1. Corte Suprema. Restitución de inmueble fiscal. Deber de las autoridades administrativas de cuidar los bienes fiscales y nacionales se respeten y se conserven para el fin a que estén destinados. Deber de impedir ocupación de inmueble fiscal sin mediar autorización. Improcedencia de requerimiento de acreditar el o los supuestos que legitiman la ocupación cuando acción ejercida es la declaración de ocupación ilegal.

2. Corte Suprema. Recurso de protección. Inmuebles de propiedad del SERVIU no son bienes fiscales ni bienes nacionales de uso público. Sólo la autoridad administrativa regional está facultada para disponer la restitución administrativa de un bien raíz fiscal o nacional de uso público.

3. Corte de Apelaciones de Arica. Recurso de protección. Desalojo de toma de terreno decretado por el Gobernador Provincial. Facultad del Gobernador Provincial para ordenar el desalojo está limitada a los bienes nacionales de uso público. Gobernador Provincial no está facultado para ordenar el desalojo de bienes fiscales.


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1. Corte Suprema

Restitución de inmueble fiscal. Deber de las autoridades administrativas de cuidar los bienes fiscales y nacionales se respeten y se conserven para el fin a que estén destinados. Deber de impedir ocupación de inmueble fiscal sin mediar autorización. Insuficiencia probatoria para acreditar la existencia de autorización para ocupar inmueble fiscal. Improcedencia de requerimiento de acreditar el o los supuestos que legitiman la ocupación cuando acción ejercida es la declaración de ocupación ilegal.

Fecha: 31/12/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/7166/2018

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Hechos:

El demandado interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que, revocando revocó el fallo de primer grado, acogía la demanda sobre restitución de inmueble fiscal. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que, es dable considerar al respecto que, aún cuando el recurso no denuncia la omisión de alguna norma de interpretación de la ley, cabe formular las siguientes precisiones. Como se desprende de los propios términos literales de la disposición transcrita del artículo 19 del referido Decreto Ley Nº 1939, resulta claro que el texto de la norma sienta como premisa básica en su encabezamiento, la obligación que pesa en las autoridades administrativas que allí se mencionan, de cuidar que: “Los bienes fiscales y nacionales se respeten y se conserven para el fin a que estén destinados”. Este dictado fundamental informa el sentido de la disposición legal, al señalar que se impedirá así su ocupación, entendiendo por tal a quien requerido por la autoridad acerca de la detentación de un bien de los allí aludidos no acredite encontrarse en alguno de los supuestos que se describen, entre otros, ocupar un inmueble fiscal mediando una autorización.

SEXTO: Que atendido lo considerado, aciertan los jueces del grado al resolver que no habiéndose dado una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a la ley o de otras disposiciones legales especiales para legitimar la ocupación, se sobrepasa por el ocupante el marco regulatorio inicial y básico ya enunciado, esto es, que se ve vulnerado, o soslayado, el mandato de respetar y conservar los bienes fiscales para el fin a que estén destinados. Tales supuestos de hecho, indispensables para configurar el acto de contar con una autorización que previene el texto legal consabido, no se ha tenido por establecido en el proceso. Por el contrario, el fallo atacado precisamente advierte que ese supuesto, de suyo necesario para entender que ha mediado una autorización particular determinada, inequívoca, adecuadamente fundada y directa que habilitare al demandado para la ocupación que detenta, no se ha establecido en la especie, no siendo útiles al efecto las pruebas que la demandada aportó al proceso.

SÉPTIMO: Que en lo que respecta a la alegación de no haberse practicado a la recurrente el requerimiento de acreditar el o los supuestos que legitiman su ocupación por la autoridad, cabe consignar para su rechazo que la norma que se denuncia como infringida exige que tal requerimiento sea realizado por la autoridad administrativa y deba tener lugar antes de incoarse las acciones posesorias, pero no lo exige para el caso que la acción ejercida sea la declaración de ocupante ilegal, alcance que se refuerza con la circunstancia que dicho trámite administrativo sería una reiteración del objeto del juicio, esto es, dilucidar la calidad de ocupante del demandado.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. SERVIU mantiene patrimonio independiente del fiscal. Inmuebles de propiedad del SERVIU no son bienes fiscales ni bienes nacionales de uso público. Sólo la autoridad administrativa regional está facultada para disponer la restitución administrativa de un bien raíz fiscal o nacional de uso público. Resolución que emana de autoridad no facultada para requerir la restitución administrativa del inmueble. Bien raíz que no participa de la naturaleza de bien fiscal o nacional de uso público.

Fecha: 20/08/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/4941/2018

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Hechos:

Se deduce recurso de apelación en contra de la sentencia en alzada, la cual rechazaba el recurso de protección impetrado respecto del SERVIU. Analizado lo expuesto, la Corte decide revocar el fallo en alzada, acogiendo, en definitiva, la acción constitucional.

Considerandos relevantes:

CUARTO: (…)

De esta forma, y como sostiene la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en el informe que evacuó en autos, el Serviu mantiene un patrimonio independiente del fiscal, circunstancia que importa que los inmuebles de su propiedad no son bienes fiscales, como tampoco bienes nacionales de uso público.

Ello se ve ratificado por lo prescrito en el inciso segundo del artículo 5 del referido decreto, que expresamente regula las transferencias de dominio de bienes desde el patrimonio del Serviu al del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros organismos, con lo cual corrobora que los bienes que pertenecen al primero forman parte de un patrimonio distinto del patrimonio fiscal.

QUINTO: Que enseguida, y en lo que interesa al asunto en revisión, cabe analizar los alcances de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración para obtener la restitución de bienes inmuebles de dominio público.

Estas facultades están previstas en el artículo 19 del Decreto Ley Nº1.939, que consagra Normas Sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y en el artículo 4 de la Ley Nº19.175, que establece la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

El inciso tercero de la primera de dichas disposiciones prescribe: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”.

Por su parte, el inciso segundo de la segunda de las normas citadas estatuye: “El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente. (…) h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinadas, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

De lo anterior se sigue que sólo la autoridad administrativa regional está facultada para disponer la restitución administrativa de un bien raíz fiscal o nacional de uso público.

Así lo explicita, también, el artículo 6 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con arreglo al cual “A los Intendentes y Gobernadores corresponderá supervigilar que los bienes nacionales de uso público se conserven como tales, impedir su ocupación con otros fines y exigir su restitución, en su caso, conforme a sus facultades”.

SEXTO: Que, por consiguiente, las resoluciones objetadas adolecen de una doble ilegalidad: por un lado, emanan de una autoridad no facultada para requerir la restitución administrativa del inmueble, como es el Serviu; y, por otro, tienen por objeto un bien raíz que no participa de la naturaleza de bien fiscal o nacional de uso público, como son aquellos que pertenecen a dicho servicio.

Esto hace que no se satisfagan las exigencias que las disposiciones citadas consagran para el ejercicio de la mencionada atribución, que por cierto resulta excepcional en el contexto general de las vías jurídicas admisibles para recuperar el dominio, posesión o tenencia de un inmueble.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, la amenaza de desalojo con empleo de la fuerza pública que contienen las resoluciones cuestionadas por medio de la presente acción constitucional, vulneran el derecho a la igualdad ante la ley que el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a los recurrentes, desde que los somete a un procedimiento de restitución administrativa de bienes no contemplado en la ley y, por lo mismo, sustancialmente discriminatorio.


3. Corte de Apelaciones de Arica.

Recurso de protección. Desalojo de toma de terreno decretado por el Gobernador Provincial. Facultad del Gobernador Provincial para ordenar el desalojo está limitada a los bienes nacionales de uso público. Gobernador Provincial no está facultado para ordenar el desalojo de bienes fiscales. Vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Fecha: 10/03/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/4371/2017

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Hechos:

Instituto Nacional de Derechos Humanos interpone recurso de amparo a favor de particulares miembros de toma, dirigiéndolo en contra de la Gobernación Provincial y otros organismos, los que dispondrán y ejecutarán un desalojo masivo de la toma ubicada en la comuna de Arica, sector denominado Cerro Chuño. La Corte de Apelaciones tramita la acción constitucional como un recurso de protección, acogiéndolo, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta del Gobernador Provincial, debiendo, en consecuencia, la autoridad administrativa ejercer las acciones civiles respectivas a fin de obtener la recuperación de los inmuebles fiscales.

Considerandos relevantes:

DÉCIMO: Que, de las disposiciones legales reseñadas en los tres considerandos que anteceden, se desprende que para efectos de distinguir las atribuciones que le competen al Gobernador para ordenar el desalojo es necesario distinguir, en forma previa, la naturaleza jurídica del bien del Estado, esto es, bien nacional de uso público o bien fiscal.

UNDÉCIMO: Que, de la interpretación literal de la norma contenida en la letra h) del artículo 4 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de decretar el desalojo dice relación con bienes que poseen el carácter de nacional de uso público, en primer lugar, debido a que si bien aparece que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público y, en segundo lugar, debido a que el segundo párrafo de la norma, contiene una oración compuesta de carácter consecutivo, que inicia con el verbo “impedir”, seguida de las formular verbales “ocupación” ilegal o “empleo” ilegítimo, y finalizada con el calificativo de carácter especificativo “uso común”, respecto del sujeto implícito (bien del Estado), lo cual, se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 589 del Código Civil, en orden a definir los bienes nacionales de uso público como aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación. (…)

DECIMOCUARTO: Que, atendido el marco jurídico reseñado en síntesis en los considerandos séptimo a duodécimo, aparece que la decisión del Gobernador Provincial de Arica, en orden a decretar el desalojo de los inmuebles fiscales resulta ilegal, pues aparece un hecho pacífico que los inmuebles, cuya restitución se ha solicitado, poseen la naturaleza jurídica de bien fiscal, debiendo proceder, en cuanto a su restitución conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley Nº 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y, en consecuencia, el Gobernador se encontraba impedido de ejercer la atribución contenida en la letra h), del inciso segundo del artículo 4 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, más aún cuando, implícitamente se funda en la atribución derogada del artículo 26 letra f) del D.F.L. Nº 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, conforme a lo razonado en el motivo octavo.

En efecto, aceptar la tesis de la recurrida significaría que lo dispuesto en el artículo 19 del citado decreto Ley carezca de sentido, siendo letra muerta, puesto que el Gobernador tendría facultades para resolver, por sí y ante sí, el desalojo de un bien fiscal, tanto si se trata de la toma ilegal de una calle, carretera, como de una casa u otra situación cualquiera.

DECIMOQUINTO: Que, el hecho ilegal atribuido al Gobernador Provincial importa para los particulares un juzgamiento por un órgano distinto del tribunal que señala la ley para dirimir una controversia, vulnerándose de este modo la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de modo tal que la presente acción será acogida.

A mayor abundamiento, la decisión planteada, sin interponer las acciones legales que el propio Decreto Ley Nº 1939 establece u otras que estimen pertinente, ejerciéndose, consecuencialmente, una potestad que no se encuentra prevista para la situación denunciada en autos, trae como consecuencia que se ha adjudicado para sí funciones jurisdiccionales, recurriendo a la autotutela, la que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, ello sin perjuicio de extralimitarse en la mismas conforme lo previenen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.