Con fecha 20 de junio de 2022, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.459, que Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Objetivo

La presente regulación tiene el propósito de actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, adecuándola tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como «Convenio de Budapest», del cual Chile es parte, y en cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, todo esto con el fin de otorgar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.

Cabe recordar que el Convenio de Budapest tiene como principal objetivo, el desarrollo de una política criminal común frente a la ciberdelincuencia, mediante la homologación de los conceptos fundamentales y del tratamiento de la legislación penal, sustantiva y procesal, así como del establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.

Contenido

El nuevo texto legal deroga la ley N° 19.223, con el objeto de establecer una ley especial que contenga de manera integral las nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática. De esta forma, se pretende llenar los vacíos o dificultades que ha tenido nuestro ordenamiento penal en la persecución de ciertas conductas que, incluso, no eran concebibles a la época de dictación de la ley N° 19.223.

Por otra parte, en relación al acceso ilícito, se sanciona a quien burle las barreras y acceda a un sistema informático, con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de once a veinte UTM.

Se regula también la interceptación telefónica, la filmación, fotografías o imágenes, cuando sea necesario, para perseguir ciertos ciberdelitos. En estos casos, la orden deberá indicar circunstanciadamente el nombre real o alias y dirección física o electrónica del afectado por la medida y señalar el tipo y la duración. El juez podrá prorrogar la duración de esta orden, si es que los antecedentes lo ameritan.

Requerimiento a proveedores de servicios

El texto también permite al Ministerio Público requerir a un proveedor de servicios, previa autorización judicial, la información que tenga almacenada relativa al tráfico y el contenido de comunicaciones de sus abonados. Ello, respecto al periodo de tiempo determinado establecido en la resolución judicial.

La empresa requerida estará obligada a prestar su colaboración y guardar secreto del desarrollo de esta diligencia.

Modificaciones

La ley en comento modifica los siguientes cuerpos legales:

– Ley N° 19.223, Tipifica figuras penales relativas a la informática
– Código Procesal Penal
– Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos
– Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones
– Ley N° 20.393, Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica