*Veronika Wegner A.[1]

El pasado 5 de julio, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1° inciso segundo de la Ley N°17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellidos en los casos que indica, declarando que en el caso concreto la expresión “por una sola vez” contenida en aquella norma resulta atentatoria contra el derecho a la identidad personal del adolescente solicitante de autos.

A continuación, revisaremos la decisión del tribunal, a la luz de los hechos y argumentos de Derecho invocados en el requerimiento.

Cuestiones previas

El requerimiento es impetrado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, en conocimiento de un recurso de apelación[2] intentado en contra de la sentencia definitiva del 4° Juzgado de letras de Copiapó[3], por la cual se rechazó la solicitud de cambio de apellido de un adolescente de actuales 16 años, por haberse acogido previamente otra solicitud de cambio de nombre respecto de la misma persona, a la edad de 7 años[4].

De este modo, en el caso concreto, se trata de una persona que solicita por segunda vez un cambio de nombre, en particular en esta oportunidad requirió el cambio de su apellido paterno fundado en la causal de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°17.344, esto es, por haber sido conocido por más de 5 años con dicho apellido.

En esta segunda solicitud el adolescente manifestó su intención al tribunal fundado en haberse relacionado desde los 4 años con quien ha reconocido como su progenitor, usando precisamente el apellido paterno de éste para individualizarse, cuestión que además ratificó en audiencia, en la que señaló que se identifica con el apellido que se pretende; que no conoce más que el nombre de su padre biológico; y que en el ámbito educacional ha sido conocido con el apellido que pretende[5].

Respecto de los argumentos de hecho y de derecho de la primera solicitud de cambio de nombre, nada se consigna: no es posible constatar si se trató de circunstancias similares las que obedecieron a este primer intento; si solo se trató de una modificación en el nombre de pila, apellido o ambos; si la causal incoada fue la misma u otra diversa. Sólo conocemos el hecho de que ese menor ya sufrió un cambio en su nombre, que esa solicitud también fue intentada por su madre en ejercicio de la representación legal que ostenta y que en aquella ocasión, sí se accedió a la solicitud, procediéndose a enmendar la inscripción de nacimiento respectiva[6]. Tampoco consta en la sentencia que se revisa que el menor haya sido oído en la primera solicitud de cambio de nombre[7] o –en su caso- las condiciones en que aquella gestión se habría realizado.

En el caso concreto entonces, a juicio de la requirente, la norma impugnada que impide un segundo cambio de nombre colisiona con diversos derechos, entre ellos el derecho a la identidad; el derecho a la integridad psíquica; el interés superior del niño; y el derecho a expresar su opinión y que esta sea tenida debidamente en cuenta, en función de su edad y madurez. Por su parte, el solicitante añadió que precisamente “la imposibilidad de cambiar su apellido por el que ha sido conocido por más de cinco años y con el cual se identifica de su grupo familiar y social, que además pertenece al del hombre que, si bien no es su padre biológico, es quien le ha dado el nombre, trato y fama de hijo, vulnera sus derechos a la identidad, a la vida e integridad física y psíquica y el derecho a ser oído”[8].

Los argumentos del Tribunal para acoger la solicitud de inaplicabilidad

El tribunal refiere en cuanto a la identidad personal que el nombre es uno de sus componentes[9]; que la identidad personal dice relación con la autopercepción de sí mismo[10]; que en cuanto derecho implica reconocer atributos propios de una persona que la diferencian del resto, en el “orden físico, biológico, social o jurídico”[11] y que “a través del nombre puede relacionarse a una persona con un entorno familiar y las consecuencias jurídicas que ello conlleva, como son las que derivan de la filiación”[12]. En este sentido, el derecho a la identidad estaría estrechamente vinculado a otros derechos como la dignidad humana, el derecho a la vida privada y el principio de autonomía de la persona[13].

Si bien reconoce el tribunal que el derecho a la identidad personal no se encuentra recogido expresamente en la Constitución[14], declara que puede encontrarse reconocido de forma implícita, ya que emanaría de la dignidad humana y se encontraría “recogido implícitamente en diversos tratados internacionales sobre derechos fundamentales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, es uno de aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana a los que alude el artículo 5° inciso 2°”[15].

En cuanto al nombre como componente del derecho a la identidad, sostiene el fallo que contribuye a la construcción de la propia imagen, junto con cumplir “funciones sociales de relevancia”[16]. Al igual que en el caso del derecho a la identidad, el nombre tampoco es reconocido de forma expresa por la Constitución actualmente vigente, sin embargo, diversos tratados internacionales ratificados por Chile lo reconocerían de forma explícita[17]. En cuanto a su registro, sostiene que el nombre se compone por el nombre propio o de pila “que es aquel que se designa al inscrito por que señala la persona que solicita su inscripción” [sic] y que el apellido “dice relación, en general, con la filiación”[18].

El tribunal entiende que la aplicación de la norma impugnada produciría una vulneración al derecho al nombre y a la identidad del adolescente de autos quien declaró que el apellido que pretende “pertenece al hombre que, si bien no es su padre biológico, es quien le ha dado nombre, trato y fama de hijo, siendo además el padre de los dos hermanos que viven con él”[19]. Luego si bien la inmutabilidad relativa (por una sola vez) asegura la certeza en la designación de los sujetos, en el caso concreto “no es razonable que el legislador limite que el cambio de nombre se realice solo por una vez”[20], pues “restringir por una sola vez el cambio de nombre al adolescente en un caso concreto puede atentar contra los derechos fundamentales, específicamente contra el derecho a la identidad personal, como sucede en el que da origen a este requerimiento de inaplicabilidad, teniendo presente que, según relata la sentencia del tribunal a quo, el mismo adolescente afectado manifestó ante esa judicatura que no obstante que en los hechos ya es conocido con el apellido Quevedo, le gustaría cambiarse el apellido, dado que con ello evitaría las confusiones al respecto y tal apellido parte de su ser”[21].

Finalmente, en cuanto al derecho a la integridad síquica del adolescente y su derecho a ser oído, se señala que el adolescente solicitante manifestó su voluntad de cambiar su apellido paterno; que “desea evitar confusiones al respecto y que no cree que arrepentirse del cambio de apellido incluso aunque sus padres se separen”[22].

Por estas razones sumadas al interés superior del niño es que se resuelve que el precepto legal impugnado afecta el derecho a su identidad personal, su dignidad y su integridad síquica, declarando inaplicable la norma que limita el cambio de nombre por una sola vez, por inconstitucional.

Algunas consideraciones sobre el caso y fallo

Creemos que la inaplicabilidad de la norma impugnada es plenamente concordante con el respeto del derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y consideradas sus expresiones en un proceso que es de la mayor relevancia, pues importa la mutabilidad de uno de sus atributos de su personalidad.  En este sentido, es de toda justicia que se permita a ese adolescente poder conciliar su auto percepción con la imagen que de él tengan terceros y la sociedad toda a través de la identificación del apellido que pretende.

Sin embargo, dadas las escuetas referencias al primer procedimiento de cambio de nombre, quedan dudas acerca de qué es lo que ocurrió en aquella instancia. En este sentido, y como lo planteáramos más arriba, no es posible conocer si se trató del mismo supuesto (un cambio de apellido por haber sido conocido por más de 5 años con el que se pretende) o de uno diverso, ni tampoco si en aquella oportunidad fue oído el niño en el proceso y la forma en que fue escuchado, si se constató una manifestación seria y real de los intereses del mismo. En caso de ser negativa la respuesta, ¿por qué se omitió conocer la opinión del interesado, quien ya superaba los 7 años? ¿Se resolvió acaso principalmente con la opinión manifestada por la madre en su calidad de representante legal de ese menor? En este sentido, ¿qué resguardos se adoptaron para evitar que el niño fuera un simple instrumento de las pretensiones de su representante legal en la primera solicitud? ¿Por qué nuevamente habría de acogerse la solicitud, si esta cuestión ya había resuelta previamente?

En atención a estas interrogantes, creemos prudente postergar la resolución de estas solicitudes, en caso de no poder contar con la opinión claramente manifestada de parte de niños y niñas, dada la necesaria certeza que debe primar en materia de cambios de nombre y consecuencialmente alteraciones a la identidad personal de los sujetos, precisando en todo caso que estas cuestiones son propias de un debate acerca de eventuales modificaciones legales respecto de las cuales sería deseable la reformulación de las reglas vigentes por la determinación de períodos concretos en los que fuere posible esta clase de solicitudes tratándose de niños y niñas, o bien el establecimiento de instancias de control judicial adecuadas para estos especiales supuestos.

Sin duda que el nombre constituye un elemento fundamental en la configuración del derecho a la identidad. Y en el caso concreto, pareciera que lo que se pretende va más allá y se vincula directamente con el reconocimiento a la pertenencia de un grupo familiar determinado. En este sentido, como es sabido, el apellido (paterno) no cumple con la finalidad de vincular en términos filiales a individuos, aunque en la mayoría de los casos así sea por coincidir estas cuestiones, sino que simplemente corresponde a una de las palabras, que junto al nombre o nombres de pila permiten a un individuo diferenciarse de los otros.

La referencia en las expresiones del propio adolescente solicitante y del fallo, en orden a que éste ha sido conocido durante más de cinco años con el nombre que pretende, relacionándose desde los 4 años con quien ha reconocido como su padre, sin ser su padre biológico, le ha dado el nombre, trato y fama de hijo, se vincula a la institución de la posesión notoria de la calidad de hijo y no simplemente a un cambio de apellido, como procedimiento “cosmético”.

Si lo que verdaderamente se pretendía era el reconocimiento de aquel “nombre, trato y fama”, que constituye las bases de la identidad del sujeto que pretende el cambio de apellido, creemos que estaban dispuestos otros mecanismos, que a nuestro juicio resultan más eficaces en la consecución de este particular, pero además con repercusiones más profundas en lo que dice relación con la identidad personal y la pertenencia a un grupo familiar dado.

En este sentido, un procedimiento de adopción intentado por la madre del menor y actual pareja, o bien una acción de filiación de impugnación y reclamación de paternidad fundado en la posesión notoria[23] del menor habrían tenido la virtud de reconocer jurídicamente los lazos que se aluden en el petitorio del adolescente y consecuencialmente haber alcanzado el apellido que se pretende, sin que hubiese tenido que tener lugar un pronunciamiento del tribunal constitucional, que no persuade en cuanto a la justificación normativa de la excepción que procura.

[1] Profesora de Derecho Civil, Universidad Adolfo Ibáñez. Dirección postal: Avda. Pade Hurtado Nº 750, Viña del Mar, oficina C-206. Correo electrónico: veronika.wegner@uai.cl .

[2] Causa Rol ICA N°80-2021.

[3] Causa Rol V-1395-2020.

[4] Sentencia del 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua, Rol V-31-2010, de 18 de febrero de 2013.

[5] Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°11.969-2021, de fecha 5 de julio de 2022, foja 143.

[6] Según lo informado al Tribunal en la inscripción de nacimiento del adolescente “consta rectificación judicial, por sentencia de fecha 18 de febrero de 2013, del 1° Juzgado Civil de Rancagua, en el sentido de establecer que el nombre del inscrito se corresponde con E.I.C.J., habiendo sido practicada tal modificación con fecha 16 de abril de 2013” (sentencia del Tribunal Constitucional Rol N°11.969-2021, de fecha 5 de julio de 2022, foja 143).

[7] La única referencia a este punto se contempla en el considerando 25°, cuando señala que “al momento de rectificarse su partida de nacimiento en 2013, su titular no estuvo en condiciones de expresar su parecer porque tenía sólo 4 años de edad”, cuando en realidad al 2013 el solicitante -nacido el 21 de marzo de 2006-, habría tenido 7 años.

[8] Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N°11.969-2021, de fecha 5 de julio de 2022, fojas 146-147.

[9] Ibíd., considerando 4°.

[10] Ibíd., considerando 5°.

[11] Ibíd., considerando 6°.

[12] Ibíd., considerando 7°.

[13] Ibíd., considerando 9°.

[14] A diferencia de lo que ocurre en el Proyecto de Nueva Constitución, en su artículo 64.

[15] Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N°11.969-2021, de fecha 5 de julio de 2022, considerando 11°.

[16] Ibíd., considerando 13°.

[17] Vbgr. la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 18); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24); y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 8°).

[18] Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N°11.969-2021, de fecha 5 de julio de 2022, considerando 15°.

[19] Ibíd., considerando 20°.

[20] Ibíd., considerando 22°.

[21] Ibíd.., considerando 23°.

[22] Ibíd., considerando 26°.

[23] Vid. sentencia de la Corte Suprema, de 5 de enero de 2017, Rol N°59.106-2016.