Ian Henríquez Herrera

Doctor en Derecho y Magíster en Investigación Jurídica (Universidad de los Andes), Magíster en Derecho Privado y Licenciado en Derecho (Universidad de Chile). Profesor de Derecho Civil y de Ética de la Abogacía (Pont. Universidad Católica de Chile). Ejerce libremente la profesión en materias civiles, comerciales, laborales y regulatorias. ihenriquez@ianhenriquez.cl.

 

 

Simulación y acción de nulidad. Corte Suprema. “Claudia González con Henry Gamboa”.
Rol N° 7.793-2009, 23 de agosto de 2011

 

Introducción

Con fecha 23 de agosto de 2011, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo, interpuesto en contra de una sentencia de la Corte de Santiago, en un procedimiento ordinario por nulidad absoluta y simulación. El caso es interesante pues explicita la doctrina que sigue siendo actual sobre la simulación, estableciendo los requisitos que diferencian la lícita de la ilícita y la absoluta de la relativa. Asimismo, el fallo da por sentada la procedencia de la acción de simulación con efecto invalidante. Por otra parte, el fallo sostiene que toda simulación –aun la que se clasifica como lícita- es en rigor éticamente ilícita en tanto contiene un engaño a terceros.

  1. Resumen del hecho y del iter

Una persona natural vendió un inmueble a una sociedad, que a la época del título se encontraba embargado. Con posterioridad al alzamiento del embargo, el mismo primer vendedor vendió nuevamente el inmueble a un segundo comprador, y previo a la inscripción del segundo título, el primer comprador inscribió el suyo. El segundo comprador demandó la nulidad del primer contrato por objeto ilícito y conjuntamente la simulación del mismo. El juez de primera instancia acogió la demanda. La Corte de Santiago revocó el fallo y rechazó la demanda. La diferencia sustancial entre cada una de las instancias fue que, en segunda, se consideró el interés y el perjuicio del tercero como requisitos para el ejercicio y la procedencia de la acción de simulación, no así en primera. La Corte Suprema compartió el criterio de la Corte de Santiago, de modo tal que rechazó la casación en el fondo.

  1. Las cuestiones jurídicas.

En el fallo hay a lo menos dos cuestiones jurídicas importantes de destacar. La primera, dice relación con el concepto, los requisitos y la clasificación de la simulación. El fallo contiene una buena síntesis y es un dato de referencia sobre el estado de la cuestión en la jurisprudencia. La segunda, dice relación con la legitimación activa, y en especial con el interés exigido para ejercer la acción de simulación. El punto es interesante, pues el razonamiento es análogo a la acción de nulidad absoluta.

2.1. La simulación

            Los considerandos séptimo a noveno del fallo de casación tratan directamente sobre la simulación. Los desglosaremos en función del concepto, requisitos y clasificación de la misma. 

2.1.1. Concepto

El considerando séptimo contiene una serie de definiciones de simulación:

“SÉPTIMO: Que lo normal, en el ámbito de las relaciones jurídicas, viene a ser que la voluntad real guarde coincidencia con la voluntad que se declara; sin embargo, también suele ocurrir que, en ocasiones, se produzca disconformidad o incongruencia entre ambas, como en el caso de la simulación. En el caso de marras, centrado que ha quedado el debate en torno a determinar la pertinacia de la simulación demandada, corresponde en primer término precisar el marco jurídico y doctrinario que la determina.

Al efecto, debe consignarse que el legislador no ha definido la simulación, y los artículos 1700, 1707, 1876 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil que se refieren a ella, se limitan a reconocer la posibilidad de su existencia, la mencionan, reglamentan su prueba y determinan sus efectos.

La voz ‘simulación’ tiene su origen en las locuciones latinas ‘simul’ y ‘actio’ y según esta etimología señala el concierto o inteligencia de dos o más personas para dar a alguna cosa la apariencia de otra. (Raúl Diez Duarte. “Contrato Simulado Editorial Jurídica Conosur, 1995, pág. 47).

La simulación, desde el punto de vista jurídico se define como la disconformidad consciente entre la voluntad y su declaración convenida entre partes, con el fin de engañar a terceros. También, como el acuerdo en la celebración de un acto cuando en verdad se quiere celebrar otro o ninguno.

Para Cariota Ferrara la simulación es ‘la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo’ ( Luigi Cariota Ferrara, ‘El negocio jurídico’ , Editorial Aguilar, Madrid, 1956, pág.56). […].

Doctrinariamente se define, también, la simulación como ‘la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes o entre el declarante y la persona a la cual va dirigida la declaración para producir con finalidad de engaño la apariencia de un acto jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo’ (Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga. ‘Curso de Derecho Civil’, Tomo I, Parte General y Las Personas. Editorial Nascimiento. Santiago de Chile, 1945, págs. 548 y 549). ‘La simulación consiste en aparentar una declaración de voluntad que no se desea, contando con la aquiescencia de la parte a quien esa declaración va dirigida’ (Avelino León Hurtado ‘La voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos’, Editorial Jurídica, Tercera edición, 1952, pág. 131)”.

2.1.2. Requisitos

El mismo considerando séptimo enuncia los requisitos de la simulación, entre los que señala: a) Disconformidad entre la voluntad real, efectiva, verdadera y la declarada o manifestada; b) Conciencia de la disconformidad, esto es, conocimiento de que queriéndose algo se expresa una cosa diferente. Esta posición de los sujetos conforma la diferencia entre la simulación y el error, en el cual también existe disconformidad entre lo querido y lo expresado pero falta, precisamente, esta conciencia o actitud deliberada; c) Concierto entre las partes, o sea, comunicación recíproca y acuerdo entre ellos en que lo que dicen es sólo apariencia porque es algo distinto lo que efectivamente se quiere; d) Intención de engañar. 

2.1.3. Clasificación

El considerando octavo contiene dos criterios de clasificación de la simulación, en razón de su licitud o ilicitud y en razón de si el acto simulado contiene otro acto jurídico diverso, en cuyo caso será relativa, o es sólo pro forma, caso en el cual será absoluta. Dice el considerando:

“OCTAVO: […] Tomando en cuenta si ha existido o no intención de causar perjuicio a terceros, la simulación puede ser lícita o ilícita. Corresponde señalar, respecto de esta clasificación, que “la intención de engañar es requisito esencial de la simulación –ello quedó de manifiesto en la definición que de ella se dio en el considerando anterior–; pero también es cierto que no siempre se concierta con fines fraudulentos, dolosos, sino, a veces, obedece a una causa lícita, es decir, a motivos o móviles perfectamente lícitos y hasta generosos. (Raúl Diez Duarte, ob. cit. pág. 81). Se encuentra ella “determinada por motivos inocentes o de orden moral, como evitar conflictos con personas que se juzgan con derecho a idéntico beneficio, ponerse a salvo de indiscreciones o impedir que el público se ponga al corriente de ciertos negocios o bien por modestia o desinterés para realizar anónimamente el bien, (Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U. ob. cit. pág. 550) o por el interés de conservar el crédito (Cariota Ferrra, ob. cit, pág.48). La causa de la simulación lícita hay que buscarla en cualquier móvil que no sea el perjuicio de terceros (Víctor Vial, “Teoría General del Acto Jurídico, Editorial Jurídica, 2003, pág.141). En cambio, ‘la simulación ilícita tiene por finalidad provocar perjuicio a terceros; y, además, de la sanción civil que lleva aparejada, en razón de su antijuricidad, es objeto de tipificación en el ámbito punitivo, según l a previsión acuñada en el artículo 471 Nº 2 del Código Penal. Acudiendo a esta expresión mendaz de la voluntad suele buscarse una alteración de la realidad patrimonial para perjudicar el interés de los acreedores, como sucede con la transferencia simulada de bienes a terceras personas con el fin de sustraerlos de la persecución inherente al derecho de prenda general’ (Corte Suprema Rol Nº 6.537–09, 26 de mayo de 2011).

El profesor Abeliuk indica como elementos de la simulación ilícita, los siguientes:

a.– La disconformidad entre la voluntad interna y la declarada;

b.– Esta disconformidad debe ser consciente y deliberada;

c.– Acuerdo de las partes; e [sic]

d.– Intención de perjudicar a terceros (“Las Obligaciones , Tomo I, Quinta Edición, Editorial Jurídica, año 2008, pág. 159).

La doctrina entiende, por simulación ilícita la que perjudica (o tiene la intención de perjudicar) a terceros o viola (o tiene la intención de violar) la ley, y por simulación lícita la que no provoca (o no pretende provocar) alguno de aquellos resultados. Lo que se expone, sin perjuicio que en todo caso en la simulación estará presente el engaño a los terceros, por lo que desde un punto de vista ético bien podría considerarse que toda simulación es ilícita, en cuanto el engaño o encubrimiento de la verdad es ilícito”.

[…] Luego y desde otro prisma, según se adelantó, la simulación puede ser absoluta o relativa. En la primera, el acto jurídico se da sólo en apariencia, pues carece por completo de contenido serio y real. La declaración que se formula no obedece a voluntad real alguna; como dice Ferrara, “el negocio se limita a una forma vacía destinada a engañar al público (“La Simulación de los Negocios Jurídicos , ob. cit., pág. 173). La simulación relativa, en cambio, supone la celebración de un acto jurídico aparente, cuando en realidad se persigue convenir en otro distinto. Quienes concurren a darle forma tienen la intención de concluir un negocio verdadero, pero lo disfrazan con una modalidad diversa de manera que su naturaleza real permanece oculta. Ejemplo típico de esta forma de simulación es el de un contrato aparente de compraventa, tras el cual, se esconde una donación.

En esta misma dirección se entiende por simulación absoluta, aquélla en la que tras el acto aparente no se oculta otro; y, por simulación relativa, la que tras el acto aparente se esconde otro diverso (Daniel Peñailillo Arévalo, “Cuestiones Teórico Prácticas de la Simulación , Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, Nº 191, págs. 12 a 16)”. 

2.2. Legitimación activa

El legitimado activo para demandar simulación es un tercero interesado y actual o potencialmente dañado. Se lee en el considerando noveno:

“NOVENO: La doctrina denomina de acción de simulación a la que ejercen los terceros a quienes la simulación perjudica para que el juez declare la voluntad real de las partes.

Para ejercer la acción de simulación, se requieren las siguientes condiciones:

  1. a) Solamente la puede entablar aquel tercero al contrato simulado que es titular de un derecho subjetivo o de una posición jurídica amenazada o embarazada por el contrato aparente. Dicho en otras palabras, el actor debe tener un interés jurídico.
  2. b) El actor debe probar el daño sufrido como consecuencia de la incertidumbre ocasionada por el acto simulado, daño que determina la necesidad de invocar la tutela jurídica. Un medio de prueba frecuente lo constituyen en esta materia las presunciones que pueda deducir el juez (Víctor Vial, ob.cit., pág. 153)”.

Este punto reviste especial importancia en el caso, dado que la Corte estimó que el demandante carecía de interés, puesto que al momento de la celebración del contrato impugnado por simulación el actor aún no había celebrado el segundo contrato de compraventa, de modo tal que no tenía derecho subjetivo alguno objeto de tutela. En lo de fondo, pareciera que el criterio de considerar que el interés debe existir al tiempo de la celebración del contrato que se impugna es errado. Parece razonable sostener que basta que el interés exista al tiempo de accionar. Por lo pronto, no hay argumento de texto que respalde ni fundamente la primera posición. En cambio, si lo que se procura con la acción de simulación es el resguardo de la licitud del tráfico jurídico y la protección de la buena fe, no hay razón para circunscribir temporalmente la presencia del interés al tiempo de la celebración del contrato simulado. En esto, nos parece que la Corte sostuvo una tesis incorrecta. Con todo, ese es el estado de la cuestión, y el problema es análogo al de la legitimación activa para el ejercicio de la nulidad absoluta. Es más, esto remite a otro problema de fondo, cual es si la acción de simulación es autónoma o, si por el contrario, la simulación es sólo una causal de nulidad absoluta.