1. Corte de Apelaciones de Chillán. Recurso de protección. Atribución del Gobernador Provincial para efectos de requerir el auxilio de la fuerza pública a fin de obtener administrativamente el desalojo de los bienes del Estado. Gobernador provincial debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, dicha atribución dirigida especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público. Inmuebles de propiedad de SERVIU no son bienes fiscales. Bienes objeto de discusión no participa de la naturaleza de bien fiscal o nacional de uso público.

2. Corte Suprema. Recurso de protección. Procedimiento de restitución administrativa de bien inmueble fiscal. Medidas adoptadas a raíz de enfermedad COVID- 19. Rechazo solicitud de extemporaneidad del recurso de protección. Deber de determinar la naturaleza jurídica del bien del Estado que se pretende recuperar. Facultad del Gobernador Provincial para ordenar administrativamente el desalojo de los bienes del Estado dice relación con aquellos de carácter de nacional de uso público. Restitución de inmueble fiscal conforme al artículo 19 del DL N° 1.939. Vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

3. Corte de Apelaciones de Concepción. Recurso de amparo. Desalojo de campamentos. Deber de distinguir naturaleza jurídica del bien del Estado para determinar las atribuciones del Gobernador para ordenar el desalojo. Facultad del Gobernador Provincial para decretar el desalojo de bienes que poseen el carácter de nacional de uso público. Ordenes de desalojo dictadas dentro de la esfera de atribuciones legales que la autoridad detenta.


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1. Corte de Apelaciones de Chillán.

Recurso de protección. Atribución del Gobernador Provincial para efectos de requerir el auxilio de la fuerza pública a fin de obtener administrativamente el desalojo de los bienes del Estado. Gobernador provincial debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, dicha atribución dirigida especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público. Inmuebles de propiedad de SERVIU no son bienes fiscales. Bienes objeto de discusión no participa de la naturaleza de bien fiscal o nacional de uso público.

Fecha Sentencia: 24/08/2021

Cita online: CL/JUR/69458/2021

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Hechos:

Actora deduce recurso de protección en contra de del Serviu Región de Ñuble que producto de resolución emanada de la Gobernación provincial ordena desalojo de inmueble. Analizados los antecedentes se acoge la acción de protección.

Considerandos relevantes.

Décimo Primero: Que, desde la perspectiva anterior, cabe advertir, y conforme lo ha sostenido el Máximo Tribunal de la República, que de las normas contenidas en las letras d) y h) del artículo 4° de la Ley N° 19.175, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de requerir el auxilio de la fuerza pública a fin de obtener administrativamente el desalojo de los bienes del Estado dice relación con los que poseen el carácter de nacional de uso público, debido a que, si bien aparece que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público, calidad que no reviste el inmueble en que incide el acto impugnado, lo cual se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 589 del Código Civil que define lo que debe entenderse por éstos.

A mayor abundamiento, necesario es dejar asentado que el SERVIU mantiene un patrimonio independiente del fiscal, circunstancia que importa que los inmuebles de su propiedad no son bienes fiscales, como tampoco bienes nacionales de uso público, aserto éste que fluye con evidencia del solo mérito de la copia de inscripción de dominio de fojas 869 N° 1051 del Registro de Propiedad del año 2020, la que se encuentra agregada a los antecedentes, y en la que es posible advertir que cuando se individualiza al Servicio de Vivienda y Urbanismo Región De Ñuble, se señala que se trata de una institución autónoma del Estado con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, de manera que la resolución objetada y que ha sido materia del reproche, adolece de una doble ilegalidad: por un lado, emana de una autoridad no facultada para requerir la restitución administrativa del inmueble, como lo es la Gobernación Provincial del Diguillín; y, por otro, tiene por objeto un bien raíz que no participa de la naturaleza de bien fiscal o nacional de uso público, como es el que pertenece a SERVIU

Décimo Cuarto: Que, el hecho ilegal atribuido a las autoridades recurridas importa para los particulares un juzgamiento por un órgano distinto del tribunal que señala la ley para dirimir una controversia, vulnerándose de este modo la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, la amenaza desalojo con empleo de la fuerza pública que contiene dicha resolución, vulnera asimismo el derecho a la igualdad ante la ley que contempla el N° 2 del artículo 19 del texto constitucional, desde que los somete a un procedimiento de restitución administrativa de bienes que no son contemplados en la ley, y por lo mismo, sustancialmente discriminatorio, por lo que la presente acción constitucional será acogida.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. Procedimiento de restitución administrativa de bien inmueble fiscal. Medidas adoptadas a raíz de enfermedad COVID- 19. Rechazo solicitud de extemporaneidad del recurso de protección. Deber de determinar la naturaleza jurídica del bien del Estado que se pretende recuperar. Facultad del Gobernador Provincial para ordenar administrativamente el desalojo de los bienes del Estado dice relación con aquellos de carácter de nacional de uso público. Restitución de inmueble fiscal conforme al artículo 19 del DL N° 1.939. Vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Fecha Sentencia: 03/08/2021

Cita Online: CL/JUR/67204/2021

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Hechos:

Actor se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra de la Gobernación Provincial de Iquique y el procedimiento de restitución administrativa de bien inmueble fiscal. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Octavo: Que, en ese sentido, tanto el legislador como esta Corte Suprema en este caso a través del Acta N° 53 2020 han pretendido impregnar a los procedimientos judiciales de la necesaria flexibilidad para cumplir, en estas circunstancias extraordinarias, con su fin superior, consistente en otorgar a los justiciables acceso a una tutela judicial efectiva.

Noveno: Que, bajo dicho prisma, encontrándonos dentro de los supuestos contemplados en la Ley N° 21.226, en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID9, a juicio de estos sentenciadores, se hace necesario en este caso sustraer la interposición del recurso de protección de la aplicación estricta del plazo contenido en el numeral 1° del Acta N° 94 2015, debiendo entenderse en consecuencia que el recurso de protección no es extemporáneo.

Duodécimo: Que de las disposiciones reseñadas, se desprende que para efectos de determinar las atribuciones que competen a la autoridad recurrida para obtener la restitución de un particular de un bien del Estado, se debe precisar la naturaleza jurídica del mismo, esto es, si es un bien nacional de uso público o un bien fiscal.

Décimo tercero: Que de las normas contenidas en las letras d) y h) del artículo 4° de la Ley N° 19.175, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de ordenar administrativamente el desalojo de los bienes del Estado dice relación con los que poseen el carácter de nacional de uso público, debido a que, si bien aparece que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público, lo cual se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 589 del Código Civil que define lo que debe entenderse por éstos.

Décimo quinto: Que atendido el marco jurídico reseñado precedentemente, tanto la solicitud de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, como la decisión de la Gobernación Provincial de Iquique en orden a disponer la restitución administrativa del inmueble fiscal sub lite, resulta ilegal, atendida precisamente la naturaleza jurídica de bien fiscal que tiene el inmueble, la que determina que para obtener su restitución debe procederse conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939.

Décimo sexto: Que el hecho ilegal atribuido a las autoridades recurridas importa para los particulares un juzgamiento por un órgano distinto del tribunal que señala la ley para dirimir una controversia, vulnerándose de este modo la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de modo tal que la presente acción será acogida.


3. Corte de Apelaciones de Concepción.

Recurso de amparo. Desalojo de campamentos. Deber de distinguir naturaleza jurídica del bien del Estado para determinar las atribuciones del Gobernador para ordenar el desalojo. Facultad del Gobernador Provincial para decretar el desalojo de bienes que poseen el carácter de nacional de uso público. Ordenes de desalojo dictadas dentro de la esfera de atribuciones legales que la autoridad detenta.

Fecha Sentencia: 27/04/2021

Cita Online: CL/JUR/51392/2021

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Hechos:

Senador de la República interpone recurso de amparo en favor de particulares y en contra de la Gobernación Provincial de Concepción y de la VIII Zona de Carabineros del Bío Bío, impugna las resoluciones que decretaron el desalojo de campamentos instalados en bienes del Estado. La Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

DECIMO: Que, de las disposiciones legales reseñadas se desprende que para efectos de distinguir las atribuciones que le competen al Gobernador para ordenar el desalojo es necesario distinguir, en forma previa, la naturaleza jurídica del bien del Estado, esto es, bien nacional de uso público o bien fiscal.

DECIMOPRIMERO: Que, de la interpretación literal de la norma contenida en la letra h) del artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de decretar el desalojo dice relación con bienes que poseen el carácter de nacional de uso público, en primer lugar, debido a que si bien aparece que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público y, en segundo lugar, debido a que el segundo párrafo de la norma, contiene una oración compuesta de carácter consecutivo, que inicia con el verbo «impedir», seguida de las fórmulas verbales «ocupación» ilegal o «empleo» ilegítimo, y finalizada con el calificativo de carácter especificativo «uso común», respecto del sujeto implícito (bien del Estado), lo cual, se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 589 del Código Civil, en orden a definir los bienes nacionales de uso público como aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

DECIMOSEGUNDO: Que, por su parte, refuerza la interpretación gramatical señalada precedentemente, una interpretación lógica, sistemática e histórica de la ley. La primera, lógica, toda vez que del propio tenor del artículo 4 de la Ley N° 19.175, aparece que las atribuciones del Gobernador Provincial dicen relación con bienes nacionales de uso público, verbi gracia, la letra c) referente a la autorización de reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público. La segunda, sistémica, pues las atribuciones de conservación de los bienes nacionales de uso público, radicadas en el Gobernador Provincial, igualmente aparecen reflejadas en tal sentido en otros cuerpos normativos, a saber: artículo 6 del D.F.L. N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 11 del D.F.L. N° 340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas, otorgándoles facultades para ordenar su restitución administrativa. Lo anterior, sumado al hecho que el propio ordenamiento jurídico, contempla un procedimiento especial para obtener la restitución de los otros bienes raíces fiscales, previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en el sentido que sus ocupantes que no acrediten autorización, concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegales, contra los cuales se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las ordinarias respectivas. Y, por último, histórica, relacionada con el procedimiento de restitución ya aludido, ya que ha sido la propia administración quien ha reconocido en el Mensaje N° 190 361, por el cual el Presidente de la República envió a la H. Cámara de Diputados, la modificación del procedimiento de restitución de bienes fiscales contendido en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, debido a que «Si bien el espíritu de la norma anterior es otorgar al fisco un procedimiento expedito para la recuperación del patrimonio fiscal ocupado ilegalmente, en los hechos se han detectado diversas dificultades de interpretación y aplicación práctica de la misma, lo que ha redundado en abusos graves, y en ocasiones reiterados, por parte de particulares que ocupan inmuebles fiscales sin la debida autorización, muchas veces con ánimo de lucro y sin respeto a normas urbanísticas y medioambientales, causando así un grave perjuicio a un patrimonio nacional tan preciado como lo es el territorio fiscal.». Agregando, más adelante en su mensaje que «Lo anterior, sumado a la circunstancia de tener que impetrar las acciones civiles ordinarias para obtener su restitución, impide al Fisco en estos casos hacer uso de ellos por extensos períodos de tiempo lo cual hace que la administración de los inmuebles fiscales, como el resguardo de los intereses público y fiscal se vean seriamente afectados

DECIMOTERCERO: Que en la especie, la propiedad sobre la cual se encontraban asentados los campamentos erradicados es un inmueble de propiedad de la Municipalidad de Talcahuano, ubicado en calle Manuel Gaete N° 552, inscrito a fojas 1096 vuelta, bajo el N° 1670 del año 1973 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de dicha comuna, sector denominado canchas «las Salinas», bien municipal que alberga los campos deportivos de dicho nombre, cuyo destino principal es la práctica físico deportiva de la comunidad, entregando a toda la colectividad de Talcahuano la posibilidad de dicha práctica en sus diferentes disciplinas y la realización de eventos recreativos artísticos y/o culturales, a través del uso de las instalaciones deportivas pertenecientes a dicho ayuntamiento, es decir, por medio de los citados terrenos se propiciaba el uso público de las referidas instalaciones en beneficio de todos los miembros de la comunidad talcahuina.

DECIMOCUARTO: Que en tal entendido cabe señalar que la Resolución Exenta N° 796/2021 emitida por la Gobernación Provincial de Concepción, de 11 de marzo de 2021, la Resolución Exenta N° 911/2021 emitida por la Gobernación Provincial de Concepción, de 18 de marzo de 2021, que se impugnan, han sido dictadas dentro de la esfera de atribuciones legales que la autoridad detenta y que las actuaciones realizadas por el Departamento de Inspección de la Municipalidad de Talcahuano, consistentes en las notificaciones de 12 y 23 de marzo de 2021, de los citados actos administrativos, como aquella de los funcionarios policiales de la Segunda Comisaría de Talcahuano, no incurrieron en ningún acto que haya podido producir privación, perturbación o amenaza a la libertad personal o seguridad individual de los amparados, actuando dentro del marco legal vigente.