*Veronika Wegner A.[1]

Con fecha 30 de agosto de 2022 se envió oficio de ley al Ejecutivo, para la promulgación del proyecto de Ley que modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos[2].

Esta ley tiene por finalidad principal establecer nuevos mecanismos de pago de pensiones alimenticias adeudadas, así como mejorar el acceso a la información acerca de la situación patrimonial del deudor, en contextos de procedimiento de cobro de pensiones.

A continuación, revisaremos las principales novedades que introduce esta ley en nuestra legislación de familia:

1) Posibilidad de solicitar la retención de fondos que el alimentante tenga en cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, en caso de incumplimiento de uno o más pensiones, de conformidad al nuevo N°3 del artículo 16 de la Ley N°14.908. Promovida de esta manera, se establece un plazo de 5 días hábiles para que el juez resuelva la solicitud, y en caso de no conocerse las cuentas del deudor, se prevé la aplicación del nuevo procedimiento especial de cobro de deudas de pensiones de alimentos[3].

2) Nuevos procedimientos especiales de cobro de deudas de alimentos. Se incorpora a nuestra legislación un “procedimiento especial de cobro de deudas de alimentos”, cuyas reglas se contemplan en los artículos 19 quáter, 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies y 19 octies, respecto del cual podemos distinguir un procedimiento especial ordinario y otro especial extraordinario.

3) Procedimiento especial ordinario de cobro de deudas de alimentos. Este nuevo procedimiento se contempla en el artículo 19 quáter de la Ley N°14.908:

a) En caso de adeudarse una o más pensiones de alimentos[4] en favor del cónyuge, de un descendiente o un ascendiente, y habiéndose solicitado la retención de fondos a que se refiere el nuevo N°3 del artículo 16 de la Ley N°14.908, el juez iniciará una investigación del “patrimonio activo del deudor bajo reserva”.

b) Iniciada la investigación y dentro de 3 días hábiles deberá revisar -en los sistemas de interconexión que mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado-, las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro previsional voluntario y los demás instrumentos financieros o de inversión que el alimentante mantenga. Dentro del mismo plazo, el tribunal debe revisar en los sistemas de interconexión si existen otros alimentarios y/o alimentarias respecto del mismo alimentante[5].

c) En caso de encontrar una o más cuentas, el tribunal debe oficiar en el plazo de cinco días hábiles -desde que inició la investigación- a las instituciones bancarias y/o financieras, para que dentro de 10 días hábiles informen saldos, movimientos y toda otra información que se considere relevante para los efectos del pago de la deuda.

d) Recibidos los oficios de parte de las instituciones bancarias y/o financieras, el tribunal ordenará –dentro de tres días hábiles- el pago de la deuda liquidada con los fondos informados, así como la retención de los fondos en las respectivas cuentas, hasta un monto equivalente al total de la deuda actualmente exigible[6], individualizando (1) las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro previsional voluntario, los instrumentos financieros y/o de inversión del alimentante afectas al pago de la deuda; (2) el monto específico y porcentaje de la deuda que se ordena pagar; y (3) la individualización de la cuenta bancaria en que se debe realizar el pago.

e) Dentro de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución de pago y cautelar, la institución respectiva efectuará la transferencia ordenada por el tribunal, bajo sanción de hacerse solidariamente responsable de la deuda.

4) Medida cautelar de retención de fondos del deudor. El inciso 2° del artículo 19 quáter de la Ley N°14.908 ordena al juez decretar una medida cautelar de retención de los fondos del deudor en las cuentas bancarias y/o instrumentos financieros o de inversión cuando aquellos sean habidos, hasta un monto equivalente al total de la deuda exigible, surtiendo efectos la medida desde la notificación de la resolución a la respectiva entidad. Notificada que sea la entidad, se procederá a la notificación de la persona en contra de quien se dictó la resolución, sin perjuicio de la obligación de la entidad de comunicar la resolución al titular de los fondos a través de los medios que establece el inciso segundo del artículo 12 bis de la Ley N°14.908[7]. Dependiendo de la situación, podría presentarse una retención que corresponde a lo que se adeuda al alimentario, en cuyo caso no habría reclamación que efectuar, o bien una retención excede el monto adeudado o sea insuficiente para los efectos de la extinción de la obligación. En estos dos últimos supuestos:

a) En caso de retenerse una suma que excede el total de la pensión adeudada, el alimentante -una vez liquidada íntegramente la deuda[8]– puede requerir la liberación de los fondos restantes; y

b) En caso de que los fondos retenidos sean insuficientes para la completa extinción de la deuda, las actuaciones sólo tendrán por objeto la búsqueda de fondos suficientes para pagar el remanente.

5) Procedimiento especial extraordinario de cobro de pensiones de alimentos. Se refiere a este procedimiento el artículo 19 quinquies de la Ley N°14.908:

a) En los casos que el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión y adeude tres o más pensiones –continuas o discontinuas-[9], la alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte “por vía de interconexión con la institución administradora de fondos de pensiones en la que se encuentra afiliado el alimentante, de los saldos que éste mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, comunicando a dicha entidad la prohibición de que el deudor cambie de institución de administración de fondos de pensiones”.

b) Dicha búsqueda, así como la resolución pago deberán efectuarse dentro de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Esta última deberá notificarse “en el más breve plazo y por medios electrónicos”. Dentro del mismo término, el tribunal revisará si existen otros alimentarios y/o alimentarias a quienes se les adeude alimentos, respecto del mismo alimentante[10].

c) La resolución que ordena el pago deberá individualizar (1) la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del afiliado al sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que quedará afecta al pago de la deuda; (2) el monto específico y porcentaje de la deuda que se ordena pagar respecto de aquella; y (3) la individualización de la cuenta bancaria en que se debe realizar el pago[11].

6) Límites aplicables en el procedimiento especial extraordinario. Tratándose de la retención de fondos para el pago de pensiones adeudadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19 quinquies de la Ley N°14908, se establecen las siguientes reglas especiales considerando la edad del alimentario al momento de presentarse la solicitud que origina el procedimiento:

a) Si el alimentante se encuentra a 15 años o menos de cumplir con la edad legal para ser beneficiario de la pensión de vejez[12] el pago que se efectúe con cargo a su cuenta de capitalización individual obligatoria no puede exceder de un 50% de los recursos acumulados;

b) Si el alimentante se encuentra a más de 15 años y menos de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiario de la pensión de vejez, el pago que se efectúe con cargo su cuenta de capitalización individual obligatoria, no puede exceder de un 80% de los recursos acumulados; y

c) Si el alimentante se encuentra a más de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiario de la pensión de vejez, el pago que se efectúe con cargo a su cuenta de capitalización no pude exceder de un 90% de los recursos acumulados.

d) En caso de que el alimentante se encuentre percibiendo una pensión por vejez o invalidez de conformidad con el decreto ley N° 3.500, de 1980, “no podrán pagarse las deudas de pensiones de alimentos con los recursos de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, si los hubiere”.

7) Improcedencia de recursos. Según dispone el artículo 19 octies, “[e]n contra de las resoluciones que ordenan el pago, señaladas en los artículos 19 quáter, 19 quinquies, 19 sexies y 19 septies de esta ley, no procederá recurso alguno”, lo que haría procedente sin embargo el recurso de queja, de conformidad al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.

8) Responsabilidad solidaria de entidad respetiva en caso de incumplimiento. De conformidad con los artículos 19 quater inciso 4 y 19 sexies inciso 2° de la Ley N°14.908, las instituciones bancarias y/o financieras, o la entidad administradora de fondos de pensiones respectivamente, se tornan solidariamente responsables del pago de las pensiones alimenticias adeudadas, en caso de incumplimiento del pago dentro de plazo ordenado por el tribunal, en su caso.

9) Caso de existir más de un alimentario: competencia y prorrateo. Para el evento de advertirse por parte del tribunal de la existencia de uno o más alimentarios o alimentarias distintas del solicitante -con ocasión de la investigación prevista en el procedimiento especial ordinario o en el extraordinario- con a lo menos una pensión de alimentos adeudada, las causas serán conocidas conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca de la más antigua, debiendo este prorratear los fondos habidos del alimentante entre cada una de las deudas alimentarias. En estos casos, efectuado el prorrateo, el plazo para el pago no puede exceder de veinticinco días hábiles desde el inicio de la investigación. En el caso del procedimiento especial extraordinario, la resolución que dicte el tribunal “deberá consignar el monto y porcentaje de los fondos con que se pagará cada una de las deudas”.

10) Improcedencia de demandas. La modificación legal en revisión plantea dos situaciones en las que se torna improcedente una demanda de alimentos:

a) Improcedencia (aparente) de demanda de pensión de alimentos. Como es sabido, el artículo 3° de la Ley N°14.908 y los artículos 232 y 321 del Código Civil permiten la denominada “demanda subsidiaria de alimentos” a los abuelos del alimentario. Como dispone expresamente la primera norma en comento “[c]uando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que establece el artículo 232 del Código Civil”, agregándose luego por la modificación legal en estudio la expresión “salvo que la única fuente de ingreso de éstos corresponda a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia”, restringiéndose teóricamente la posibilidad de demandar en estos casos[13]. En este caso se trata de una improcedencia aparente, pues de todas formas el tribunal deberá dar curso a la tramitación respectiva, para culmina el proceso con una sentencia que no podrá condenar al demandado si se encuentra en el supuesto legal de excepción.

b) Improcedencia (auténtica) de la demanda de rebaja o cese de alimentos en caso de encontrarse el demandante inscrito en el Registro Nacional de deudores de alimentos. Según el nuevo inciso tercero del artículo primero en su parte final de la Ley N°14.908 “[e]l tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso que la persona se encontrare con inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”, a menos que se presenten “antecedentes calificados […], en concordancia con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 3°”. En este caso se trata efectivamente de la posibilidad de no dar curso a la demanda (de rebaja o cese de alimentos) intentada por quien se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, a menos que el demandante acompañe antecedentes que justifiquen que carece de los medios para solucionar las pensiones adeudadas, vbgr. por encontrarse cesante, por carecer de medios suficientes para su propia sustentación, por encontrarse en una situación especial de salud que le impide efectuar el pago, etc.

11) Garantías. Se modifica en el artículo 10 de la Ley 14.908 la expresión “podrá” por “deberá”, estableciéndose de esta manera la obligación al juez de ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prendas sobre bienes de su propiedad o bien mediante otra caución.

12) Indicación de la tasación del trabajo de cuidados del alimentario. La modificación legal ordena indicar en la resolución que fija la pensión de alimentos, además de la especificación de las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario, “la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario” (artículo 6° de la Ley N°14.908).

13) Nueva forma de cómputo de la prescripción. De conformidad con el modificado artículo 19 bis de la Ley N°14.908, la prescripción de las acciones ejecutivas de cobro de las pensiones alimenticias adeudadas, ya no comienza a computarse a contar de la fecha en que el alimentario alcanza la mayoría de edad, como ocurre normalmente con la suspensión de la prescripción en favor de personas incapaces, sino que comienza a computarse a partir de que este alcance los 21 años, excepcionando la regla general sobre la materia.

14) Inhabilidades para ser candidato a ciertos cargos públicos. De conformidad al modificado artículo 36 de la Ley N°14.908, “[n]o podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o concejales, quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”.

15) Modificaciones en el Código Civil. Son dos las modificaciones que se introducen en este cuerpo legal:

a) Respecto del estado de necesidad. La modificación en estudio sustituye en el inciso 1° del artículo 323 que los alimentos deban habilitar al alimentario para subsistir “modestamente de un modo correspondiente a su posición social” por “adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente”. En este punto si bien se comprende la modificación legal en el sentido de la suprimir la odiosa posibilidad de existir alimentarios de distinta categoría según su “posición social”, se asume –erróneamente- que la reclamación de alimentos siempre provendrá de un menor de edad en contra de un ascendiente, olvidando que de conformidad al artículo 321 del Código Civil son varios los títulos por los cuales pueden reclamarse los alimentos, y que en el caso de los descendientes no necesariamente se tratará de niños, niñas o adolescentes. Tampoco se comprende cuál es el sentido o rol concreto de incorporar la expresión “autonomía progresiva” en esta norma, que para la doctrina autorizada es aquella que se refiere al establecimiento de uno de los requisitos necesarios para impetrar la demanda de alimentos, esto es, el estado de necesidad del alimentario o alimentaria[14].

b) Sobre la privación a los progenitores del derecho a pedir alimentos. Se modifica en el artículo 324 inciso final las reglas sobre esta materia, indicándose que “[q]uedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que no haya pagado pensión de alimentos judicialmente decretada, o que le haya abandonado en su infancia cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición.

c) Registro Nacional de Prófugos. Se amplían las anotaciones en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, inscribiéndose no solo las órdenes de detención vigentes emanadas por Tribunales de Justicia con competencia en lo penal, sino que todas las órdenes de detención o de arresto, cualquiera que sea la competencia del tribunal desde donde se libren.

Finalmente, como dispone el artículo primero de las disposiciones transitorias, esta ley entrará en vigencia seis meses después de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.389, que regula el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, rigiendo hacia el futuro de conformidad a su disposición segunda transitoria.


[1] Profesora de Derecho Civil, Universidad Adolfo Ibáñez. Dirección postal: Avda. Padre Hurtado Nº 750, Viña del Mar, oficina C-206. Correo electrónico: veronika.wegner@uai.cl .

[2] Boletín N°14946-07.

[3] Artículo 19 quáter y siguientes de la Ley N°14.908.

[4] De conformidad al artículo segundo de las disposiciones transitorias, “[p]ara el cómputo de las mensualidades necesarias para dar inicio al procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos, señaladas en el número 3 del artículo 16 y en el artículo 19 quinquies de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cuyo texto actualizado se encuentra contenido en el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, sólo se considerarán las mensualidades devengadas y no pagadas a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin embargo, las mensualidades adeudadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sí serán consideradas en dicho procedimiento para el cálculo total de la deuda”.

[5] En este último caso, de existir otros alimentarios y/o alimentarias, “dicha circunstancia será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca de la causa vigente más antigua, el que deberá para efectos del pago prorratear los fondos habidos del alimentante entre cada una de las deudas alimentarias. A las alimentarias y/o alimentarios que no son solicitantes, se le efectuará el pago prorrateado por medio del presente procedimiento si, al menos, tienen una mensualidad de alimentos adeudada por parte del alimentante. Con todo, efectuado el prorrateo de la deuda por el tribunal competente, el plazo para el pago íntegro a los alimentarios y/o alimentarias no podrá exceder de veinticinco días hábiles desde el inicio de la investigación” (inciso 5° artículo 19 quáter de la Ley N°14.908).

[6] Sobre esta medida cautelar, vid. infra N°4.

[7] Señala la disposición en lo pertinente que “[l]a entidad, tan pronto fuere notificada de la resolución, deberá comunicarla al titular de los fondos contra quien se dictó la medida, mediante medios electrónicos o, en su defecto, mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado en la respectiva entidad. En estos casos, la comunicación por medios electrónicos o por carta certificada, servirá de suficiente notificación, la que se entenderá practicada, según corresponda, a contar del envío de la comunicación por medios electrónicos, o a contar del tercer día siguiente a la recepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva”.

[8] La norma habla de que la deuda se encuentre “liquidada” y no “pagada”. Entendemos en este punto, que habría sido útil para los efectos de la seguridad del cumplimiento de la obligación haberse referido en este acápite a la extinción de la obligación a través de su pago efectivo.

[9] De conformidad al artículo segundo de las disposiciones transitorias, “[p]ara el cómputo de las mensualidades necesarias para dar inicio al procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos, señaladas en el número 3 del artículo 16 y en el artículo 19 quinquies de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cuyo texto actualizado se encuentra contenido en el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, sólo se considerarán las mensualidades devengadas y no pagadas a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin embargo, las mensualidades adeudadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sí serán consideradas en dicho procedimiento para el cálculo total de la deuda”.

[10] En su caso, dispone el artículo 19 septies que “[e]n el evento de que ello así ocurra, la solicitud será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca de la causa vigente más antigua. Para efectos del pago de las deudas, el tribunal deberá prorratear los fondos disponibles del alimentante según las restricciones establecidas en el inciso segundo del artículo 19 quinquies entre cada una de las deudas alimentarias. A las alimentarias y/o alimentarios que no son solicitantes, se le efectuará el pago por medio del presente procedimiento si, al menos, tienen una mensualidad de alimentos adeudada por parte del alimentante. Además de las menciones señaladas en el inciso tercero del artículo 19 quinquies, la resolución que el tribunal dicte en el caso tratado en este inciso deberá consignar el monto y porcentaje de los fondos con que se pagará cada una de las deudas”.

[11] Para los efectos del pago, señala el artículo 19 sexies en lo pertinente:

“Para efectos de realizar el pago de la deuda con cargo a los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor de alimentos referido en el artículo 19 quinquies, la administradora de fondos de pensiones deberá liquidar la cantidad de cuotas necesarias para obtener el monto en dinero correspondiente a la deuda ordenada pagar por el tribunal”.

“El pago deberá efectuarlo la administradora de fondos de pensiones en la cuenta bancaria individualizada en la correspondiente resolución del tribunal, en un plazo de cinco días hábiles desde que le fuere notificada la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 quinquies, bajo sanción de que, en caso de no hacerlo, sea solidariamente responsable del pago de la obligación alimenticia conforme a las limitaciones establecidas en el inciso segundo del referido artículo”.

“Los fondos con los que se pagará la deuda de alimentos, a los cuales hace referencia el artículo 19 quinquies, no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones”.

[12] Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 3° del decreto ley N° 3.500, de 1980.

[13] Decimos teóricamente pues en la práctica seguirá siendo posible la interposición de la demanda subsidiaria a los abuelos del demandante, sin perjuicio que luego de las audiencias de rigor se determine por el tribunal su rechazo, atendido que la única fuente de ingresos del demandado es una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

[14] Dos son las normas que principalmente se refieren a este requisito: el artículo 323 y 330 del Código Civil. Vid. Vodanovic Haklicka, Antonio, Derecho de alimentos, Quinta edición actualizada, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2018, p. 57 y ss.