1. Corte Suprema. Recurso de protección. Impugnación de Permiso de Edificación Obra Nueva. Obligación general de la autoridad ambiental de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental no son sólo aquellos del artículo 10 de la Ley N° 19.300 y del artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obra nueva de dos edificios habitacionales debió haber ingresado al SEIA para la consideración de los efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de los vecinos del sector. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

2. Corte Suprema . Recurso de protección. Concepto de medio ambiente libre de contaminación. Construcción de proyectos inmobiliarios representa una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Falta de certeza de que ejecución del proyecto no afecte monumento arqueológico. Validez de los Permisos de Obra Nueva como la existencia o no de la obligación de someter los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe ser resuelto por las autoridades administrativas competentes. Suspensión de los efectos de los permisos de obra nueva hasta que se resuelvan los procedimientos administrativos.

3. Corte Suprema . Recurso de protección. Permiso de edificación otorgado sin someter el proyecto al sistema de evaluación ambiental. Suficiencia probatoria para acreditar que proyecto inmobiliario se está desarrollando más allá de área urbana de la comuna de Papudo. Obligación de la autoridad ambiental de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Deber de evaluar el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. Carta de pertinencia o consulta de pertinencia regulada constituye una manifestación del derecho de petición. Vía idónea para requerir la apreciación de los riesgos ambientales que puede involucrar un proyecto o actividad no contemplado en el artículo 10 de la Ley N° 19.300. Deber de someter proyecto inmobiliario al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Impugnación de Permiso de Edificación Obra Nueva. Obligación general de la autoridad ambiental de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental no son sólo aquellos del artículo 10 de la Ley N° 19.300 y del artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obra nueva de dos edificios habitacionales debió haber ingresado al SEIA para la consideración de los efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de los vecinos del sector. Vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Fecha Sentencia: 21/02/2022

Cita online: CL/JUR/6603/2022

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Hechos:

La Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y hace lugar a la acción constitucional deducida, se dispone que no se puede efectuar obras de ningún tipo, mientras el proyecto en cuestión no cuente con una respuesta a la consulta de pertinencia que lo exima de someter las obras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o en su caso, con la Resolución de Calificación pertinente.

Considerandos relevantes.

Duodécimo: Que, el artículo 2° también precisa el contenido de las obligaciones estatales indicadas en el artículo 1° de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, N° 19.300, cuando en su letra p) describe la preservación del medio ambiente como el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas del país; y que la protección del medio ambiente es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro, según lo describe la letra q) del ya citado artículo 2°.

Décimo tercero: Que, como puede advertirse, la autoridad ambiental tiene una obligación general de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Con este fin, se hace necesario que cuando existe riesgo de producir los daños a que se refiere el artículo 2° letra e), se evalúe el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto, impacto que debe ser entendido en los términos descritos por la letra k) del mismo artículo, esto es, como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Décimo cuarto: Que, en este orden de ideas, se hace también necesario consignar que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental no son únicamente aquellos enumerados en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 y en el artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dichas disposiciones, sólo señalan aquéllos en que resulta obligatorio para el desarrollador someterlos al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no se excluye la posibilidad de que otros proyectos puedan ser también evaluados. En efecto y a título meramente ejemplar, es posible advertir que el artículo 9, inciso 1°, segunda parte de la Ley N° 19.300 permite a los titulares de proyectos, acogerse voluntariamente al sistema de evaluación, formulando consultas de pertinencia sobre la necesidad de ingresar al mismo, en aquellos casos en que existe duda acerca de si el proyecto en cuestión es de aquellos señalados en los artículos 10 de la Ley N° 19.300 y 3° del Decreto N° 40, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. También es prueba de ello lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 20.417, que Crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que permite a cualquier persona denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y de normas ambientales, que pueden o no dar origen a un procedimiento sancionador, en concordancia con lo previsto en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de disponer el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Décimo octavo: Que, de la manera en que se ha venido razonando, resulta inconcuso que aunque los recurridos y el titular del proyecto hayan estimado que no debía someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por no reunirse, en su concepto, las características definidas en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, la obra nueva de dos edificios del proyecto habitacional Edificio Vista Costanera, debió haber ingresado para la consideración de los efectos adversos significativos sobre la calidad de vida del recurrente, en consideración, a lo menos, al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica, que podrían verse saturadas, a fin de cumplir con el principio preventivo que informa la legislación ambiental.

Décimo noveno: Que, por lo indicado, es posible advertir que en el caso de autos se verifica un obrar ilegal por parte de la recurrida, que con el desarrollo del proyecto inmobiliario Edificio Vista Costanera, se puede afectar al sector residencial aledaño sin que haya efectuado la consulta de pertinencia a las autoridades ambientales, ni tampoco las haya sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que garantice que éstas cumplen con la normativa vigente, importando así la vulneración de la garantía consagrada en la Carta Fundamental que confiere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de manera que se dispondrá su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la forma que se dirá.


2. Corte Suprema 

Recurso de protección. Concepto de medio ambiente libre de contaminación. Construcción de proyectos inmobiliarios representa una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Falta de certeza de que ejecución del proyecto no afecte monumento arqueológico. Validez de los Permisos de Obra Nueva como la existencia o no de la obligación de someter los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe ser resuelto por las autoridades administrativas competentes. Suspensión de los efectos de los permisos de obra nueva hasta que se resuelvan los procedimientos administrativos.

Fecha Sentencia: 15/05/2020

Cita Online: CL/JUR/52844/2020

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Hechos:

Actores se alzan contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra de sociedades inmobiliarias, con motivo de la perturbación y amenaza del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ante la inminente construcción de dos proyectos inmobiliarios de propiedad de las recurridas, a emplazarse en el sector donde ellos viven. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Décimo: Que el recurso en estudio se funda en la vulneración del derecho a derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Si bien el texto constitucional no contiene directrices sobre qué debe entenderse por dicho concepto, él se encuentra definido en el artículo 2°, letra ll) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, conforme al cual se trata de «el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige o condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones».

Esta definición legal consagra en nuestro ordenamiento jurídico un concepto amplio, que abarca no sólo los componentes naturales sino también toda manifestación sociocultural. Así lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, al señalar: «La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La obligación constitucional que se le impone al Estado de proteger el medio ambiente sólo puede entenderse bajo la premisa que a partir de él se desarrolla toda forma de vida» (CS Rol N°1219 2009).

Así lo ha entendido también la doctrina, al explicar: «El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación incluiría también el patrimonio cultural como elemento del medio ambiente. Esto es, el patrimonio cultural, lato sensu, integra el ámbito amparado por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Este aspecto material del derecho ha sido reconocido tanto por la jurisprudencia ordinaria como constitucional (…) Si el patrimonio cultural inmaterial ingresa dentro del ámbito de protección del medio ambiente y, por tanto, dentro de la esfera de protección que despliega el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con mayor razón debería entenderse incorporado el patrimonio cultural material» (Aguilar Cavallo, Gonzalo. Las Deficiencias de la Fórmula «derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación» en la Constitución Chilena y Algunas Propuestas para su Revisión. Revista Estudios Constitucionales, Santiago, v. 14, n. 2 (año 2016) p. 365 416).

Décimo Segundo: Que la transcripción anterior es necesaria para comprender que la construcción de los proyectos representa una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en su ámbito referido al patrimonio cultural y arqueológico, por cuanto no existe certeza alguna de que su ejecución no afecte un monumento arqueológico en los términos denunciados por la autoridad competente, circunstancia que obliga a esta Corte a adoptar medidas tendientes a evitar la materialización de ese futuro y eventual daño que, considerando las especiales características del bien afectado, puede llegar a ser irreparable.

Décimo Tercero: Que, para dicho fin, no es posible perder de vista que, según informó el Servicio de Evaluación Ambiental, existen procesos de consulta de pertinencia que, si bien a la fecha estarían resueltos, no hay constancia en el enlace aportado por la institución de que aquellos actos administrativos se encuentren firmes.

Por otro lado, la Municipalidad de Quilpué dio cuenta de la apertura de un procedimiento administrativo de invalidación de los Permisos de Obra Nueva N°259/2018 y N°048/2019 objeto de estos antecedentes, la cual se materializó a través de la dictación de la Resolución N°015/2019 de fecha 25 de octubre de 2019, cuya notificación a los interesados se encontraba pendiente a la fecha del informe municipal.

Décimo Catorce: Que, por consiguiente, teniendo en consideración que tanto la validez de los Permisos de Obra Nueva que amparan las construcciones de las recurridas, como la existencia o no de la obligación de someter los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son temas que se encuentran discutidos y sometidos al conocimiento de las autoridades administrativas competentes, esta Corte estima pertinente decretar la suspensión de los efectos de aquellos permisos, hasta que se resuelvan los procedimientos antes reseñados, a través de una resolución ejecutoriada que, en dicha calidad, entregue una solución definitiva en cuanto a la legalidad de las edificaciones.

Corresponde enfatizar, además, que en sus resoluciones, las autoridades antes indicadas deberán considerar aquello que hasta ahora se ha venido razonando, relativo al posible impacto arqueológico de los proyectos.


3. Corte Suprema 

Recurso de protección. Permiso de edificación otorgado sin someter el proyecto al sistema de evaluación ambiental. Suficiencia probatoria para acreditar que proyecto inmobiliario se está desarrollando más allá de área urbana de la comuna de Papudo. Obligación de la autoridad ambiental de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Deber de evaluar el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. Carta de pertinencia o consulta de pertinencia regulada constituye una manifestación del derecho de petición. Vía idónea para requerir la apreciación de los riesgos ambientales que puede involucrar un proyecto o actividad no contemplado en el artículo 10 de la Ley N° 19.300. Deber de someter proyecto inmobiliario al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Fecha Sentencia: 24/12/2018

Cita Online: CL/JUR/7053/2018

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Hechos:

Actor se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra de Dirección de Obras Municipales y titular de proyecto inmobiliario, al estimar arbitrario e ilegal el permiso de edificación otorgado sin someter el proyecto al sistema de evaluación ambiental. La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que aunque la recurrida Prohabit, que también lo es en la causa Rol N° 15.501 2018 conjuntamente con Consorcio Punta Puyai S.A., haya insistido en que no es efectivo que el proyecto se emplace fuera del radio urbano de Papudo, lo cierto es que de las mismas fotografías, del mérito de sus informes y de los evacuados por la Dirección de Obras Municipales, recurrida en los Roles N° 15.499 2018 y en éste, se puede inferir que el proyecto inmobiliario ha afectado y destruido, el punto seguro de evacuación en caso de tsunami, que se encontraría por sobre la cota 33, en circunstancias que la zona urbana se eleva sólo hasta la cota 25, situación que demuestra que le proyecto se estaría desarrollando más allá de área urbana de la comuna de Papudo y que no es posible obviar por el solo hecho de haberse aprobado una fusión de roles, como alegan la empresa dueña del permiso de edificación y la constructora que ejecuta las obras, dado que por sobre el Plan Regulador Comunal, rige en la zona el Plan Regulador Metropolitano Valparaíso, que grava las áreas de expansión urbana.

Octavo: Que, como puede advertirse, la autoridad ambiental tiene una obligación general de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Con este fin, se hace necesario que cuando existe riesgo de producir los daños a que se refiere el artículo 2° letra e), se evalúe el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto, impacto que debe ser entendido en los términos descritos por la letra k) del mismo artículo, esto es, como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Noveno: Que, en este orden de ideas, se hace también necesario consignar que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental no son únicamente aquellos enumerados en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 y en el artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dichas disposiciones, sólo señalan aquéllos en que resulta obligatorio para el desarrollador someterlos al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no se excluye la posibilidad de que otros proyectos puedan ser también evaluados. En efecto y a título meramente ejemplar, es posible advertir que el artículo 9, inciso 1°, segunda parte de la Ley N° 19.300 permite a los titulares de proyectos acogerse voluntariamente al sistema de evaluación formulando consultas de pertinencia sobre la necesidad de ingresar al mismo en aquellos casos en que existe duda acerca de si el proyecto en cuestión es de aquellos señalados en los artículos 10 de la Ley N° 19.300 y 3° del Decreto N° 40, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. También es prueba de ello lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 20.417, que Crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que permite a cualquier persona denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y de normas ambientales, que pueden o no dar origen a un procedimiento sancionador, en concordancia con lo previsto en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de disponer el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Decimocuarto : En efecto, tal como lo señala el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en su Oficio Ordinario N° 13145672013, la carta de pertinencia o consulta de pertinencia regulada en el ya nombrado artículo 26 del Reglamento «constituye una manifestación del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y, específicamente, del ejercicio del derecho de las personas, en sus relaciones con la Administración, para obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 letra h) de la Ley N° 19.880». Consecuentemente, esta vía es apta, en cuanto ejercicio del derecho de petición, para requerir la apreciación de los riesgos ambientales que puede involucrar un proyecto o actividad no contemplado en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, cuando se pueda advertir fundadamente que los peligros a los que alude el Oficio Ord. D.E. N° 180972/2018 arriesgan materializarse en un área de influencia determinada, tal como está descrita en el artículo 2° letra a) del Reglamento N° 40. Una interpretación restringida de esta herramienta, entendida como mecanismo para obtener la confirmación únicamente la confirmación de la falta de necesidad de la evaluación llevaría a concluir que resulta innecesaria si se considera que sólo los casos, claramente descritos en el artículo 10, pueden ser materia de análisis en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Decimoséptimo: Que, de la manera en que se ha venido razonando, resulta inconcuso que aunque el titular del proyecto haya estimado que no debía someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por no reunirse, en su concepto, las características definidas en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, éste debió haber ingresado para la consideración tanto de su emplazamiento y características como de los peligros asociados al mismo, así como de la manera como se ha llevado adelante, que puede ser constitutiva de riesgo antrópico, y de los peligros naturales provenientes de los terremotos y maremotos, que pueden afectar su normal funcionamiento especialmente como consecuencia de la destrucción de las vías de escape a las que hubieran podido acceder los futuros residentes, y especialmente, ante la eventualidad de involucrar riesgos para la vida o la integridad de los vecinos del sector, que se verán expuestos a las inclemencias de la naturaleza al habérseles impedido acceder al único punto seguro en la península de Puyai, por lo que se dispondrá su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la forma que se dirá.