1. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Ministerio Público por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias. Factor de atribución de responsabilidad más restrictivo que la responsabilidad administrativa o por falta de servicio. No es suficiente un proceder meramente equivocado, inexacto o desacertado para calificar una conducta como injustificadamente errónea o arbitraria. Conducta arbitraria del Ministerio Público debe ser antojadiza o estar dirigida por la irracionalidad.

2. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Existencia de antecedentes para que el Fiscal formalizara la investigación y solicitara medidas cautelares respecto del imputado. Inexistencia de un período importante de inactividad del Fiscal. Sobreseimiento definitivo por la causal de no ser constitutivo de delito el hecho investigado no determina per se la responsabilidad del Ministerio Público.

3. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Obligación del Ministerio Público de conservar y custodiar las especies incautadas en el desarrollo de una investigación penal. Responsabilidad del Ministerio Público por la pérdida de bienes incautados y no devueltos.


Estimados usuarios:

Para visualizar estas sentencias debe tener iniciada su sesión en Westlaw, en caso de solicitársele clave OnePass, por favor, comunicarse con nuestra área de servicio al cliente al 22510 5000.


1. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Indemnización de perjuicios, rechazada. Responsabilidad del Ministerio Público por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias. I. Sentencia debe referirse a las actuaciones del Ministerio Público y no a las determinaciones e intervenciones que, con ocasión de las peticiones del Ministerio Público o de la imputada, hayan podido adoptar los tribunales. II. Factor de atribución de responsabilidad más restrictivo que la responsabilidad administrativa o por falta de servicio. No es suficiente un proceder meramente equivocado, inexacto o desacertado para calificar una conducta como injustificadamente errónea o arbitraria. Conducta arbitraria del Ministerio Público debe ser antojadiza o estar dirigida por la irracionalidad

Fecha: 05/12/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/7761/2017

Ver texto completo

Hechos:

El demandante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó el fallo de primer grado, rechazando la demanda sobre indemnización de perjuicios en contra del Fisco por la responsabilidad que le cabe por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos Relevantes:

CUARTO: Que, como se advierte de la sola lectura de tales disposiciones, una y otra clase de responsabilidad, pese a sus evidentes similitudes, difieren considerablemente entre sí, puesto que mediante tales regulaciones se reglamentan situaciones diversas, derivadas de la actuación de entes distintos y sujetas a exigencias y requisitos diferentes.

En la especie se ha demandado al Fisco de Chile para que sea condenado a resarcir los perjuicios que los actores dicen haber padecido como consecuencia de la actuación «injustificadamente errónea o arbitraria del Ministerio Público» y no de los tribunales que intervinieron en la investigación y posterior juicio seguido en contra de la actora (…).

En esas condiciones, forzoso es concluir que lo censurado es el proceder del señalado ente persecutor y que, por consiguiente, los razonamientos y la decisión que deben adoptar los jueces del mérito en torno a la demanda de autos deben referirse a las actuaciones de dicho ente y no a las determinaciones e intervenciones que, con ocasión de las peticiones del Ministerio Público o de la imputada, hayan podido adoptar los tribunales respectivos.

De este modo, no resulta acertado aseverar, como lo hacen los jueces de la Corte de Apelaciones (…), que la prueba allegada al proceso no resulta suficiente para colegir que el Ministerio Público incurrió en una negligencia extrema o que su proceder da cuenta de un ánimo doloso en contra de (…), desde que la investigación pertinente «pasó varias veces por el Tribunal de Garantía de Talca y por esta misma Corte de Apelaciones» o que el sustrato de la acción indemnizatoria intentada en esta causa «es el daño causado por error judicial, cuando la persona incriminada resulta sobreseída definitivamente o es acreedora de una sentencia absolutoria». (…)

SÉPTIMO: Que al respecto es claro que la norma transcrita establece un estatuto especial de responsabilidad extracontractual, en que el título de imputación es el de «conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias» del Ministerio Público.

Por tanto, se ha de aclarar dicho concepto jurídico. Con este fin es útil traer a colación las expresiones que han sido utilizadas por esta Corte Suprema en distintos fallos para calificar este mismo concepto también empleado por la Constitución Política en el artículo 19 N° 7 letra i), a propósito de la responsabilidad del Estado por error judicial, señalándose que ello ocurre cuando se produce: a) un error inexplicable; b) desprovisto de toda medida que lo hiciera comprensible; c) falto de toda racionalidad; d) sin explicación lógica; e) un error grave, exento de justificación, sin fundamento racional, inexplicable; f) un error craso y manifiesto, que no tenga justificación desde un punto de vista intelectual o un motivo plausible; g) actuación adoptada insensatamente; y h) motivado por el capricho, comportamiento cercano al dolo («Tratado de Responsabilidad Extracontractual», Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 2007, página 524).

Es decir, se trata de un título de imputación mucho más restrictivo que el de los supuestos generales de la responsabilidad administrativa o de falta de servicio. Como ha manifestado el citado profesor Barros, haciendo referencia al error judicial, este tipo de responsabilidad responde más bien a un modelo de culpa o negligencia grave.

Esto implica que debe excluirse de tal tipo de conductas aquellos casos en que se proceda con un margen de error razonable.

En otras palabras, el error o arbitrariedad debe ser manifiesto en la conducta del Ministerio Público, contrario a la lógica, a los dictados de la experiencia y a los conocimientos sobre la materia respecto de la cual versa o, bien, ha de derivar de la sola voluntad o del capricho del órgano persecutor. (…)

NOVENO: Que ha quedado entonces claramente establecido, tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte (verbi gracia, en las sentencias dictadas en los autos rol N° 4739-2017; 52.932-2016; 30.956-2016; 16.9782016; 28.901-2015; 16.527-2015 y 8095-2015), en lo que dice relación con la calificación de «injustificadamente errónea» requerida para acoger la demanda, que no basta con que el proceder del ente persecutor sea meramente equivocado, inexacto o desacertado, sino que también debe estar falto absolutamente de justificación, lo que, a su vez, supone que la conducta arbitraria del Ministerio Público sea antojadiza o que esté dirigida por la irracionalidad.


2. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Indemnización de perjuicios, rechazada. Responsabilidad del Ministerio Público por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias. Factor de atribución de responsabilidad más restrictivo que la responsabilidad por falta de servicio. Actuar meramente equivocado, inexacto o desacertado del Ministerio Público no basta para calificar su conducta como injustificadamente errónea o arbitraria. Existencia de antecedentes para que el Fiscal formalizara la investigación y solicitara medidas cautelares respecto del imputado. Inexistencia de un período importante de inactividad del Fiscal. Sobreseimiento definitivo por la causal de no ser constitutivo de delito el hecho investigado no determina per se la responsabilidad del Ministerio Público.

Fecha: 08/06/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/3723/2017

Ver texto completo

Hechos:

El actor interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado, el cual rechazaba la demanda de indemnización de perjuicios por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido, concordando con lo resuelto por los jueces del fondo.

Considerandos Relevantes:

QUINTO: Que es claro que el artículo 5° de la Ley N° 19.640 establece un estatuto especial de responsabilidad extracontractual en que el título de imputación es el de «conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias» del Ministerio Público. Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia y la doctrina, se trata de un factor de atribución de responsabilidad mucho más restrictivo que el de los supuestos generales de la responsabilidad administrativa o de falta de servicio, respondiendo el primero más bien a un modelo de culpa o negligencia grave. En otras palabras, se debe estar ante un error craso y manifiesto, que no tenga sustento en un motivo plausible.

SEXTO: Que ha quedado asentado entonces que en lo que dice relación con la calificación de «injustificadamente errónea» requerida para acoger la demanda, no basta con que el proceder del ente persecutor sea meramente equivocado, inexacto o desacertado, sino que también debe estar falto absolutamente de justificación, lo que, a su vez, supone que la conducta arbitraria del Ministerio Público sea antojadiza o que esté dirigida por la irracionalidad.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, del examen de los antecedentes fácticos reseñados en el fundamento tercero de esta sentencia es posible concluir que el comportamiento imputado al Ministerio Público dista de poder ser conceptuado como injustificadamente erróneo o arbitrario pues, tal como lo establecen los jueces del grado, la formalización no fue fruto de un error manifiesto carente de todo sustento racional, sino que se fundó en antecedentes con los que contó el ente persecutor. En efecto, en el caso concreto existió un reconocimiento directo de las víctimas, quienes constataron lesiones leves, siendo además coherente su relato en relación a que uno de los sujetos que lo agredió portaba un arma, elemento que efectivamente fue encontrado en poder de uno de los sujetos sindicados como autor del hecho punible. Asimismo, en su primera declaración, los menores de edad señalaron que los sujetos sustrajeron dos especies de entre sus pertenencias celular y gorro cuestión que permitió al fiscal formalizar por el delito de robo con violencia. Como se observa, al formalizar a los actores, no se vislumbra ningún actuar caprichoso del Ministerio Público.

En este mismo orden de ideas, cabe precisar que, tal como lo sostienen los sentenciadores, no existió un periodo importante de inactividad, toda vez que el fiscal ordenó la realización de las diligencias que son conducentes al esclarecimiento de este tipo de delitos. Destaca la circunstancia de haber despachado citaciones a los menores de edad, citándolos además telefónicamente y a través de Carabineros de Chile, por intermedio del adulto que se hizo responsable de aquellos, logrando finalmente su comparecencia compulsiva a declarar. Es así como una vez que tiene nuevos antecedentes que permiten descartar la existencia de un robo, inmediatamente se solicitó cambio de la medida cautelar y recalificación del delito, actividad que se encuadra dentro de las facultades otorgadas al ente persecutor.

Así, la sola circunstancia que los actores hayan sido sobreseídos conforme con lo establecido en el artículo 250 letra a) del Código Procesal penal, no determina la responsabilidad del Ministerio Público, toda vez que el estándar de conducta exigible debe contrastarse con los antecedentes con que contó la referida institución en las distintas etapas de la investigación. En consecuencia, no se puede pretender que el ente persecutor reconociera al inicio de la investigación la inocencia de los imputados, toda vez que a esa fecha no contaba con los elementos de convicción que se obtienen producto de las diligencias, actuaciones y declaraciones realizadas durante el transcurso de aquella, que son los antecedentes que finalmente motivan el sobreseimiento definitivo de los actores.


3. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Obligación del Ministerio Público de conservar y custodiar las especies incautadas en el desarrollo de una investigación penal. Responsabilidad del Ministerio Público por la pérdida de bienes incautados y no devueltos.

Fecha: 22/05/2017

Ver Cita Online: CL/JUR/3275/2017

Ver texto completo

Hechos:

El Fisco de Chile interpone recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó el fallo de primer grado, el cual había acogido la acción de indemnización de perjuicios por daño emergente y rechazado el resarcimiento por daño moral. La Corte Suprema, actuando de oficio, invalida el fallo impugnado y dicta sentencia de reemplazo, otorgando también una indemnización por concepto de daño moral.

Considerandos Relevantes:

PRIMERO: Que, en la línea de lo razonado por la sentencia en alzada, es importante señalar que el fundamento de la responsabilidad del Estado es el estado de derecho, por lo que éste tiene la obligación de reparar a quien ha dañado injustificadamente, de modo de restablecer la situación patrimonial que con anterioridad al hecho generador del perjuicio tenía el damnificado.

El Ministerio Público es un organismo creado e introducido por la ley que reformó la Constitución Política en el año 1997, como un ente que goza de jerarquía constitucional y que ha sido dotado de autonomía. Ahora bien, esa autonomía, que hace que no forme parte del Gobierno, no implica que no sea objeto de responsabilidad en el desempeño de sus funciones como órgano encargado de la persecución penal, ya que integra la Administración del Estado, que comprende, de modo amplio, a todos los órganos y servicios públicos creados para cumplir la función administrativa del Estado, incluidos aquellos establecidos por la Carta Fundamental como autónomos.

SEGUNDO: Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público es categórico al disponer que:

“El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público.

“La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la actuación dañina.

En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño, y cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al Derecho del Estado para repetir en su contra”.

TERCERO: Que, de acuerdo al análisis efectuado por la sentencia en alzada, en sus motivos décimo segundo y décimo tercero, el Ministerio Público tiene la obligación de conservación y custodia de las especies que se incauten durante el desarrollo de una investigación penal, obligaciones que no cesan sino al hacer restitución de las mismas, o una vez declarado el comiso, según sea el caso. En razón de lo anterior, se concuerda con la conclusión de hacerlo responsable por la pérdida de los bienes incautados y no devueltos al actor, en la medida que su conducta defectuosa, que ha lesionado los derechos del demandante, configura la hipótesis del artículo 5° de su Ley Orgánica Constitucional.