1. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rebaja de alimentos menores. Procedencia de pagar dividendo de la casa en donde vive la madre y el alimentario como parte de la pensión. Padre debe asumir una mayor proporción de los gastos del hijo por duplicar sus ingresos a los de la madre.

2. Corte Suprema Rebaja de pensión alimenticia. Apreciación de la prueba conforme a la sana crítica en materia de familia. Insuficiencia probatoria para acreditar que las facultades económicas del alimentante han variado desde la fijación de la pensión alimenticia. Nacimiento de un tercer hijo resulta insuficiente para variar lo decidido en primera instancia.

3. Corte Suprema Rebaja de alimentos. Sentencia de casación. Fallo impugnado no contiene razonamiento utilizado para determinar la pensión alimenticia. Sentencia de reemplazo. Aplicación de regla de proporcionalidad debido a las fuerzas patrimoniales. Cambio de circunstancias por modificación de régimen comunicacional deja en igualdad los tiempos de los padres con ambos niños.


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1. Corte de Apelaciones de Antofagasta

Rebaja de alimentos menores. Procedencia de pagar dividendo de la casa en donde vive la madre y el alimentario como parte de la pensión. Padre debe asumir una mayor proporción de los gastos del hijo por duplicar sus ingresos a los de la madre.

Fecha Sentencia: 02/05/2022

Cita online: CL/JUR/15118/2022

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Hechos:

Ambas partes se alzan de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda de rebaja de pensión de alimentos, y acogió parcialmente la demanda -acumulada- de aumento de alimentos. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones revoca la sentencia, sólo en cuanto se condena en ella al alimentante al pago de las costa.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que establecido así el conflicto, el primer debate que salta a la vista es la procedencia de qué parte de la pensión sea pagar el dividendo de la casa en donde vive la madre y el alimentario, lo que cuestiona el apelante señalando que no es su obligación darle habitación a la madre.

Aceptando lo poco afortunado que significa considerar como parte de una prestación alimenticia un pago de dicha naturaleza, sin siquiera decretar un usufructo, desde que por un lado pareciera que aquél favorece a quien no se le debe alimentos y, por otro lado, cada pago capitaliza a cada uno de los padres (compraron en comunidad cuando ya no estaban en una relación), lo cierto que aquello es producto del acuerdo libre de las partes y, no estando prohibido por norma alguna, los obliga, siendo claro por otro lado que no se alega, ni prueba alguna circunstancia que lleve a concluir que los motivos que justificaron acordar aquello hayan cambiado, no pudiendo las partes recurrir al Tribunal para dejar sin efecto una obligación legalmente contraída, por no estar de acuerdo posteriormente en ella. Todo lo anterior lleva por si sólo a desechar la pretensión del alimentante a este respecto.

A la misma conclusión se llega analizando las circunstancias que generaron la obligación. En efecto, originalmente la obligación era pagar la suma de $290.000 reajustables como obligación alimenticia para aportar al arriendo de un inmueble para vivir, considerando no otorgarle alimentos a la madre, sino asegurar el lugar donde el hijo habitara con la madre, quien por cierto si bien podría ahorrarse el gasto en habitación, asumió la obligación de costear todos los gastos del hijo que no se pudieren cubrir con la exigua suma anexa que se pagaba, de $175.000, que sin lugar a dudas no cubría bajo ningún respecto el resto de las necesidades como servicios básicos, en su momento guardería o jardín infantil (la madre siempre ha trabajado a tiempo completo), hoy educación, alimentación, transporte (aunque sea una guagua debe trasladarse por ejemplo a la guardería), entretención (necesario a un bebé para despertar sus sentidos y favorecer su desarrollo), y vestimenta. En consecuencia, es claro que el acuerdo pretendió no otorgar vivienda a la madre, sino cubrir el cien por ciento de las necesidades del niños, entregándose una suma dineraria por el padre, en parte dirigida a gasto determinado (el arriendo), y en parte cubiertos por la madre, quien además aporta el cuidado personal del niño cuando no trabaja, cuestión de no menor importancia, en tanto no le permite a ella desarrollar alguna otra actividad económica anexa a su trabajo ordinario.

Tras ello, el padre y la madre del niño, por razones que no se han expuesto, decidieron comprar en comunidad un inmueble, para que viviese la madre y el niño, y transformaron la obligación de pagar una suma para arriendo en el pago del dividendo, de monto similar en todo caso, manteniendo en lo demás lo acordado. Es claro que nuevamente no se pretendió entregar prestación alimenticia a la madre sino que se direccionó parte de la pensión alimenticia del hijo a un gasto determinado, siendo claro que el resto de los gastos del niño no se cubrían con $175.000 mensuales, como se dijo, quedando muchos otros gastos que debe cubrir la madre.

Por último, la sentencia en alzada sólo reconoce la existencia de la obligación voluntariamente asumida por el padre, y le da el contenido de prestación alimenticia al establecer que si el padre no paga el dividendo la obligación muta a la obligación de pago de una suma equivalente.

Establecido lo anterior, es claro que no se ha acreditado ninguna circunstancia que permita concluir que deba dejarse sin efecto esta prestación, por lo que no cabe sino confirmar la sentencia a este respecto.

Cabe tener presente que llama la atención que el padre cuestione en todo caso el pago por habitación del hijo, cuando por su parte paga una suma sólo un 15% menor por vivir en la casa de sus padres (según lo por el sostenido más allá de lo dudoso que resulta la documental que lo respalda, en tanto el contrato se generó una vez presentada la demanda), lo que sumado a lo antes dicho en este considerando (en relación a que dicho pago no es sólo por habitación), y al hecho que en todo caso el padre mes a mes se capitaliza, en términos tales que al cesar la obligación de alimentos será copropietario de un inmueble, lleva a concluir en que la obligación cuestionada bajo ningún respecto es desproporcionada respecto del apelante.

Undécimo: Que, en cuanto a las demás alegaciones de la demandante, cabe tener presente que resulta de toda justicia que en el presente caso el padre asuma una mayor proporción de los gastos del hijo desde que sus ingresos duplican a los de la madre, no siendo sostenible, como bien lo sostiene la sentencia, que ambos padres deban concurrir en iguales partes a solventar los mismos, máxime cuando la madre asume el cuidado del hijo, con las cargas que ello conlleva, claramente no menores, cuestión que supedita todo el tiempo en que no trabaja en tanto sus ingresos y la pensión bajo ningún respecto permiten solventar gastos por contratación de algún trabajador(a) de casa particular que asuma aquello, quedando la madre imposibilitada de poder desarrollar alguna otra actividad económica que le permita obtener mayores ingresos o dedicar mayor tiempo a su desarrollo profesional para proyectar mejoramientos en su carrera, compartiendo esta Corte plenamente los argumentos con perspectiva de género expuestos en las sentencias en alzada, elementos que son necesarios de considerar al resolver conflictos como el presente, disintiendo plenamente estos sentenciadores de lo argumentado por la apelante al respecto.

En cuanto a la aseveración del padre en orden a que paga los gastos extraordinarios del hijo, cabe tener presente que ninguna prueba se ha rendido que los establezca, y en cuanto al argumento que «el mero transcurso del tiempo… no supone per se un cambio o variación en las necesidades de los niños», compartiendo aquello esta Corte, es claro que el demandante no acreditó que las necesidades hubiesen disminuido, pesando sobre él dicha carga, como ya se dijo.

Por último, y en relación a todo el análisis que hace el recurso de los gastos alegados por la madre, aquello no altera en forma alguna lo resuelto, porque, como se ha insistido, el padre no ha acreditado que las necesidades del hijo hubiesen disminuido, y, en cuanto al aumento decretado, como ya se dijo, aquél no es realmente aumento.


2. Corte Suprema

Rebaja de pensión alimenticia. Apreciación de la prueba conforme a la sana crítica en materia de familia. Insuficiencia probatoria para acreditar que las facultades económicas del alimentante han variado desde la fijación de la pensión alimenticia. Nacimiento de un tercer hijo resulta insuficiente para variar lo decidido en primera instancia.

Fecha Sentencia: 28/03/2022

Cita Online: CL/JUR/11350/2022

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Hechos:

Demandada interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que revocó el fallo de primer grado e hizo lugar a la demanda de rebaja de pensión alimenticia. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que, el artículo 32 de la Ley 19.968 establece en su inciso primero: «Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo.» Y agrega en el inciso segundo que «La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.»

El sistema de valoración de la prueba en materias que deben conocer los tribunales con competencia en asuntos de familia, que es el de la sana crítica, debe entenderse vinculado con el artículo 230 del Código Civil, que establece, en lo pertinente, que «los padres contribuirán en proporción a sus respectivas facultades económicas», precepto que se relaciona con el artículo 233 del mismo Código invocado infringido por el recurso que se analiza, según el cual «en caso de desacuerdo entre los obligados a la contribución de los gastos de crianza, educación y establecimiento del hijo, ésta será determinada de acuerdo a sus facultades económicas por el juez, el que podrá de tiempo en tiempo modificarla, según las circunstancias que sobrevengan»; de modo tal que es a esta dimensión fáctica que debe orientarse el esfuerzo probatorio de las partes, a saber: las necesidades del alimentario, las facultades económicas de los padres y las circunstancias sobrevinientes, y es el que obtuvo como resultado el establecimiento de los hechos que se reproducen en la motivación segunda precedente.

Quinto: Que, con los hechos acreditados como lo fueron, no es posible arribar a la conclusión del fallo recurrido, en orden a que las facultades económicas del alimentante han variado desde la fijación de la pensión alimenticia en los autos Rit C 1291 2016 del Tribunal de Familia de Quillota, pues lo cierto es que considerando las necesidades de los alimentarios y atendiendo a las capacidades económicas de las partes, no resulta suficiente estimar, para variar lo que viene decidido en primera instancia, el nacimiento de un tercer hijo, de manera que al haberlo estimado así, se configura la infracción denunciada por el recurso a los preceptos legales citados, motivo por el cual se acogerá el arbitrio de nulidad.


3. Corte Suprema

Rebaja de alimentos. Sentencia de casación. Fallo impugnado no contiene razonamiento utilizado para determinar la pensión alimenticia. Sentencia de reemplazo. Aplicación de regla de proporcionalidad debido a las fuerzas patrimoniales. Cambio de circunstancias por modificación de régimen comunicacional deja en igualdad los tiempos de los padres con ambos niños.

Fecha Sentencia: 05/04/2021

Cita Online: CL/JUR/47802/2021

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Hechos:

Demandada interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, que confirmó la de primera instancia, que acogió parcialmente la rebaja de alimentos, con declaración. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de casación en el fondo, con voto en contra.

Considerandos relevantes.

Octavo: Que, como se adelantara, de la lectura del fallo de segunda instancia se advierte que carece de fundamento a la luz del reproche de proporcionalidad, toda vez, que se limita exclusivamente a sostener que fijar la cifra de la pensión de alimentos en un 21% resulta un monto de fácil inteligencia, sin desarrollar argumentos para dicho aumento, vulnerando en consecuencia el criterio legal de proporcionalidad en la determinación del importe de la pensión alimenticia, y la debida respuesta a ambos justiciables, tal como se explicó previamente. Con lo anterior se vulnera lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias como asimismo lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 19.968 al no contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegan los sentenciadores de segunda instancia. Lo anterior produce, sin lugar a dudas, una infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo lo que necesariamente conlleva la declaración de nulidad de la resolución recurrida de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, salvo en aquella parte relativa al rechazo del recurso de casación incoado en su momento por la parte alimentaria.

SEGUNDO (Sentencia de reemplazo): Que como resultado de los antecedentes acompañados y analizados en la sentencia de mérito se establecieron los hechos señalados en el motivo tercero de la resolución de casación y, habiéndose acreditado la variación de las circunstancias vigentes al momento de fijarse la pensión de alimentos vigente hasta esa época, existiendo en la actualidad una igualdad en los tiempos ordinarios y extraordinarios de los padres con ambos niños, en una coparentalidad, corresponde hacerse cargo de la forma de efectuar el cálculo del porcentaje o monto de la pensión alimenticia cuya rebaja fue solicitada en autos. En efecto, según se desprende del considerando 38 del fallo de primera instancia que estableció que las necesidades actuales de los alimentarios alcanza la suma de $2.260.583, mensuales, las que correctamente divide en dos por estar la mitad del tiempo cada padre con los niños, llegando al cifra de $1.130.291 por ambos niños, por el tiempo que aquellos pasan con su madre, lo que unido a la regla que aplica de proporcionalidad en los ingresos de las partes, se traduce a la fórmula de que el padre aporta un 75% del valor de las necesidades de los niños cuando están con la madre, y cuando el progenitor se encuentra a cargo de los niños procede a efectuar gastos directos, manteniéndose en consecuencia la razón de 3 es a 1 en relación a los ingresos de los padres, lo que resulta adecuado, pero debe ajustarse al monto consignado como necesidades de los alimentarios, aumentándolo, al 25 % de los emolumentos del padre efectuados los descuentos legales, el que deberá regir una vez dictado el cúmplase respectivo como se dirá.