Camilo Jara Villalobos, Cristóbal Osorio Vargas, Thomson Reuters, Santiago, 2018, 694 pp.

Una de las reformas más importantes en materia ambiental fue la aprobación de la “Nueva Institucionalidad Ambiental”, a través de la Ley Nº 20.417, de 2010. Esta Ley creó el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de las políticas públicas de protección ambiental; el Servicio de Evaluación Ambiental, a cargo de la evaluación de proyectos; y la Superintendencia del Medio Ambiente, responsable de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Posteriormente, a través de la Ley Nº 20.600, de 2012, se crearon los Tribunales Ambientales, una jurisdicción especializada con competencia para conocer las reclamaciones contra las normas dictadas por el Ministerio, las demandas de reparación de daño ambiental, las reclamaciones contra las decisiones de evaluación de impacto ambiental y, sobre todo, los reclamos relacionados a sanciones aplicadas por la Superintendencia.

El presente libro recopila y sistematiza la jurisprudencia del período 2013-2018 de los Tribunales Ambientales, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en relación con las sanciones administrativas dictadas de la Superintendencia del Medio Ambiente. A través del estudio de casos, se revisan los principales criterios jurisprudenciales establecidos por los Tribunales en relación con los temas principales del Derecho Administrativo Sancionador Ambiental, tales como fiscalización, las medidas provisionales, las denuncias, los mecanismos de incentivo al cumplimiento, el modelo de la determinación de la sanción y medios de impugnación, entre muchas materias.

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