1. Corte Suprema. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la libertad condicional. Deber de fundamentar el ejercicio de la facultad del artículo 3º del D.L. Nº 321.

2. Corte Suprema. Violaciones de los Derechos Humanos. Estatuto de Roma. Estudio de la reducción de la pena al previo cumplimiento de las dos terceras partes de la misma o de 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. Conciencia del delito y arrepentimiento no constituyen requisitos de procedencia de la libertad condicional. Libertad condicional constituye un derecho de todo condenado.

3. Corte Suprema. Condenado por crímenes de lesa humanidad. Restricciones para reducción de la pena del Estatuto de Roma rigen sólo para sanciones impuestas por la Corte Penal Internacional. Falta de fundamentación de la decisión de la Comisión de Libertad. Amparado cumple requisitos legales de procedencia de la libertad condicional.


Estimados usuarios:

Para visualizar estas sentencias debe tener iniciada su sesión en Westlaw, en caso de solicitársele clave OnePass, por favor, comunicarse con nuestra área de servicio al cliente al 22510 5000.


1. Corte Suprema.

Recurso de amparo. Denegación de beneficio de libertad condicional. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la libertad condicional. Deber de fundamentar el ejercicio de la facultad del artículo 3º del D.L. Nº 321.

Fecha: 11/02/2019

Ver Cita Online: CL/JUR/690/2019

Ver texto completo

Hechos:

El recurrente se alza en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar al recurso de amparo interpuesto en contra de la negativa de la Comisión de Libertad Condicional de conceder el beneficio de libertad condicional. La Corte Suprema revoca la resolución impugnada y acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes:

SEGUNDO) Que la Comisión recurrida rechazó el otorgamiento de la libertad condicional perseguida por el encartado, atendido que el contenido del informe psicosocial integrado es negativo, lo que incide en un desfavorable pronóstico de reinserción social, en cuanto no cuenta con las aptitudes necesarias para reinsertarse en la sociedad con un bajo riesgo de reincidencia criminal, lo que implica que no se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social, habilitando ello a la Comisión para negar la libertad condicional conforme al artículo 3º del D.L. Nº 321, no obstante cumplir el amparado los requisitos de carácter objetivo que prevé el artículo 2 del mismo cuerpo normativo.

TERCERO) Que, si bien esta Corte ha señalado que en los casos previstos en el artículo 3º del D.L. Nº 321 el mero cumplimiento de los requisitos objetivos contemplados en el artículo 2º de ese cuerpo legal no impone el deber de otorgar la libertad condicional, quedando reservado a la Comisión recurrida la facultad de ponderar los antecedentes que le sean presentados y, conforme a ellos, decidir fundadamente sobre la solicitud, el carácter facultativo de esa determinación no importa que la misma pueda adoptarse descuidando el deber de motivarla adecuadamente, deber que no se cumple en la resolución impugnada, la que entrega fundamentos genéricos en relación a diversos condenados, lo que resulta menos aceptable si dichos fundamentos son atingentes a elementos psicológicos de carácter estrictamente personal.

CUARTO) Que, de esa manera, la decisión de la Comisión recurrida no fundamenta, ni siquiera de manera breve, por qué concretamente en relación al amparado el contenido del informe psicológico le impide reintegrarse a la sociedad, sin que baste, como se ha dicho, la mera y general remisión a la opinión de los peritos informantes, porque ello en definitiva importaría radicar en éstos, y no en la Comisión, decidir el otorgamiento de la libertad condicional y, además, aceptar que tal asunto se defina en último término, nada más que en base a apreciaciones subjetivas obtenidas en una entrevista llevada a cabo en un determinado momento del encierro, opacando de ese modo el cumplimiento de los demás extremos, en particular el observar una conducta intachable durante todo el período sujeto a calificación, lo que en definitiva haría vanos los esfuerzos concretos de los internos por mantener periódicamente una correcta conducta en el interior del recinto con el objeto de acceder a la libertad condicional.

QUINTO) Que, en consecuencia, en este caso la Comisión recurrida ha ejercido la facultad otorgada en el artículo 3º del D.L. Nº 321 para negar la libertad condicional al amparado pese a cumplir todos los extremos previstos en el artículo 2º del mismo texto, de manera infundada, con lo cual se le ha privado ilegalmente de su derecho a recuperar, condicionalmente, su libertad ambulatoria, por lo que la acción de amparo examinada deberá ser acogida en la forma pedida en el arbitrio.


2. Corte Suprema.

Recurso de amparo. Violaciones de los Derechos Humanos. Denegación de beneficio de libertad condicional. Examen de proporcionalidad de la pena a imponer al autor de crímenes de lesa humanidad recae en los jueces que dictan la sentencia condenatoria. Estatuto de Roma. Estudio de la reducción de la pena al previo cumplimiento de las dos terceras partes de la misma o de 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. Conciencia del delito y arrepentimiento no constituyen requisitos de procedencia de la libertad condicional. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la libertad condicional. Libertad condicional constituye un derecho de todo condenado. Vulneración de la libertad personal.

Fecha: 31/12/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/7177/2018

Ver texto completo

Hechos:

El recurrente apela de la decisión de la Corte de Apelaciones consistente en rechazar su recurso de amparo en contra de la determinación de la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó su solicitud de acceder a la libertad condicional. El Máximo Tribunal revoca, con prevención y con voto de disidencia, la resolución impugnada, haciendo lugar a la acción constitucional deducida y, por lo mismo, otorgándole al amparado la libertad condicional.

Considerandos relevantes:

UNDÉCIMO) Que no está demás aclarar en esta parte que el referido examen de proporcionalidad de la pena a imponer al autor de crímenes de lesa humanidad, considerando “las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado” a que alude la jurisprudencia citada en el considerando 8º precedente , recae sobre elementos que, en todo caso, compete sopesar a los jueces que dictan la respectiva sentencia condenatoria en la etapa de adjudicación, examen que, de reputarse equivocado, debió buscarse su enmienda a través de las vías legales de impugnación previstas contra aquella sentencia, sin que quepa a esta Corte, con ocasión del conocimiento de una acción de amparo ejercida durante la fase de cumplimiento de un veredicto firme y ejecutoriado, revisar y rever tal actividad jurisdiccional, menos aún si la sanción cuestionada, eventualmente no siendo el caso particular de estos antecedentes , podría haber sido fijada por este mismo Tribunal en una sentencia de reemplazo dictada con ocasión de haberse acogido un recurso de casación.

DUODÉCIMO) Que, en relación al referido examen de proporcionalidad o de adecuación, recaído ahora no sobre el quantum de la sanción fijada en la sentencia, sino sobre el momento en que se otorgan beneficios para la ejecución de la pena o se reduce la misma, dado que la jurisprudencia de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos no ha delimitado con precisión y de manera general qué parte o porcentaje de la pena privativa de libertad debe cumplirse de manera efectiva antes de que el condenado por un crimen de lesa humanidad pueda optar a algún beneficio o reducción de condena, de manera que el lapso servido mediante un beneficio, o no cumplido por obtener una reducción, no implique en definitiva un velado tipo de impunidad, cabe acudir al texto que de manera más específica y reciente fija tal umbral, esto es, el Estatuto de Roma, entendiendo que el mismo pone de manifiesto el consenso actual de los Estados en este punto.

El Estatuto de Roma, en su artículo 110 párrafo 3º condiciona el estudio de la reducción de la pena al previo cumplimiento de las dos terceras partes de la misma o de 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. Pues bien, en el presente caso, considerando la rebaja de pena que obtuvo el amparado (…) conforme a la Ley Nº 19.856 por conducta sobresaliente 2 meses, así como el abono reconocido en la sentencia condenatoria 4 días , al día de hoy ha cumplido el 62% de su condena privado efectivamente de libertad, a poco tiempo, por tanto, de alcanzar los dos tercios de pena 66,6% que conforme al Estatuto de Roma permitirían incluso acceder, cumplidos los demás extremos que prevé, a una “reducción de pena”, beneficio éste incluso de mayor entidad que la libertad condicional, la que no acorta su extensión sino, conforme el inciso 2º del artículo 1º del D.L. Nº 321, sólo corresponde a un modo particular de hacerla cumplir en libertad, sujetando por ende al condenado a diversas cargas y restricciones a su libertad ambulatoria.

DECIMOTERCERO) Que, en definitiva, la Comisión recurrida rechazó el otorgamiento de la libertad condicional perseguida por el encartado porque, “En relación a (…), la conciencia del delito aparece insuficiente pues no logra visualizar el carácter ilícito de su comportamiento realizando una muy superficial elaboración al respecto, negando haber cometido delito alguno. La disposición al cambio aparece ausente. No se evidencia una necesidad de cambio respecto a su actitud frente a sus acciones delictivas. En el pronóstico intenta incorporar espontáneamente en su relato a las víctimas lo hace marcado correlato ideoafectivo.”

Sin embargo, las razones invocadas por la Comisión giran en último término en torno a la ausencia de expresiones de arrepentimiento de parte del amparado derivadas, en este caso, del negar su participación en el delito imputado, manifestaciones que no requiere actualmente el D.L. Nº 321 ni ningún otro cuerpo legal que rija de manera vinculante esta materia, siendo incluso rechazada su incorporación a nuestro ordenamiento por el Tribunal Constitucional, como se expuso arriba. Por ende, verificándose respecto del amparado (…) todos los extremos del artículo 2º del mismo texto, la Comisión recurrida no se encontraba facultada para denegarle la libertad condicional solicitada, desde que el acceso a ese beneficio constituye un derecho para él, y a cuyo otorgamiento, como latamente se ha explicado, no se opone el derecho que rige de manera vinculante su procedencia, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, ni tampoco la jurisprudencia emanada de la jurisdicción internacional.

DECIMOCUARTO) Que, en consecuencia, en este caso, la Comisión recurrida ha negado la libertad condicional al amparado pese a cumplir todos los extremos previstos en el artículo 2º del D.L. Nº 321, con lo cual se le ha privado ilegalmente de su derecho a recuperar, condicionalmente, su libertad ambulatoria, por lo que la acción de amparo examinada deberá ser acogida en la forma pedida en el arbitrio.


3. Corte Suprema.

Recurso de amparo. Denegación de libertad condicional. Condenado por crímenes de lesa humanidad. Restricciones para reducción de la pena del Estatuto de Roma rigen sólo para sanciones impuestas por la Corte Penal Internacional. Legislación nacional no ha aumentado tiempo mínimo de la pena para acceder al beneficio del condenado por crímenes de lesa humanidad. Falta de fundamentación de la decisión de la Comisión de Libertad. Amparado cumple requisitos legales de procedencia de la libertad condicional.

Fecha: 30/07/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/4018/2018

Ver texto completo

Hechos:

El recurrente se alza en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar al recurso de amparo impetrado por un condenado por crímenes de lesa humanidad, respecto de la negativa de la Comisión de Libertad Condicional a concederle el beneficio de libertad condicional. La Corte Suprema revoca la sentencia apelada y, en su lugar, determina acoger el recurso de amparo, otorgando al amparado, en definitiva, el beneficio en cuestión.

Considerandos relevantes:

TERCERO) Que, sin perjuicio de lo anterior, conviene aclarar que aun cuando el párrafo 3º del artículo 110 del Estatuto de Roma establece restricciones para la reducción de la pena a quienes hayan sido condenados, entre otros, por crímenes de lesa humanidad como se califica el cometido por el amparado , tales limitaciones rigen sólo para la rebaja de sanciones impuestas por la Corte Penal Internacional establecida por dicho Estatuto, lo que, huelga aclarar, no se ajusta al caso sub lite.

CUARTO) Que, además de lo anterior, y en relación a la restricción contemplada en el párrafo 3º del artículo 110 del Estatuto de Roma, para el examen de la reducción de la condena, esto es, que el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, cabe recordar que el legislador nacional, en diversas oportunidades, la última de ellas mediante la Ley Nº 20.931 de 5 de julio de 2016, ha aumentado el tiempo mínimo de la pena que se debe servir para acceder a la libertad condicional, tratándose de diversos delitos en que estima necesaria tal restricción, sin incluir los delitos tratados en el Estatuto de Roma o en la Ley Nº 20.357 de 18 de julio de 2009 que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra.

Asimismo, tampoco se han introducido nuevos requisitos o elementos, en el D.L. Nº 321 o en su Reglamento, que deban ponderarse por la Comisión para decidir el otorgamiento de la libertad condicional, similares al previsto en la letra a) del párrafo 4º del artículo 110 del Estatuto de Roma (“Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos”), como sí se incorporaron en el artículo 109 ter del Reglamento de Establecimiento Penitenciarios mediante el Decreto 924 de 22 de febrero de 2016, que respecto de delitos “perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, exige además de los requisitos generales para poder autorizar alguno de los permisos de salida que dicho ordenamiento prevé, que se acredite “por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza”.

Lo expuesto evidencia que, sin ser recogidas expresamente por nuestro ordenamiento constitucional o legal, las restricciones previstas en el artículo 110 del Estatuto de Roma no resultan atingentes para dirimir el otorgamiento de la libertad condicional, siendo necesaria su incorporación por vía legal desde que importan una restricción al derecho a recuperar la libertad ambulatoria que surge del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2º del D.L. Nº 321, como se desprende de lo prescrito en el artículo 19 Nº 7 letra b) de la Constitución Política de la República. (…)

SÉPTIMO) Que, aun cuando todo lo ya señalado resulta suficiente para revocar la sentencia apelada y acoger la acción deducida, no está de más señalar que, en relación al resultado negativo del informe psicosocial que la Comisión recurrida invoca para no ejercer la facultad del artículo 3º del D.L. Nº 321 erróneamente como se ha dicho, pues el secuestro no está mencionado en dicha disposición , tal alusión no puede estimarse como suficiente para cumplir el deber de motivar adecuadamente una decisión que conlleva prolongar la privación de libertad del amparado, desde que entrega fundamentos genéricos en relación a diversos condenados, lo que no resulta aceptable si dichos fundamentos son atingentes a elementos psicológicos de carácter estrictamente personal. En efecto, la decisión de la Comisión recurrida, no fundamenta ni siquiera de manera breve, por qué concretamente en relación al amparado el contenido del informe psicológico evacuado a su respecto le impide reintegrarse a la sociedad, sin que baste, como se ha dicho, la mera y general remisión a la opinión de los peritos informantes, porque ello en definitiva importaría radicar en éstos, y no en la Comisión, decidir el otorgamiento de la libertad condicional y, además, aceptar que tal asunto se defina en último término, nada más que en base a apreciaciones subjetivas obtenidas en una entrevista llevada a cabo en un determinado momento del encierro, opacando de ese modo el cumplimiento de los demás extremos, en particular el observar una conducta intachable durante todo el período sujeto a calificación incluso calificada como sobresaliente con la consiguiente rebaja de pena por 4 meses , lo que en definitiva haría vanos los esfuerzos concretos de los internos por mantener una correcta conducta en el interior del recinto con el objeto de acceder a la libertad condicional.

OCTAVO) Que, finalmente, conviene aclarar que lo que se ha venido reflexionando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquél por el que cumple condena el amparado, sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal y civil que operaría en delitos comunes, por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efectivo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto, reseñados en el motivo 5º ut supra.

NOVENO) Que, en consecuencia, en este caso la Comisión recurrida ha negado la libertad condicional al amparado pese a cumplir todos los extremos previstos en el artículo 2º del D.L. Nº 321, con lo cual se le ha privado ilegalmente de su derecho a recuperar, condicionalmente, su libertad ambulatoria, por lo que la acción de amparo examinada deberá ser acogida en la forma pedida en el arbitrio.