1. Corte de Apelaciones de Antofagasta Recurso de protección. Omisión de municipalidad de realizar fiscalizaciones del comercio ambulante, sin autorización. Afectación a paradero autorizado para recoger y dejar pasajeros de empresa de buses interurbanos. Vulneración de garantía constitucional de igualdad ante la ley.

2. Corte Suprema .Recurso de protección. Órganos de la Administración del Estado están obligados a realizar su cometido en forma coordinada. Deber de adoptar medidas que sean necesarias para restablecer el bienestar de los vecinos que habitan un área geográfica que es legítimamente objeto de una actividad comercial. Vulneración del derecho a la integridad física y psíquica y del derecho de propiedad.

3. Corte de Apelaciones de San Miguel Recurso de protección. Omisión de municipalidad de fiscalizar y evitar instalación de comercio ilegal. Recurrida no ha ejercido acciones tendientes a terminar con el comercio ilegal. Vulneración del derecho a la integridad física de la recurrente -especialmente en situación de pandemia-. Afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación


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1. Corte de Apelaciones de Antofagasta

Recurso de protección. Omisión de municipalidad de realizar fiscalizaciones del comercio ambulante, sin autorización. Afectación a paradero autorizado para recoger y dejar pasajeros de empresa de buses interurbanos. Vulneración de garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Fecha Sentencia: 09/09/2021

Cita online: CL/JUR/72486/2021

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Hechos:

Se deduce recurso de protección en contra de municipalidad, por las acciones y omisiones en la autorización del estacionamiento reservado para empresa de buses interurbanos. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección interpuesto, con voto en contra.

Considerandos relevantes.

SEXTO: Que en relación con el comercio ambulante, informa la recurrida que mediante Decreto Alcaldicio N° 621/2021 de 23 de julio de 2021 se autorizó y otorgó permisos a dichos comerciantes hasta el día 31 de julio de 2021 de forma impostergable, siendo trasladados del sector, ejerciendo sus facultades legales conforme lo dispuesto artículo 5 letra c de la Ley N° 18.095, en cuanto reguló el comercio ambulante del sector atendida las consideraciones económicas de los habitantes de la comuna debido a la Pandemia.

 

Ahora bien, en cuanto a la instalación del paradero, que sirve para recoger y dejar pasajeros de la empresa de buses interurbanos «Pullman Bus», refiere la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones que no existe disposición legal que exprese la necesidad de algún tipo de autorización especial, de todas maneras se cumple con la exigencia normativa establecida en el artículo 58 del D.S. N° 212, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que indica que «la locomoción colectiva interurbana deberá disponer a lo menos de una oficina de venta de pasajes próxima al lugar de estacionamiento donde inicien el servicio; este último, autorizado por la Municipalidad competente». Autorización otorgada mediante Decreto Exento N° 255/2021 de 19 de enero del año en curso, emitido por la Municipalidad de Taltal.

En consecuencia, aquellas medidas administrativas adoptadas por la autoridad recurrida en bienestar de la comunidad, al regular el comercio ambulante y autorizar la instalación del paradero para el transporte interurbano, se encuadran dentro de sus facultades y competencias legales.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de la regulación efectuada por la municipalidad, en cuanto, autorizar el comercio hasta el 31 de julio del presente año, en los hechos, conforme a documentos acompañados por la recurrente,  continúa desarrollándose el comercio ambulante, ahora sin autorización de acuerdo con lo sostenido en audiencia por la abogada de la recurrida, por lo que en ese sentido cabe acoger el recurso de protección, desde que, existe un actuar omisivo de la recurrida en relación con la falta de fiscalización del comercio ambulante del sector, el cual fue autorizado hasta el 31 de julio de 2021, según sus propios decretos alcaldicios.

En consecuencia, estimándose vulnerada la garantía constitucional de igualdad ante la ley al no realizar las fiscalizaciones del comercio ambulante, según artículo 3 letras b) y f), 4 letras b), f), h), y j) y 5 letra c) de la Ley N° 18.695, se acogerá el presente recurso como se dirá en lo resolutivo del fallo.


2. Corte Suprema

Recurso de protección. Órganos de la Administración del Estado están obligados a realizar su cometido en forma coordinada. Deber de adoptar medidas que sean necesarias para restablecer el bienestar de los vecinos que habitan un área geográfica que es legítimamente objeto de una actividad comercial. Vulneración del derecho a la integridad física y psíquica y del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 15/07/2021

Cita Online: CL/JUR/63800/2021

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Hechos:

La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida, declara que la Municipalidad de Concepción, Carabineros de Chile y la Seremi de Salud de la Región del Bío Bío, deberán trabajar conjunta y coordinadamente, incluyendo a los vecinos afectados y a las demás organizaciones de la sociedad civil, para adoptar las acciones que sean necesarias para fiscalizar y controlar, dentro de sus competencias y de acuerdo a la ley y reglamentos vigentes, que los derechos de los recurrentes a habitar tranquila y pacíficamente en sus domicilios no se vean afectados por las actividades que se desarrollan en su exterior

Considerandos relevantes.

Quinto: Que la naturaleza de los hechos que se han puesto en conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia hacen necesaria la adopción de medidas protectoras, pues, en lo que atañe a las entidades públicas recurridas, los órganos de la Administración del Estado están obligados a realizar su cometido en forma coordinada.

Este deber, que constituye un principio jurídico que rige a la Administración, tiene consagración constitucional y legal.

En el plano constitucional se desprende de lo dispuesto entre otras, por las siguientes normas de la Constitución Política de la República: el inciso tercero de artículo 118 inciso primero y segundo, según el cual: La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo. Los alcaldes serán elegidos por sufragio universal de conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades, durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo, hasta por dos períodos. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades único municipales; el inciso octavo del artículo 118, con arreglo al cual: «Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley»; y el inciso primero del artículo 123, que estatuye: «La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos».

En el plano legal, por su parte, el principio de coordinación de la Administración está previsto expresamente en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en los siguientes términos: «La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas (…)». Además, el inciso segundo del artículo 5° de esta ley expresa: «Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones».

El artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica de Municipalidades, señala en las letras:

«b) que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: «La salud pública y la protección del medio ambiente».

  1. j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.»

Sexto : Que, de esta forma, la adopción de medidas protectoras deben ser necesariamente entendidas a la luz del señalado principio de coordinación, lo que importa que han de ser ejecutadas conjuntamente por los órganos recurridos, bajo una dirección que los conduzca al resultado esperado, y en el natural entendido de que cada cual habrá de concurrir a ese objetivo, en el marco de sus respectivas competencias.

Séptimo : Que, por consiguiente y de acuerdo con lo expuesto, el asunto que motivó la presente acción constitucional requiere que los órganos de la Administración recurridos, coordinadamente adopten las medidas que sean necesarias para restablecer el bienestar de los vecinos que habitan un área geográfica que es legítimamente objeto de una actividad comercial, pero que requiere del cumplimiento de ciertas normas que aseguren que el derecho de los vecinos a residir en sus domicilios, se desarrolle en forma tranquila, de manera que su derecho a la integridad emocional no se vea afectado, pues de lo contrario, se vulnera la garantía constitucional del articulo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.


3. Corte de Apelaciones de San Miguel

Recurso de protección. Omisión de municipalidad de fiscalizar y evitar instalación de comercio ilegal. Recurrida no ha ejercido acciones tendientes a terminar con el comercio ilegal. Vulneración del derecho a la integridad física de la recurrente -especialmente en situación de pandemia-. Afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación

Fecha Sentencia: 08/01/2021

Cita Online: CL/JUR/3642/2021

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Hechos:

Se recurre de protección en contra de municipalidad, por omitir acciones necesarias para su resguardo con motivo de la instalación de comerciantes ilegales en la calle donde reside la recurrente. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección deducido.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que de conformidad a las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades entrega a dichos organismos, entre las que se cuentan sus obligaciones de aseo y ornato y protección del medio ambiente, cabe señalar que si bien no tiene facultades directas para sancionar a quienes ejerzan ilegalmente el comercio callejero, sí puede y debe destinar recursos focalizados a fiscalizar el cumplimiento de la normativa tanto legal como reglamentaria que rige en la comuna, y en su caso cursar infracciones al constatar la existencia de vehículos estacionados en lugares no autorizados, como es el caso del calle Diego de Sevilla, según consta de la propia documentación agregada a estos antecedentes por el municipio, de la que aparece que en dicho calle existe prohibición expresa de estacionar. Asimismo, en atención a la gravedad de los hechos denunciados y en su calidad de administrador de los bienes nacionales de uso público la recurrida, al tomar conocimiento de estos hechos, debió necesariamente comunicarlos tanto a la Intendencia como a la Gobernación Provincial y a las autoridades policiales con la finalidad de obtener de dichos organismos la adopción de medidas concretas para ponerles término a la actividad ilegal desplegada por los llamados «coleros», y a los efectos que dicha actividad conlleva para los habitantes del sector.

Séptimo: Que, en efecto la documentación incorporada por la recurrida no permite establecer que ésta haya adoptado alguna de las medidas antes sindicadas, en relación específicamente a los comerciales ilegales que se ubican en el calle Diego de Sevilla, sino que se refieren a requerimientos genéricos efectuados respecto de otras situaciones similares, lo que implica entonces que en el caso en concreto la Municipalidad de San Bernardo no ha ejecutado alguna acción concreta con la finalidad de revertir la situación materia de este recurso, lo que importa una omisión ilegal. En lo que dice relación con el retiro de basura y residuos generados por los comerciantes ilegales, la recurrida sólo hace referencia a las Especificaciones Técnicas de Licitación Pública en servicio de limpieza y barrido de calles y ferias libres, las que no se refieren al comercio ilegal y los desechos que de este se generen, sin que se diera cuenta de la realización de mayores labores de aseo para abordar dicha situación, especialmente en el calle Diego de Sevilla, por lo que no consta que se cumpla con la obligación de mantener el aseo de dicho sector de manera óptima, en relación con los hechos alegados.

Por último, en lo relativo con los ruidos molestos, si bien la Municipalidad no tiene facultades directas para intervenir en resguardo del bienestar general de la comunidad debe oficiar al organismo que las tiene, a saber, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Salud, para que sea ésta la que tome las medidas pertinentes.

Octavo: Que la ilegalidad en que ha incurrido el municipio por omitir realizar acciones tendientes a terminar con el comercio ilegal, y todas sus consecuencias, en el sector materia de autos afecta la garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, toda vez que la integridad física de la recurrente se encuentra amenazada por la falta de fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias normadas con ocasión de la pandemia que nos aqueja, especialmente uso de mascarillas y distanciamiento social.

Asimismo según se encuentra afectada esta garantía en la medida que se reconoce que el comercio ilegal que se desarrolla en la referida arteria trae aparejado hechos de violencia y desórdenes en general.

Además de lo anterior, se afecta también la garantía consagrada en el número 8 del artículo 19 de la Constitución, esto es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.