1. Corte Suprema. Recurso de protección. Sucesora de sociedad sostenedora es responsable de obligación insoluta de patentes comerciales que dejó su antecesora. Sucesora de sociedad sostenedora sólo responde de pago de patente municipal morosa, pero no puede ser objeto de clausura.

2. Corte Suprema. Cobro ejecutivo de patente municipal. Excepción de falta de alguno de los requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva, rechazada. Certificado emitido por el secretario municipal es un instrumento idóneo para el cobro de la patente cuyo pago sigue pendiente.

3. Corte Suprema. Cobro ejecutivo de patente municipal. Patente municipal habilita para estar en condiciones de desarrollar las actividades propias del giro, sin que se requiera el ejercicio efectivo de ellas. Que no haya ejercicio efectivo de actividades no exonera del pago de patente municipal.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Sucesora de sociedad sostenedora es responsable de obligación insoluta de patentes comerciales que dejó su antecesora. Sucesora responde únicamente del pago de la patente morosa. Sucesora de sociedad sostenedora sólo responde de pago de patente municipal morosa, pero no puede ser objeto de clausura. Clausura de establecimiento gravado con patente vulnera igualdad ante la ley.

Fecha: 06/09/2018

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Hechos:

Se deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que rechaza el recurso de protección intentado contra Municipalidad. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema revoca el fallo en alzada, dando lugar al recurso de protección.

Considerandos relevantes:

SEGUNDO: Que el artículo 34 del referido decreto ley establece: “El comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier título, de un establecimiento, negocio o giro gravado con contribución de patentes responderá del pago de las patentes morosas que se adeudaren”. A su vez, el inciso primero del artículo 58 del mismo cuerpo legal, dispone: “La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado”.

TERCERO: Que de las disposiciones transcritas se sigue, como primera cuestión, que efectivamente a la corporación recurrente le cabe responsabilidad en la obligación insoluta de patentes comerciales que dejó su antecesora, no en cuanto sujeto gravado con ellas pues no lo es, sino como sucesora de las obligaciones de la cedente de los activos.

CUARTO: Que, por ello, esa responsabilidad no tiene la extensión que la recurrida y la sentencia apelada le atribuyen.

En efecto, el artículo 34 transcrito esclarece que la sucesora responde únicamente del pago de la patente morosa.

En esa dirección cabe resaltar que las obligaciones son, en términos generales, de orden personal, esto es, sólo pueden exigirse de quienes las han contraído. Esto importa, últimamente, una doble garantía de libertad, en su dimensión de autonomía: por un lado, implica la facultad de decidir si obligarse y, por otro, envuelve la seguridad de no ser obligado contra la voluntad.

Dada esa característica de las obligaciones, en principio la norma del artículo 34 referido no puede extenderse a más gravamen que el admitido por su texto.

Por consiguiente, no existiendo antecedentes que hagan plausible extender esa responsabilidad más allá del tenor literal de la disposición, se concluye que la responsabilidad que pesa sobre la sucesora de un establecimiento gravado con patente comercial, se limita únicamente al pago de las patentes morosas que existan, particularmente cuando dicha sucesora es sujeto exento de patente municipal.

QUINTO: Que, enseguida, de esas mismas normas legales se colige que, por su propia naturaleza, la medida de clausura de un negocio por no pago de patente supone, necesariamente, que el establecimiento que será afectado con la misma sea de aquellos que deban contribuir con ese gravamen.

Sobre el particular, toma aquí relevancia lo dispuesto por los artículos 23, inciso primero, y 27 del Decreto Ley 3.063. Con arreglo al primero de ellos: “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley”. De acuerdo con el segundo: “Sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios”.

No habiendo cuestión en torno a que la recurrente queda cubierta por el precepto del artículo 27, cabe poner de relieve que la exención que éste prevé es plenamente consistente con la carga que instaura el artículo 23.

En efecto, dicha carga consiste en una contribución de patente municipal no una patente a solas, y de aquello que son eximidas las corporaciones es, precisamente, del pago de la patente.

SEXTO: Que, de esta forma, la recurrente, en calidad de sucesora de la sociedad sostenedora que originó la morosidad por concepto de patente municipal, sólo responde del pago de esa deuda, y, por ser una corporación, no puede ser objeto de clausura en razón de la respectiva morosidad.

SÉPTIMO: Que la conducta de la recurrida es, entonces, contraria a los preceptos legales analizados, y dispensa un trato discriminatorio a la recurrente, en cuanto la somete a sanciones no previstas para el caso en que se están aplicando, vulnerando la igualdad ante la ley que le asegura el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.


2. Corte Suprema.

Cobro ejecutivo de patente municipal. Excepción de falta de alguno de los requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva, rechazada. Excepción debe sustentarse en situaciones fácticas que se orienten a mermar el valor del título ejecutivo. Certificado emitido por el secretario municipal es un instrumento idóneo para el cobro de la patente cuyo pago sigue pendiente.

Fecha: 30/05/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/2595/2018

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Hechos:

El ejecutado interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual rechazaba las excepciones opuestas, ordenando seguir adelante con la ejecución. La Corte Suprema rechaza los recursos de casación deducidos.

Considerandos relevantes:

DUODÉCIMO: Que atento lo razonado precedentemente, cabe igualmente discernir que son requisitos o presupuestos de existencia de un juicio ejecutivo: la concurrencia de un título ejecutivo donde se contenga la obligación que se procura cumplir, que ella sea líquida, actualmente exigible y, además, que la acción respectiva no se encuentre prescrita.

En lo concerniente a la cuestión sub lite, es dable acotar que la presencia cierta de la exigencia de contar la actora con un título ejecutivo debe ser aquilatada a la luz del artículo 47, inciso primero, de la Ley de Rentas Municipales, el cual otorga mérito ejecutivo a los certificados de deuda emitidos por el secretario municipal para efectos del cobro judicial de patentes, derechos y tasas y, en consecuencia, en este caso concreto resulta indiscutida la existencia del título fundante de la acción ejecutiva, debido a que, con arreglo a lo prevenido en la regla precitada, estamos frente a un certificado de deuda por no pago de patentes municipales suscrito por el secretario municipal del organismo ejecutante, cuyo mérito resulta procedente de ajustarse a los parámetros consignados en el acápite inicial de este raciocinio.

DECIMOTERCERO: Que la ejecutada alega la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título esgrimido goce de fuerza ejecutiva y al respecto esta Corte reiteradamente ha dicho que, para que tal oposición tenga éxito, se ha de construirse sobre situaciones fácticas dirigidas a mermar el valor o las propiedades del título ejecutivo, con el propósito de demostrar ausencia de la fuerza de la que, al menos en un comienzo, aparece dotado, y torna impertinentes las defensas basadas en circunstancias ajenas al instrumento que respalda la acción, con apego al cual se instruyó el procedimiento compulsivo propiamente tal.

“Se opondrá esta excepción cada vez que falte alguno de los requisitos para que proceda la acción ejecutiva, sea porque el título no reúne todas las condiciones establecidas por la ley para que se le considere como ejecutivo, o porque no es actualmente exigible. Esta excepción debe relacionarse, pues, con todos aquellos preceptos legales que consagran exigencias para que un título tenga fuerza ejecutiva. Estos preceptos legales, como se comprenderá, son innumerables, dada la diversidad de títulos ejecutivos que la ley crea, como también la diversidad de condiciones que establece para cada uno de ellos” (Raúl Espinosa Fuentes: ob. cit., págs. 113 y 114).

DECIMOCUARTO: Que por intermedio del arbitrio entablado la recurrente arguye, en lo sustancial, que los sentenciadores incurren en error de derecho al desconocer que el título ejecutivo, o sea, el certificado del Secretario Municipal, no tiene fuerza ejecutiva porque no acredita la deuda, equivocación que, sin embargo, no se configura, merced a que el título hecho valer por la demandante acata los requerimientos específicos previstos en la ley, sin que sean reclamables otras menciones que aquellas pormenorizadas en el artículo 47 del Decreto Ley N° 3.063, regla especial que determina los únicos presupuestos que el certificado en comento debe reunir.

En la especie, en el certificado impugnado aparece debidamente singularizado el deudor: razón social, RUT, domicilio, giro comercial y nombre del representante legal; identifica el origen de la obligación: “tiene pendiente de pago por concepto de Patente Municipal”; singulariza el monto de la deuda, en moneda nacional, el período al que corresponde y el valor de los intereses aplicados, y determina la suma total a la que asciende la obligación incumplida.

DECIMOQUINTO: Que, como se advierte, el certificado que hace las veces de título encierra una obligación clara, expresa e inteligible, de suerte que es el instrumento idóneo para el cobro de la patente cuyo pago sigue pendiente, constatación que desvanece los quebrantamientos del artículo 464 N° 7°, del Código de Procedimiento Civil, en conexión con los artículos 47 de la Ley de Rentas Municipales y 434 N° 7°, del mismo estatuto adjetivo recién señalado, que se refutan.


3. Corte Suprema.

Cobro ejecutivo de patente municipal. Patente municipal habilita para estar en condiciones de desarrollar las actividades propias del giro, sin que se requiera el ejercicio efectivo de ellas. Que no haya ejercicio efectivo de actividades no exonera del pago de patente municipal.

Fecha: 22/02/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/814/2018

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Hechos:

La ejecutada interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual rechazaba la excepción del artículo 464 N° 14 del Código de Procedimiento Civil, disponiendo seguir adelante con la ejecución. Sin embargo, el Máximo Tribunal rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes:

CUARTO: Que el fallo recurrido, confirmó el de primera instancia que, en lo pertinente, asentó que la ejecutada es una persona jurídica con fines de lucro, cuyo objeto es precisamente desarrollar actividades que importen la obtención de rentas y beneficios, que es precisamente el objeto para el cual se constituyó. De esta forma concluye la sentencia tales actividades se encuentran gravadas por el citado artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, determinación que se ve corroborada por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Rentas Municipales, en cuanto señala como exentas del pago de patente municipal a las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de asociados, artísticas o deportivas, no profesionales y de promoción de intereses comunitarios, sin que la sociedad ejecutada se encuentre en alguna de tales categorías; así, desestimó la alegación de falta de causa y objeto que fundó la excepción del ejecutado.

QUINTO: Que, sobre la naturaleza de la patente municipal, esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que este gravamen constituye la contribución que le habilita para estar en condiciones de desarrollar las actividades propias del giro, sin que se requiera el ejercicio efectivo de ellas. De lo contrario, el pago se haría una vez cumplido el período y se procedería a solucionar una patente proporcional a la época en que realizó alguna actividad y no con anterioridad al mismo, (CS Rol N° 434 2015, 21.183 2014, 552 2013, 58.992 2016, entre otras) fundamento que se ve corroborado por no estar comprendida la ejecutada en alguna de las excepciones a se refiere el artículo 27 de la Ley de Rentas Municipales.

Que de esta manera resulta evidente que la sociedad demandada es sujeto pasivo de la obligación tributaria del pago de patente municipal, sin que haya aportado argumentos que permitan modificar tal convicción, por cuanto los documentos tributarios en que sustenta su inactividad no la ubican en algunas de las hipótesis de excepción a que se refiere la norma indicada, por lo cual la sentencia no ha incurrido en infracción al artículo 1698 del Código Civil, por lo que sólo cabe desestimar las defensas en análisis.