1. Corte Suprema. Declaración previa de error judicial. Sentido y alcance del término “someter a proceso”. Sentido y alcance de los términos “injustificadamente errónea” y “arbitraria”. Orden de detención dispuesta respecto del solicitante ha sido expedida en forma injustificada.

2. Corte Suprema. Discrepancia con juicios de valor emitidos en resolución judicial no conlleva que ésta sea una actuación procesal injustificadamente errónea o arbitraria. Medida cautelar de prisión preventiva que nunca quedó firme.

3. Corte Suprema. Expresión “someter a proceso” del artículo 19 N° 7 letra i) de la Carta Fundamental comprende las resoluciones de los artículos 140 y 155 del Código Procesal Penal. Improcedencia de solicitar como requisito de admisibilidad copia autorizada de las resoluciones que decretan o mantienen la prisión preventiva. Deber de acompañar las actas correspondientes. Existencia de antecedentes que justificaron la existencia del delito.


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1. Corte Suprema.

Declaración previa de error judicial. I. Procede indemnización por el Estado a quien hubiere sido sometido a proceso en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria. Protección del derecho a la libertad personal. Sentido y alcance del término “someter a proceso”. Principio de responsabilidad estatal. II. Sentido y alcance de los términos “injustificadamente errónea” y “arbitraria”. Orden de detención dispuesta respecto del solicitante ha sido expedida en forma injustificada.

Fecha: 18/10/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/5893/2018

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Hechos:

Se deduce acción tendente a obtener la declaración previa para el ejercicio de la indemnización por error judicial. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema acoge la solicitud de declaración previa de error judicial, declarando que la resolución que dispuso la detención del actor es injustificadamente errónea.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que sobre el punto propuesto y como ha dictaminado antes esta Corte en las causas Rol No 4921 2014 de 9 de junio de 2014, Rol No 22.356 14 de 20 de abril de 2015 y Rol N° 1579 15 de 8 de julio de 2015, el fundamento o ratio legis del derecho a ser indemnizado que consagra el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución, es la afectación de la libertad personal del justiciable, pues el aludido derecho a indemnización forma parte del listado de “consecuencias” que el citado precepto constitucional deriva del “derecho a la libertad personal y a la seguridad individual” que asegura “a toda persona”. Consecuencialmente, la alusión que el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución efectúa al sometimiento a proceso obedece precisamente a las generalmente gravosas consecuencias que para la libertad personal del procesado implica su dictación.

Por tanto, si bien no es discutido que el actual procedimiento penal no contempla una resolución jurisdiccional que cumpla la función y conlleve los mismos efectos y cargas procesales para el imputado que el procesamiento tratado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, no puede preterirse que una medida cautelar como la revisada, y que fuera dispuesta para los fines indicados, exige extremos materiales similares a los considerados por el antiguo orden procesal penal y afecta el derecho a la libertad personal del imputado, con lo cual, una interpretación axiológica, garantista y sistemática debe llevar a concluir que dentro de la expresión “someter a proceso” utilizada por el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de la Republica, se comprende hoy también, a aquellas medidas cautelares dispuestas en virtud del Código Procesal Penal.

Por otra parte, el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 6, inciso 1°, de la Constitución impide justificar un debilitamiento del derecho de jerarquía constitucional a ser indemnizado del citado artículo 19 N° 7 letra i), por el expediente de un cambio a nivel meramente legal.

Lo que se viene reflexionando está en consonancia con uno de los principios fundantes del Estado de Derecho, como el de responsabilidad estatal, enunciado en los artículos 6, 7 y 38, inciso 2°, de la Constitución, y en armonía con el derecho convencional de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, de obligatoria consideración para el intérprete, por la remisión que formula el inciso 2° del artículo 5° de nuestra Constitución. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone, en su artículo 9.5 que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación, disposición que importa no sólo un compromiso de los Estados Partes de respetar y garantizar tal derecho, sino conforme al citado artículo 5, inciso 2°, un deber de promoción, que se traduce en el deber de optar por aquella interpretación del artículo 19 N° 7 letra i), que mayor y más completa protección brinde al derecho tutelado. (…)

SÉPTIMO: Que la jurisprudencia de esta Corte ha precisado en numerosos pronunciamientos el sentido y alcance de los términos “injustificadamente errónea” y “arbitraria”, calificativos que sólo pueden aplicarse a una resolución judicial que contradice a la razón, que es inexcusable, que ha sido decretada de manera irregular, que carece de una explicación lógica, de motivación y racionalidad.

OCTAVO: Que los antecedentes allegados a este procedimiento y referidos por la señora Fiscal en su informe, dan cuenta que la orden de detención dispuesta respecto de don (…) ha sido expedida en forma injustificada, desatendiendo los antecedentes que obraban en el proceso y que una mínima diligencia imponía considerar, habida cuenta de la rectificación de la identidad del imputado que hiciera el Ministerio Público en noviembre de 2013; que la referida situación fue agravada por la decisión del tribunal de garantía de poner a su disposición al detenido, prolongando innecesariamente su privación de libertad en circunstancias que en ese momento tal como lo destaca la señora Fiscal Judicial los perniciosos efectos de tal yerro pudieron atenuarse de haber mediado un simple examen de los elementos que constaban en poder del referido tribunal, de manera que los efectos lesivos de tal decisión hacer comparecer compulsivamente al afectado se vieron incrementados innecesariamente por decisión de dicha magistratura.

NOVENO: Que en estas condiciones, la resolución de 17 de marzo de 2017 que dispuso la detención de don (…) y que se hizo efectiva ese mismo día es injustificadamente errónea al carecer de justificación, toda vez que fue dictada sin fundamento y en virtud de una actuación a todas luces negligente, lo que fuerza a realizar la declaración pretendida por el solicitante.


2. Corte Suprema.

Declaración de error judicial. Discrepancia con juicios de valor emitidos en resolución judicial no conlleva que ésta sea una actuación procesal injustificadamente errónea o arbitraria. Medida cautelar de prisión preventiva que nunca quedó firme. Sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares de menor intensidad.

Fecha: 02/10/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/5469/2018

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Hechos:

Un particular interpone acción tendente a obtener la declaración previa para el ejercicio de la indemnización por error judicial consagrada en el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de la República. Sin embargo, tal solicitud será rechazado por el Máximo Tribunal.

Considerandos relevantes:

OCTAVO: Que la jurisprudencia de esta Corte ha precisado en numerosos pronunciamientos el sentido y alcance de los términos “injustificadamente errónea” y “arbitraria”, calificativos que sólo pueden aplicarse a una resolución judicial que contradice a la razón, que es inexcusable, que ha sido decretada de manera irregular, que carece de una explicación lógica, de motivación y racionalidad. Es decir, no puede erigirse como motivo suficiente y constitutivo de una actuación procesal injustificadamente errónea o arbitraria la discrepancia con los juicios de valor allí emitidos.

NOVENO: Que en lo que dice relación con la orden de detención librada en contra de (…) y las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal la acción no puede prosperar, porque la Constitución Política pone como base para la declaración solicitada la prisión preventiva.

Respecto de dicha medida, conviene tener en vista las exigencias contempladas en el artículo 140 del Código Procesal Penal para disponerla. A saber, que existan antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare; que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor; y que existan antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga.

La resolución que dispuso la prisión preventiva se inserta en la etapa inicial de la investigación, en que los procesos valorativos e interpretativos que allí operan precisan de grados de convicción diversos a los que, con posterioridad, sostienen una acusación o la condena, y aun cuando el desarrollo del procedimiento, con nuevos antecedentes, lleve a conclusiones diversas, como en la especie, no puede sostenerse que la medida privativa de libertad, por el solo hecho de dictarse, participe de las características que se le atribuyen, en términos que pueda servir de basamento a la declaración impetrada.

DÉCIMO: Que, en efecto, los elementos invocados al formalizar la investigación y para justificar la cautelar fueron múltiples y variados, contexto probatorio que el juez a quo estimó suficiente para tener por acreditada la existencia del delito y la participación que en ellos se atribuía al imputado.

Sin embargo, dicha medida nunca quedó firme, pues luego de impugnada por la defensa, la Corte de Apelaciones la enmendó, sustituyéndose por cautelares de menor intensidad.


3. Corte Suprema.

Declaración de error judicial. I. Prisión preventiva afecta el derecho a la libertad personal. Expresión “someter a proceso” del artículo 19 N° 7 letra i) de la Carta Fundamental comprende las resoluciones de los artículos 140 y 155 del Código Procesal Penal. II. Improcedencia de solicitar como requisito de admisibilidad copia autorizada de las resoluciones que decretan o mantienen la prisión preventiva. Deber de acompañar las actas correspondientes. III. Resolución que decreta prisión preventiva no puede calificarse como injustificadamente errónea o arbitraria. Existencia de antecedentes que justificaron la existencia del delito.

Fecha: 28/11/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/7565/2017

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Hechos:

El particular presenta solicitud de declaración de error judicial, en los términos previstos en el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de la República. La Corte Suprema, no obstante, decide rechazar la referida solicitud.

Considerandos relevantes:

CUARTO: (…)

Al respecto, como ha dictaminado antes esta Corte en las causas Rol N° 4921 2014 de 9 de junio de 2014, Rol N° 22.356 14 de 20 de abril de 2015 y Rol N° 1579 15 de 8 de julio de 2015, el fundamento o ratio legis del derecho a ser indemnizado que consagra el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución, es la afectación de la libertad personal del justiciable, pues el aludido derecho a indemnización forma parte del listado de “consecuencias” que el citado precepto constitucional deriva del “derecho a la libertad personal y a la seguridad individual” que asegura “a toda persona”. Consecuencialmente, la alusión que el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución efectúa al sometimiento a proceso obedece precisamente a las generalmente gravosas consecuencias que para la libertad personal del procesado implica su dictación, ya que salvo los casos de excepción en que el juez, por mandato o facultad legal, decrete su libertad provisional, el procesado quedará sujeto a prisión preventiva.

Por tanto, si bien no es discutido que el actual procedimiento penal no contempla una resolución jurisdiccional que cumpla la función y conlleve los mismos efectos y cargas procesales para el imputado, que el procesamiento tratado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, no puede preterirse que la medida cautelar de prisión preventiva así como las del artículo 155 en el procedimiento regido por el Código Procesal Penal exige, mutatis mutandi, los mismos extremos materiales del antiguo procesamiento, y afecta de la misma manera el derecho a la libertad personal del imputado, con lo cual, una interpretación axiológica, garantista y sistemática debe llevar a concluir que dentro de la expresión “someter a proceso” utilizada por el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de la República, se comprende hoy también, a aquellas resoluciones de los artículos 140 y 155 del Código Procesal Penal. (…)

QUINTO: Que en relación al incumplimiento de la solicitud, también alegado por el Fisco, de las exigencias formales previstas en el Auto Acordado dictado por esta Corte que reglamenta el procedimiento para obtener la declaración previa al ejercicio de la acción indemnizatoria que concede la letra i) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, entendiendo a la luz de lo recién razonado, que tales requerimientos de copia autorizada , se refieren a las sucesivas resoluciones que decretaron y mantuvieron la prisión preventiva, cabe recordar que el mencionado Auto Acordado se dicta el año 1996, con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo proceso penal consagrado en el Código Procesal Penal, en el que se establecen diversos procedimientos desarrollados esencialmente mediante audiencias públicas, donde los argumentos de las partes como las decisiones del órgano jurisdiccional se expresan de manera oral y, por regla general salvo las sentencias definitivas y otras actuaciones , sólo se registran mediante grabaciones de audio.

De ese modo, dado que actualmente las resoluciones que decretan o mantienen la prisión preventiva se pronuncian y comunican oralmente, y habitualmente sólo se consigna lo dispositivo en las respectivas actas, no resulta posible demandar del solicitante, como requisito de admisibilidad de su presentación, una copia autorizada de esas resoluciones, sin perjuicio del deber de acompañar conforme al N° 3 del mismo Auto Acordado las actas correspondientes y dar cuenta en su libelo del contenido de las resoluciones cuestionadas mediante la transcripción de lo pertinente, de no constar en el acta , única forma de fundar y demostrar los defectos que le atribuye, pudiendo su contraparte el Fisco controvertir, en su caso, la integridad y fidelidad de dicho material. (…)

SÉPTIMO: Que, en este contexto, a juicio de esta Corte, la resolución dictada por el magistrado de garantía, sin perjuicio que está lejos de ser contundente, no puede en el otro extremo calificársele como injustificadamente errónea o arbitraria, pues en relación al requisito discutido por el solicitante, letra a) del artículo 140 del Código Procesal Penal, la ley demanda únicamente que existan antecedentes que justificaren la existencia del delito y, en la especie, dichos antecedentes se presentaron, desde que se contaba con la declaración de la víctima, la que relató con detalle cómo se produjo el encuentro y lo que vivió en las horas en que estuvo en el domicilio del imputado, detallando la fuerza que habría utilizado éste para someterla a un acceso vaginal no consentido. Además, el imputado reconoció la relación sexual pero calificándola de voluntaria y el informe de sexología daba cuenta de equimosis por succión en las mamas de la menor, concordante con el relato de ésta sobre la fuerza ejercida.

Al respecto, esta Corte ha señalado que, “de acuerdo a lo expresado por la Comisión Constituyente en la sesión 119, el error judicial debe ser manifiesto, craso, que es el que no admite excusa ni razón para explicarlo” y, por su parte, la arbitrariedad, corresponde a un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes y dictado por la sola voluntad o el capricho, o que carezca de motivación o racionalidad” (SCS Rol N° 5572 07 de 26 de agosto de 2008). Pues bien, la resolución en análisis la que ni siquiera fue apelada u objeto de otro recurso por el defensor del acusado no puede calificarse en ninguna de esas formas, desde que se adoptó en base a elementos objetivos, principalmente fundándose en la declaración de una víctima que mantuvo invariablemente su versión hasta el juicio oral, por lo que incluso de estimarse equivocada tal decisión, no se trata de un error manifiesto o inaceptable, menos de una decisión antojadiza y carente de razón.