Ley N° 21.533, Modifica la Constitución Política de la República con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República

(Publicada en el Diario Oficial de 17 de enero de 2023)

Objetivo

El pasado 12 de diciembre del año 2022, distintas fuerzas políticas firmaron el “Acuerdo por Chile”, para dar inicio a un nuevo proceso constitucional. En este sentido, la presente reforma constitucional tiene por objeto conferir al país de los mecanismos jurídicos e institucionales necesarios para dotar a la República de Chile de una nueva constitución.

Contenido

El nuevo texto legal establece un Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas por votación popular, que tiene por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. Sus integrantes serán electos en votación popular y su conformación será paritaria.

Por su parte, se dispone la creación de una Comisión Experta, conformada por 24 personas, órgano que tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo.

Una vez evacuada la propuesta de texto de la Nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional; en dicho informe podrá formular observaciones que mejoren el texto.

Por otra parte, se crea un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas, que será encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154. Su integración será paritaria,

El Comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales, conforme a las normas e interpretación constitucional

Bases institucionales de la propuesta de nueva constitución

La propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, al menos, las siguientes bases institucionales y fundamentales:

1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.

2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.

5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.

6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.

7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público; b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y; c) Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.

8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.

10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.

11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.

12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Plebiscito Constitucional

Comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por el Consejo Constitucional, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre la propuesta.

En el plebiscito señalado, el electorado dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta, “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”. Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas, tendrá en su parte inferior la expresión “A favor”, y la segunda, la expresión “En contra”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. Este plebiscito se celebrará el 17 de diciembre de 2023.

El sufragio tanto en la elección de miembros del Consejo Constitucional como en el plebiscito señalado en el artículo anterior será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales.

Cronograma Proceso Constituyente

La presente normativa indica que tres días después de su promulgación como ley de la República, el Congreso efectuará la convocatoria a una sesión especial con el objeto de elegir a los miembros de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad.

Asimismo, cabe tener presente las siguientes fechas:

6 de marzo de 2023: Instalación de Comisión Experta, la que tiene tres meses para presentar el anteproyecto al Consejo Constitucional
6 de marzo de 2023: Instalación del Comité Técnico de Admisibilidad
7 de mayo de 2023: Elección de miembros del Consejo Constitucional,
6 de junio de 2023: Término del trabajo de la Comisión Experta
7 de junio de 2023: Instalación del Consejo Constitucional
7 de noviembre de 2023: Término del trabajo del Consejo Constitucional
17 de diciembre de 2023: Plebiscito de Salida

Modificaciones

La norma en comento agrega a la Constitución Política de la República, los nuevos artículos 144 a 161, así como también la nueva disposición quincuagésima segunda transitoria.

Cita Online: CL/LCON/1B7I

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Decreto N° 11, Aprueba reglamento que regula el procedimiento de tutela administrativa de derechos para garantizar un debido proceso y la efectiva cautela de estos, según lo previsto en el artículo 60 de la ley Nº 21.430

(Publicado en el Diario Oficial de 18 de enero de 2023)

Objetivo

El propósito del presente reglamento radica en regular el procedimiento de tutela administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando existan riesgos, amenazas o vulneraciones a estos, con el fin de que los órganos competentes adopten las medidas necesarias para hacer cesar la afectación de sus derechos, en el marco de la ley Nº 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Dicho procedimiento garantizará una efectiva cautela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de un debido proceso, de conformidad a las medidas que puedan adoptarse o sugerirse en el marco de esta norma.

Procedimiento de tutela administrativa de derechos

El procedimiento de tutela administrativa de derechos es un conjunto secuencial de actos reglados que tiene por objeto declarar la existencia de una acción u omisión que afecte el ejercicio y/o goce de los derechos consagrados en favor de los niños, niñas o adolescentes o de un grupo de ellos, con el fin de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para el cese en la afectación de sus derechos.

Este procedimiento deberá sustanciarse por la Oficina Local de la Niñez, de forma breve, sencilla, expedita y eficaz, en observancia de los principios enumerados en el artículo 40 de la ley Nº 19.880.

Titulares de la acción

Son legitimados activos para interponer una acción de tutela administrativa, los propios niños, niñas y adolescentes afectados, sus padres y/o madres, sus representantes legales o quien detente su cuidado personal, o cualquier persona en su nombre e interés.

Por su parte, la acción de tutela administrativa podrá ser interpuesta en favor de un niño, niña o adolescente o de manera colectiva en favor de un grupo de ellos.

Organismos ante los cuales se puede interponer la acción

La acción de tutela administrativa se podrá interponer ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o ante cualquier Oficina Local de la Niñez.

Los citados organismos, recepcionarán la acción de tutela administrativa de derechos, debiendo consignar el día, hora de recepción y persona que la interpone, para lo cual llevarán un registro al efecto. La acción de tutela deberá ser remitida por escrito a la Oficina Local de la Niñez competente, para su conocimiento y resolución inmediatamente a su presentación.

Defensa del requerido

El requerido, en el plazo de diez días hábiles desde que fuere notificado conforme al artículo 12 de este reglamento, podrá remitir sus alegaciones y defensas, y así también acompañar los medios de prueba que estime pertinentes.

Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.

Entrevista reservada con el niño, niña o adolescente

La Oficina Local de la Niñez respectiva deberá oír al niño, niña, adolescente, o grupo de estos, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo para realizar las gestiones del artículo 13 del presente reglamento.

Se deberá tener en especial consideración la voluntad, grado de desarrollo y etapa evolutiva del niño, niña o adolescente que será oído. Para garantizar este derecho, la Oficina Local de la Niñez deberá contar con un espacio adecuado que asegure la seguridad y reserva de la opinión del niño, niña o adolescente. Asimismo, el niño, niña o adolescente podrá hacerse acompañar por una persona de su confianza.

Deber de confidencialidad y reserva

La nueva regulación dispone que los funcionarios y todas aquellas personas que, con ocasión de sus respectivas labores, tomen conocimiento de cualquier información y/o documentos del procedimiento que contengan datos sensibles, deberán guardar y asegurar la confidencialidad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Cita Online: CL/LCON/1B8B

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Decreto N° 31, Aprueba Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025

(Publicado en el Diario Oficial de 18 de enero de 2023)

Antecedentes

De conformidad a lo señalado en el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos contendrá el diseño e implementación de las políticas encaminadas al respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos, el cual tendrá una duración de cuatro años.

Asimismo, el artículo 8° del mismo cuerpo legal, dispone que a la Subsecretaría de Derechos Humanos le corresponde elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos al Comité Interministerial de Derechos Humanos. A su vez, a dicho Comité le corresponde, conforme al artículo 12, del mismo cuerpo normativo, presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos al Presidente de la República para su aprobación.

En este orden de ideas, por decreto supremo N° 368, de fecha 9 de julio de 2019, el Presidente de la República aprobó el primer Plan Nacional de Derechos Humanos para el período 2018-2021.

Contenido

En la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, período 2022-2025, se tuvo en consideración la opinión de la sociedad civil, según lo dispuesto en el literal h) del citado artículo 8°, y los informes, propuestas y recomendaciones, procedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como también del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos, en conformidad al artículo 15 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, el presente Plan Nacional de Derechos Humanos incorpora la participación del Poder Judicial, cuya inclusión fue aprobada por acuerdo del pleno, que dispuso la dictación del correspondiente Auto Acordado con las acciones que asumirá dicho Poder del Estado.

El nuevo texto establece que el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, debe considerarse como un instrumento que pone en el centro a las personas y el ejercicio de los derechos de las mismas. Todos los compromisos han sido diseñados, desde el origen, para responder a los grupos de especial protección y al mejor ejercicio de los derechos humanos de todos quienes habitan el país.

En este sentido, desarrollar indicadores que permitan medir el cumplimiento de los derechos, que entreguen información y datos claros en relación al goce de los derechos, robustecerá el objetivo de esta política pública, respondiendo a los deberes de promoción, protección y respeto de los derechos humanos de parte del Estado de Chile.

Cita Online: CL/LCON/1B8C

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