1. Corte Suprema. Tráfico de drogas. Eventual ausencia de autorización judicial para realizar interceptaciones telefónicas de terceros sólo puede ser reclamada por éstos en el proceso penal seguido en su contra.

2. Corte Suprema. Tráfico de drogas. Respeto y protección a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones. Requisitos de procedencia de la interceptación de comunicaciones telefónicas. Autorización para la interceptación de comunicaciones. Investigación previa que involucraba al imputado en el delito de tráfico de drogas e interceptaciones telefónicas que confirmaban el transporte de droga constituyen indicios suficientes para la realización del control de identidad.

3. Corte Suprema. Tráfico de drogas. Resolución que autoriza la interceptación telefónica que no fue registrada en la carpeta investigativa. Conocimiento de la defensa de la existencia de la resolución que autorizaba la interceptación telefónica. Incumplimiento del deber de registro que no tiene la capacidad de invalidar lo obrado.


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1. Corte Suprema.

Tráfico de drogas. Eventual ausencia de autorización judicial para realizar interceptaciones telefónicas de terceros sólo puede ser reclamada por éstos en el proceso penal seguido en su contra.

Fecha: 30/10/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/7009/2017

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Hechos:

El tribunal de juicio oral en lo penal dicta sentencia condenatoria respecto de los imputados por el delito de tráfico de drogas. Las defensas de los sentenciados atacan el fallo mediante recursos de nulidad por las causales del artículo 373 letras a) y b) del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Corte Suprema, descartando la existencia de una vulneración sustancial de los derechos fundamentales de los acusados, determina rechazar el recurso.

Considerandos Relevantes:

NOVENO: Que, entonces, de ser cierta la ausencia de venia judicial para ejecutar las reseñadas interceptaciones telefónicas, lo que no se halla establecido, dado que únicamente se probó carencia de su registro en la carpeta de esta rama de la investigación que abarca varias otras aristas, sólo esos terceros cuyas comunicaciones telefónicas fueron intervenidas podrían quejarse de semejantes anomalías en un eventual proceso penal seguido en su contra, por lo que no incumbe a los imputados invocar la presunta inobservancia de garantías de terceros en su favor.

A mayor abundamiento, las magistradas acertadamente coligen que no se ha demostrado que las probables interceptaciones «fuesen presupuesto de la detención» de los incriminados (…) y (…) pues, como ya se ha dicho, en las conversaciones interceptadas ni siquiera se les menciona o alude como quienes concurrirán a la entrega, sino a otros sujetos, un ciudadano colombiano y uno chileno, y sólo se sabe de ellos como partícipes de esta transacción porque acompañan a aquél hasta el lugar convenido, donde son aprehendidos en posesión de la droga de manera flagrante, y es éste en verdad el motivo de la persecución penal, como también correctamente afirma el fallo impugnado.


2. Corte Suprema.

Tráfico de drogas. I. Respeto y protección a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones. Procedencia de la intercepción de las comunicaciones. Requisitos de procedencia de la interceptación de comunicaciones telefónicas. Autorización para la interceptación de comunicaciones. II. Existencia de indicios suficientes para la realización del control de identidad. Investigación previa que involucraba al imputado en el delito de tráfico de drogas e interceptaciones telefónicas que confirmaban el transporte de droga constituyen indicios suficientes para la realización del control de identidad.

Fecha: 05/09/2016

Ver Cita Online: CL/JUR/6172/2016

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Hechos:

El tribunal de juicio oral en lo penal dicta sentencia condenatoria por el delito consumado de tráfico de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3º en relación con el artículo 1º de la Ley Nº 20.000. La defensa del condenado recurre de nulidad, pero la Corte Suprema rechaza el recurso deducido.

Considerandos Relevantes:

SEXTO: Que en cuanto a las garantías del respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, se trata de una proyección de las particularidades personalísimas del individuo que constituye el núcleo de lo íntimo, secreto o confidencialidad que toda persona tiene y conforme a lo cual proyecta su vida y le infunde un sello característico propio e irrepetible, por lo que se trata de un atributo cercano a la dignidad humana; razón por la que la intimidad, unida a la libertad, es la base de ese derecho (Cea Egaña, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Derechos, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004, p. 198).

Sin embargo, conforme a la Carta Fundamental, las comunicaciones pueden interceptarse en los casos y formas determinados por la ley. De allí que, el artículo 222 del Código Procesal Penal establece los requisitos de procedencia para interceptar comunicaciones telefónicas del imputado como de otras personas que sirven de intermediarias de las mismas o que facilitan sus medios de comunicación al imputado o a terceros que actúan como intermediarios, y son los siguientes: a) que existan sospechas fundadas que una persona cometió o participó en la preparación o comisión, o que prepara actualmente la comisión o participación en un hecho punible, y tratándose de otras personas que concurran las mismas sospechas de que sirven de intermediarias de dichas comunicaciones o que faciliten sus medios de comunicación al imputado o a sus intermediarios; b) que se base en hechos determinados; c) que la pena asignada al delito investigado merezca pena de crimen; y d) que sea imprescindible para la investigación. A lo anterior, dados los términos de lo planteado en el recurso, también conviene tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 20.000, que señala que la medida de investigación de interceptación de comunicaciones se podrá aplicar respecto de todos los delitos previstos en dicha ley y cualquiera sea la pena que merecieren, de conformidad con las prescripciones pertinentes del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, añade la norma, no regirá lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 222 de ese Código, en cuanto a indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida, siendo suficiente consignar las circunstancias que lo individualizaren o determinaren. (…)

OCTAVO: Que, en consecuencia, la causal que se examina se funda en la ausencia de los requisitos que establece el artículo 222 del Código Procesal Penal, cuando se mantuvo la interceptación de las comunicaciones telefónicas que el sentenciado (…) efectuó por el teléfono móvil número (…) durante un cierto periodo, lo que no es efectivo, pues se encuentra asentado que la autorización judicial fue otorgada para el mencionado número telefónico que se suponía utilizado por un sujeto «Torres», sin embargo, dicho móvil estaba siendo empleado por (…), circunstancia que sólo fue establecida por los funcionarios policiales con posterioridad a la autorización, resultando una contingencia no prevista tanto por la autoridad que dispuso esa medida como por quien la ejecutaba, por lo que no se conculcaron las garantías consagradas en el número 3° inciso sexto del artículo 19 de la Carta Fundamental, al encuadrar los funcionarios policiales su actividad a la normativa legal que los rige.

Por otra parte es necesario tener presente, que tal como se estableció en el fundamento décimo, aquella inicial interceptación se insertó en el marco de una investigación mayor que incluía también, entre otros, a la pareja de (…), cuyos teléfonos también fueron intervenidos previa autorización judicial de 17 de marzo de 2014, al igual que con fecha 25 de marzo de 2014 los nuevos teléfonos del sentenciado, diligencias que proporcionaron la información que permitió el seguimiento y posterior detención del sentenciado, así como la incautación de la sustancia ilícita.

Que, en consecuencia, la diligencia intrusiva realizada en la investigación de los hechos calificados como delito de tráfico de estupefacientes cuya información ha sido utilizada en este proceso, no merece reparo alguno. En efecto, se otorgó autorización para la interceptación con completa sujeción a las normas que la previenen, en los términos previstos en los artículos 222 del Código Procesal Penal y 24 de la Ley 20.000, de manera que tras la información obtenida de las interceptaciones del 17 de marzo de 2014 en adelante, que daban cuenta de actos preparatorios del delito objeto del fallo recurrido, era inevitable la investigación se encaminaría a su comprobación, dando así cumplimiento al cometido del Ministerio Público establecido en los artículos 1 de la Ley N° 19.640 y 3 del Código Procesal Penal.

En este escenario resulta indudable que no ha existido actuación inconsulta de los funcionarios policiales para proceder al uso de las interceptaciones telefónicas; y encontrándose asentado que el procedimiento investigativo también se encontraba dirigido en contra del acusado (…), la acusación que se vierte en el planteamiento de la causal principal invocada deviene en extremadamente formal, ya que ella no discute los presupuestos tenidos en cuenta para la práctica del mecanismo de averiguación que consagra la ley de drogas, sino que toda la impugnación se estructura en la errónea singularización de quien usaba el teléfono al momento de solicitarla, lo que constituye -tal como se dijo- una contingencia no prevista, que encuadra en la situación descrita en el inciso final del artículo 223 del Código Procesal Penal. (…)

UNDÉCIMO: Que, establecido el marco legal sobre el cual deberá transitar el pronunciamiento del presente capítulo del recurso de nulidad, cabe consignar que los indicios que justificaron, la práctica del control de identidad de estos antecedentes, se configuran por: 1) una investigación previa que involucraba al acusado en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes; 2) interceptaciones telefónicas que permitieron confirmar las gestiones de (…) para transportar la droga y; 3) que producto de una de esas interceptaciones se estableció que el acusado (…) transportaría en un determinado vehículo droga desde Linares a Puerto Montt y que llegaría el día 27 de marzo de 2014. Por ello, el supuesto sobre el cual descansa el cuestionamiento de este capítulo del recurso resulta difícil de admitir, en cuanto presupone la manifestación de indicios de ilegalidad que no concurren en la especie.

En efecto, el control efectuado tuvo como justificación las circunstancias referidas en el motivo noveno de la sentencia, elementos que se consideraron como suficientemente constitutivos de los indicios que, en número plural, la ley exige para la procedencia del control efectuado y que aparecen como razonablemente interpretados por los funcionarios actuantes.

En tal sentido, la información emanada de las interceptaciones telefónicas que dan cuenta del traslado de una sustancia ilícita hacia la ciudad de Puerto Montt, aparece como un antecedente suficiente para justificar el recurso a la herramienta que el artículo 85 del Código Procesal Penal entrega a las policías, lo que aunado al seguimiento ordenado por el Ministerio Público del vehículo que era conducido por el acusado (…) en compañía de otras personas, hasta el punto de entrega de la droga prohibida, permite concluir la existencia de mérito para dar curso al procedimiento que se cuestiona, cuyo aquilatamiento queda entregado al personal actuante, sin perjuicio del control ex post que corresponde a la judicatura.


3. Corte Suprema.

Tráfico de drogas. Resolución que autoriza la interceptación telefónica que no fue registrada en la carpeta investigativa. Conocimiento de la defensa de la existencia de la resolución que autorizaba la interceptación telefónica. Incumplimiento del deber de registro que no tiene la capacidad de invalidar lo obrado. Respeto del debido proceso.

Fecha: 18/07/2016

Ver Cita Online: 18/07/2016

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Hechos:

El tribunal de juicio oral en lo penal dicta sentencia condenatoria por el delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3º en relación artículo 1º de la Ley Nº 20.000. La defensa de condenados recurre de nulidad; empero, la Corte Suprema rechaza el recurso deducido.

Considerandos Relevantes:

OCTAVO: Que, así entonces, teniendo en consideración que en autos no se ha debatido sobre la existencia de la autorización, resta determinar si su falta de registro priva de legitimidad a la actuación policial, contaminando los antecedentes probatorios obtenidos como consecuencia de ella.

Que de esta manera, encontrándose asentado que no obstante que la resolución que autorizó la interceptación telefónica no se registró en la carpeta investigativa, los defensores tomaron conocimiento de aquella desde la audiencia de control de detención de sus representados, no es posible admitir el reproche que formula el recurso, por apartarse de los fines tenidos en vista por el legislador al instaurar el marco procedimental reseñado, el cual tiene por objeto hacer efectiva la garantía del debido proceso para el imputado, otorgándole las herramientas para cautelar el pleno respeto de sus garantías procedimentales en relación al ejercicio de la pretensión punitiva del Estado.

En efecto, resulta indudable que no existió actuación inconsulta por parte de los funcionarios policiales, por lo que no es posible acusar vulneración de garantías sobre tal supuesto; lo que transforma el planteamiento de la causal invocada en extremadamente formal, al estructurarse en la falta de registro de la resolución en la carpeta investigativa, lo que desatiende la circunstancia de haberse demostrado en el proceso el conocimiento previo que las defensas tenían de dicha actuación, por lo que la omisión del registro en las condiciones ya señaladas no tiene la capacidad pretendida en el libelo de invalidar todo lo obrado, por estar sustentada en una cuestión puramente formal. El garantizar el acceso a la información por parte de la defensa de aquellas diligencias y actuaciones que forman parte del proceso penal, tiene por objeto el poder ejercer plenamente entre otros, los derechos contemplados en los artículos 8°, 93 letra c) y 182 inciso segundo del citado Código Procesal Penal, los que las Defensas de los sentenciados dadas las circunstancias establecidas siempre estuvieron en condiciones de ejercer.

NOVENO: Que en este escenario, las detenciones de los sentenciados acontecidas como resultado de la información obtenida mediante la interceptación telefónica, así como la incautación de la sustancia ilícita, es el resultado de un procedimiento que fue desarrollado de acuerdo a la ley, por lo que no es susceptible de ser atacado por ilegalidad, ya que los funcionarios sometieron su actuación a la dirección y autorización del Ministerio Público, a quien le corresponde por mandato legal la investigación de los delitos.

DÉCIMO: Que entonces cabe concluir que la infracción a las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes en el acápite primero de sus arbitrios, no se subsumen en los hechos que exponen los recurrentes, pues de los fundamentos del recurso no se divisa en el procedimiento ni en la actuación del tribunal maniobra o resolución que vulnere las normas legales que orientan el proceder de la policía, del persecutor o sus auxiliares, como tampoco las garantías y derechos que el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política reconoce y garantiza a los imputados por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo consistente en la sustancia ilícita cuestionada y los testimonios que de ella derivaron y que fueran aportados al juicio por el Ministerio Público, de manera que la infracción advertida no configura el vicio denunciado.