Sanz Salguero, Francisco Javier


RESUMEN

Comprobada la tensión entre el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en el derecho chileno, en el presente artículo examinamos el vínculo entre estos dos bienes jurídicos dentro del marco del derecho internacional. El estudio, es realizado a partir del examen de diversos modelos jurídicos, en asocio con la revisión del concepto y los principios del acceso a la información y los orígenes de la regulación legal de la protección de los datos personales. Este trabajo, se desarrolla como parte de una labor más amplia en la búsqueda de un equilibrio en la relación entre los dos bienes jurídicos mencionados.

ABSTRACT

Proven tension between access to public information and protection of personal data in the Chilean right, in this paper we examine the link between these two legal rights within the framework of international law. The study is made from the examination of various legal models, in association with the review of the concept and principles of access to information and sources of legal regulation of the protection of personal data. This work is developed as part of a broader effort in the search for a balance in the relationship between these two legal rights.

PALABRAS CLAVE

Transparencia; Acceso a la información pública; Datos personales

KEYWORDS

Transparency; Access to public information; Personal data

I. Introducción

En el contexto jurídico chileno, la preocupación por el resguardo de la vida privada y, consecuentemente, de los datos de carácter personal, han sido temas de continua regulación normativa. En este orden de ideas, ya el primer intento por reconocer eso sí, de manera incipiente) una cierta protección a la esfera privada de las personas, se remonta al Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, pasando por textos como las Constituciones de 1833 y 1925, hasta llegar al Acta Constitucional Nº3 del 11 de septiembre de 1976 primera regulación en consagrar la protección de la vida privada de las personas en el ordenamiento constitucional chileno), antecedente directo e inmediato de la regulación que la Carta Política de 1980 hace respecto a la tutela de este derecho, culminado este recorrido histórico-normativo con la promulgación de la ley Nº19.628 de 1999, estatuto que en su trámite parlamentario surgió bajo la pretensión de tutelar la vida privada, pero que luego de un largo y complejo trámite legislativo terminó enfocándose en la protección de los datos de carácter personal.

Casi diez años después de la entrada en vigencia de la Ley Nº19.628, el legislador promulgó la «Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado» aprobada por el artículo 1º de la Ley Nº20.285 del 2008), también conocida como «Ley de transparencia», estatuto en el que se da tratamiento al régimen de acceso a la información pública. En este sentido y como nos recuerda Enrique Rajevic (1), ambos cuerpos legales regulan la información, pero desde diversas aristas: el primero resguarda la información que concierne a personas naturales identificadas o identificables es decir, los datos personales) buscando garantizar que sus titulares sean quienes decidan sobre su uso. Entre tanto, el ámbito del segundo es la información que obra en poder de los órganos del Estado la que puede incluir datos de carácter personal) con la pretensión de favorecer su conocimiento por parte de los ciudadanos.

Al respecto y según subraya el citado autor, la protección de los datos personales ampara la intimidad y la autodeterminación informativa, mientras que la transparencia administrativa favorece la probidad y potencia la participación ciudadana (2). Sin embargo, dentro del marco de aplicación de la normativa encargada del régimen de acceso a la información pública, surge la necesidad de establecer qué tratamiento debe otorgarse a la protección de los datos de carácter personal en su relación con el acceso a la información, identificando el término «acceso» como un mecanismo central en aras del logro de la transparencia en lo público. En efecto, nos encontramos ante dos bienes jurídicos tutela de la información de naturaleza personal y derecho de acceso) reconocidos en el ámbito legal y, por ende, potencialmente antagónicos, tensión manifestada entre otros factores) con el gran número de decisiones de amparo emitidas por el Consejo para la Transparencia desde su creación, decisiones originadas dentro del estudio de la relación entre los mencionados bienes jurídicos (3).

Continúa leyendo artículo completo