1. Corte Suprema Recurso de protección. Negativa de FONASA y Ministerio de Salud de otorgar cobertura para la adquisición de medicamento. Improcedencia de considerar factores administrativo y económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Recurridas, al negar la cobertura al medicamento requerido, no se hacen cargo de señalar qué otro tipo de tratamiento de similares efectos pueden brindarle a la paciente. Vulneración del derecho a la vida e integridad física de la menor

2. Corte Suprema Recurso de protección. Negativa de FONASA de otorgar cobertura para la adquisición de medicamento. Deber del Estado de asegurar que ningún niño o niña sea privado del disfrute del más alto nivel respecto de prestaciones sanitarias. Improcedencia de invocar consideraciones de orden económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Negativa a proporcionar medicamento niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor. Vulneración del derecho a la vida. Deber del recurrido de realizar las gestiones necesarias para la adquisición y suministro del fármaco en cuestión

3. Corte de Apelaciones de Santiago Recurso de protección. Negativa de FONASA a otorgar cobertura para la adquisición de medicamento. Régimen General de Garantías en Salud debe cubrir las prestaciones necesarias para lograr la curación de la enfermedad o al menos una mejoría en la calidad de vida y en sus expectativas de sobrevida. Amenaza del derecho a la vida. En las determinaciones de la administración de salud en Chile que involucren a menores, debe prevalecer el respeto irrestricto a los compromisos internacionales adquiridos. Consideraciones económicas no constituye motivo suficiente para denegar un tratamiento médico cuando se encuentra en riesgo el derecho a la vida e integridad física y psíquica de una persona. Vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica


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1. Corte Suprema

Recurso de protección. Negativa de FONASA y Ministerio de Salud de otorgar cobertura para la adquisición de medicamento. Improcedencia de considerar factores administrativo y económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Recurridas, al negar la cobertura al medicamento requerido, no se hacen cargo de señalar qué otro tipo de tratamiento de similares efectos pueden brindarle a la paciente. Vulneración del derecho a la vida e integridad física de la menor

Fecha Sentencia: 18/05/2022

Cita online: CL/JUR/19570/2022

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Hechos:

La Corte Suprema revoca, con voto de disidencia, el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida, disponiéndose que las recurridas deberán realizar las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco identificado como RISDIPLAM, mientras así sea prescrito por los médicos respectivos, con el objeto que se inicie en el más breve tiempo el tratamiento de la menor con este medicamento

Considerandos relevantes.

Noveno: Que al respecto, y como ya se ha resuelto por esta Corte (en autos rol N° 43250 2017, N° 8523 2018, N° 2494 2018, N° 63091 2020 y N° 8790 2022), es preciso considerar que, si bien es cierto que las consideraciones de orden administrativo y económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución Política de la República, que prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos citados por la recurrida.

Décimo: Que en el indicado contexto, la decisión de las recurridas consistente en la negativa a proporcionar al menor de autos aquel fármaco, único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que la aqueja, aparece como arbitraria y amenaza, además, la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor, así como para su integridad física, considerando que la Atrofia Muscular Espinal tipo III que sufre es una enfermedad frecuentemente mortal en los niños, que produce la pérdida progresiva del movimiento muscular, y que la administración de la droga tantas veces citada ha sido estimada como esencial para la vida de ésta, como surge de los antecedentes agregados a la causa.

Undécimo: Que, resulta insoslayable subrayar que la recurrida, al negar la cobertura al medicamento requerido, no se hace cargo de señalar qué otro tipo de tratamiento puede brindarle al paciente, actuar que se torna en ilegal porque conforme lo dispone el artículo 1° del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469: «Al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla el presente Libro, compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como de coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones».

Décimo Tercero: Que de lo razonado en los fundamentos que anteceden ha quedado de manifiesto que, con la negativa de la recurrida a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del menor, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, ha incurrido en un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la parte recurrente no se encuentra en condiciones de adquirirlo, de modo que la determinación impugnada en autos no permite el acceso a aquel fármaco, único y exclusivo, para el tratamiento de la patología que sufre aquél y, en tal virtud, procede que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho, mismas que han de consistir en que la institución contra la cual se dirige el recurso realice las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco identificado como Risdiplam, mientras los médicos tratantes así lo determinen, con el objeto de que se inicie en el más breve lapso el tratamiento del citado menor con este medicamento.


2. Corte Suprema

Recurso de protección. Negativa de FONASA de otorgar cobertura para la adquisición de medicamento. Deber del Estado de asegurar que ningún niño o niña sea privado del disfrute del más alto nivel respecto de prestaciones sanitarias. Improcedencia de invocar consideraciones de orden económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Negativa a proporcionar medicamento niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor. Vulneración del derecho a la vida. Deber del recurrido de realizar las gestiones necesarias para la adquisición y suministro del fármaco en cuestión

Fecha Sentencia: 22/04/2022

Cita online: CL/JUR/14242/2022

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Hechos:

La Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y acoge la acción constitucional deducida, dispone la recurrida deberá realizar las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco identificado como Spinraza o Nusinersen, mientras así sea prescrito por el médico respectivo y/o equipo médico tratante, con el objeto que se reinicie en el más breve tiempo el tratamiento del indicado menor con este medicamento

Considerandos relevantes.

Octavo: Que el instrumento antes referido, por aplicación del artículo 5° de la Constitución de la República, resulta obligatorio para el Estado de Chile, siendo compelido a dirigir sus acciones y decisiones para asegurar que ningún niño o niña sea privado del disfrute del más alto nivel respecto de prestaciones sanitarias, a fin de resguardar el derecho a la vida e integridad física y síquica del menor recurrente en estos autos. En consecuencia, en las determinaciones de la administración de salud en Chile que involucren menores, debe prevalecer el respeto irrestricto a los compromisos adquiridos como consecuencia de la suscripción de los tratados, tales como la convención antes referida, que los criterios de orden económico, los que resultan derrotados al ser contrapuestos al interés superior del niño.

Noveno: Que al respecto, y como ya se ha resuelto por esta Corte (en autos rol N° 43250 2017, N° 8523 2018, N° 2494 2018 y N° 63091 2020), es preciso considerar que, si bien es cierto que las consideraciones de orden administrativo y económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución Política de la República, que prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos citados por la recurrida.

Décimo: Que en el indicado contexto, la decisión de la recurrida consistente en la negativa a proporcionar al menor de autos aquel fármaco, único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que la aqueja, aparece como arbitraria y amenaza, además, la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor, así como para su integridad física, considerando que la Atrofia Muscular Espinal tipo 1B que sufre es una enfermedad frecuentemente mortal en los niños, que produce la pérdida progresiva del movimiento muscular, y que la administración de la droga tantas veces citada ha sido estimada como esencial para la vida de ésta, como surge de los antecedentes agregados a la causa.

Décimo Tercero: Que de lo razonado en los fundamentos que anteceden ha quedado de manifiesto que, con la negativa de la recurrida a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del menor, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, ha incurrido en un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la parte recurrente no se encuentra en condiciones de adquirirlo, de modo que la determinación impugnada en autos no permite el acceso a aquel fármaco, único y exclusivo, para el tratamiento de la patología que sufre aquél y, en tal virtud, procede que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho, mismas que han de consistir en que la institución contra la cual se dirige el recurso realice las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco identificado como Spinraza o Nusinersen, mientras los médicos tratantes así lo determinen, con el objeto de que se reinicie en el más breve lapso el tratamiento del citado menor con este medicamento.


3. Corte de Apelaciones de Santiago

Recurso de protección. Negativa de FONASA a otorgar cobertura para la adquisición de medicamento. Régimen General de Garantías en Salud debe cubrir las prestaciones necesarias para lograr la curación de la enfermedad o al menos una mejoría en la calidad de vida y en sus expectativas de sobrevida. Amenaza del derecho a la vida. En las determinaciones de la administración de salud en Chile que involucren a menores, debe prevalecer el respeto irrestricto a los compromisos internacionales adquiridos. Consideraciones económicas no constituye motivo suficiente para denegar un tratamiento médico cuando se encuentra en riesgo el derecho a la vida e integridad física y psíquica de una persona. Vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica

Fecha Sentencia: 24/03/2022

Cita Online: CL/JUR/11256/2022

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Hechos:

Se interpone recurso de protección en favor de menor de edad y en contra del Fondo Nacional de Salud, se señala como arbitraria e ilegal la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de otorgar cobertura para tratamiento médico. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida

Considerandos relevantes.

Décimo : Que, de acuerdo a las normas transcritas, constituyendo el Régimen General de Garantías en Salud un instrumento de regulación sanitaria que establece prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, que incluye, además, un conjunto de Garantías Explícitas en Salud relativas al acceso, a la calidad, a la protección financiera y a la oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones de que se trata, resulta evidente que la cobertura financiera propia de dicho sistema que se ha de otorgar al recurrente para el tratamiento de su enfermedad, debe cubrir en esos términos las prestaciones que sean necesarias para lograr, en la medida que los conocimientos de la ciencia lo permitan, la curación de la fibrosis quística que le afecta, o, si ello no es posible, al menos una mejoría en su calidad de vida y en sus expectativas de sobrevida.

Décimo primero: Que, de lo expuesto se desprende que la recurrida no ha podido negarse a cubrir el costo del medicamento «Trikafta», en los términos en que le fue solicitado, y al hacerlo ha incurrido en un acto ilegal por atentar en contra de la normativa indicada y, asimismo, resulta ser arbitrario porque aparece caprichoso que, pese a su efectividad precisamente para la enfermedad de que padece la menor, la recurrida se niegue a entregarlo. No puede dejar de anotarse que Fonasa no ha desconocido la efectividad del medicamento ni su reconocimiento.

Décimo segundo : Que, finalmente, corresponde observar el acto ilegal y arbitrario constatado, a la luz de los derechos y garantías constitucionalmente amparados por la vía de la acción cautelar impetrada y, con todo lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que, sin duda, se ha amenazado la garantía del derecho a la vida de la menor recurrente, pues la decisión de Fonasa de no costearle el mentado fármaco en los términos pedidos la priva, en la práctica, del acceso al mismo, medicina que ha sido prescrita por su médico tratante y cuya ausencia conduciría a una disminución significativa de sus expectativas de sobrevida, atendido el carácter y estado de avance de la fibrosis quística que padece.

La conclusión precedente hace que resulte innecesario pronunciarse sobre las demás garantías denunciadas por la actora.

Décimo quinto : Que, a mayor abundamiento, en igual sentido nuestra Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 128.766 2020, así lo ha resuelto, en sentencia de 19 de febrero de 2021, referida a una situación similar que afectó a una menor de 14 años de edad, y en contra del Servicio de Salud Servicio de Salud Metropolitano Central, Hospital Clínica San Borja Arriarán y Fonasa, por el acto ilegal y arbitrario consistente en denegar la adquisición y suministro del fármaco Trikafta mismo al de estos autos , pese a que resultaba indispensable para que la menor recuperara su salud y conservara su vida, como es el presente caso.

Décimo sexto : . Que, en esa sentencia, nuestro máximo tribunal ha señalado que la Constitución Política de la República prescribe, en el inciso cuarto de su artículo 1, que «El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantas que esta Constitución establece», en tanto el N° 1 de su artículo 19 estatuye que: «La Constitución asegura a todas las personas: 1°. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona».

Décimo octavo : Que al respecto, y como ya se ha resuelto por el máximo tribunal (en autos rol N° 43.250 2017, N° 8523 2018 y N° 2494 2018 y 63.091 2020), es preciso considerar que, si bien es cierto que las consideraciones de orden administrativo y económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución Política de la República, que prevalecen por sobre otro tipo de consideraciones.

Décimo noveno:  Que, en dichos casos y en el de estos autos, es que la decisión de la recurrida consistente en la negativa a proporcionar al menor de autos aquel fármaco, único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que la aqueja, aparece como arbitraria y amenaza, además, la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para su sobrevivencia, así como para su integridad física, considerando que la fibrosis quística que sufre es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de progresivo deterioro y que ocasiona una muerte prematura y que la administración de la droga ya citada ha sido estimada como esencial para la vida de éste, como surge de los antecedentes agregados a la causa.