Ian Henríquez Herrera
Doctor en Derecho y Magíster en Investigación Jurídica (Universidad de los Andes), Magíster en Derecho Privado y Licenciado en Derecho (Universidad de Chile). Actualmente, es Profesor de Derecho Civil y de Ética de la Abogacía (Pont. Universidad Católica de Chile) y ejerce libremente la profesión en materias civiles, comerciales, laborales y regulatorias. ihenriquez@ianhenriquez.cl.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte”) ha ido desarrollando una interesante jurisprudencia en materia de derecho de propiedad. Curiosamente, entre los aspectos que merecen una atenta consideración, están aquellos referidos a litigios relacionados con la protección de derechos de accionistas. Se trata de una materia de la que no sólo conviene tomar noticia, sino que amerita un juicio y análisis crítico y ponderado.

Por lo pronto, cabe observar que la Corte ha sostenido un concepto amplio de bienes: “Los bienes pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor” (caso Ivcher v. Perú, de 6 de febrero de 2001, par. 122; caso Comunidad Mayagma v. Nicaragua, de 31 de agosto de 2001, par. 144; caso Comunidad Yakie v Paraguay, de 17 de junio de 2005, par. 137).

Sobre la base de lo anterior, en a lo menos dos ocasiones la Corte ha declarado violación del derecho de propiedad sobre cosas incorporales. El primer caso es conocido como el de los “cinco pensionistas”, cuya sentencia es de 28 de febrero de 2003, por el cual se sancionó al Estado de Perú, por haber afectado “el derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión” de cinco titulares de una pensión de cesantía. El segundo es Ivcher v. Perú, ya citado. En este caso, un juez dispuso una medida cautelar que suspendió los derechos de accionista mayoritario del señor Ivcher y revocó su nombramiento como director y presidente de una compañía de telecomunicaciones. Señala la Corte (par., 124 a 127):

“las consecuencias de la medida cautelar dispuesta fueron inmediatas y evidentes: se impidió al señor Ivcher Bronstein actuar como Director y Presidente de la Compañía, por lo que no pudo continuar dirigiendo la línea informativa del Canal 2; e igualmente quedó privado de la posibilidad de participar en las reuniones de la Junta Directiva, en las que los accionistas minoritarios tomaron decisiones importantes, tales como la remoción de los miembros del Directorio, entre los que figuraba el señor Ivcher, el nombramiento de nuevos miembros e, inclusive, un aumento del capital de la Compañía; finalmente, no pudo transferir sus acciones, recibir dividendos derivados de éstas y ejercer otros derechos que pudieran corresponderle como accionista de la Compañía.

            La Corte Internacional de Justicia ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma, señalando que las leyes internas otorgan a los accionistas determinados derechos directos, como los de recibir los dividendos acordados, asistir y votar en las juntas generales y recibir parte de los activos de la compañía en el momento de su liquidación, entre otros. Este tribunal observa que la medida cautelar mencionada obstruyó el uso y goce de esos derechos por parte del señor Ivcher Bronstein; además, cuando la esposa de éste trató de hacer valer los mismos derechos como copropietaria de las acciones de su esposo, resultaron infructuosos los procesos que intentó al efecto. Consecuentemente, la Corte concluye que el señor Ivcher fue privado de sus bienes, en contravención de lo establecido en el artículo 21.2 de la Convención [“Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley”]”.

Es interesante notar, por consiguiente, que ha sido un accionista el legitimado activo en el sistema interamericano, y que el derecho que se estimó conculcado es el de propiedad, y específicamente sobre cosas incorporales: derechos de accionista.

En otro vértice, a riesgo de pequeño excursus, conviene advertir la creciente y progresiva incidencia de la Corte Interamericana en proyectos de inversión, como se muestra, sin ir más lejos, en la transacción suscrita por Endesa en el año 2003 para la construcción de la Central Ralco, en virtud de la cual dicha compañía se obligó a pagar a las familias pehuenches la suma de USD m. 1.200; o bien, en el caso Claude Reyes, del año 2006, que involucraba a la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor en el sur de Chile.

Desde luego, es posible asentar dos miradas concurrentes a lo previamente constatado. La primera, que es la más obvia y directa: la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es funcional asimismo a la protección de los derechos de titulares de cosas incorporales, y específicamente, inclusive, a la de accionistas. Desde el punto de vista meramente forense, es un aspecto que puede resultar útil para muchos conocer. La segunda, se sigue de la anterior, y conecta con el creciente juicio que existe sobre el rol que progresivamente ha ido asumiendo de muto proprio la Corte. Lo que se advierte, es una tendencia creciente y de manera exponencial a expandir su ámbito de competencia y de distanciarse de sus textos fundacionales. Eso no es saludable ni para el sistema interamericano ni para las democracias regionales. En lo inmediato, cabe preguntar ¿estaba en el espíritu y en la intención de los Estados signatarios que la Corte terminase protegiendo derechos de un accionista?.

Hay un problema dogmático-jurídico y uno político, ambos muy de fondo, en la cuestión anterior. Ha sido un error equiparar conceptualmente, así sin más y para todos los efectos, “derechos humanos” con “derechos fundamentales” o inclusive con “garantías constitucionales”; como si todos tuvieran la misma tesitura, densidad y ameritasen por consiguiente el mismo grado de protección e intervención inclusive supraestatal. Otro tanto ocurre con los verbos rectores de la lesión del derecho: “violación”, “privación”, “afectación” admiten asimismo una razonable diferenciación y gradación. “Afectar” un “derecho de propiedad” no constituye per se –y tal vez jamás– una “violación de un derecho humano”, en el sentido fuerte y riguroso de la expresión. Una violación exige un grado de magnitud mayor, por ejemplo, en casos de expropiaciones masivas e ilegales, o confiscaciones selectivas y de grande envergadura en relación con el patrimonio del afectado, etc. Pero la mera afectación no califica como una violación propiamente tal. Este análisis lo hacemos con ocasión del derecho de propiedad, pero no queda circunscrito a él.

El fenómeno evidente, aunque peligroso, que se está verificando, se trasunta en el siguiente silogismo: la dignidad de la persona exige una protección plena y total; cualquier afectación a su integridad no se condice con su dignidad; toda afectación implica una violación de sus derechos humanos. Hay en esto un evidente salto lógico.

La protección integral de la persona está muy bien, a no dudarlo. Inclusive, su afirmación es un triunfo de la ética cristiano-occidental que hay que cuidar y resguardar. Pero otra cosa muy distinta es equiparar toda afectación a una violación de derechos humanos que amerita una respuesta excepcional no sólo del Estado sino del sistema interamericano en su conjunto.

Dicho lo anterior, el problema político asoma con claridad: mientras hay verdaderas tragedias humanitarias en el continente, con una manifiesta lenidad e inoperancia de la comunidad internacional y sus instituciones, la Corte, con sus escasos recursos, tiene puesta la atención y la mirada en el derecho de propiedad sobre cosas incorporales: derechos de accionistas. La Corte se ha distanciado de sus fuentes y con ello ha desviado sus fines.