Por Cristóbal Osorio Vargas, Socio del Estudio Jurídico Zúñiga Campos Abogados

Esta semana, la Corte Suprema nos ha sorprendido con un interesante criterio: las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos que otorga la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada -también llamada “Ley de Datos Personales”- (Sentencia de la Excma. Corte Suprema del 30 de octubre 2017, rol N° 27.889-2017).

Esto se resolvió a raíz de un recurso de protección, en el cual una empresa reclamó haber sido ingresada sin su consentimiento al registro de deudores conocido como DICOM, producto del no pago de una factura a un tercero. Nuestro máximo tribunal entendió que las facturas no constituyen obligaciones de aquellas que la Ley N° 19.628 permite comunicar libremente a terceros sin consentimiento del deudor (como son los cheques, pagarés, letras de cambio, mutuos hipotecarios), ampliando de este modo el ámbito de protección del derecho privacidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas.

Haciendo un poco de historia, el “derecho a la privacidad” es un derecho subjetivo relativamente moderno, que proviene de la tradición norteamericana. En un influyente artículo de finales del siglo XIX denominado como The Right to Privacy (Harvard Law Review vol. 4 N° 5, 1890), Samuel Warren y Louis Brandeis -temerosos del poder que estaba adquiriendo la prensa escrita- refieren por primera vez la existencia de este derecho, y lo definen sin más como el “derecho a ser dejado solo” y a no recibir interferencias al interior del hogar.

Con la evolución de la tecnología y las comunicaciones, la regulación de la privacidad dejó de preocuparse por los medios de prensa y pasó a centrarse en el manejo de información a través de las bases de datos. De este modo, tanto la Ley N° 19.628 como la legislación comparada, en general regulan los tipos de datos que se pueden almacenar, así como los derechos y obligaciones de los titulares de la información y de los administradores de bases de datos.

En nuestro país, uno de los grandes déficits de la Ley N° 19.628 constatados reiteradamente por la Doctrina, es que no existe un organismo encargado de la supervigilancia del manejo de los datos, por lo que los escasos pronunciamientos sobre el tema se han dado a través de recursos de protección o amparos ante el Consejo para la Transparencia.

Sobre lo anterior, la jurisprudencia administrativa, señalaba de forma categórica, que a las personas jurídicas no se les aplicaba le Ley N° 19.628, y que los únicos titulares del derecho a la privacidad eran las personas naturales. Así, en un caso relativo a los números telefónicos de instituciones privadas en poder una Municipalidad, el Consejo para la Transparencia señaló: “Que, asimismo, resulta pertinente recalcar que la Corporación Municipal de Villa Alemana ha pretendido hacer extensiva la protección que prevista en la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, referida únicamente a personas naturales, a información relativa a personas jurídicas, lo que resulta improcedente, razón por la cual, en la especie, dicha entidad debió haber otorgado al requirente los números telefónicos de contacto de las instituciones que poseen la calidad de socias de la Corporación Municipal de Villa Alemana” (CPLT, rol C628-11, considerando 5°).

A su vez, la jurisprudencia judicial también entendía que la privacidad y los derechos de la Ley N° 19.628 solo aplicaban a las personas naturales. En un reclamo de ilegalidad de la Ley N° 20.285, en la cual se discutía la publicidad de una multa a un colegio particular subvencionado, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago entendía que: “Que en cuanto al argumento que podría afectar derechos de terceros, en realidad el posible tercero involucrado era una persona jurídica, establecimiento educacional, por lo que no cabe a su respecto invocar la Ley 19.628, sobre Protección de Datos Personales” (C.A. Stgo. Rol N° 5.021-2012, considerando 5°).

En el caso de la reciente sentencia de la Corte Suprema, debemos prevenir que, lamentablemente, el voto de mayoría de nuestro máximo tribunal no realizó un análisis pormenorizado de cuáles serían los argumentos jurídicos por el cual una persona jurídica es titular del derecho a la privacidad y de los derechos emanados de la Ley N° 19.628.

Por el contrario, la Corte Suprema basó su argumento en la falta de consentimiento del deudor de la factura no pagada, de ser enviado al registro DICOM, consentimiento exigido por la Ley N° 19.628: “Que, en consecuencia, y tratándose en la especie de la publicación de una factura que no reviste ninguna de las calidades referidas en el inciso 1° del artículo 17 citado en el motivo anterior (…), para que procediera la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de “Dicom” era necesario que en ella constara el consentimiento expreso del deudor, autorización que no existió en la especie, es más se probó que la recurrente solicitó de manera expresa su no inclusión en dicha base de datos y, por consiguiente, su publicación es ilegal al contravenir lo dispuesto en el citado precepto” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 27.889-2017, considerando 2°). Únicamente el voto de minoría de las Ministras Egnem y Sandoval analizó en detalle el alcance de la Ley de Datos Personales, concluyendo que la norma solo aplica sobre las personas naturales.

Al ser un fallo inédito en la materia, es pronto para concluir que la Corte Suprema reconoce derecho a la privacidad a las personas jurídicas. Sin embargo, se trata de una interesante discusión que vale la pena seguir con atención.