Ley N° 21.459, Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest

(Publicada en el Diario Oficial de 20 de junio de 2022)

La presente regulación tiene el propósito de actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, adecuándola tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como «Convenio de Budapest», del cual Chile es parte, y en cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, todo esto con el fin de otorgar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.

Cabe recordar que el Convenio de Budapest tiene como principal objetivo, el desarrollo de una política criminal común frente a la ciberdelincuencia, mediante la homologación de los conceptos fundamentales y del tratamiento de la legislación penal, sustantiva y procesal, así como del establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.

Contenido

El nuevo texto legal deroga la ley N° 19.223, con el objeto de establecer una ley especial que contenga de manera integral las nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática. De esta forma, se pretende llenar los vacíos o dificultades que ha tenido nuestro ordenamiento penal en la persecución de ciertas conductas que, incluso, no eran concebibles a la época de dictación de la ley N° 19.223.

Por otra parte, en relación al acceso ilícito, se sanciona a quien burle las barreras y acceda a un sistema informático, con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de once a veinte UTM.

Se regula también la interceptación telefónica, la filmación, fotografías o imágenes, cuando sea necesario, para perseguir ciertos ciberdelitos. En estos casos, la orden deberá indicar circunstanciadamente el nombre real o alias y dirección física o electrónica del afectado por la medida y señalar el tipo y la duración. El juez podrá prorrogar la duración de esta orden, si es que los antecedentes lo ameritan.

Requerimiento a proveedores de servicios

El texto también permite al Ministerio Público requerir a un proveedor de servicios, previa autorización judicial, la información que tenga almacenada relativa al tráfico y el contenido de comunicaciones de sus abonados. Ello, respecto al periodo de tiempo determinado establecido en la resolución judicial.

La empresa requerida estará obligada a prestar su colaboración y guardar secreto del desarrollo de esta diligencia.

Modificaciones

La ley en comento modifica los siguientes cuerpos legales:

– Ley N° 19.223, Tipifica figuras penales relativas a la informática
– Código Procesal Penal
– Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos
– Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones
– Ley N° 20.393, Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica

Cita Online: CL/LCON/19ZC

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Decreto N° 130, Aprueba procedimiento para el pago de los subsidios establecidos en la ley N° 21.423, que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios de agua potable y electricidad generados durante la pandemia COVID-19, y establece subsidios a clientes vulnerables

(Publicado en el Diario Oficial de 23 de junio de 2022)

En el contexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país, así como al resto del mundo, se han producido números efectos colaterales, además de los estrictamente sanitarios. Dentro de estos destaca la forma en que se han afectado económicamente las familias chilenas, lo que ha derivado en que el Estado deba subsidiar ciertos gastos.

Cabe señalar, que mediante la Ley N° 21.423, se reguló el mecanismo de postergación y prorrateo de las deudas contraídas por los usuarios indicados en la misma norma, con las empresas de servicios sanitarios y con las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Esta misma ley estableció para los usuarios indicados, subsidios temporales de cargo fiscal para contribuir al pago de las deudas por sus consumos de agua potable y de electricidad, por un período máximo de 48 meses. Por otra parte, la norma en comento establece que serán beneficiarios de estos subsidios, en materia de servicios sanitarios, aquellos usuarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos mensuales de agua potable y que se encuentren morosos respecto de la deuda generada en el período entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. En materia de distribución eléctrica, se estableció como beneficiarios a aquellos usuarios que tengan consumos promedio de electricidad no superior a 250 kilowatts hora mensuales, en el mismo periodo señalado.

En este orden de ideas es que se dicta el presente decreto, que establece el procedimiento de pago de los subsidios y demás normas necesarias para la implementación la ley.

Normas sobre el procedimiento de pago

Los subsidios a que se refiere la ley N° 21.423 serán descontados mensualmente por las empresas de servicios de agua potable y por las empresas o cooperativas de distribución de electricidad, de las facturaciones de los respectivos usuarios beneficiarios.

Durante todo el periodo en que se apliquen los subsidios, las boletas o facturas del respectivo servicio, deberán indicar, además de las menciones exigidas en la normativa tributaria y sectorial aplicable, lo siguiente, en forma separada: 1. El monto total adeudado en el periodo de deuda subsidiada; 2. El monto mensual subsidiado, y 3. La cantidad mensual a pagar por el usuario.

Una vez efectuados los descuentos por concepto de subsidio, las Empresas de servicios sanitarios y las empresas y cooperativas de distribución eléctrica, respectivamente, deberán acreditar ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según corresponda, dentro de los primeros 10 días de cada mes, los montos descontados en el mes inmediatamente anterior, a efectos de que éstas autoricen el pago del monto que corresponda mediante una resolución exenta.

Cita Online: CL/LCON/1A0D

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