Título del Proyecto:
Modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de renovación de permisos de circulación, en los casos que indica

Etapa en que se encuentra:
– Primer trámite constitucional (Senado)

Fecha de Ingreso:
Miércoles 9 de noviembre, 2022


No es necesario que se limiten derechos fundamentales para que las empresas concesionarias puedan cobrar a sus deudores, toda vez que existen procedimientos jurisdiccionales que permiten el cobro de las multas por actos relativos al dispositivo TAG.

La moción, patrocinada por los Senadores Juan Luis Castro, Iván Flores, Alejandro Kusanovic, Enrique Van Rysselberghe y la Senadora Ximena Órdenes, modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de renovación de permisos de circulación.

Los autores del proyecto de ley señalan que existen muchos propietarios de vehículos que se han visto impedidos de renovar sus permisos de circulación por presentar deudas por la utilización de las autopistas urbanas. Exponen que esta situación genera un doble perjuicio; en primer lugar, a los deudores afectados y, en segundo lugar, a los municipios que se ven impedidos de contar con los ingresos derivados de los permisos de circulación.

Exponen que la prohibición de renovación del permiso de circulación, está establecida en el inciso primero del art. 24 de la ley 18.287, que establece lo siguiente: «Tratándose de las denuncias señaladas en el inciso tercero del artículo 3°, el Secretario del Tribunal, cada dos meses, comunicará las multas no pagadas para su anotación en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas. Mientras la anotación esté vigente, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado. El plazo de prescripción será de tres años, contado desde la fecha de la anotación».

A su vez, el inciso quinto del referido artículo 24 de la ley 18.287, previene que: “El permiso de circulación del vehículo podrá renovarse si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como pendientes en el Registro, sus reajustes v los aranceles que procedan. Para ello, en el mes de diciembre de cada año, el Registro remitirá a los municipios la nómina de vehículos que se encuentren en tal situación, señalando la placa patente, fecha de anotación de la morosidad, monto de la multa, juzgado que la impuso y causa en la cual incide.”

Advierten que esta norma limita, vulnera y afecta la libertad ambulatoria, consagrada en el artículo 19 N° 7 de la Constitución, la cual permite y autoriza la libertad de movimiento de las personas al interior del territorio nacional. Asimismo, indican que vulnera la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, reconocidos en el 19 N° 2 y N° 3 de la Carta Fundamental, respectivamente.

Añaden que no es necesario que se limiten derechos fundamentales para que las empresas concesionarias puedan cobrar a sus deudores, toda vez que existen procedimientos jurisdiccionales que permiten el cobro de las multas por actos relativos al dispositivo TAG, lo que no hace necesaria la imposición del gravamen de impedir la renovación del Permiso de Circulación, hecho que, además, afecta los ingresos de los municipios.

En este entendido, consideran que el impedimento que pesa sobre las Municipalidades, de no renovar el permiso de circulación, va en directo perjuicio de sus ingresos, que en el caso de aquellos entes edilicios de bajos recursos, resulta fundamental contar con los ingresos derivados de los permisos de circulación.

En virtud de lo expuesto, el proyecto de ley, de artículo único, modifica el artículo 24° de la Ley N° 18.287, en los siguientes términos:

1. En el inciso primero, elimina la frase: «Mientras la anotación esté vigente, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado».

2. En el inciso quinto, elimina la frase: “El permiso de circulación del vehículo podrá renovarse si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como pendientes en el Registro, sus reajustes y los aranceles que procedan”.

El artículo 24° establece:

Artículo 24.– Tratándose de las denuncias señaladas en el inciso tercero del artículo 3º, el Secretario del Tribunal, cada dos meses, comunicará las multas no pagadas para su anotación en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas. Mientras la anotación esté vigente, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado. El plazo de prescripción será de tres años, contado desde la fecha de la anotación.

Sin perjuicio de lo anterior, si el propietario del vehículo informado por el tribunal no corresponde al dueño actual según el Registro de Vehículos Motorizados, el Servicio deberá abstenerse de inscribir la anotación y comunicará dicha situación al juzgado respectivo. Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa. En este caso, el plazo de prescripción de la acción de cumplimiento será de tres años contado desde la comunicación que el Servicio de Registro Civil e Identificación efectúe al juzgado de policía local correspondiente, informando la imposibilidad de practicar la anotación.

Los Juzgados de Policía Local deberán disponer de formularios que permitan solicitar la declaración de la prescripción de las multas cursadas por infracción a las normas de tránsito o de transporte terrestre establecidas en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, y al artículo 42 del decreto supremo Nº 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas. Dichos formularios deberán contemplar campos para la identificación del vehículo en que se hubiera cometido la infracción y su propietario, la fecha en que se hubiese cursado la multa y la identificación de la causa judicial en que se hubiese impuesto. Asimismo, estos formularios contemplarán la posibilidad de solicitar, mediante exhorto, la prescripción de las multas impuestas por otros Juzgados de Policía Local, ubicados fuera del lugar de residencia del infractor.

La operación y administración permanente del Registro corresponderá al Servicio de Registro Civil e Identificación, de acuerdo a un reglamento que dictará el Presidente de la República, y que deberá ser suscrito conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones.

El permiso de circulación del vehículo podrá renovarse si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como pendientes en el Registro, sus reajustes y los aranceles que procedan. Para ello, en el mes de diciembre de cada año, el Registro remitirá a los municipios la nómina de vehículos que se encuentren en tal situación, señalando la placa patente, fecha de anotación de la morosidad, monto de la multa, juzgado que la impuso y causa en la cual incide.

La municipalidad que reciba el pago de la multa impuesta por un juzgado de policía local de otra comuna, percibirá un 20% de ella y remitirá al Registro el 80% restante, junto con el arancel que a éste le corresponda, para que proceda a eliminar la anotación. A su vez, dentro de los 90 días siguientes, el Registro hará llegar a las municipalidades respectivas el porcentaje de la multa que le fue enviada. No obstante, tratándose de aquellas multas a que se refiere el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la municipalidad que reciba el pago, lo enterará, según corresponda, en su totalidad o en la proporción respectiva, directamente al Fondo Común Municipal, a menos que se trate de multas impuestas por infracción a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 114 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, en cuyo caso sólo enterará el 50% al Fondo Común Municipal, debiendo remitir el 50% restante a la municipalidad donde tiene asiento el Juzgado de Policía Local que impuso la multa. En este caso, no procederá la deducción del 20% antes señalado. Con todo, la municipalidad que reciba el pago, deberá remitir al Registro, dentro de los treinta días siguientes, el arancel que a éste corresponda para que proceda a eliminar la anotación respectiva.

Si el pago de una multa ya registrada se efectuare en la Tesorería Municipal correspondiente al lugar en que se cometió la infracción o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio esa municipalidad, ésta informará al Registro ese hecho y le enviará el arancel respectivo dentro de los noventa días siguientes.”

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta.

Ver Boletín N° 15490-15

Fuente: www.diarioconstitucional.cl