1. Corte Suprema. No renovación de licencia de conducir a persona con discapacidad física. Personas con capacidades especiales gozan de los mismos derechos fundamentales que todo ser humano. Improcedencia que Municipalidad realice test y exámenes de medición estandarizados para la renovación de licencia de conducir, sin tomar en cuenta condición especial de discapacidad.

2. Corte Suprema. Discriminación de empresa METRO a persona con discapacidad física. Existencia de salva escala que se encuentra desactivado. Denegación de ajustes razonables para la utilización del transporte público. Discriminación por motivos de discapacidad.

3. Corte Suprema. Colegio no quiere promover de grado a alumno con Síndrome de Down. Sólo en circunstancias excepcionales se pueden limitar los grados de progresión escolar. Para ingresar a la educación básica no es requisito haber estado en, o aprobado, la educación parvularia. Constituye discriminación arbitraria el invocar condición del niño, síndrome de Down, para impedir su ingreso a la educación básica.


Estimados usuarios:

Para visualizar estas sentencias debe tener iniciada su sesión en Westlaw, en caso de solicitársele clave OnePass, por favor, comunicarse con nuestra área de servicio al cliente al 22510 5000.


1. Corte Suprema.

Acción de no discriminación arbitraria. No renovación de licencia de conducir a persona con discapacidad física. Personas con capacidades especiales gozan de los mismos derechos fundamentales que todo ser humano. Improcedencia que Municipalidad realice test y exámenes de medición estandarizados para la renovación de licencia de conducir, sin tomar en cuenta condición especial de discapacidad. Suficiencia probatoria para acreditar que persona con motivo de su discapacidad experimentó una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. Configuración de discriminación arbitraria.

Fecha: 09/10/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/5697/2018

Ver texto completo

Hechos:

El demandante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó el fallo de primer grado y rechazó la demanda sobre no discriminación arbitraria. La Corte Suprema acoge, con voto de disidencia, el recurso de casación en el fondo deducido, dictando sentencia de reemplazo donde acoge la demanda.

Considerandos relevantes:

SEXTO: Que tal como esta Corte señaló recientemente en autos Rol Nº 41.388 17, a la luz de la normativa internacional transcrita, es dable concluir que las personas con capacidades especiales gozan de los mismos derechos fundamentales que todo ser humano, que deben ser respetados, y que cualquier acto u omisión que se traduzca en una discriminación en razón de su discapacidad, afecta no solo su dignidad sino la igualdad en el ejercicio de dichos derechos; y, atendido lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2º, de la Constitución Política de la República, configura lo que se denomina “bloque constitucional de derechos fundamentales”, que la doctrina lo entiende como “…el conjunto de derechos de la persona ( atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios de ius cogens) y los derechos implícitos, expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal c) de la CADH, todos los cuales, en el ordenamiento constitucional chileno, constituyen límites a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5º inciso segundo de la Constitución chilena vigente” (Nogueira A., Humberto, “Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano”, En: Estudios Constitucionales, año 7, Nº 2, 2009, p. 149). (…)

NOVENO: Que, a la luz de lo reseñado en los acápites precedentes no resultan atendibles los razonamientos de la sentencia impugnada, en el sentido de que, en el presente caso, no aparece ningún derecho que se haya visto amenazado o afectado por un acto discriminatorio y arbitrario de parte de la Municipalidad, pues no existe el derecho de exigir el otorgamiento o renovación de una licencia de conducir vehículo motorizado, sino que solo se contempla el derecho a pedir el otorgamiento o renovación de dicho documento, debiendo el solicitante cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, lo que no ocurrió en la especie al no haber aprobado los exámenes psicométricos y sensométricos que le fueron practicados.

Dichas conclusiones no solo omiten hacerse cargo del concepto de ajustes razonables referido en las motivaciones precedentes, sino que, además, no guardan armonía con los principios de igualdad y no discriminación arbitraria consagrados en la normativa interna y en el derecho internacional de los derechos humanos, pues se exigió al demandante la realización de test y exámenes de medición estandarizados para la renovación de su licencia de conducir, sin tomar en cuenta su condición especial, debiendo la municipalidad demandada, atendida las obligaciones asumidas por Chile como Estado Parte de los tratados internacionales mencionados, haber eliminado cualquier tipo de barreras de entorno que existían para cumplir con la prestación del servicio (evaluación) solicitada, adecuando el examen respectivo a sus condiciones particulares, tal como hizo en las solicitudes de renovación de licencia de conducir en los años 1996, 2002 y 2008.

Aceptar el planteamiento de la sentencia impugnada implica que las personas discapacitadas se encontrarían prácticamente privadas de la posibilidad de obtener o renovar una licencia de conducir, pues deberían someterse a test y mediciones estándares, que no toman en consideración sus capacidades especiales físicas o sensoriales, lo que se traduce en una grave conculcación a los derechos y libertades fundamentales de que son titulares y a la normativa internacional mencionada que precisamente persigue promoverlos, protegerlos y asegurarlos. (…)

UNDÉCIMO: Que, como esta Corte señaló en la sentencia dictada en la causa mencionada, la acción u omisión discriminatoria para ser sancionable conforme a la citada ley, debe vulnerar necesariamente un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, referencia que, en el caso concreto, debe entenderse efectuada, como se dijo, a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (…)

Por lo tanto, si una persona con motivo de su discapacidad experimenta, como resultó acreditado en la especie, una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que le cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales señalados, corresponde entender que se configuró un acto de discriminación arbitraria, atendido los términos del inciso 1º del artículo 2 de la Ley Nº 20.609; disposición que, en su inciso 3º, considera razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios que menciona el inciso 1º, entre ellos, la discapacidad, se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4, 6, 11, 12, 15, 16 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, o en otra causa constitucionalmente legítima.


2. Corte Suprema.

Acción de no discriminación arbitraria. Discriminación de empresa METRO a persona con discapacidad física. Improcedencia que METRO señale tener plazo de ocho años para hacer accesible a personas con discapacidad el acceso a los medios de transporte público. Existencia de salva escala que se encuentra desactivado. Denegación de ajustes razonables para la utilización del transporte público. Discriminación por motivos de discapacidad. Suficiencia probatoria para acreditar la configuración de un acto de discriminación arbitraria.

Fecha: 25/07/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/3928/2018

Ver texto completo

Hechos:

El demandante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual rechazaba la demanda de no discriminación arbitraria. La Corte Suprema, actuando de oficio, invalida el fallo impugnado y dicta sentencia de reemplazo, en la cual, en definitiva, acoge la demanda impetrada.

Considerandos relevantes:

CUARTO. Que, en ese contexto, no es atendible la única alegación que la demandada formuló al informar al tenor de la demanda, en el sentido que no estaba obligada a dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional a que se ha hecho referencia, porque el artículo primero transitorio de la Ley Nº 20.422, publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010, le otorgó un plazo de ocho años a contar de dicha data para hacer accesible y utilizable en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida, el acceso a los medios de transporte público de pasajeros; más aún si, como se señaló, el artículo 82 de dicha ley no derogó el artículo 21 de la Ley Nº 19.284. Con todo, aceptar dicho planteamiento implica que las personas discapacitadas estuvieron prácticamente privadas de usar la red subterránea de transporte público de la demandada hasta el mes de febrero de 2018, lo que se traduce en una grave conculcación a los derechos y libertades fundamentales de que son titulares y a la normativa internacional mencionada que precisamente persigue promoverlos, protegerlos y asegurarlos.

QUINTO. Que la demandada al quedar en evidencia que la estación de trenes a que se ha hecho referencia tiene instalado un salva escala, señaló, como consta a fojas 58, que solo permite recorrer el tramo de escala existente entre el andén y las boleterías, no así hacia la superficie, lo que será posible cuando se construya un ascensor, por lo que se encuentra desactivado, fuera de uso, y que no tiene ningún sentido activarlo. Agregó que su instalación se efectuó anticipadamente a su uso efectivo, solo porque por razones de economía adquirió, importó e instaló, en una misma oportunidad y en todas las estaciones, dichos adminículos que son mecanismos parciales de acceso. Dicha aseveración no solo importa dejar de manifiesto que incumplió la obligación que le impuso el artículo 21 de la Ley Nº 19.284, dado que no solo no instaló el sistema apropiado que permitiera acceder desde la superficie al andén y viceversa, sino que el que emplazó y con el que se lograba un acceso parcial lo mantuvo inutilizado, lo que se traduce, en los términos del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en una forma de discriminación, específicamente, la denegación de ajustes razonables. Corrobora dicha conclusión la circunstancia que ninguna probanza rindió para acreditar lo que señala, esto es, la concurrencia de razones económicas que lo autorizaron para obrar como lo hizo. Al respecto, se debe tener presente que la misma disposición utiliza la expresión “ajustes razonables”, concibiéndola como “…las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

En consecuencia, la conducta de la demandada debe ser calificada de discriminatoria por motivos de discapacidad, entendiendo por tal, conforme los términos del artículo 2 de la citada convención, “…cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”. (…)

SÉPTIMO. Que la acción u omisión discriminatoria para ser sancionable conforme a la citada ley, debe vulnerar necesariamente un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, referencia que, en el caso concreto, debe entenderse efectuada a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues bien, la Carta Fundamental en el artículo 1 establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y en el artículo 19, número 2, asegura a todas las personas la igualdad ante la ley; las citadas convenciones, por su parte, elevan a la categoría de fundamental el derecho de las personas a no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, por tratarse de uno que dimana de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Por lo tanto, si una persona con motivo de su discapacidad experimenta una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que le cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales señalados, corresponde entender que se configuró un acto de discriminación arbitraria, atendido los términos del inciso 1º del artículo 2 de la Ley Nº 20.609; disposición que, en su inciso 3º, considera razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios que menciona el inciso 1º, entre ellos, la discapacidad, se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4, 6, 11, 12, 15, 16 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, o en otra causa constitucionalmente legítima.

OCTAVO. Que, entonces, si la demandante se desplaza en silla de ruedas por tener una discapacidad física equivalente al 70 %, y por el episodio acaecido el 19 de mayo de 2016, alrededor de las 8:00 A.M., se detuvo el servicio de transporte en la Estación Santa Isabel del tren subterráneo del Metro de Santiago y se evacuó a todos los pasajeros por el potencial riesgo existente para los mismos, mas no a ella, precisamente porque la demandada incumplió la normativa legal y, en todo caso, mantenía inutilizado el salva escala que habría permitido que accediera al recinto de la boletería, sin que haya alegado, menos probado, la concurrencia de una justificación razonable en los términos expuestos en el inciso final del artículo 2 de la Ley Nº 20.609, se configuró un acto de discriminación, en la modalidad de distinción que, en los términos del mensaje de la Ley Nº 20.609, es una diferenciación en base a alguna particularidad, la discapacidad, que causó perturbación en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales ya señalados y de que es titular la demandante.


3. Corte Suprema.

Acción de no discriminación arbitraria. Colegio no quiere promover de grado a alumno con Síndrome de Down. Educación se concibe en íntima relación con el crecimiento o progreso de las personas. Sólo en circunstancias excepcionales se pueden limitar los grados de progresión escolar. Sentencia no logra establecer los hechos que permiten calificar de razonable la justificación “técnica” esgrimida por la demandada para imponer la permanencia del niño en kínder. Para ingresar a la educación básica no es requisito haber estado en, o aprobado, la educación parvularia. Constituye discriminación arbitraria el invocar condición del niño, síndrome de Down, para impedir su ingreso a la educación básica. Para que el trato diferenciado no constituya discriminación requiere una justificación objetiva y razonable y perseguir un fin legítimo.

Fecha: 21/06/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/3142/2018

Ver texto completo

Hechos:

La parte demandante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó el fallo de primer grado en aquella parte que había desestimado la demanda por extemporánea y, en su lugar, declaró que fue presentada dentro de plazo, pero la desechó igualmente por argumentos de fondo. La Corte Suprema acoge, con votos de disidencia, el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo, en la cual determina acoger la demanda.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que el artículo 19 Nº 10 de la Ley Primera concibe la educación en íntima relación con el crecimiento o progreso de las personas que, en lo que directamente atañe a lo aquí pendiente, apunta a lo que su artículo 1º denomina “realización espiritual posible”, que alcanza “a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional”, por cuanto “nacen iguales en dignidad”; es por ello que en su inciso segundo el numeral 10º presenta como objeto de la educación “el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”, al punto que en sus párrafos siguientes establece la progresión de niveles de la enseñanza.

Así, los grados de progresión escolar no se constituyen como compartimentos estancos, sino como eslabones que se suceden, en íntima concatenación, desde los inicios (parvularia) hasta la conclusión del ciclo o malla curricular ampliamente considerada. Lo enseña claramente el artículo 2 de la Ley Nº 20.370. Es por eso que la presencia regular de un educando en el primer peldaño de semejante escala implica, ab initio, la más legítima expectativa con respecto a su prosecución y término.

A contrario sensu, la sola aceptación de una matrícula pesa sobre el establecimiento en términos de no poder ponerle coto sino en circunstancias excepcionales que, por su misma naturaleza, quedan necesariamente sujetas a una aplicación restrictiva, cuanto más si, como en la especie, conciernen a un niño con necesidades especiales al que el colegio acogió con pleno consentimiento.

En efecto, al momento que el Colegio (…) implementó el “Proyecto Piloto de Integración para postulantes con Síndrome de Down en educación inicial”, no pudo presumir que a los infantes que en su ámbito incorporó formalmente, hubiera de abortarles, en su momento, el paso a la educación básica, desconociendo de manera frontal la continuidad inherente al proceso educativo que no hace falta argumentarlo es ingrediente substancial del interés superior de (…) y que se ve categóricamente afirmado en el artículo 2º inciso 3º de la Ley Nº 20.370.

El hecho que el proyecto piloto haya contemplado que evaluaría anualmente la permanencia de los dos niños a que aquel se extendería, no altera los asertos que preceden pues, como se indicó, el derecho a la educación es unitario y nada autorizaba planificarlo, primero, ni desarrollarlo, luego, como un experimento social y educativo, en el que el niño hiciera las veces de “conejillo de indias”. (…)

SÉPTIMO: Que la sentencia impugnada no establece, específicamente, los hechos que permiten calificar de razonable la justificación “técnica” esgrimida por la demandada para imponer la permanencia del niño en kínder, sino que se limita a señalar que la demandada, junto con el informe, incorporó “numerosa documentación sobre las razones técnico pedagógicas que fundan la permanencia…” y “que entregan una justificación razonable para ello” (considerando décimo cuarto). Antes de aquello y sin perjuicio de la parte expositiva solo consta que “prefiere” la versión de la testimonial de la demandada y que desecha cierta documental de la demandante (considerando duodécimo y décimo tercero).

Con todo, aún en el evento que se estimare que aquello es suficiente para dar por establecidos los hechos, no permiten calificar como razonable la justificación que invocó la demandada para imponer la permanencia del niño en kínder cuestión que es susceptible de control en sede de casación, en cuanto constituye una calificación jurídica , desde que no resulta nítido si son las razones “técnico pedagógicas”, que a la luz de los antecedentes acompañados en autos indicarían que (…) no ha alcanzado un nivel de autonomía, control y lenguaje suficientes para aprobar los requerimientos propios del nivel, o más bien se debe a la decisión de no extender el programa de integración más allá del kínder, por cuanto la demandada ha argumentado en su defensa de acuerdo a la contestación , además de lo primero, que los demandantes siempre supieron(sic) que dicho plan era sólo hasta ese nivel, así como por el hecho que les hubiere comunicado que en forma excepcional (sic) permitiría la permanencia del niño por un año más en kínder, afirmación cuya interpretación resulta ambigua y correspondía explicar su alcance a la demandada.

Sobre el particular es menester señalar que, aunque no lo diga explícitamente la ley en comento, tratándose de una denuncia de lesión a derechos fundamentales, el peso de la prueba ha de recaer en el denunciado, quien deberá probar los fundamentos, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida impugnada siempre que existan indicios de tal vulneración cuestión que no aparece satisfecha en autos.

En efecto, desde esa perspectiva, a la demandada correspondía acreditar, despejando las dudas más arriba planteadas, cuál era la verdadera razón de la restricción impuesta a (…), y en el evento de decantarse por la justificación técnica(sic) invocada, era de su cargo probar cómo es que la evaluación que efectuó respecto de las capacidades o incapacidades del niño hacían indispensable mantenerlo en kínder, haciéndose cargo de lo que la literatura especializada y las investigaciones en la materia señalan. En consecuencia, yerra la sentencia impugnada cuando desestima la documentación acompañada por los demandantes con explicaciones científicas acerca del Síndrome de Down y la visión técnica sobre la promoción de un alumno con esas capacidades especiales de un curso a otro porque no consta que hubieran interactuado con (…) (considerando décimo tercero), ya que ello implica poner sobre los hombros de quienes reclaman una discriminación en razón de una discapacidad (categoría sospechosa contemplada en el artículo 2º de la Ley Nº 20.609), la carga de probar que era posible que el niño avanzara a primero básico como cualquier otro niño, en vez de exigir que sea quien sostiene lo contrario que lo acredite, en la medida que esto último supone una vulneración de su derecho a disfrutar en igualdad de condiciones su derecho a la educación en un establecimiento educacional regular no especial que le había permitido su ingreso. (…)

NOVENO: Que, en efecto, una interpretación sistemática de la Ley Nº 20.370 lleva a concluir que para ingresar a la educación básica no es requisito haber estado en, o aprobado, la educación parvularia, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 4, 18 y 26 del referido cuerpo legal. De conformidad con lo preceptuado en el 26, “la educación parvularia no exige requisitos mínimos para acceder a ella, ni constituirá antecedente obligatorio para ingresar a la educación básica”; mientras que el artículo 4 señala que “es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal, sin que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica”, y el 18 remata diciendo que “la educación parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente obligatorio para ésta”.

En consecuencia, al invocar la condición del niño síndrome de Down para impedir su ingreso a la educación básica, obligándolo a permanecer en kínder, la demandada ha contravenido la normativa legal antes citada, que no le confiere atribuciones para hacer repetir al niño aquel nivel como requisito para acceder a primero básico, con independencia de sus necesidades educativas especiales. Dicha contravención vulnera la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley Nº 20.609, antes transcrito.

DÉCIMO: Que, como ha dicho la jurisprudencia internacional, para que el trato diferenciado no constituya discriminación, no sólo requiere de una justificación objetiva y razonable, sino también, debe perseguir un fin legítimo. (Nash, Claudio y David, Valeska, “Igualdad y no Discriminación en el sistema interamericano de derechos humanos”, en Nash Claudio y Mujica Ignacio (eds.) “Derechos humanos y juicio justo”, Lima, Colam, pág.169, citado en “Análisis crítico de la acción de no discriminación arbitraria a la Luz de los primeros casos”, Anuario de Derechos Humanos, Nº 10, 2014, páginas 127 237, Casas y Lagos).

En el caso de autos, del discurso de la demandada y de los antecedentes que acompaña para fundarlo, no fluye con claridad que la preocupación principal sea buscar mejores condiciones para el desarrollo del niño, atendidas sus capacidades especiales, en la medida que está presente una dimensión menos evidente o explicitada que dice relación con el proyecto educativo del establecimiento educacional, con el que al parecer no calzaría un programa de integración que se prolongue hacia la educación básica y media. Si bien puede entenderse que el colegio no se sienta totalmente preparado o con las herramientas necesarias para afrontar este desafío, la responsabilidad asumida al aceptar al niño como parte de la comunidad escolar, implica que debía hacer, progresivamente, los ajustes pertinentes en su proyecto educativo, en su personal docente, en la comunidad escolar y en las exigencias hacia la familia del niño, para que éste no quedara excluido del sistema general de educación, como establece la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, precisamente en este aspecto. Lo anterior implica, ciertamente, que no se ha acreditado debidamente la finalidad legítima que subyace a la medida tomada por la demandada.