Con fecha 16 de noviembre de 2022, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.494, que Sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

Antecedentes

Con sentido de urgencia y haciendo eco de la demanda ciudadana por mejores instrumentos para el combate de la delincuencia, se tramitó el proyecto de ley iniciado por moción de, que busca incluir a los teléfonos celulares dentro de los elementos que no pueden ser ingresados a estos recintos.

Lo anterior en vista de los altos niveles de denuncias de personas que reciben llamadas de delincuentes desde las cárceles, con el fin de engañar e inducir al robo de dinero bajo la modalidad conocida como el “cuento del tío”.

Objetivo

En concreto, la nueva regulación tiene por objeto, frenar la coordinación del crimen organizado y la comisión de delitos como estafas. Esto, para que la legislación también contemple el lanzamientos de objetos hacia el interior de los recintos penitenciarios.

Por otra parte, la norma busca eliminar la expresión “celulares” puesto que en la actualidad, otros aparatos tecnológicos también sirven para realizar llamadas telefónicas o mandar mensajes a través de las distintas redes sociales y aplicaciones. El fin es evitar la comunicación con el exterior y el concepto celulares parecía muy acotado debido a la evolución de la tecnología.

Contenido

El texto legal establece que el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare, intentare o permitiere ingresar por cualquier medio a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Las mismas penas se aplicarán a quienes introduzcan los elementos mediante lanzamiento de objetos desde las inmediaciones de un establecimiento penitenciario. Igualmente, se castigará a quien haga uso de medios tecnológicos, aeronaves no tripuladas o drones para lograr dicho objetivo.

Si las conductas fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público, la pena no se aplicará en su grado mínimo y, además, conllevará desde suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio, respectivamente.

Modificaciones

La ley en comento sustituye el epígrafe del Párrafo XII del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal, e incorpora un nuevo artículo 304 bis al cuerpo legal citado.