1. Corte Suprema. Microtráfico. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Existencia de indicio necesario para la realización del control de identidad. Control de identidad tuvo como antecedente denuncia anónima de la comisión de un ilícito y el hecho de que el acusado se intentó dar a la fuga cuando los policías pretendieron fiscalizarlo. Actividad policial desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere

2. Corte Suprema. Tráfico de drogas. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Perro policial entrenado para detectar droga señala mochila. Existencia de indicio necesario para la realización del control de identidad. Control de identidad realizado al dueño de la mochila indicada por el perro policial. Mero retardo en el traspaso de la droga que regula el artículo 41 de la Ley N° 20.000 no conlleva infracción a la cadena de custodia. Entrega de la droga fuera del plazo del artículo 41 de la Ley de Drogas, solo genera una sanción extraprocesal respecto del funcionario infractor.

3. Corte Suprema. Falta del artículo 50 de la Ley de Drogas y delito de porte ilegal de arma de fuego. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Actuar de los funcionarios de Carabineros ajustado a derecho. Al encontrarse habilitados los agentes policiales a efectuar un control de identidad, las actuaciones autónomas que desplegaron con posterioridad, no pueden entenderse viciadas. Procedencia de la detención en hipótesis de flagrancia.


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1. Corte Suprema.

Microtráfico. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Existencia de indicio necesario para la realización del control de identidad. Control de identidad tuvo como antecedente denuncia anónima de la comisión de un ilícito y el hecho de que el acusado se intentó dar a la fuga cuando los policías pretendieron fiscalizarlo. Actividad policial desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere.

Fecha Sentencia: 30/03/2022

Cita online: CL/JUR/12463/2022

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Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades. Defensa de condenado recurre de nulidad. La Corte Suprema rechaza el recurso deducido.

Considerandos relevantes.

SÉPTIMO: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178 17, de 13 de abril de 2017; N° 9167 17, de 27 de abril de 2017; N° 20286 18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126 18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881 19, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo, establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

OCTAVO: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado y sometido a control jurisdiccional en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

UNDÉCIMO: Que, en la especie, la defensa del acusado ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales ya individualizados, toda vez que estima que éstos, al practicar un control de identidad al acusado sin que existiera indicio para ello por cuanto la denuncia anónima que les fue comunicada emanó de terceros respecto de cuya identidad no existe antecedente alguno en la carpeta investigativa , además de no haber percibido conducta alguna de la que se coliga que había cometido un ilícito o que se aprestaba a cometerlo, procedieron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implica que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.

Pues bien, de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que conforme se determinó en autos, éstos fueron alertados por un grupo de personas, principalmente conductores, quienes les indicaron que en un vehículo rojo marca Nissan, modelo Primera, habían tres personas vendiendo drogas en uno de los estacionamientos de unos locales ubicados en el sector Ex Isla El Alacrán, concurriendo a dicho sitio los agentes policiales, verificando en el lugar que efectivamente se encontraba el móvil singularizado por los denunciantes fácilmente identificable ya que corresponde a una marca y modelo poco común en la zona, debido a que no proviene de la zona franca , a lo que debe sumarse que ante la señal de detención efectuada por uno de los agentes policiales, el acusado intenta darse a la fuga retrocediendo y luego conduciendo en sentido contrario, siendo frustrado su intento por la gran cantidad de vehículos que se encontraba en el lugar y por las fallas mecánicas que sufrió su automóvil.

En síntesis, y como acertadamente lo sostiene el fallo en revisión, resulta evidente que para la práctica del control de identidad al encartado, los aprehensores no tuvieron solamente en cuenta la denuncia anónima efectuada por terceros no individualizados en la investigación, sino que también una segunda circunstancia dada por el hecho de que el acusado se intentó dar a la fuga conduciendo su móvil cuando los policías pretendieron fiscalizarlo, elementos que deben ser considerados en su conjunto y que así analizados permiten construir el indicio exigido por el artículo 85 del Código Procesal Penal.

DÉCIMO QUINTO: Que, en suma, la actividad policial ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere, de manera que no se aprecia inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie, con lo que ciertamente no se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y, por consiguiente, el recurso de nulidad promovido no puede prosperar.


2. Corte Suprema.

Tráfico de drogas. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Perro policial entrenado para detectar droga señala mochila. Existencia de indicio necesario para la realización del control de identidad. Control de identidad realizado al dueño de la mochila indicada por el perro policial. Mero retardo en el traspaso de la droga que regula el artículo 41 de la Ley N° 20.000 no conlleva infracción a la cadena de custodia. Entrega de la droga fuera del plazo del artículo 41 de la Ley de Drogas, solo genera una sanción extraprocesal respecto del funcionario infractor.

Fecha Sentencia: 23/02/2022

Cita Online: CL/JUR/7415/2022

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Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito consumado de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley N° 20.000. Defensa de condenado recurre de nulidad. La Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad laboral deducido.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que, como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178 17, de 13 de abril de 2017; N° 9167 17, de 27 de abril de 2017; N° 20286 18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126 18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881 19, de 25 de julio de 2019; N° 2.895 20, de 04 de marzo de dos mil veinte).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

NOVENO: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado y sometido a control jurisdiccional en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

DUODÉCIMO: Que, de los hechos que se han tenido por acreditados, se colige que resulta perfectamente legítimo que ante la marca o sindicación por parte de un can especialmente entrenado al efecto, de un equipaje que se transporta en la zona de carga de un auto bus de transporte de pasajeros, e incluso ante el sólo requerimiento del personero de la empresa de transporte, se consulte a los pasajeros para determinar la propiedad de un equipaje. Esta conducta preguntar la propiedad de un equipaje a los pasajeros resulta equiparable a la que puede realizar cualquier auxiliar o asistente de viaje, con ocasión de la custodia del equipaje, entregada a la empresa de transporte, el que resulta constatable únicamente con la exhibición de la etiqueta que se entrega al pasajero.

Luego, habiéndose constatado que todos los pasajeros portaban un equipaje distinto al bolso sindicado por el perro policial, que sólo el sentenciado aseguraba haber emprendido un viaje de más de mil kilómetros de distancia sin equipaje, que hasta ese momento se desconocía a qué pasajero pertenecía el aludido bolso y que sobre el asiento del sentenciado se observó un ticket ajado, mojado con saliva y que correspondía al mismo número de la etiqueta adherida a la mochila marcada por el can entrenado, todas circunstancias apreciadas por los funcionarios de Carabineros a simple vista o tras haber realizado acciones no intrusivas y dentro de los parámetros de expectativa de intimidad de los pasajeros del bus, al momento de hacer entrega de su equipaje al auxiliar de viaje , los funcionarios policiales decidieron realizar un control de identidad amparado en el artículo 85 del Código Procesal Penal el que los faculta a proceder al registro de las vestimentas, equipaje y vehículo de la persona cuya identidad se controla, cuando según las circunstancias se estimare que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta o se dispusiere a su comisión, entre otras hipótesis , toda vez que, como ya se señaló circunstanciadamente en el fundamento que antecede, fue con ocasión de dicha actividad fiscalizadora que los funcionarios policiales, luego de realizar diversas diligencias autónomas a las que se encuentran facultados según ya se expresó , tales como averiguar a qué pasajero pertenecía el bolso que el can detector de droga sindicaba como contenedor de alguna sustancia ilícita y que R.E.S contrariamente a lo que sostenía , sí viajaba con una mochila, y que ella correspondía a la sindicada con el can entrenado, constataron que en su interior se transportaba la sustancia ilícita.

De lo expuesto, resulta evidente que «la marca de un can detector de sustancia ilícita», unido a que el sentenciado fue el único pasajero que señaló viajar sin equipaje, que todos los demás pasajeros acreditaron que tenían un equipaje distinto a la referida mochila y que sobre el asiento de Enrique Santana se encontró el ticket de la aludida mochila, resultaron indicios suficientes que tuvieron en vista los agentes policiales para presumir que el imputado había cometido un delito o se aprestaba a cometerlo.


3. Corte Suprema.

Falta del artículo 50 de la Ley de Drogas y delito de porte ilegal de arma de fuego. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Actuar de los funcionarios de Carabineros ajustado a derecho. Al encontrarse habilitados los agentes policiales a efectuar un control de identidad, las actuaciones autónomas que desplegaron con posterioridad, no pueden entenderse viciadas. Procedencia de la detención en hipótesis de flagrancia.

Fecha Sentencia: 15/02/2022

Cita Online: CL/JUR/6426/2022

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Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia absolutoria por la falta del artículo 50 de la Ley N° 20.000 y condena por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Defensa de condenado recurre de nulidad. La Corte Suprema rechaza el recurso deducido.

Considerandos relevantes.

SÉPTIMO: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178 17, de 13 de abril de 2017; N° 9167 17, de 27 de abril de 2017; N° 20286 18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126 18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881 19, de 25 de julio de 2019; N° 2.895 20, de 04 de marzo de dos mil veinte).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

OCTAVO: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado y sometido a control jurisdiccional en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

UNDÉCIMO: Que en la especie la defensa del encartado ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al practicarse un control de identidad a su representado sin que existiera a su juicio indicio claro para ello, hubo un control de identidad investigativo viciado y, a consecuencia de ello, la ilegalidad de toda la prueba obtenida, ya que conforme a las declaraciones de esos funcionarios aprehensores, uno solamente habría observado el indicio de que manipulara un papel blanco presumiblemente de droga, respecto de lo cual el tribunal resolvió absolver de dicha falta penal, siendo dicha manipulación lo que los llevó a la realización del control policial, con el objeto de verificar los documentos del vehículo y posteriormente registrar el bolso que se encontraba a los pies del asiento del copiloto, siendo sometido el acusado a un control de identidad iniciado por una apreciación meramente subjetiva por parte de dichos agentes, añadiendo que la existencia de «algún indicio» no puede llevar a la conclusión de que cualquier tipo de circunstancia en donde exista una mera sospecha, como señalara la fiscal en audiencia de preparación de juicio oral para oponerse a la exclusión de prueba, respecto a la comisión de un delito, sea justificación suficiente para proceder a la realización de un control de identidad, siendo de vital importancia que se presente desde el principio de la actuación autónoma, es decir, que tenga el carácter de ex ante y no de sobreviniente en atención a los resultados que se obtienen del control, derivando de ello que todas las pruebas obtenidas de tales diligencias sean ilícitas, debiendo ser valoradas negativamente por los juzgadores.

Pues bien, de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia, aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios de Carabineros se ajustó a derecho, toda vez que éstos, conforme se determinó en autos, patrullaban en motocicletas por avenida Cristóbal Colón, La Reina, y al frenar su marcha con motivo de una luz roja de semáforo, observaron al acusado en su vehículo manipulando con sus manos un pequeño papel blanco, típico de aquellos en los que se dosifica sustancias prohibidas, procediendo a controlarlo, encontrando al interior de la camioneta que conducía, patente BKPR10, en el suelo del sector del copiloto, un banano marca Doite, en cuyo interior portaba un arma de fuego tipo pistola, marca Famae, calibre 6.35, sin contar con la competente autorización para su porte, y el papelillo con 2,4 gramos brutos, el que, luego de efectuada la prueba de campo, dio coloración para la presencia de tetrahidrocannabinoles.

El hecho de que el tribunal recurrido terminara por absolver al encausado por una falta del artículo 50 de la Ley 20.000. no obsta a que, a raíz de percibir por sus propios sentidos los funcionarios, que manipulaba un pequeño papel como se acostumbra en casos en que se mantiene droga, tenga la entidad bastante para que estimaran que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, o que se dispusiere a cometerlo. Ello, más aun si se tiene en cuenta que los policías estaban cerca del sujeto, quien iba a bordo de un vehículo, viendo que éste al advertir la presencia policial, arrojó dicho envoltorio al piso del móvil junto a un bolso tipo banano en que por ejemplo, podría portarse droga, elementos para cometer delitos de robo, armas y/o municiones, entre otras posibilidades. De manera que no puede menos que entenderse como un indicio que resultaba de magnitud mayor grave, de entidad , para proceder a controlar su identidad y proceder a la revisión que dio lugar a los demás hallazgos ya mencionados, entre los que cuenta nada menos que un arma de fuego, esto es, justamente en los términos que dispone el artículo 85 del Código Procesal Penal, desestimándose, en consecuencia, la ilegalidad denunciada por la recurrente.

Conforme a lo anterior, al encontrarse habilitados los agentes policiales a efectuar un control de identidad, las actuaciones autónomas que éstos desplegaron con posterioridad, su registro y detención por los policías al estar en presencia nada menos que de un arma de fuego, mal pueden entenderse viciadas como sostiene el recurrente, máxime si las mismas fueron efectuadas bajo el amparo de lo preceptuado en el artículo 130 del Código Procesal Penal.