1. Corte Suprema. Recurso de protección. No renovación de patente de alcoholes. Procedimiento de renovación de patente de alcoholes no expira mientras el recurso de reposición del acto administrativo no ha sido resuelto. Vulneración de la igualdad ante la ley.

2. Corte Suprema. Recurso de protección. Inexistencia de causales taxativas que determinen la no renovación de patentes de alcoholes. Concejo Municipal es el encargado de ponderar y analizar las circunstancias particulares de cada petición.

3. Corte Suprema. Reclamo de ilegalidad municipal. Control de legalidad de la decisión de no renovar la patente de alcoholes implica revisar lo obrado por el Concejo Municipal. Procedencia y alcance del control jurisdiccional respecto del ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Administración. Incumplimiento del deber de fundamentación del acto administrativo.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. No renovación de patente de alcoholes. Procedimiento de renovación de patente de alcoholes no expira mientras el recurso de reposición del acto administrativo no ha sido resuelto. Vulneración de la igualdad ante la ley.

Fecha: 24/05/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/2361/2018

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Hechos:

El recurrente se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra de una municipalidad, por estimar arbitraria e ilegal la decisión de esta no renovar la patente de alcoholes de la que era titular. La Corte Suprema revoca la resolución impugnada y determina hacer lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes:

QUINTO: Que la carta dirigida con fecha 2 de agosto de 2017 por la recurrente al Director de Rentas y Finanzas de la Municipalidad recurrida solicitándole modificar la situación de bloqueo de su patente de alcoholes ya referida y, con ello, retomar su vigencia para poder explotarla en términos comerciales, configura un recurso de reposición en los términos del artículo 59 ya referido, toda vez que es una presentación dirigida al Municipio en su calidad de órgano administrativo que denegó la renovación de su patente de alcoholes y dispuso su caducidad, dentro del plazo que establece esa norma, para que revierta dicha determinación. Por consiguiente, en tanto este recurso no fue resuelto lo que ocurrió recién el día 2 de octubre de 2017 el procedimiento de renovación de la patente ya referida no había expirado y, al no contemplar la ley una etapa especial dentro del mismo para que el interesado presente los antecedentes necesarios para renovarla, ha de entenderse que puede hacerlo durante todo el proceso.

SEXTO: Que de esta manera y siendo un hecho no discutido que la recurrente presentó con su recurso de reposición de fecha 2 de agosto de 2017 antecedentes cuya ausencia previa fue el único fundamento de la decisión de no renovar la patente de alcoholes, aquella presentación no fue extemporánea y, por ende, tales documentos debieron ser considerados para efectos de decidir la solicitud de reposición. Al no haber ocurrido así, toda vez que la reposición fue rechazada sobre la base de que los antecedentes fueron presentados extemporáneamente, la autoridad recurrida incurrió en un acto ilegal que perturbó la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, ya que dio un trato discriminatorio a la recurrente en relación con otros titulares de patente de alcoholes que presentaron también los antecedentes necesarios para su renovación dentro del proceso llevado a cabo para tal efecto.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. Facultad del Alcalde, previo acuerdo del concejo municipal, y previa consulta de las juntas de vecinos, para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. Inexistencia de causales taxativas que determinen la no renovación de patentes de alcoholes. Concejo Municipal es el encargado de ponderar y analizar las circunstancias particulares de cada petición. Negativa a solicitud de renovación de patente de alcoholes no es ilegal ni arbitraria.

Fecha: 19/03/2018

Ver Cita Online: CL/JUR/4694/2018

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Hechos:

Se deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que acoge el recurso de protección interpuesto por el titular de una patente de alcoholes. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema revoca el fallo en alzada, desestimando la acción constitucional.

Considerandos relevantes:

CUARTO: Que, desde una perspectiva formal, tratándose de un procedimiento especial y reglado, conforme lo dispuesto en el artículo 65 o) de la Ley Nº18.695, de la lectura de los antecedentes que obran en la carpeta digital es posible constatar que se ha satisfecho cada uno de los requisitos establecidos en la citada norma. En especial, se ha acreditado mediante la documental acompañada junto con el informe, que la Municipalidad recurrida hizo entrega, el 4 de mayo de 2017, del Memorándum Nº162 dirigido a las Juntas de Vecinos “16 de febrero” y “Nueva Sierra Bella”, solicitando pronunciamiento sobre la renovación de las patentes de alcoholes de la comuna que se explotan en su sector, actuación que satisface la “consulta” exigida por la Ley, lo que descarta la configuración de la omisión denunciada por el actor.

QUINTO: Que, en cuanto al mérito del acto, es necesario mencionar que tanto la Ley Nº18.695 como la Ley Nº19.925, carecen de causales taxativas que determinen la no renovación de patentes de alcoholes, limitándose la normativa a precisar cuáles son los antecedentes mínimos con que debe contar el Concejo Municipal a la hora de resolver la solicitud del administrado, siendo, este órgano, el encargado de ponderar y analizar las circunstancias particulares de cada petición, gozando de idoneidad para ello en atención a su generación, composición y funcionamiento.

SEXTO: Que, en el caso concreto, la negativa ha sido fundada en haber ejercido el actor un “giro no autorizado”, hecho cuya efectividad ha sido judicialmente determinada, según consta en sentencia de 17 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado de Policía Local de San Joaquín en causa Rol Nº1934 2017 15.

SÉPTIMO: Que, así, habiéndose satisfecho las formalidades que la Ley prescribe, adoptándose la decisión por el órgano naturalmente llamado a ello, y fundándose el acto terminal en circunstancias cuya efectividad ha sido establecida mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada, es posible concluir que el pronunciamiento negativo a la solicitud de renovación de patente de alcoholes formulada por el recurrente no puede ser calificado como un acto ilegal o arbitrario, lo que determina el necesario rechazo del recurso.


3. Corte Suprema.

Reclamo de ilegalidad municipal. No renovación de patente de alcoholes. Control de legalidad de la decisión de no renovar la patente de alcoholes implica revisar lo obrado por el Concejo Municipal. Distinción entre el ejercicio de facultades regladas y de facultades discrecionales. Procedencia y alcance del control jurisdiccional respecto del ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Administración. Consideración del principio de proporcionalidad en el control del ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Administración. Desconocimiento del informe de la Junta de Vecinos. Carga de acompañar el informe de Carabineros y de la Junta de Vecinos recae sobre la municipalidad reclamada. Incumplimiento del deber de fundamentación del acto administrativo.

Fecha: 12/10/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/6673/2017

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Hechos:

Una municipalidad decide no renovar la patente de alcoholes de un sujeto. Éste impugna aquella decisión mediante reclamo de ilegalidad, acción que será rechazada por la Corte de Apelaciones. El reclamante deduce recurso de casación en el fondo, arbitrio procesal que será acogido por el Máximo Tribunal, por estimar que la decisión de la municipalidad no fue debidamente fundada.

Considerandos relevantes:

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, se verifica el primer error de derecho denunciado por el recurrente, toda vez que al constituir el acuerdo del Concejo Municipal, un requisito de validez del acto impugnado, resulta incuestionable que el control de legalidad de aquel necesariamente implica revisar lo obrado por el Concejo, pues es en el seno de tal órgano en que se expresa la voluntad de renovación de la patente, adoptando acuerdos que, posteriormente, se materializan en el decreto alcaldicio respectivo.

Así, la acción del artículo 151 de la Ley Nº 18.695 debe dirigirse en contra del Decreto Alcaldicio que, eventualmente, deniega la renovación de la patente de alcoholes, pues éste es el acto terminal del procedimiento de renovación de patente, empero, el examen de legalidad de la decisión, naturalmente debe involucrar la revisión de lo obrado por el Concejo Municipal, no sólo por ser éste un requisito de validez, sino porque además aquello constituye un pilar fundamental de la motivación del acto administrativo, exigible conforme lo disponen los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880.

 

SENTENCIA DE REEMPLAZO

TERCERO: Que la exigencia de motivación de los actos administrativos, atendido los contornos de la cuestión puesta en conocimiento de la judicatura, se relaciona directamente con el ejercicio de las potestades con las que está revestida la Administración, en este caso, el Concejo Municipal y el Alcalde, para no renovar la patente de alcoholes.

En efecto, en doctrina se distingue entre el ejercicio de facultades regladas y facultades discrecionales, en las primeras toda la actuación previa al nacimiento de un determinado acto administrativo se encuentra prevista y determinada en la ley, por lo que la autoridad debe ceñirse estrictamente a ella tanto al verificar los supuestos de hecho como en el procedimiento que determina la decisión, que está igualmente regulada en relación a la situación fáctica que la origina. En cambio, en el ejercicio de las facultades discrecionales, la Administración goza de cierto ámbito de libertad al momento de adoptar la decisión. Interesa destacar que en este último caso, indudablemente concurren etapas regladas, toda vez que debe existir norma expresa que entregue a un órgano determinado la libertad para decidir, ante precisos supuestos de hecho.

CUARTO: Que se debe destacar, que tanto el ejercicio de la potestad reglada como la discrecional, está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura. En efecto, no existe mayor discusión respecto del control que debe efectuarse respecto del ejercicio de la facultad reglada; sin embargo, existen discrepancias en cuanto al control que corresponde desplegar respecto del ejercicio de la potestad discrecional. En este aspecto, es efectivo que no procede que los órganos jurisdiccionales sustituyan la decisión de la administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes que determinan la decisión; sin embargo, se debe aquello no excluye el control jurisdiccional respecto de los actos administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una facultad de carácter discrecional por parte de la Administración, toda vez que aquellos, como todo acto administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza. Tal materia, puede y debe ser controlada por la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido puesto en su conocimiento, toda vez que la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad.

QUINTO: Que, asentado lo anterior corresponde precisar, además, que igualmente los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para realizar un control de los actos que tienen su origen en el ejercicio de facultades discrecionales, en tanto se debe verificar que exista norma que en forma expresa entregue a la Administración una amplia facultad para decidir y que los presupuestos de hecho que determinan el ejercicio de tal facultad existan, como asimismo que el fin que ha sido previsto por el ordenamiento jurídico al otorgar la facultad jurisdiccional, se cumpla. (…)

SÉPTIMO: Que, como se observa, la decisión del Concejo se funda en dos infracciones, respecto de las cuales se desconoce la fecha en que se incurre en ellas, para efectos de determinar el período de su incidencia, sin perjuicio que, además, es evidente que al menos una de ellas no reviste características que ameriten considerarla para no renovar la patente, puesto que no mantener el logo en lugar visible es una cuestión netamente administrativa que no reviste la entidad necesaria para determinar aquella decisión.

Ahora bien, lo relevante es que se aduce como fundamento de la decisión la existencia de un informe de Carabineros y otro de la Junta de Vecinos, cuyo tenor no se extracta. Tales informes tampoco han sido acompañados en sede judicial, a pesar que sobre la reclamada pesaba la carga de acompañarlos, pues aquellos constituyen el fundamento del acto administrativo, que lógicamente deben estar en su poder, sin que quepa imponer tal carga al reclamante.

En este mismo orden de ideas, se constata que en el acta no se consignan los argumentos de cada concejal para sostener su votación, cuestión que, eventualmente, habría permitido comprender la razón que determina la no renovación de la patente del reclamante.

Así, la sola exposición de los antecedentes, deja al descubierto la arbitrariedad en la que se incurrió al analizar la renovación de la patente de alcoholes de la recurrente. En efecto, se desconoce completamente el tenor del informe de la Junta de Vecinos, por lo que no se sabe si este es fundado. Lo anterior es trascendente puesto que los concejales que votan por la no renovación, como se señaló, no esgrimen ningún argumento, a no ser el tenor de informes cuyo tenor se desconoce, por lo que indudablemente el Acuerdo Nº 292/2016 y, en consecuencia, el Decreto Nº 11.573, constituyen actos Administrativos carentes de motivación por cuanto, en los hechos, el afectado por aquellos, esto es el titular de la patente que no se renueva, desconoce las razones por las que no se accede a su petición de renovación. Tanto es así que, incluso, concluido el debate en sede judicial, es imposible determinar cuáles fueron las razones para no renovar la patente.

OCTAVO: Que, como se anunció, la circunstancia que un acto administrativo nazca a la vida del derecho producto del ejercicio de una potestad discrecional no implica que los órganos jurisdiccionales deban inhibirse de su control. Así, se debe verificar no sólo la existencia de la ley que habilite para ejercer la potestad discrecional, sino que además se debe constatar que se configuren los supuestos de hecho, el cumplimiento del fin previsto en la norma y se cumpla con el requisito de razonabilidad, estrechamente vinculado a la exigencia de proporcionalidad, todos exámenes que esta Corte no está en condiciones de realizar toda vez que la falta de fundamentación del acto administrativo lo impide.

NOVENO: Que, en consecuencia, el Decreto Alcaldicio Nº 11.573, de 18 de julio de 2016, como el Acuerdo Nº 292 del Concejo Municipal, adoptado en la Sesión Nº 20 del día 13 del mismo mes y año, se tornan arbitrarios y en tal sentido constituyen actos ilegales, pues carecen de motivación, requisito de validez de los actos administrativos, por lo que vulneran los artículos 65 letra o) de la Ley Nº 18.695 en relación a los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, razón por la que el reclamo de ilegalidad deberá ser acogido.