1. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Daño provocado por desborde del Río de Las Minas. Omisión de medidas oportunas por parte de la ONEMI, frente a situación de emergencia y riesgo. Funciones de la Oficina Nacional de Emergencia. Configuración de falta de servicio por la falta de comunicación y de actuación conforme a los protocolos vigentes, a fin de notificar oportunamente a la ciudadanía del riesgo existente. Niveles de emergencia del Plan Nacional de Protección Civil giran en torno al concepto de «amenaza». Alertas decretadas una vez que el evento ocurrió. Eximente de responsabilidad de caso fortuito. Conceptos de previsibilidad e irresistibilidad. Existencia de Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas. Nivel de precipitaciones poco frecuente no conlleva que sea imposible de prever. Improcedencia de concluir que crecida que generó los daños demandados haya sido imprevisible.

2. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Muerte de personas a raíz de tsunami. Responsabilidad del Estado por falta de servicio. Omisión o abstención de un deber jurídico por parte de la Administración generará responsabilidad si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento normativo. Falta de entrega de información oportuna y su divulgación por parte de las autoridades. Negativa a colaborar en acciones de salvataje de las víctimas. Privación de la oportunidad de las víctimas de poner o ser puestas a resguardo. Teoría de la pérdida de la chance. Definición de caso fortuito o fuerza mayor. Incumplimiento de los requisitos de procedencia de caso fortuito como causal eximente de responsabilidad.

3. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Muerte con motivo de tsunami. Comunicación deficiente de alerta de tsunami. Configuración de falta de servicio de los organismos de emergencia del Estado. Ocurrencia de un tsunami posterior a un gran terremoto no puede ser entendido como un hecho imprevisto.


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1. Corte Suprema

Responsabilidad del Estado. Daño provocado por desborde del Río de Las Minas. Omisión de medidas oportunas por parte de la ONEMI, frente a situación de emergencia y riesgo. Funciones de la Oficina Nacional de Emergencia. Configuración de falta de servicio por la falta de comunicación y de actuación conforme a los protocolos vigentes, a fin de notificar oportunamente a la ciudadanía del riesgo existente. Niveles de emergencia del Plan Nacional de Protección Civil giran en torno al concepto de «amenaza». Alertas decretadas una vez que el evento ocurrió. Eximente de responsabilidad de caso fortuito. Conceptos de previsibilidad e irresistibilidad. Existencia de Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas. Nivel de precipitaciones poco frecuente no conlleva que sea imposible de prever. Improcedencia de concluir que crecida que generó los daños demandados haya sido imprevisible.

Fecha Sentencia: 19/05/2020

Cita online: CL/JUR/30822/2020

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Hechos:

Fisco de Chile interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema rechaza, con prevención y voto de disidencia, el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

Decimotercero: Que, tal como se indica en el considerando Vigésimo del fallo de primer grado, la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, es un organismo creado por ley, con atribuciones específicas en materia de planificación, coordinación, ejecución y adopción de las medidas necesarias para enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia o catástrofe, además de la coordinación y ejecución de actividades destinadas a prevenir y solucionar los problemas derivados de ellas, de modo que es aquel el escenario en el marco del cual debe analizarse la falta de servicio imputada.

Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades aquello que entiende por «falta de servicio público», disponiendo, al efecto que la hay cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo; funciona, pero lo hace mal, o cuando funcionando bien, lo hace en forma tardía, generando un daño al administrado.

En el caso de autos, de acuerdo a lo expuesto, la falta de servicio alegada se estableció por la falta de comunicación y de actuación conforme a los protocolos vigentes, a fin de notificar oportunamente a la ciudadanía del riesgo, de modo de permitir la adopción de medidas para minimizar o evitar los daños.

Decimoquinto: Que los niveles de emergencia alerta roja y amarilla son conceptualizados en el anexo N°5, punto 2.1 del Decreto N°156 del año 2002, del Ministerio del Interior, que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil y que expresa: «Alerta Amarilla. Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, lo que lleva a suponer que no podrá ser controlada con los recursos locales habituales, debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir, de acuerdo a la evolución del evento destructivo.

Alerta Roja. Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, requiriéndose la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, para la atención y control del evento destructivo».

De las definiciones antes transcritas fluye que ambas giran en torno al concepto de «amenaza», esto es, un evento que todavía no se materializa y para cuyo enfrentamiento se requiere activar el mecanismo preventivo; en este caso, las alertas fueron decretadas una vez que el desborde ya había ocurrido, a pesar de que su carácter inminente podía preverse, toda vez que no fue discutido por las partes que evento de precipitaciones inició la jornada anterior y, en consecuencia, tal finalidad previsora no fue cumplida.

Decimoséptimo: Que, descartados los errores de derecho reprochados en los capítulos primero y segundo del arbitrio de nulidad sustancial del Fisco de Chile, únicamente resta referirse a la infracción que se alega respecto del artículo 45 del Código Civil.

La eximente de responsabilidad de caso fortuito ha sido definida en el artículo 45 del Código Civil como: «El imprevisto a que no es posible resistir». En aquello que concierne a los antecedentes que lo configuran, la naturaleza imprevista se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia y haberse adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y, aun así, ha sido imposible para el agente contrarrestarlo.

En cuanto a la previsibilidad, ha señalado la doctrina que ella «permite distinguir la acción culpable del caso fortuito, es decir, del hecho cuyas consecuencias dañosas son imprevisibles y que es imposible de resistir (artículo 45); el caso fortuito alude a las circunstancias que no pudieron ser objeto de deliberación al momento de actuar» (Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile. Año 2013, página 90). La irresistibilidad, por su parte, se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos.

Es la previsibilidad de un suceso la que obliga a una persona a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si el hecho dañoso igual ocurre, no obstante las medidas adoptadas, este suceso permite ser calificado de imprevisto. Sin embargo, para atribuir a tal acontecimiento que originó daños a un tercero, el carácter de irresistible es necesario que las medidas de defensa que efectivamente se implementaron para que no ocurrieran o minimizaran sus consecuencias ante los hechos ocurridos con anterioridad sean eficientes, eficaces y efectivas para evitar el evento dañoso y sus consecuencias. En otras palabras, no basta con disponer determinadas medidas que impidan que se origine un daño, ellas deben ser útiles, idóneas y efectivas para evitarlo.

De lo anterior, puede desprenderse que el análisis de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad y luego de haber efectuado dicha calificación, la que debe concurrir igualmente para calificar el hecho de caso fortuito.

Decimoctavo: Que el estudio que sirvió de base al Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas contempló un caudal de crecida de 137 metros cúbicos por segundo en el área de canalización, para un periodo de retorno de 100 años y de 71 metros cúbicos por segundo en un periodo de retorno de 10 años, consignando también distintas cantidades para los lapsos intermedios. Pues bien, la demandada ha alegado que en la parte baja de la ciudad precipitó 50,8 mm, y en la parte alta de la cuenca precipitó 119,0 mm, sin embargo, ningún antecedente científico produjo o acompañó que permitiera al tribunal estimar que esa fue la medida de las precipitaciones y, en caso efectivo, que ellas excedían máximas históricas. Por el contrario, el fallo estableció que la demandada fue informada con la debida anticipación y por el órgano técnico encargado, a través de avisos durante los días 9, 10 y 11 de marzo informando de las precipitaciones continuas, así también lo aseveró el testigo el centro meteorológico señor Ibáñez, además de existir, en el Plan de Emergencia de la Región de Magallanes, antecedentes históricos sobre inundaciones y desbordes del río Las Minas en los años 1941 y 1990.

En consecuencia, si bien se trató de un nivel de precipitaciones poco frecuente, ello no significa ni así se acreditó, que sea imposible de prever, puesto que se contaba con todos los antecedentes técnicos para concluir que, al menos cada cierto número de décadas es muy probable un evento de crecida de esta magnitud. A lo anterior se añade el hecho que sobre los organismos demandados pesa un deber general de previsión, con el objeto de evitar que se ocasionen a la población daños de manera recurrente, lo cual demanda que aquélla sea en un margen mayor y no igual a lo sucedido en periodos anteriores, puesto que precisamente aquello que se busca son medidas de carácter útil, idóneas y efectivas frente a sucesos superiores a los normales.

Por tanto, no es posible concluir que la crecida que generó los daños demandados haya sido imprevisible.

Decimonoveno: Que los antecedentes expuestos hasta ahora también permiten descartar la irresistibilidad del evento, toda vez que la Onemi estaba en conocimiento del frente climático de precipitaciones sostenidas en la ciudad de Punta Arenas, y además se contaba con Planes de Emergencia y de Protección Civil, los que no fueron ejecutados, actuar omisivo que impidió que la población fuese advertida oportunamente del desborde del río Las Minas a fin de poder proteger su persona y bienes. En este sentido, el fallo impugnado razona descartando la irresistibilidad por la absoluta pasividad de los demandados, su negligencia o culpa del servicio, de lo que resulta claro que si los demandados no desplegaron actividad alguna, no es posible afirmar que estuvieron en la imposibilidad de resistir el evento, ya que no emplearon los medios para superarlo.


2. Corte Suprema

Responsabilidad del Estado. Muerte de personas a raíz de tsunami.  Responsabilidad del Estado por falta de servicio. Omisión o abstención de un deber jurídico por parte de la Administración generará responsabilidad si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento normativo. Falta de entrega de información oportuna y su divulgación por parte de las autoridades. Negativa a colaborar en acciones de salvataje de las víctimas. Privación de la oportunidad de las víctimas de poner o ser puestas a resguardo. Teoría de la pérdida de la chance. Definición de caso fortuito o fuerza mayor. Incumplimiento de los requisitos de procedencia de caso fortuito como causal eximente de responsabilidad.

Fecha Sentencia: 14/08/2019

Cita Online: CL/JUR/4658/2019

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Hechos:

Fisco de Chile interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó la sentencia de primer grado, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema rechaza ambos recursos de casación deducidos.

Considerandos relevantes.

Octavo: Que, respecto de la errada calificación jurídica, cabe consignar que esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que de él se espera, estimándose que tal falencia tiene lugar cuando aquél no funciona debiendo hacerlo y, cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente para los efectos de la responsabilidad de la ONEMI el artículo 42 de la Ley N° 18.575.

En lo que respecta al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, corresponde reiterar que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile se encuentran excluidos de la aplicación del artículo 42 de la Ley de Bases de la Administración del Estado precedentemente citado, razón por la que, a su respecto se acude al régimen general de la responsabilidad extracontractual a que se refieren los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. Es en base a estas normas que se articuló la institución de la falta de servicio de la entidad de la Armada lo que permite generalizar la alusión hecha al concepto de falta de servicio, para ambos entes imputados, en orden a que realmente faltaron al servicio que les era exigido por la normativa atingente.

Noveno: Que ha de puntualizarse que la omisión o abstención de un deber jurídico por parte de la Administración generará responsabilidad para aquélla si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento normativo. En otras palabras, habrá de responder cuando se constate la ausencia de actividad del órgano del Estado debiendo aquélla haber sido desplegada, disponiendo de los medios para ello, y/o, cuando tal prestación se brinde irregular, o tardíamente.

Decimocuarto: Que, aunque no de modo ostensible, sino indirecto, la crítica de ilegalidad denunciada en el primer capítulo de casación significa cuestionar el vínculo de causalidad entre la falta de servicio establecida y los perjuicios que el actor reclama por la afectación de las víctimas directas del tsunami. A este respecto cabe precisar que estando asentado como un hecho de la causa que todas las personas referidas en la demanda de autos y precisadas en el motivo noveno del fallo de primer grado perdieron la vida a raíz del tsunami, y enfrentada esta circunstancia a las conclusiones recién plasmadas tocantes a la falta de entrega de información oportuna y su divulgación por parte de las autoridades llamadas a hacerlo, y al mismo tiempo la negativa a colaborar en acciones de salvataje de las víctimas , cobra pleno asidero la determinación de los jueces del grado en cuanto a que aquéllas fueron privadas de la chance de haberse alejado de la zona de peligro, o, de haber sido llevadas a lugar seguro.

En este aspecto, es necesario enfatizar que los sentenciadores no determinaron un vínculo inequívoco de causalidad entre la falta de información y/o, de acciones de salvataje con la muerte de los familiares del actor, sino que expresamente indicaron que la omisión en que incurrieron los organismos SHOA Y ONEMI, privó a las víctimas de la oportunidad de poner o ser puestas, a resguardo, sus vidas.

Decimosexto: Que, si bien la certidumbre sobre la relación causal es difícil de establecer, tal dificultad se hace más evidente en estos regímenes de responsabilidad en que, en la mayoría de los casos, sólo será posible efectuar una estimación de la probabilidad de que el daño se deba a un hecho u omisión por el cual el demandado deba responder. En la situación que nos ocupa existen, por cierto, dificultades y determinados grados de incertidumbre para establecer de modo fehaciente el vínculo causal; sin embargo, este escollo se soslaya al atender a las circunstancias que generan la responsabilidad, esto es a la omisión en comunicar la alerta de tsunami y, no menos importante que lo anterior, al haber descartado los funcionarios de turno de la Armada acciones de rescate, habiéndoles sido expresamente solicitado el servicio. Es de esta forma que, acertadamente, los sentenciadores acuden a la teoría de la pérdida de la chance. Preciso es hacer notar que a este respecto la doctrina extranjera ha referido lo siguiente: «Enseñaba Cazeaux que entre lo actual y lo futuro, lo cierto y lo incierto, lo hipotético y lo seguro, hay zonas limítrofes o zonas grises, como las llama la doctrina¿, y tal es el caso de la chance¿. El mismo autor añadía: Se trata de una situación en que hay un comportamiento antijurídico que ha interferido en el curso normal de los acontecimientos, de manera que ya no puede saberse si el afectado por ese comportamiento…, habría o no obtenido cierta ganancia o evitado cierta pérdida. Es decir, que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades» (Félix Trigo Represas, «Pérdida de chance». Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008. Pág. 25).

Entre nosotros se ha sostenido que: «La pérdida de una chance se encuentra entre estas últimas hipótesis (cuando no se sabe lo que habría ocurrido en el futuro de no haberse cometido el hecho ilícito), esto es, incide en la frustración de una expectativa de obtener una ganancia o de evitar una pérdida. Pero, a diferencia del daño eventual, en los casos de pérdida de una oportunidad puede concluirse que efectivamente la víctima tenía oportunidades serias de obtener el beneficio esperado o de evitar el perjuicio, tal como ya se ha mencionado», destacando enseguida que se trata del caso de «una víctima que tenía oportunidades de obtener un bien aleatorio¿ que estaba en juego (ganar un proceso, recobrar la salud, cerrar un negocio, acceder a una profesión, etcétera) y el agente, al cometer el hecho ilícito, destruyó ese potencial de oportunidades (olvidó apelar, no efectuó un examen, omitió certificar un documento, lesionó al postulante, etcétera). La víctima en todos estos casos se encontraba inmersa en un proceso que podía arrojarle un beneficio o evitarle una pérdida (tratamiento médico, apelación de una sentencia, preparación de un examen, etcétera), y el agente destruyó por completo con su negligencia las chances que la víctima tenía para lograr tal ventaja» (Mauricio Tapia Rodríguez, «Pérdida de una chance: ¿un perjuicio indemnizable en Chile?», en «Estudios de Derecho Civil VII». Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Viña del Mar, 2011. Fabián Elorriaga de Bonis (Coordinador). Legal Publishing Chile, pág. 650).

En la situación de la especie, el vínculo de causalidad se relaciona estrechamente con la teoría en análisis, pues aplicando las ideas expuestas en los considerandos que preceden es posible concluir que corresponde vincular la relación causal con la circunstancia de privar a las víctimas de la oportunidad de poner a resguardo su vida, cometido que podrían haber alcanzado si hubiesen recibido la información de riesgo de tsunami oportunamente, o bien, si se hubiese puesto de inmediato en marcha acciones de salvataje como las que acometieron habitantes del lugar que lograron poner a salvo a otras personas.

En efecto, la omisión de la entrega oportuna de la información, y la negativa a emprender acciones de salvataje a su respecto sólo puede relacionarse causalmente con la pérdida de la oportunidad para las víctimas de haber sido alejadas de las zonas de riesgo antes de la llegada de las olas, siendo de público conocimiento que tal circunstancia sitúa en peligro de muerte o de afectación a las personas.

Decimoséptimo: Que, en lo tocante a la infracción al artículo 45 del Código Civil, cabe señalar que en nuestra legislación el caso fortuito o fuerza mayor, se encuentra definido en el citado artículo, como el «imprevisto a que no es posible de resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.». Tal alegación se ha esgrimido a propósito de constituir el caso fortuito una causal eximente de responsabilidad. En efecto, para que se configure esta última se requiere de la concurrencia de los siguientes elementos copulativos, a saber: el daño, el hecho que lo genera, y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. La jurisprudencia y la doctrina han sostenido reiteradamente que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa efecto. La imputación, entonces, corresponde al proceso que permite atribuir el daño que se ha probado previamente, como primer elemento del juicio de responsabilidad. Ese juicio de imputación puede ser motivo de exoneración y defensa alegando fuerza mayor o caso fortuito, la que impide imputar determinado daño a una persona.

Decimoctavo: Que la doctrina tanto nacional como comparada reconocen como elementos indicadores del caso fortuito e integrantes del concepto, los que siguen: 1. Es un hecho externo; 2. Es un hecho imprevisible; 3. Es un hecho irresistible.

En este análisis y, primeramente, la exigencia de un hecho externo es el que otorga el verdadero carácter de causa extraña, o de fuerza mayor. La misma se define como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre.

Se requiere luego, que se trate de un hecho imprevisible. Esto importa que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, ha de verificarse las previsiones normales que corresponde exigir a quien alega la fuerza mayor. La imprevisibilidad implica que en condiciones normales haya sido imposible para el agente precaver el hecho. Es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a adoptar medidas de diligencia o cuidado tendientes a evitarlo.

Finalmente, la exigencia de ser un hecho irresistible, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. Consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. Lo anterior hace necesario que las medidas que efectivamente se implementen sean eficientes y eficaces para evitar las consecuencias dañosas: deben ser útiles a tal fin.

Decimonoveno: Que en el caso de autos no se verifica ninguna de las exigencias descritas en los considerandos precedentes. En efecto, el recurrente incurre en error al sostener que el vínculo de causalidad se relaciona con la ocurrencia del tsunami, soslayando que la falta de servicio está ligada a las conductas omisivas de trasmitir la alerta del evento de la naturaleza, y de proceder a las acciones de salvataje requeridas, lo que habría permitido a las víctimas alejarse, o ser alejadas, de las zonas de peligro. Lo anterior es trascendente, pues, por una parte, atendida las características geológicas del país y la existencia de una larga franja costera, lo hacen propenso al acaecimiento de terremotos y tsunamis, como lo demuestra la historia sísmica de Chile. Tal circunstancia se reconoce y corrobora en los textos reglamentarios que han sido analizados a propósito del examen de la existencia de la falta de servicio, por lo que en caso alguno se puede señalar que tales eventos sean imprevisibles, pues se sabe con certeza que ocurrirán, sólo que el día en que ocurrirá y su magnitud, es algo que no puede ser determinado con antelación. Así entonces, es por la constatación de la larga y extensa experiencia en sismos y terremotos que podemos sostener que sí contamos con una seria probabilidad de experimentar estos eventos de la naturaleza. Estas razones, de objetiva comprobación, han llevado a las autoridades a adoptar gran cantidad de medidas y resguardos que están contemplados en distintos cuerpos reglamentarios.

En el escenario antes descrito, es lógico pensar que la autoridad debe adoptar los resguardos necesarios para que los organismos que operan y se relacionan con el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) estén en condiciones de afrontar, con prontitud y eficiencia, las catástrofes del tipo que se analiza.

En esencia, el hecho y momento mismo del terremoto antes de su ocurrencia, así como de su eventual intensidad, son circunstancias imprevisibles, pero una vez que acaece, ha de surgir la iniciativa y la obligación de un obrar eficiente por parte de los órganos del Estado. Es en este segundo ámbito que no es posible sostener la imprevisibilidad de un tsunami y su irresistibilidad. Los efectos posteriores a un terremoto pueden ser plenamente previsibles, a lo menos, con la consideración de antecedentes geográficos e históricos de nuestro país toda vez que, ante determinadas características del movimiento telúrico, que deben ser monitoreadas por la autoridad, es posible establecer las probabilidades de ocurrencia de un tsunami, como lo dejó consignado el fallo de primer grado en los párrafos primero al quinto del fundamento undécimo, reproducidos por la sentencia atacada. De ese análisis, y alusión a la reglamentación citada, surgirá la obligación de alertar a la población.


3. Corte Suprema

Responsabilidad del Estado. Muerte con motivo de tsunami. Comunicación deficiente de alerta de tsunami. Configuración de falta de servicio de los organismos de emergencia del Estado. Ocurrencia de un tsunami posterior a un gran terremoto no puede ser entendido como un hecho imprevisto.

Fecha Sentencia: 01/02/2019

Cita Online: CL/JUR/575/2019

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Hechos:

Fisco de Chile interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al primer capítulo de nulidad sustancial, debe señalarse que, como correctamente lo concluyeron los jueces de instancia, el día de los hechos era obligación del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) el generar y comunicar primariamente la alerta de tsunami, por así ordenarlo el Decreto Supremo N°26 de 1966 y el protocolo denominado «Sistema Nacional de Alarma de Maremotos». Por su parte, correspondía a ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias) difundir tal alerta a los organismos de respuesta y a la población en general, por así prescribirlo el artículo 3° del D.L. N° 369, el Manual de Operaciones del Centro de Alerta Temprana, y el Plan Nacional de Protección Civil.

SEXTO: Que, de esta manera, del simple contraste de los hechos principales de la causa con las obligaciones exigibles a ambas reparticiones fiscales, queda en evidencia que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, debido a su actuar deficiente al no haber comunicado eficazmente la alerta de tsunami a los organismos de emergencia existentes en la isla Robinson Crusoe, conclusión a la que necesariamente debe arribarse si se considera, además, que tal alerta fue emitida por el SHOA pero no fue recibida por la mayoría de sus destinatarios; que no se verificó su recepción ni se utilizó medios alternativos de comunicación; que ONEMI no emitió autónomamente dicha alerta a pesar de concurrir los presupuestos normativos para ello; y que el aparato estatal contaba con los mecanismos comunicacionales idóneos para lograr el fin frustrado (teléfonos satelitales) y con los sistemas de alarma pública que, tal como fue comprobado, pudieron haber permitido la oportuna evacuación de las personas que aquella madrugada se encontraban en la isla antes mencionada, entre las que se encontraba la hija y hermana de los demandantes.

SÉPTIMO: Que, respecto al segundo capítulo en que se sustenta este arbitrio, realizando el mismo ejercicio detallado en el considerando precedente debe afirmarse que el fatal desenlace que origina el daño cuya reparación se pretende no puede ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor, pues, per se, la ocurrencia de un tsunami posterior a un gran terremoto no puede ser entendido como un hecho imprevisto, al tratarse de un fenómeno de reiterada ocurrencia en la historia de la Nación (e incluso anterior a su existencia), a lo que debe agregarse que el reproche pasa, en lo sustancial, no por no haber advertido la ocurrencia del maremoto en cuestión sino por no haberse comunicado la alerta de tsunami ya emitida por el organismo competente para ello, precisión que deja en evidencia la inviabilidad de esta alegación. Por último, reiterando lo dicho en el motivo anterior, la falla en el acto comunicativo tampoco puede ser considerado como irresistible, pues fue fehacientemente acreditado en juicio que tanto el SHOA como ONEMI contaban con mecanismos técnicos para la transmisión de la alerta, y que Carabineros de Robinson Crusoe y algunos de sus habitantes mantuvieron permanente comunicación telefónica y radial con el continente.