen necesariamente en dos variantes: una, los actos y remedios procesales, que son las vías concretas que los sujetos utilizarán e invocarán para defender sus pretensiones y remediar los vicios que puedan acaecer como son los medios de prueba, recursos procesales, incidentes, etc.; y, dos las adecuadas oportunidades.

Justamente, en el caso sub lite se está cuestionando la exclusión de los medios probatorios, los que al constituir parte del derecho de defensa, los tribunales jurisdiccionales deben ser particularmente cuidadosos de no afectar dicho derecho en su esencia.

NOVENO: Que, a juicio de esta Corte, al aplicar de manera tan amplia las limitaciones de prueba en este caso, la resolución de exclusión probatoria ha cercenado indebidamente el ejercicio de un derecho constitucional a la parte demandada, y que tiene potencial influencia en lo dispositivo del fallo, desde que la supresión de dicha prueba que tenía que ver la teoría del caso incompatible con la de la actora, lo que amerita la invalidación el procedimiento, como se señalará.

DÉCIMO: Que, respecto a la causal puesta para el evento de no acogerse de la primera, relativa a infracción del ley con influencia en lo dispositivo del fallo, del artículo 477 del Código del Trabajo, se omitirá pronunciamiento por haber sido acogida la primera causal.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Despido injustificado y cobro de prestaciones. Vulneración del debido proceso. No contestar la demanda no conlleva que no existan hechos sustanciales, pertinentes ni controvertidos. Improcedencia de tener por tácitamente admitido los hechos de la demanda por no haber sido ésta contestada. Improcedencia que juez dicte sentencia en audiencia preparatoria.

Fecha: 04/01/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/69/2019

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Hechos:

El demandado interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia que acogió la demanda sobre despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta en su contra. La Corte de Apelaciones acoge el recurso de nulidad laboral deducido y retrotrae la causa al estado de reanudar la audiencia preparatoria para que juez no inhabilitado dicte interlocutoria de prueba.

Considerandos relevantes:

TERCERO: El principio de la bilateralidad de la audiencia, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a un procedimiento que permita a las partes la rendición de prueba, esto es, la posibilidad de valerse de los medios probatorios reconocidos por la ley. Consiste en la exigencia institucional de conferirle a las partes un marco igualitario e iguales oportunidades para la defensa de sus intereses dentro del juicio legalmente tramitado, lo que significa, igualdad de oportunidades, buscando que no exista en el juicio una parte privilegiada y otra que manifiestamente desventajosa.

CUARTO: De conformidad con lo expuesto por la parte demandada, se infringió la norma constitucional prevista en el artículo 19 Nº 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República, ya que la sentencia dictada no se fundó en un proceso legalmente tramitado, al no recibir la causa a prueba, y no permitir que la parte demandada pudiera ofrecer prueba de acuerdo a los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Además, el tribunal infringió la norma prevista en el artículo 453 inciso 7 del Código del Trabajo, al tener por tácitamente reconocidos los hechos contenidos en la demanda, sabiendo que la parte demandada había contestado la demanda en forma extemporánea y dictó sentencia de inmediato. Teniendo presente que la parte demandada, interpuso el recurso de reposición en contra de esa resolución, el que fue desestimado por el Tribunal.

QUINTO: Por lo expuesto, el recurso de nulidad será acogido, por haber vulneración de normas constitucionales y legales, que han causado un grave perjuicio a la parte demandada e influyen sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, al impedir la rendir prueba a la demandada.

SEXTO: Que claramente el hecho de no contestar la demanda no conlleva que no existan hechos sustanciales, pertinentes ni controvertidos, de manera que el juez no está en situación de poder dictar sentencia en la audiencia preparatoria. Mientras que la facultad que contempla el inciso sexto del numeral 1º del artículo 453 sólo puede ejercerse en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, tal como lo establece la misma norma. En este caso, la secuencia fue alterada, pues de manera anticipada en la audiencia preparatoria el tribunal asumió como tácitamente admitidos los hechos de la demanda por no haber sido ésta contestada, lo que devino en estimar que no existían hechos debatidos y, en consecuencia, dictó sentencia de inmediato.


3. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. Principios formativos del proceso laboral. Principio de bilateralidad de la audiencia. Incomparecencia de abogado originada en una enfermedad intempestiva. Carga procesal de delegar poder puede implicar afectación a la autonomía en la definición de la estrategia procesal de la parte. Concepto de fuerza mayor. Antecedentes acompañados por abogado permiten acreditar la fuerza mayor invocada para no asistir a audiencia. Vulneración a la garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos. Vulneración del derecho a un debido proceso.

Fecha: 08/06/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/2784/2018

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Hechos:

El demandado interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia que acogió la demanda sobre despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. La Corte de Apelaciones acoge el recurso de nulidad interpuesto y, en consecuencia, anula la sentencia impugnada y retrotrae la causa al estado de llevarse a efecto una nueva audiencia preparatoria.

Considerandos relevantes:

OCTAVO: Que para la adecuada resolución del conflicto es necesario recordar que los principios formativos del proceso laboral, conocidos también como los fines de un adecuado y justo procedimiento, se encuentran establecidos los artículos 425 y siguientes del Código del Trabajo, y entre ellos destaca, en especial para el caso sub lite, el principio de bilateralidad de la audiencia.

Este principio, como se sabe, tiene reconocimiento constitucional en el artículo 19 número 3º de nuestra Constitución Política de la República, precepto que consagra la igual protección de la ley en el ejercicio del derecho y el debido proceso legal.

Que en relación a los elementos que integran la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento, nuestra Excma. Corte Suprema ha destacado que “los principios de la audiencia bilateral y la posibilidad de rendir prueba constituyen elementos esenciales del debido proceso legal, cuya ausencia en la especie ha motivado el justificado reproche que el fallo recurrido dirige a la actuación de la entidad pública fiscalizadora” (CS rol Nº 6792 2007). Agregando, en otro fallo, sobre la falta de bilateralidad de la audiencia, que “este principio también denominado contradictorio implica que cada una de las partes del juicio tenga la posibilidad de ser oído en sus alegaciones, audiatur ex altera pars, que significa que nadie puede ser condenado sin habérsele oído. Este principio de carácter procesal efectivamente forma parte de la garantía constitucional del debido proceso, el mismo presupone como se dijo al menos una oportunidad para cada una de las partes de ser escuchada respecto de sus alegaciones o defensas.” (Rol 346 2013). (…)

NOVENO: Que, a este respecto, conviene también recordar que el artículo 432 del Código del Trabajo dispone que “en todo lo no regulado en este Código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento. En tal caso, el tribunal dispondrá la forma en que se practicará la actuación respectiva”.

Que, conforme a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, si durante el término de prueba ex audiencia preparatoria ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la prueba, sea absolutamente, sea respecto de algún lugar determinado, podrá otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de días que haya durado el entorpecimiento en el caso de marras, fijando un nuevo día y hora , entorpecimiento que debe plantearse en el momento de presentarse o dentro de los tres días siguientes, carga procesal que el recurrente cumplió, como aparece del escrito aludido contenido en la carpeta virtual.

DÉCIMO: Que, de este modo, la decisión del tribunal a quo, de no dar lugar al entorpecimiento, requiere ser especialmente justificada y motivada, dado que ella implica una limitación, aunque en ciertos casos legítima, al derecho a la defensa del actor.

Corresponde, entonces, analizar los dos fundamentos de la resolución del tribunal que no dio lugar al entorpecimiento: a saber, lo que denomina la “institución de la delegación de poder”, y la insuficiencia de la fundamentación de la fuerza mayor expuesta por el recurrente.

UNDÉCIMO: Que, si bien es cierto que el recurrente pudo haber delegado poder en otro abogado habilitado para el ejercicio del derecho, lo cierto es que ello debe ser analizado pormenorizadamente en relación al caso concreto y a la luz de los antecedentes del mismo. En el caso de marras, el recurrente, como se da cuenta en la carpeta virtual, era el único abogado patrocinante del demandado, cuestión que por lo demás se había formalizado solo un par de días antes de la audiencia de preparatoria, lo que da cuenta de una relación de confianza entre cliente abogado que debe ser también cautelada por el sistema, más aún cuando como en la especie se acredita con los documentos presentados en el escrito de entorpecimiento la causa de la incomparecencia del abogado se originó en una enfermedad intempestiva, que desde luego le hubiera dificultado delegar poder no formalmente, sino que materialmente, compartiendo adecuadamente el contenido de la estrategia ex parte a otro abogado, que desconoce la litis. En ese contexto, la carga procesal que el magistrado impone al actor la de delegar poder podía implicar una afectación a la autonomía en la definición de la estrategia procesal de la parte, lesionar la efectividad de la representación judicial y el ejercicio de la defensa pretendida.

En ese orden de ideas, no parece adecuada la solución esgrimida por el juez para reparar la incomparecencia del recurrente, a saber, la institución de la delegación de poder, pues ella podrá aplicarse como de hecho se hace en situaciones de normalidad procesal en que no se afecte el principio de igualdad jurídica de las partes, lo que no se da en el caso de marras.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, respecto del segundo argumento, a saber, la falta de justificación de la fuerza mayor, conviene recordar que la doctrina ha definido la fuerza mayor como aquella acción ajena incontrastable que la voluntad no puede superar (Llambias et al, Manual de Derecho Civil, 1997, p. 79), y que es, precisamente, el supuesto que se da en el caso sub lite, tal como lo demuestran la licencia médica como el certificado médico presentados por el recurrente en su oportunidad, además de las gestiones privadas que él mismo realizó el día de la audiencia como las que realizaron terceros, a su nombre, o sea, comunicarse con el tribunal y la contraparte para explicar lo sucedido tan pronto como se tuvo la oportunidad.

Por lo mismo, no se puede compartir con el tribunal a quo la apreciación respecto de que no se encontraba “fundamentada en forma suficiente la fuerza mayor expuesta por la parte demandada”, dado que, con los antecedentes acompañados, tal afirmación debió ser aún más motivada.

DECIMOTERCERO: Que los hechos invocados y acreditados por el recurrente configuran suficientemente el entorpecimiento alegado y su desestimación constituye una vulneración a la garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos, pues se ha traducido en la denegación del derecho a un justo y racional procedimiento, concretizado en la afectación de su derecho a ofrecer y rendir prueba que sustente fácticamente su teoría del caso (en similar sentido véase las sentencias de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, Rol Ingreso Corte Nº 107 2014 y de la Iltma. Corte de Santiago, Rol Ingreso de Corte Nº 103 2016).

Se infringe, con ello el derecho de las partes de un proceso a un debido proceso.