1. Corte de Apelaciones de Temuco. Recurso de protección. Declaración de vacancia de cargo por salud incompatible. Informe previo de la COMPIN resulta vinculante para el servicio público. Informe Técnico de la Comisión Médica Institucional de la Policía de Investigaciones no suple la necesidad de intervención de la COMPIN. Improcedencia de declarar terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.
  2. Corte Suprema. Recurso de protección. Declaración de vacancia de cargo por salud incompatible. Informe previo de la COMPIN resulta vinculante para el servicio público. De declararse que la salud es recuperable no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. Sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo. Improcedencia de declarar terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad
  3. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Recurso de protección. Declaración de vacancia de cargo por salud incompatible. Ejercicio de la facultad de declarar incompatible la salud con el cargo debe cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad propios de todo acto administrativo. No basta haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años para concluir que el funcionario tiene salud incompatible con el cargo. Incumplimiento del deber de motivar la resolución que declara la vacancia del cargo por salud incompatible. Vulneración del derecho de propiedad.

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1. Corte de Apelaciones de Temuco.

Recurso de protección. Declaración de vacancia de cargo por salud incompatible. Informe previo de la COMPIN resulta vinculante para el servicio público. Informe Técnico de la Comisión Médica Institucional de la Policía de Investigaciones no suple la necesidad de intervención de la COMPIN. Improcedencia de declarar terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 23/08/2022

Cita online: CL/JUR/32074/2022

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Hechos:

Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, señala como arbitraria e ilegal la resolución que declara declaró la vacancia del cargo que ocupaba, por salud incompatible. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Décimo primero: Que de lo anterior fluye como también lo ha señalado el máximo Tribunal del país en los autos identificados que la intención del legislador al establecer la necesaria intervención de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, fue que un organismo con el carácter técnico correspondiente, estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público. La anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley N° 21.050, puesto que de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Décimo segundo: Que la recurrida ha referido al evacuar su informe y destacado en estrados, que existiría un informe médico que avalaría la decisión adoptada frente al recurrente, plasmado en el denominado Informe Técnico N° 562 de la Comisión Médica Institucional de la Policía de Investigaciones. Al respecto cabe indicar en primer lugar, que el mencionado Informe no fue allegado a los autos, de manera que estos sentenciadores no pudieron apreciar su contenido para, en base a ello, realizar un análisis de su tenor, y así poder analizar el planteamiento de que con el mismo se satisfaría la exigencia del artículo 151 de la Ley 18.834.

Sin perjuicio de ello, cabe precisar y a mayor abundamiento, que esta Corte estima que su concurrencia no suple la exigencia normativa del artículo 151 de la Ley 18.834, la cual es clara en requerir la intervención de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, es decir, exige la participación de un organismo con el carácter de tercero e independiente de la respectiva institución, ello a fin de garantizar su debida imparcialidad y objetividad, finalidades que parecen acordes con la intención legislativa protectora de los funcionarios, que más arriba se ha destacado y que ha inspirado las cambios legislativos de los que se ha venido hablando.

Décimo tercero: Que, además, tendrán presente estos juzgadores, que el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria.

Décimo cuarto: Que, en la especie, no resultó discutido que las Resoluciones cuestionadas no fueron precedidas de informe por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que se pronunciara en torno a la recuperabilidad de la salud del actor, de lo que fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, al violentarse lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.834.

Décimo quinto: Que, lo anterior se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El primero, por cuanto se está otorgando al actor un trato discriminatorio en relación a los restantes funcionarios públicos, al no aplicar a su respecto lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.834; y la segunda, ya que al ser destituido el actor no respetando la legalidad vigente, se le ha terminado privando de sus remuneraciones.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. Declaración de vacancia de cargo por salud incompatible. Informe previo de la COMPIN resulta vinculante para el servicio público. De declararse que la salud es recuperable no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. Sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo. Improcedencia de declarar terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad

Fecha Sentencia: 22/08/2022

Cita online: CL/JUR/32087/2022

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Hechos:

Actora se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra resolución de la Municipalidad de Lo Espejo, mediante la cual declara la vacancia del cargo que servía por estimar que su salud es incompatible con éste. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Séptimo: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Octavo: Que, en efecto, la anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador, puesto que de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Décimo: Que, además, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Es en este contexto que, a juicio de esta Corte, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores debe fundarse en antecedentes técnicos, que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo.

Undécimo: Que, como se asentó, a través de la Resolución Exenta N° 141664 de 12 de julio de 2021, la Compin declaró que la salud de la actora es recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley N° 18.883, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser acogido.


3. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Recurso de protección. Declaración de vacancia de cargo por salud incompatible. Ejercicio de la facultad de declarar incompatible la salud con el cargo debe cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad propios de todo acto administrativo. No basta haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años para concluir que el funcionario tiene salud incompatible con el cargo. Incumplimiento del deber de motivar la resolución que declara la vacancia del cargo por salud incompatible. Vulneración del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 29/04/2022

Cita Online: CL/JUR/14994/2022

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Hechos:

Médico cirujana interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y en contra del Hospital Carlos Van Büren, señala como arbitraria e ilegal la resolución que declara la vacancia su cargo por incompatibilidad de salud, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud incompatible. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Quinto: Que, en lo pertinente, si bien la ley otorga a la autoridad de salud la facultad de declarar incompatible la salud con el cargo de quien se encuentre en la situación prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, teniendo salud recuperable, no es menos cierto que dicha decisión por su relevancia y efectos debe cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad propios de todo acto administrativo.

El tenor de esta norma reconoce el ejercicio de una facultad discrecional por parte de la autoridad respectiva, esto es, que no se encuentra imperativamente obligado a aplicarla, pero en el caso que la ejerza debe justificar razonablemente su aplicación, sujeta en este sentido a lo prescrito en el artículo 11 inciso 2 y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880.

Es decir, no basta con haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años para concluir que el funcionario tiene salud incompatible con el cargo, sino que debe entregarse un motivo que justifique racionalmente que, aun siendo recuperable su salud, cuyo es el caso, el funcionario ya no puede desempeñarse en el cargo en cuestión por no encontrase apto física o psíquicamente en consideración a la naturaleza de la funciones encomendadas estatutariamente.

Octavo: Que en el fundamento anterior ciertamente adolece de una falta coherencia indiscutible, puesto que, por una parte la autoridad reconoce el carácter recuperable del estado de salud de la recurrente por así expresarlo la COMPIN y, por otra, seguidamente expresa que su salud no resulta compatible con el cargo desempeñado, sin especificar de manera pormenorizada cuál estado de salud concreto en torno a una afectación o dolencia física psíquica determinada le impediría ejecutar normalmente sus labores y, en lo especifico, la función de médico cirujano de la Unidad de Urgencia de Adultos.

Noveno: Que en este orden de reflexiones las resoluciones controvertidas no arroja luces concretas del por qué, siendo recuperable la salud de la actora, ésta no podría efectuar un procedimiento médico propio de sus funciones o cumplir un objetivo terapéutico y aún más que eso obligaciones meramente administrativas, todo lo cual permite constatar la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión adoptada en el caso de marras, por cuanto más que pretender a través de ella gestionar correctamente el hospital recurrido, lo que se ha hecho es sancionar el uso prolongado de licencias sin que se haya corroborado científica y técnicamente si la enfermedad declarada en las licencias, que han impedido a la actora desempeñarse, efectivamente dan cuenta de una incompatibilidad insalvable que amerita, en consecuencia, su vacancia en el cargo; nada de lo anterior, sin embargo, se encuentra debidamente explicitado en las resoluciones recurridas, no bastando con fundamentación la mera descripción de que la salud de la recurrida le impide desarrollarse como médico cirujano de la Unidad de Emergencia Adulto, en la condiciones descritas en la resoluciones impugnadas.

Undécimo: Que, de cuanto se ha expuesto, a juicio de esta Corte fluye una ilegalidad en la actuación de la recurrida, puesto que declaró terminado el vínculo estatuario sin cumplir el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley N° 18.834, todo lo cual se traduce en una vulneración del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, desde que, garantizando éste el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, los actos administrativos cuestionados han afectado la estabilidad en el empleo de que gozaba la recurrente en el servicio de su cargo, el que solo pudo cesar por causa legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 con lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.