1. Corte Suprema. Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, que conllevan a un mismo efecto respecto a la potestad sancionadora de la Superintendencia de Educación. Cómputo del plazo de caducidad.

2. Corte Suprema. Multa aplicada por la SEREMI de Salud. Prescripción es aplicable al ámbito del derecho administrativo sancionador. Código Sanitario no contiene norma expresa respecto a la prescripción. Aplicación de las normas sobre prescripción del Código Civil.

3. Corte Suprema. Infracciones y sanciones administrativas deben someterse a los efectos jurídicos de la prescripción. Plazo de prescripción de seis mesesPlazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo fatal, su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas.


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1. Corte Suprema.

Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, que conllevan a un mismo efecto respecto a la potestad sancionadora de la Superintendencia de Educación. Ante cumplimiento del plazo respectivo, la autoridad administrativa no puede aplicar ningún tipo de sanción. Cómputo del plazo de caducidad. Excepción de caducidad, rechazada.

Fecha: 20/12/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/7060/2018

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Hechos:

La Corte Suprema revoca la resolución de la Corte de Apelaciones, que declaró la caducidad del procedimiento sancionatorio y, en su lugar, decide que se rechaza tal alegación, ordenando a los Ministros de la Corte de Apelaciones que se pronuncien sobre las restante alegaciones de forma y de fondo esgrimidas en la reclamación judicial deducida.

Considerandos relevantes:

CUARTO: Que el artículo 86 de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, prescribe que: “La Superintendencia no podrá aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos seis meses desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho. El inicio de la investigación respectiva suspenderá este plazo de prescripción.

Todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda de dos años”.

QUINTO: Que de la atenta lectura del precepto citado se desprende que consagra dos plazos a los cuales ha de atenderse; el primero, de seis meses, es uno de prescripción, que se cuenta desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho y que se suspende por el inicio de la investigación.

El segundo término previsto en la referida norma, que es de dos años, no es uno de prescripción sino que lo es de caducidad. En esta materia, se debe precisar que la caducidad es un concepto que posee diversos significados jurídicos, reconociéndose cuatro acepciones: “(i) Caducidad de acción o pretensión, que se encuentra asociada al plazo para la presentación de un recurso o acción jurisdiccional; (ii) Caducidad de derechos subjetivos sustantivos vinculados a un plazo máximo para ejercerlos; (iii) Caducidad sanción, como un mecanismo que prevé el ordenamiento jurídico con motivo del incumplimiento de las obligaciones o condiciones esenciales impuestas a sus titulares; (iv) Caducidad para ejercer una potestad administrativa, como un mecanismo de limitación de la actuación pública en el tiempo. (Luis Cordero Vega, en Lecciones de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, segunda edición, año 2015, pág. 317).

Asimismo, el Profesor Cristian Román, en sus apuntes de Curso de Derecho Administrativo año 2018, 4ta parte, Universidad de Chile, señala: “Cabe destacar que en el Derecho Administrativo la caducidad también se presenta como: (a). caducidad contractual: causal de extinción de los contratos administrativos, cuando el contratista de la Administración incumple sus deberes contractuales y transcurren determinados plazos; y (b). caducidad procedimental (o perención) que tiene lugar cuando la excesiva duración de un procedimiento sancionador da lugar al bloqueo de la potestad sancionadora de la Administración que impedirá a ésta su ejercicio en el caso concreto”.

En la especie, la caducidad consagrada en el mencionado artículo 86, pertenece a la última acepción jurídica, toda vez que, una vez transcurrido el plazo del tiempo previsto en el mencionado artículo 86, la autoridad administrativa, ipso iure, se encuentra imposibilitada de ejercer la facultad sancionatoria.

SEXTO: Que, en consecuencia, las normas previstas en la disposición transcrita permiten concluir que prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos, pero que conllevan a un mismo efecto en lo que concierne a la potestad sancionadora que detenta la Superintendencia de Educación: una vez que se cumple el respectivo plazo que determina su aplicación, tal autoridad administrativa no puede aplicar ningún tipo de sanción.

SÉPTIMO: Que resta precisar, ahora, cuáles son los extremos de este plazo de caducidad de dos años, previsto en el inciso final del citado artículo 86, esto es, desde cuándo y hasta cuándo se ha de contar su duración.

Al respecto y teniendo presente que la propia ley señala que el inicio de la investigación respectiva suspenderá el plazo de prescripción, parece coherente con dicho precepto normativo que el plazo de duración máximo del procedimiento sancionatorio previsto en la citada disposición comience a correr al mismo tiempo que se produce la referida suspensión de la prescripción.

Dicha conclusión se asienta, además, en la consideración que la visita de fiscalización constituye evidentemente un acto de investigación y en el hecho que desde el momento en que se levanta la referida Acta de Fiscalización la reclamante tiene conocimiento de los cuestionamientos que se le formulan y desde entonces está en situación de reunir antecedentes o plantear alegaciones o solicitudes tendientes a justificar su conducta o, en general, de asumir la defensa de sus intereses.

OCTAVO: Que resta establecer cuál es la fecha en la que se produce el término del procedimiento administrativo.

En esta materia, esta Corte ha resuelto con anterioridad, que el procedimiento sancionatorio previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529 concluye con la resolución del Director Regional respectivo que decide sobreseer o aplicar sanciones, toda vez que ese es el acto que cierra el procedimiento sancionatorio, dando origen al proceso recursivo contemplado en la ley, que consta de etapas administrativas y judiciales, razón por la que no se debe incluir, en el cómputo del tiempo para establecer la caducidad, el periodo que tarda el Superintendente de Educación en resolver la reclamación prevista en el artículo 84 de la citada ley.

NOVENO: Que conforme lo razonado, al tenor de los antecedentes del proceso, aparece con claridad que en la especie no transcurrió el plazo de caducidad previsto en el inciso segundo del artículo 86 de la Ley N° 20.529, toda vez que entre la fecha del acta de fiscalización, de 14 de enero de 2016 y la fecha en que se dictó por la Dirección Regional del Bío Bío de la Superintendencia de Educación la Resolución Exenta (…), el 13 de octubre de 2016, no transcurrió el plazo de dos años establecido en la mencionada disposición, razón por la que se acogerá el recurso de apelación deducido por la reclamada.


2. Corte Suprema.

Reclamación de multa administrativa. Multa aplicada por la SEREMI de Salud. Prescripción de las acciones procede como regla general. Prescripción es aplicable al ámbito del derecho administrativo sancionador. Código Sanitario no contiene norma expresa respecto a la prescripción. Aplicación de las normas sobre prescripción del Código Civil.

Fecha: 28/08/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/4802/2018

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Hechos:

El reclamante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primera instancia, el cual rechazaba la reclamación interpuesta en contra de una resolución de la SEREMI de Salud, mediante la cual se le aplicó multa administrativa. La Corte Suprema rechaza, con voto de disidencia y prevención, el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes:

CUARTO: Que es útil precisar que la circunstancia de encontrarse reguladas algunas responsabilidades por normas de derecho público no impide que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo, en razón que la prescripción es de carácter universal e indispensable para asegurar criterios de certeza y seguridad en las relaciones jurídicas y, por ello, puede operar en todas las disciplinas que pertenecen al derecho público. Por consiguiente, acorde a este predicamento, la prescripción de las acciones procede en nuestro derecho positivo como regla general, la que sólo cesa cuando por ley se determine su imprescriptibilidad.

QUINTO: Que asentada la premisa que la prescripción, como regla general, es aplicable también en el ámbito del derecho administrativo sancionador, cabe consignar que el Código Sanitario no contempla disposiciones que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones destinadas a castigar las infracciones administrativas relativas a la normativa del ramo.

SEXTO: Que ante la ausencia de norma expresa en el ordenamiento citado, y tratándose de disposiciones especiales, debe entenderse que en lo no contemplado expresamente en ellas deben aplicarse supletoriamente las reglas del derecho común que, según la materia específica, correspondan. (…)

OCTAVO: Que si bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del denominado “ius puniendi” del Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es independiente de la sanción penal, por lo que debe hacerse una aplicación matizada de los principios del derecho penal en materia de sanción administrativa, no siendo razonable aplicar el plazo de prescripción de las faltas, porque al ser una prescripción de corto tiempo seis meses resultaría eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la represión de estos ilícitos y la sanción contemplada en la ley carecería de toda finalidad preventiva general. (…)

DECIMOQUINTO: Que, por último, aceptar la prescripción de seis meses para la aplicación de la sanción administrativa atenta contra la debida relación y armonía que debe guardar la legislación, ya que no resulta coherente que la acción disciplinaria por responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos prescriba en cuatro años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 158 del Estatuto Administrativo y 154 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y, en cambio, tratándose de la acción sancionatoria dirigida contra particulares, prescriba en el plazo de seis meses.

DECIMOSEXTO: Que, entonces, el defecto normativo de omisión de un plazo razonable y prudente de prescripción en el Código Sanitario, en que incurriera el legislador, impone el deber de encontrar en la legislación positiva, actual y común, la solución del problema que ha sido promovido debiendo acudirse a las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil y, en ese entendido, hacer aplicación a la regla general de prescripción extintiva de cinco años a que se refiere el artículo 2515 del Código Civil.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en este punto conviene destacar que la aplicación de la normativa del ordenamiento civil en materia de prescripción de las acciones que aquí se tratan no lo es en carácter supletorio, basada en principios generales del derecho, sino en virtud de un mandato expreso del legislador, consignado en el artículo 2497 del Código Civil, conforme al cual las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.


3. Corte Suprema.

Reclamación de multa administrativa. Multa aplicada por la SEREMI de Salud. Infracciones y sanciones administrativas deben someterse a los efectos jurídicos de la prescripción. Plazo de prescripción de seis meses. Acta de fiscalización suspende el plazo de prescripción. Plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo fatal, su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas.

Fecha: 27/11/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/7540/2017

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Hechos:

El reclamante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó el fallo de primer grado, el cual acogió la excepción de prescripción opuesta, desestimándola y rechazó la reclamación interpuesta. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes:

SEXTO: Que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, las infracciones y sanciones administrativas han de someterse a los efectos jurídicos de la prescripción y para ello es necesario determinar previamente el plazo o extensión del tiempo con que cuenta la administración, para ejercer las acciones destinadas a fiscalizar y sancionar los ilícitos cometidos dentro del ámbito de sus atribuciones.

SÉPTIMO: Que el plazo de prescripción que ha de aplicarse en este caso es el propio de las faltas, esto es, de 6 meses. Sin embargo, es preciso determinar desde cuándo se inicia el cómputo de dicho plazo y si concurren los supuestos de la suspensión o interrupción de la prescripción.

Concluyéndose que, al haberse iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio con el Acta de Fiscalización de 21 de octubre de 2013, dicho acto administrativo tuvo por objeto suspender el plazo de prescripción de la infracción que fue objeto de la sanción, por lo que no cabe sino concluir que la resolución que dispuso la condena de multa no se encuentra prescrita.

OCTAVO: Que en cuanto a la infracción del artículo 27 de la Ley N° 19.880, y tal como se señaló en la sentencia recurrida, esta materia corresponde a la caducidad o decaimiento del procedimiento administrativo, aspecto que si bien no fue alegado en la especie, es dable sostener que: “contrariamente a lo postulado por el recurrente, el plazo de seis meses mencionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es un plazo fatal y su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas ante una dilación o tardanza injustificada, o incluso otros efectos jurídicos conforme a los principios del Derecho Administrativo” (Rol N° 289 2012). Similares declaraciones se han efectuado en los autos Rol N° 4817 2012 y N° 6.6612014.