1. Corte Suprema. Nulidad de contratos de compraventa de tierras indígena. Actualmente las tierras indígenas gozan de una protección especial. Limitaciones a los actos en que se otorga el goce de las tierras indígenas a terceros. Normas sobre enajenación de tierras indígenas son de orden público. Nulidad absoluta puede y debe declarada por el juez cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Normativa que regula los terrenos indígenas es de orden público debido al interés general de la nación. Nulidad absoluta de los múltiples contratos de compraventa sobre un terreno indígena, que no era de propiedad de la sucesión en cuestión.

2. Corte Suprema. Nulidad absoluta de contrato. Nulidad absoluta puede ser alegada por todos aquellos que se vean afectados por las consecuencias jurídicas que emanen de dicho acto o contrato.Interés debe ser uno de tipo pecuniario o patrimonial en la declaración de nulidad y debe existir al momento de ejercerse la acción de nulidad. Improcedencia de exigir la solicitud conjunta de la declaración de nulidad de aquellos actos celebrados con anterioridad. Conocimiento que debe tener la persona que ejecutó el acto o celebró el contrato, debe ser un conocimiento real y efectivo del vicio o defecto que produce la nulidad absoluta. Requisitos de procedencia de la acción de nulidad. Inmueble respecto del cual se transfirieron derechos hereditarios tiene la calidad de indígena para todos los efectos legales. Prohibición contemplada en el artículo 13 de la Ley indígena se extiende a la cesión del derecho real de herencia que comprendía un bien inmueble de carácter indígena. Procedencia de la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto.

3. Corte Suprema. Nulidad absoluta de contrato de promesa de compraventa e indemnización de perjuicios. Acción de nulidad, concepto, regulación y características. Contrato de promesa, naturaleza jurídica, requisitos y características. Finalidad de la exigencia del artículo 1554 N° 4 del Código Civil. Requisitos que la ley deja para el momento de celebrarse el contrato prometido son las solemnidades y la tradición de la cosa. Objeto del contrato prometido debe ser singularizándolo en términos tales que permita ser cumplido con facilidad. Indefinición del objeto del contrato prometido. Promesa de contrato que adolece de vicio de nulidad. Insuficiencia probatoria para acreditar que demandante conocía efectivamente el vicio. Existencia de una subdivisión simple no configura el conocimiento de ilicitud al que se refiere la ley. Principio de buena fe contractual. Existencia de interés patrimonial en declaración de nulidad. Interés constituido por el reintegro de la suma pagada anticipadamente por concepto de precio de la compraventa prometida.


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1. Corte Suprema

Nulidad de contratos de compraventa de tierras indígena. Actualmente las tierras indígenas gozan de una protección especial. Limitaciones a los actos en que se otorga el goce de las tierras indígenas a terceros. Normas sobre enajenación de tierras indígenas son de orden público. Nulidad absoluta puede y debe declarada por el juez cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Normativa que regula los terrenos indígenas es de orden público debido al interés general de la nación. Nulidad absoluta de los múltiples contratos de compraventa sobre un terreno indígena, que no era de propiedad de la sucesión en cuestión.

Fecha Sentencia: 14/04/2022

Cita online: CL/JUR/14165/2022

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Hechos:

Parte demandante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la demanda sobre nulidad de contratos de compraventa de tierras indígenas. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

Tercero: Que, en consecuencia, la cuestión debatida conduce a definir los aspectos jurídicos que rigen la relación contractual entre los demandados, dado que por una parte se encuentra la ley 17.729, bajo cuyo imperio adquirió la sucesión de los derechos en la denominada «Hijuela N° 8» y la ley 19.253, actualmente vigente, que regula con una visión diferente y acorde con las normas internacionales las relaciones entre las etnias y los connacionales no indígenas, estableciendo, entre otras reglas, que por exigirlo el interés nacional, las tierras indígenas gozarán de una protección especial, que lleva a prohibir su enajenación, salvo entre comunidades o entre personas indígenas de la misma etnia y a disponer limitaciones en relación a actos en que se otorga el goce a terceros.

Cabe hacer presente que las normas de la Ley 19.253, en cuanto a la enajenación de tierras son de orden público, lo que implica, en derecho de contratos, el respeto de la regla, según la cual, las partes no pueden pasar por alto normas imperativas, ni menos prohibitivas.

Las reglas de orden público en general se imponen por razones de moralidad o de seguridad necesarias para la vida en sociedad. De ahí que, la ley es la única que puede limitar la forma como se puede usar, gozar o disponer de la propiedad sobre una cosa corporal o un derecho, conforme a su función social la que comprende, entre otros, cuanto exijan los intereses generales de la Nación. Lo anterior se aplica por cierto a los derechos reales sobre cosas incorporales.

Tanto en derecho público, como en derecho privado, el orden público limita la libertad contractual y justifica en algunos casos atentados a la estabilidad de las relaciones contractuales, particularmente cuando estas reglas de orden público han sido establecidas como necesarias en la comunidad al estar ligadas a valores asociados a la institucionalización de la paz social.

Así, si la nueva ley, en razón del interés general de la Nación (imperativo de orden público) sustrae del comercio jurídico una cosa cuya prestación es el objeto de la obligación principal de ese contrato, no sólo se afecta de ilicitud el objeto, lo que implicaría sancionarlo con la nulidad absoluta, sino que jurídicamente al desaparecer ésta del comercio jurídico se verifica la desaparición del objeto por un hecho sobreviviente, un efecto similar a cuando la cosa se destruye totalmente o se hace imposible ejecutar la prestación, lo que fuerza la resolución de ese contrato que, atendida su naturaleza, no es sino su terminación.

No hay que olvidar tampoco el tenor del artículo 11 del Código Civil sanciona con nulidad textual o de pleno derecho el acto fraudulento, al expresar que «Cuando la ley declara nulo algún acto, con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley.»

En ese contexto, se entiende que la evolución normativa resulta reforzada por la dictación del convenio 169 de la OIT, que reconoce expresamente a los pueblos precolombinos, sus tradiciones, cultura y derechos ancestrales, dentro de los cuales su vinculación con la tierra es fundamental, la ley 19.253, vigente al momento de interponer la demanda es una nueva normativa que constituye un estatuto legal especial y de orden público, que debe primar sobre el estatuto general que rige las relaciones contractuales de orden civil, a la luz de la actual legislación, que conlleva un principio restaurador de los derechos de los pueblos originarios, cuestión que es procedente pues es la única forma de restituir a los legítimos propietarios el pleno ejercicio de sus derechos sobre la tierra.

Quinto: Que, determinado lo anterior, los recurrentes han alegado la infracción al artículo 1683 del Código Civil, en relación al artículo 13 de la Ley 19.253, fundado en que la sentencia objeto de este arbitrio rechazó la demanda en diversos apartados declarando su falta de interés en la acción de nulidad absoluta de los contratos.

Al respecto se debe tener presente que el artículo 1683 del Código Civil señala que «la nulidad absoluta puede y debe declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.» Ahora bien, en cuanto al interés de los actores, yerra la judicatura, al rechazar la demanda por estimar que no poseen un interés, toda vez que tal como se indicó en la consideración tercera de esta sentencia, la normativa que regula los terrenos indígenas es de orden público en razón del interés general de la nación, así por lo demás se consigna en el artículo 13 de la Ley 19.253 al expresar que «las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.» De esta forma lo ha resuelto esta Corte en los N° 89.636 2016, N° 23.194 2018 y recientemente en el N° 11.283 2021.

Séptimo: Que, de esta forma, habiéndose celebrado múltiples contratos de compraventa sobre un terreno indígena, que no era de propiedad de la sucesión, por personas que, además, no pertenecen a los pueblos originarios cuyas tierras se encuentran protegidas por la normativa de orden público indicada precedentemente, no cabe sino concluir que, todo ellos adolecen de nulidad absoluta.

Octavo: Que, la nulidad referida precedentemente alcanza en sus efectos, no solo a los contratos celebrados, sino que también a la inscripción de la adjudicación de tierras que recibió por sentencia en causa Rol N° 1172, de 8 de julio de 1986, del Juzgado de Letras de Nueva Imperial y a la inscripción especial de herencia que sobre la misma hizo la sucesión, que rola a fojas 19 N° 33 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial de 1992, por cuanto ambos títulos contravienen lo resuelto por esta Corte en causa Rol 33.578 1995 y por lo tanto son nulos.


2. Corte Suprema

Nulidad absoluta de contrato. Nulidad absoluta puede ser alegada por todos aquellos que se vean afectados por las consecuencias jurídicas que emanen de dicho acto o contrato. Interés debe ser uno de tipo pecuniario o patrimonial en la declaración de nulidad y debe existir al momento de ejercerse la acción de nulidad. Improcedencia de exigir la solicitud conjunta de la declaración de nulidad de aquellos actos celebrados con anterioridad. Conocimiento que debe tener la persona que ejecutó el acto o celebró el contrato, debe ser un conocimiento real y efectivo del vicio o defecto que produce la nulidad absoluta. Requisitos de procedencia de la acción de nulidad. Inmueble respecto del cual se transfirieron derechos hereditarios tiene la calidad de indígena para todos los efectos legales. Prohibición contemplada en el artículo 13 de la Ley indígena se extiende a la cesión del derecho real de herencia que comprendía un bien inmueble de carácter indígena. Procedencia de la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto.

Fecha Sentencia: 16/02/2022

Cita Online: CL/JUR/6462/2022

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Hechos:

Demandante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la demanda de nulidad absoluta de contrato. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

Quinto: Que la doctrina nacional ha señalado que según se desprende del referido artículo 1683 del Código Civil, «…hallándose establecida la nulidad absoluta en interés general de la sociedad, y no únicamente en interés de las personas que ejecutan el acto o celebran el contrato, esta puede ser invocada por todo el que tenga interés en ello, es decir, en que sea declarada la nulidad y eliminados los efectos del acto o contrato nulo» (Claro Solar, Luis, Lecciones de Derecho Civil Chileno y comparado, tomo XII, N° 1926, p. 605).

Lo anterior permite concluir que la declaración de nulidad absoluta puede ser alegada por todos aquellos que de algún modo se vean afectados por las consecuencias jurídicas que emanen de dicho acto o contrato, atendido el carácter de sanción de las infracciones de orden público que tiene esta categoría de nulidad, pues «…las normas que la rigen y que han sido establecidas para asegurar el mantenimiento de la buena fe y de la justicia y equidad en las transacciones que aseguren el orden social y económico entre los individuos, exigen una protección más eficaz, y el medio de conseguir esta eficacia ha sido generalizar lo más posible el ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de modo que sean muchas las personas que la pueden hacer valer en juicio», persiguiendo un doble propósito «…por una parte, permitir a cada cual proteger debidamente sus intereses, lo que se logra mediante la destrucción del acto nulo; y, al mismo tiempo, sancionar eficazmente la violación de las reglas de orden público y de interés general mediante la anulación del acto que contiene la infracción, lo que se logra ampliando el número de personas que pueden solicitar la nulidad» (Alessandri Besa, Arturo La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno Tomo I, Editorial Jurídica, Tercera Edición, 2021, p.518).

Sexto: Que, por su parte, la doctrina y la jurisprudencia se encuentran contestes que el tipo de interés que hace referencia el artículo 1683 del código de Bello, debe ser uno de tipo pecuniario o patrimonial en la declaración de nulidad, descartando el interés puramente moral (Claro Solar, Luis, ob.cit., p. 605) y entendiendo que se tiene interés en solicitar la declaración de nulidad absoluta «… cuando haya de obtenerse un provecho patrimonial con la anulación del acto o contrato» el que «…se traduce en quedar liberado de las obligaciones que le imponía el contrato que se anula o en un incremento de su patrimonio», interés que debe existir al momento de ejercerse la acción de nulidad (Alessandri Besa, Arturo, ob. Cit, p. 519 y 522; en el mismo sentido ver Sentencia de esta Corte Suprema Roles N° 1383 1996 y N° 3414 1997).

Séptimo: Que habida consideración de los presupuestos fácticos que la judicatura del fondo tuvo por acreditados, esbozados en los fundamentos segundo y tercero de esta sentencia, es posible concluir que a través del contrato celebrado con fecha 22 de agosto de 2008, entre la demandante, la primera incorporó en su patrimonio los derechos hereditarios de estos últimos, los que fueron transferidos con fecha 22 de diciembre de 2008, al celebrar el acto jurídico cuya nulidad se pretende en estos autos, razón suficiente para concluir la existencia de aquel interés patrimonial que el artículo 1683 del Código Civil exige para solicitar la declaración de nulidad absoluta de un acto o contrato.

En efecto, tal como fue referido en el numeral tercero de la motivación segunda de esta sentencia, el fallo impugnado tuvo por acreditado que en la escritura pública de 22 de diciembre de 2008, la demandante además de rendir cuenta de la gestión encomendada en el mandato especial de 3 de abril de ese mismo año, transfirió dichos derechos al demandado según se desprende de la primera parte de la cláusula tercera, la que refiere expresamente que «…la mandataria, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del mandato, viene en rendir cuenta de su gestión, haciendo transferencia o traspaso al mandante don, quien acepta y adquiere…los derechos reales de herencia, adquiridos por la primera, por compra y cesión, a los herederos, en la herencia intestada quedada al fallecimiento de los causantes, adquiridos por la mandataria, en ejecución del mandato…».

En razón de lo anterior, no resulta necesaria la exigencia impuesta a la demandante por el fallo impugnado, de solicitar conjuntamente la declaración de nulidad de aquellos actos celebrados con anterioridad, pues si bien estos se encuentran relacionados entre sí, produjeron sus efectos de manera independiente, sin que se haya alegado la existencia de una simulación compuesta por el celebración y ejecución de varios contratos.

Octavo: Que, por otro lado, también yerra la judicatura del fondo al concluir que la actora actuó durante todo el desarrollo contractual sabiendo o debiendo saber la existencia de un vicio que lo invalidaba, al tener a su juicio pleno conocimiento del mandato suscrito, lo que haría presumir el mismo conocimiento de todos los demás actos, no existiendo prueba idónea que permita acreditar el desconocimiento o ausencia de voluntad de su parte.

Primero(Sentencia de Reemplazo) : Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1683 del Código Civil, los requisitos procesales de la acción de nulidad invocada son los siguientes: a) que quien la solicite tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; y b) que no se haya saneado por el transcurso del tiempo, esto es, por un plazo superior a 10 años contado desde la celebración del acto o contrato.

Quinto (Sentencia de Reemplazo) :  A juicio de esta Corte, constituye un acto de enajenación que adolece de objeto ilícito al vulnerar lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.256 en relación con los artículos 10 y 1466 del Código Civil.

En efecto, esta Corte comparte aquella hermenéutica que le asigna efectos amplios al concepto de enajenación del artículo 13 de la Ley N° 19.253, el que no se encuentra definido por el legislador especial ni tampoco por el derecho común, corresponde, por tanto, interpretarlo tomando en consideración los principios y la dinámica del estatuto protector especial de la Ley N° 19.253.

En este último sentido, y atendido lo razonado en la motivación cuarta precedente, es posible concluir que la intención del legislador no fue generar una prohibición concreta o delimitada, sino más bien una prohibición de amplio alcance, al contemplar el referido artículos 13 los gravámenes, los embargos como principio de enajenación , la prescripción adquisitiva, cubriendo en gran parte el espectro de titulaciones reales posibles.

De tal manera que, en el caso concreto, al celebrar la actora una cesión del derecho real de herencia universalidad jurídica que comprendía un bien inmueble contemplado en el artículo 12 de la Ley N° 19.256, y atendido el principio protector aludido, es posible concluir que los efectos de dicha cesión se extienden a dichas tierras indígenas, operando a su respecto la prohibición contemplada en el artículo 13 de la ley indígena., razón por la cual el referido contrato es nulo absolutamente por ilicitud de objeto.

Sexto (Sentencia de Reemplazo) : Que habiendo concluido que el acto jurídico impugnado por la demanda adolece de nulidad absoluta por ilicitud de objeto atendida las consideraciones señaladas en los acápites precedentes, no cabe más que acoger la demanda intentada, en los términos que se indicarán.


3. Corte Suprema.

Nulidad absoluta de contrato de promesa de compraventa e indemnización de perjuicios. Acción de nulidad, concepto, regulación y características. Contrato de promesa, naturaleza jurídica, requisitos y características. Finalidad de la exigencia del artículo 1554 N° 4 del Código Civil. Requisitos que la ley deja para el momento de celebrarse el contrato prometido son las solemnidades y la tradición de la cosa. Objeto del contrato prometido debe ser singularizándolo en términos tales que permita ser cumplido con facilidad. Indefinición del objeto del contrato prometido. Promesa de contrato que adolece de vicio de nulidad. Insuficiencia probatoria para acreditar que demandante conocía efectivamente el vicio. Existencia de una subdivisión simple no configura el conocimiento de ilicitud al que se refiere la ley. Principio de buena fe contractual. Existencia de interés patrimonial en declaración de nulidad. Interés constituido por el reintegro de la suma pagada anticipadamente por concepto de precio de la compraventa prometida.

Fecha Sentencia: 09/12/2021

Cita Online: CL/JUR/88710/2021

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Hechos:

Demandante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que desestimó la demanda de nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa de autos y el resarcimiento de perjuicios solicitado. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

CUARTO: Que emprendiendo el análisis del recurso de casación, primeramente es atinente señalar que la acción de nulidad o rescisión es el medio jurídico concedido al contratante que se obligó sin validez o fue lesionado por el contrato, para liberarse de los efectos perjudiciales de la obligación asumida, obteniendo la anulación o rescisión que se desea. Así, es un remedio que tiene por necesario precedente un estado jurídico o bien una obligación reconocida por el derecho civil, aunque imperfecta. (Giorgi, Jorge «Teoría de las Obligaciones» Editorial Reus, Madrid 1928, Tomo VIII Nro. 146).

En nuestro ordenamiento civil, la acción de nulidad que contempla el artículo 1683 del Código Civil puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto contrato. Es decir, se confiere al juez la facultad y aún, en ciertos casos, la obligación de declararla, porque no pueden tener eficacia jurídica aquellos actos o contratos que no nacieron a la vida jurídica o, si lo hicieron, contienen vicios que restan valor a lo estipulado.

Además y conforme prevé la norma referida, la nulidad puede ser alegada por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

Cuando la ley prevé que la nulidad puede ser alegada por todo el que tenga interés en ello está incluyendo a todo aquel que tenga interés pecuniario en que desaparezcan los efectos del acto o contrato nulo. La solicitará, en esa hipótesis, entablando la acción de nulidad absoluta para que sea declarado nulo el acto o contrato. Así, puede hacerse valer, por consiguiente, por todas las personas a quienes afecta el acto o contrato nulo y desde luego la pueden alegar las personas que aparecen ejecutando o celebrado el contrato con el vicio o defecto que lo anula, pues basta «justificar un interés pecuniario actual, directo o indirecto, en la declaración de la nulidad para que esta declaración pueda pedirse». (Claro Solar, Luis; «Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado», tomo XII, Nro. 1926, pág. 605), aspecto en el que tanto los autores como la jurisprudencia están de acuerdo, puesto que el artículo 1683 del Código Civil se refiere a las personas que tienen un interés pecuniario o patrimonial en la declaración de nulidad, o sea, la nulidad puede ser alegada por cualquiera a quien aproveche su declaración, interés del que el demandante se encuentra evidentemente premunido según ha establecido el fallo, al asentar que «aparece de forma notoria el interés patrimonial en la declaración de nulidad, toda vez que en virtud de lo establecido en el artículo 1687 las partes tienen derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallaran si no hubiese existido el contrato una vez declarada la nulidad por medio de la sentencia definitiva, por lo que declarada la nulidad se reintegrara lo dado o pagado por la parte demandante respecto del contrato prometido de compraventa».

QUINTO: Que, ahora bien, el contrato de promesa previsto en el artículo 1554 del Código Civil se trata de un contrato preparatorio que debe constar por escrito, referido a un contrato prometido que se explicite en la promesa con los elementos que lo distinguen en su esencia y al que la ley le reconozca eficacia, señalándose para éste un plazo o una condición que fije el momento de su celebración. Añade la norma que la convención que reúna tales características autorizará para instar por su ejecución.

A su turno, la jurisprudencia ha dicho que la promesa es «la convención por la cual los interesados se obligan a celebrar otro contrato dentro de cierto plazo o en el evento de una condición» y «aquel por el cual las partes se obligan a celebrar otro contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición.» (R.D.J. T.58, sec. 1ª, pág. 179 y T. 60, sec. 2ª, pág. 85).

En este contexto, se advierte que este contrato solemne, principal y preparatorio, válidamente celebrado, da origen a relaciones, acciones y derechos personales y, particularmente, una obligación de hacer, cual es la de celebrar el contrato prometido.

SÉPTIMO: Que, en efecto, la exigencia del N° 4 del artículo 1554 del Código Civil constituye un requisito que ha contemplado el legislador con el objeto de que los contratantes estén en perfecto y total conocimiento sobre las obligaciones que deberán cumplir con ocasión del contrato prometido. En opinión de la doctrina, la «especificación del contrato significa que éste se individualice de tal modo que se sepa de qué contrato se trata y se precisen sus características para que no se confunda con otro.»… «La especificación del contrato que se promete se justifica sobradamente. La promesa, de otro modo, sería prácticamente ineficaz; quedaría abierta la puerta para futuras discusiones acerca del alcance de lo estipulado. La especificación del contrato garantiza el cumplimiento de la obligación u obligaciones de las partes y hace posible, en su hora, recabar su ejecución compulsiva». (Ramón Meza Barros, Manual de Derecho Civil, «De las Fuentes de las Obligaciones», Tomo I, Novena Edición Actualizada, Editorial Jurídica, 2011, página 37).

Ahora bien, como el contrato de promesa es distinto del prometido, «la ley no ha exigido que concurran en ella todos los requisitos del contrato prometido y si bien exige casi su totalidad, deja algunos también para después, o sea, para cuando se celebre. Estos requisitos que la ley deja para el momento de celebrarse el contrato prometido (de compraventa) son las solemnidades que las leyes prescriben y la tradición de la cosa. Son los únicos elementos que pueden omitirse en el contrato prometido. De modo que si se omite cualquier otro que no sea alguno de esos dos, aquél ya no se especificaría, como lo exige la ley, y la promesa, por consiguiente, no produciría ninguna obligación» (Arturo Alessandri Rodríguez, «De La Compraventa y De La Promesa De Venta», Tomo II, Vol. 2, Editorial Jurídica, 2003, página 910).

Sin embargo, una interpretación progresiva que permita aplicar la norma del modo que mejor se avenga al espíritu general de la legislación autoriza a concluir que el objeto del contrato prometido también debe ser especificado, esto es, singularizándolo en términos tales que permita ser cumplido con facilidad, lo que significa que la promesa debe indicar los elementos esenciales del contrato prometido, pudiendo faltar los elementos de la naturaleza y aquellos que las partes pueden agregar como accidentales de común acuerdo al momento de celebrar el contrato prometido.

Y así se ha dicho que «En cuanto a la expresión perfecto¿ que utiliza el precepto (artículo 1554 N° 4 del Código Civil), naturalmente no se refiere a un preciosismo jurídico, en orden a que el contrato sea un modelo de estipulación completa, sino a que la promesa sea eficaz, o sea, pueda producir sus efectos, y en consecuencia, si alguna de las partes no la cumple, sea posible otorgar por la vía judicial el contrato definitivo prometido. Para ello es indispensable que se señale el contrato de que se trata, si compraventa, permuta, arriendo, sociedad, innominado de tal clase, etc., y las estipulaciones esenciales de ellos, como son, en la compraventa, las partes del contrato, la cosa y el precio».

«En tal sentido va orientándose firmemente la doctrina: Alessandri, Osuna, Fueyo, etc., y la jurisprudencia de los tribunales» (René Abeliuk Manasevich, «Contrato de Promesa, De Opción y Otros Acuerdos Previos», Legal Publishing Chile, 2012, página 125), mismo sentido en el que se pronuncia Raúl Díez Duarte («El Contrato De Promesa», Ediar Conosur, 1989, página 142).

NOVENO: Que en el caso de la promesa sub lite, la mención que se hace del objeto del contrato prometido, esto es, «la propiedad raíz que mide aproximadamente mil metros cuadrados, resultante de Predio LOTE A 8, de la parcela número veinticinco del Proyecto de Parcelación Libertad de Malloa, ubicada en la Comuna de Malloa, Provincia de Cachapoal, y cuya inscripción se encuentra en trámites administrativos debido a la reciente subdivisión…» evidentemente impide tenerlo como suficientemente individualizado, pues se desconoce su ubicación, orientación y deslindes particulares. El defecto tampoco puede subsanarse con la alusión a la inscripción dominical que se menciona en el título, pues naturalmente esa información se refiere al predio de mayor extensión dentro del cual se encuentra el que en el futuro cobraría existencia material y jurídica mediante una subdivisión predial.

Siendo así, de esa indefinición surge una importante conclusión, reconocida en la sentencia: la promesa adolece de un vicio de aquellos previstos en el artículo 1682 del Código Civil que conllevan su nulidad absoluta, «por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos».

DÉCIMO: Que, no obstante haber concluido el fallo que la parte demandante cumple el requisito del interés pecuniario que lo habilita para la declaración de nulidad pues de ese modo podrá obtener la restitución de lo pagado rechaza la pretensión al estimar que esa parte incurre en la hipótesis contenida en el citado artículo 1683, por haber celebrado el contrato de promesa de compraventa sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

Como ha sido doctrina reconocida por esta Corte, para estar en el supuesto de limitación que impone el mencionado precepto legal, no basta con ser parte del contrato, sino que además debe haberse celebrado el contrato sabiendo o debiendo saberse el vicio que lo invalidaba.

En el caso, en la prueba rendida no hay elemento alguno que obligue legalmente a concluir que el demandante conocía efectivamente el vicio. La afirmación de los jueces en orden a que ese conocimiento deviene del hecho de haber concurrido personalmente el demandante a la suscripción del contrato no aparece suficientemente razonada ni es concluyente, en la medida que esa comparecencia solo puede dar cuenta de su voluntad para celebrarlo y asumir sus efectos, como de hecho lo ha alegado esa parte durante el transcurso del juicio.

Tampoco es dable colegir tal conocimiento de ilicitud al que se refiere la ley por estar el demandante al tanto de que existía una subdivisión simple, que faltaban trámites administrativos y que por esas circunstancias no era posible individualizar y determinar los deslindes de la propiedad.

Para que el actor se vea alcanzado por la norma en aquella parte que limita su legitimación para pedir la nulidad, no es suficiente aplicar el conocimiento presunto de la ley que emana del artículo 8° del Código Civil, sino que ha debido acreditarse que esa parte sabía que las circunstancias descritas invalidaban el contrato de promesa. Ese conocimiento tampoco se probó en el juicio ni es posible presumirlo de la actividad que desempeña, considerando que compareció a la escritura de promesa de compraventa señalando ser «empleado» y, al juicio, como «mueblista», ocupaciones que no suponen necesariamente un conocimiento del Derecho y menos, de que la exigua descripción de inmueble conllevaba la invalidación del acto. Más aún, tal fue su voluntad de concurrir a un acto válido que pagó anticipadamente el precio convenido, tal como reconoce el fallo al asentar su interés en la declaración de nulidad.

En estas condiciones, mal pudo la sentencia imponerle al actor un grado de conocimiento y diligencia como el que le exige, soslayando, en fin, que sus actuaciones además encuentran asilo en el principio general de buena fe que ha debido presumirse.